Revista Derecho del Estado - Books and Journals

Revista Derecho del Estado

Editorial:
Universidad Externado de Colombia
Fecha publicación:
2018-07-24
ISBN:
0122-9893
Copyright:
COPYRIGHT Universidad Externado de Colombia

Últimos documentos

  • Presentación
  • Ingredientes decisivos del constitucionalismo colombiano a partir de 1991. Significado y función de la Corte Constitucional en los 30 años de vigencia de la Constitución de Colombia

    En el presente artículo se plantean algunas reflexiones generales sobre el significado y función de la Corte Constitucional con ocasión de los treinta años de vigencia de la Constitución colombiana, a la luz de su diseño, sus funciones y el papel que juega para la consolidación y respeto de la democracia. El estudio se hace a través de tres partes. En primer lugar, se revisa el modelo de justicia constitucional colombiano adoptado en 1991, mediante su comparación con otros modelos de justicia constitucional "concentrados y difusos" en cuanto a su diseño, sus competencias y el ejercicio de su jurisdicción. La segunda sección hace referencia a los elementos que distinguen a la Corte Constitucional colombiana de otros tribunales constitucionales europeos, tales como los mecanismos de protección de derechos fundamentales, los mecanismos de acceso a la acción de inconstitucionalidad y el control a las reformas constitucionales; asimismo, se evalúa el papel de la Corte en la consolidación del Estado constitucional. Por último, se plantean reflexiones sobre la justicia constitucional y el principio democrático relacionadas con la "objeción democrática", los límites a la interpretación constitucional y el papel de los jueces y el activismo judicial.

  • La participación en la Constitución colombiana: una Constitución participativa pionera

    El gran reto de la democracia moderna es la institucionalización de la participación. Desde la década de 1990, así lo han entendido distintos países latinoamericanos, que han llevado a cabo procesos constituyentes en los que la participación ocupa un papel esencial. Entre todos ellos, la Constitución colombiana de 1991 resulta pionera. Su constitucionalización de la participación marcó un camino que han seguido otros países de la región. Pero la participación es un derecho que depende de su desarrollo. En los treinta años transcurridos desde su aprobación este concepto se ha ido consolidando en Colombia a través de las leyes estatutarias de desarrollo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así se ha ido configurando un sistema participativo, complementario a la democracia representativa, donde el derecho de participación ocupa un papel fundamentalmente instrumental de refuerzo a la consecución de otros derechos fundamentales, de control y, en general, de fortalecimiento de la legitimidad de la democracia.

  • El poder de una Asamblea Constituyente: reflexiones acerca de la Constitución de 1991 y su artículo 376

    Para la teoría constitucional hay dos preguntas claves que surgen en cualquier discusión acerca de la creación de nuevas constituciones. Primero, ¿qué mecanismo debe utilizarse para el ejercicio del poder constituyente? La respuesta que la práctica del constitucionalismo contemporáneo le ha dado a esa pregunta es clara: la Asamblea Constituyente. La segunda pregunta, en la cual se centra este escrito, es: ¿qué tipo de poder posee (o puede poseer) una Asamblea Constituyente? La respuesta que la práctica del constitucionalismo contemporáneo ha ofrecido a esa pregunta es que dicho poder es un poder soberano. Mi propósito es demostrar que esa respuesta debe rechazarse. Para ello, utilizaré como ejemplo principal el caso colombiano y el artículo 376 de la Constitución de 1991.

  • La contribución de la jurisprudencia colombiana al debate comparado sobre el poder de reforma: la 'sustitución' como paradigma formal y material

    Este artículo analiza desde una perspectiva crítica y comparada la elaboración y ejecución de la doctrina de la sustitución por parte de la Corte Constitucional colombiana, partiendo de sus antecedentes e insertándola en el contexto del control de las reformas. Se centra en sus presupuestos y en la evolución en su utilización, haciendo hincapié en los casos sensibles, para situar al caso colombiano en el panorama comparado, investigando hasta qué punto este tiene el potencial de transformarse en un referente.

  • La Constitución Política de 1991 y la diversidad religiosa: un análisis de la discusión doctrinal sobre la laicidad del Estado colombiano

    El texto reconstruye conceptualmente las distintas posturas académicas sobre la naturaleza de la laicidad del Estado colombiano, las cuales fueron recogidas en las cuatro tesis más relevantes sobre el tema. La primera de ellas sigue la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional que concibe a Colombia como un Estado laico. La segunda concibe el Estado como aconfesional y con cierta laicidad positiva que ampara y promueve las diversas manifestaciones religiosas, sin decantarse constitucional o legalmente por una confesión específica. Una tercera postura argumenta que Colombia no es un verdadero Estado laico, sino un Estado pluriconfesional con libertad religiosa, por cuanto las autoridades no han desarrollado plenamente los principios de neutralidad y separación, definitorios de la laicidad. Finalmente, la cuarta tesis plantea que el Estado colombiano no es laico sino teísta ilustrado, en la medida en que acepta e invoca la existencia de un dios basado en la razón ilustrada, del cual emana el poder público. La reconstrucción conceptual realizada está orientada a evidenciar cómo, desde la Constitución Política de 1991, se ha desarrollado un conflicto doctrinal sobre este tema, producto de un conflicto social de gran complejidad que es necesario reconocer.

  • La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991

    Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.

  • La acción pública y el control de constitucionalidad rogado. La 'privatización' de la acción pública de inconstitucionalidad

    Las ‘cargas argumentativas’ exigidas en las demandas de inconstitucionalidad terminaron de eliminar la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad. El presente artículo evidencia empíricamente cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional ha incentivado su ‘privatización’. Nos referimos a dos fenómenos simultáneos: la restricción generalizada para ejercer el derecho ciudadano de participar en el control del poder político a través de esa figura, y la concentración de su uso y goce en una élite: los abogados. Nuestros modelos probabilísticos advierten el robustecimiento de desigualdades injustificables en el ejercicio y goce de los derechos incorporados en esta acción, tanto entre abogados y no-abogados como entre hombres y mujeres. Señalamos que los efectos de la operación de esta acción deben ser tenidos en cuenta al momento de revisar sus alcances y contenido y sugerimos algunas medidas para su futuro desarrollo.

  • La cosa juzgada constitucional a sus 30 años de evolución: flexibilización del principio y nuevo balance entre estabilidad y cambio en el control constitucional de las leyes

    Este artículo presenta la manera como la Corte Constitucional Colombiana (ccc) ha limitado el ámbito de aplicación de la cosa juzgada en los procesos de constitucionalidad. Los autores analizan la práctica de la Corte entre 1992 y 2019, y encuentra que la ccc ha relativizado el efecto de cosa juzgada en la mayoría de los casos, especialmente cuando el proceso fue iniciado por una acción, no de oficio por parte de la ccc. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 270 de 1996, la ccc tiene el deber de realizar una revisión de constitucionalidad completa: se debe analizar la norma demandada frente a toda la Constitución, incluyendo los cargos que no son presentados de manera explícita en la acción. En contra de esa ficción, la Corte estableció con su práctica una nueva regla, especialmente desde 2002: si el proceso inicia por una acción (lo que ocurre en el 86% de casos), la cosa juzgada es relativa a los cargos presentados por el accionante y, entonces, hay posibilidad de reabrir en el futuro el debate constitucional sobre la norma acusada. Para la Corte, la vieja excepción se ha vuelto un nuevo principio: entre 2015 y 2019, el 92,4% de las sentencias establecieron una cosa juzgada relativa.

  • La función de administrar justicia. Las reformas a la justicia durante la vigencia de la Constitución de 1991

    Este artículo es uno de los resultados del proyecto de investigación titulado "Reformismo constitucional y constitucionalismo transformador", uno de cuyos objetivos era el de analizar las características y las dinámicas de las enmiendas introducidas al texto constitucional. Tiene como tema central las reformas a la justicia adelantadas durante la vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991. El texto examina las reformas efectuadas en tres escenarios: el de las enmiendas constitucionales, el de la implementación de programas de descongestión judicial y el de las políticas de desjudicialización y administrativización de la justicia. La tesis señala: i) que luego de treinta años de vigencia de la Constitución y de la expedición de 55 enmiendas constitucionales no se ha efectuado una reforma a la justicia que sea integral y eficaz; ii) que los programas de descongestión judicial no han sido exitosos y vienen perdiendo el carácter excepcional y transitorio para volverse permanentes, y iii) que las políticas de desjudicialización y descongestión incrementan la concentración del poder en la rama ejecutiva, debilitan las redes del control y erosionan la democracia constitucional en Colombia. Se trata de una investigación documental y analítica, que evalúa un tema trascendental en un período definido.

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