Sentencia de Tutela nº 101/97 de Corte Constitucional, 4 de Marzo de 1997

1. La Petición

   El ciudadano JORGE VALENCIA RIVAS presentó escrito de acción de tutela contra la dirección y el médico de la Cárcel "ANAYANCY" del Distrito de Quibdó, con el fin de que se le tutele su derecho fundamental a la salud y mediante orden judicial se le brinde tratamiento adecuado y la droga necesaria con el fin de aliviar los fuertes dolores que padece en virtud a una úlcera sanguínea.

2. Los Hechos de la demanda

   El actor, en su condición de interno de la cárcel D.A., mediante escrito presentado ante el Juzgado 2 Penal del Circuito de Quibdó, el día 2 de mayo de 1996, solicitó la protección del derecho a la salud que considera lesionado por cuanto padece una úlcera sanguínea, la cual le produce intensos dolores al parecer por causa de la mala alimentación y por la supuesta negligencia médica en su atención y tratamiento por parte del médico del penal, señor E.M..

   El Juzgado 3 Penal del Circuito de Quibdó, a quien le correspondió por reparto el expediente, en sentencia de 6 de mayo de 1996, resolvió negar la acción de tutela formulada por el ciudadano J.V.R., contra la Dirección del penal y el médico de la misma, previas las siguientes consideraciones:

   "El Despacho para conocer a fondo lo expuesto por el actor en su acción de tutela, lo escuchó en declaración sobre los hechos que le están sucediendo en la cárcel A. de esta ciudad, pudiendo constatar con su dicho, que si bien se encuentra enfermo por el problema de una úlcera que no adquirió en ese lugar, la situación no es violatoria de ningún derecho fundamental, por cuanto el actor explica que se le ha venido atendiendo tanto por el médico del penal como por médicos del hospital de esta ciudad, y el mismo día que rindió su declaración venía de ser atendido por un médico legista quien también observó su enfermedad y le dijo que le enviaría donde un especialista; y que la negligencia que ha denunciado de parte del médico del penal es por cuanto los remedios formulados por él, no le han hecho efecto alguno.

   "Como se puede observar, como hemos dicho, no existía motivo que ameritara instaurar acción de tutela, por cuanto el mismo Interno manifiesta que se le ha venido atendiendo con los recursos que dispone el penal, y no se le ha impedido que sea atendido por algún especialista contratado por él".

Primero. Competencia

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 inc. 3 y 241 numeral 9 de la C.N. en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta S. es competente para revisar la sentencia que resolvió la acción de tutela de la referencia.

Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto de fecha junio 28 de 1996, resolvió poner en conocimiento del demandado, la nulidad, originada en la falta de notificación de la demanda a las personas que han debido ser citadas a este proceso de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndose, expresamente, que si dentro de los tres días siguientes a aquél en que se haga la notificación, no se alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso.

Mediante constancia secretarial de fecha 7 de noviembre de 1996 el juez tercero penal del Circuito de Quibdó envió a esta S. de Revisión el expediente para que continúe su curso el proceso de tutela; saneada la nulidad, procederá en consecuencia la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia.

Segunda.- La Materia. La acción temeraria y la buena fe procesal

Esta Corporación en reciente pronunciamiento (T-01 de 1997), recogió con relación a la actuación temeraria prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la siguiente doctrina aplicable al caso subexamine:

"3. Tutela temeraria. La buena fe procesal. Pago de costas. El juramento y sus consecuencias

El ejercicio de todo derecho y la utilización de los procedimientos constitucionales y legales previstos para su efectividad exige de sus titulares una lealtad mínima hacia el orden jurídico y el cumplimiento de deberes y cargas correlativos, según resulta de lo dispuesto en los artículos 2, 4 -inciso 2- y 95 de la Constitución Política.

De otro lado, el principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas en los estrictos términos que consagra el artículo 83 de la Constitución, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo.

La Corte Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995, expresó, con referencia al artículo 83 de la Constitución Política, que él impone a gobernantes y gobernados "el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo".

Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que -como comportamiento correlativo- el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo.

"....

En Sentencia T-414 del 13 de septiembre de 1995, esta S. señaló:

'También los particulares involucrados en un proceso, sea de naturaleza judicial o administrativa, están obligados a observar y a acatar las reglas que la legislación haya establecido. Los particulares quedan vinculados por la normatividad propia de cada juicio o actuación y no pueden, según su voluntad, admitir aquello que de las formas procesales, trámites y términos les beneficie y rechazar lo que les sea desfavorable'.

Respecto de la acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las consecuencias que apareja su utilización indebida, en especial teniendo en cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección.

".....

Obviamente, el derecho a hacer uso de la acción de tutela se agota con la presentación verbal o escrita de la demanda correspondiente por unos determinados hechos y contra cierta autoridad o persona, de lo cual resulta que, si la operación del mecanismo constitucional por el individuo afectado es correcta, no hay riesgo de duplicidad en la apertura de procesos ante jueces distintos. Ya verá el juez ante quien acude el actor si es o no competente para dar trámite a la petición, según reglas que en reiterada jurisprudencia ha venido trazando esta Corte.

Pero, en cambio, si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o más sentencias en torno al mismo asunto.

Ello, por supuesto, desfigura la acción y hace propicio el sistema -por razón de falencias instrumentales- para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia.

Claro está, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuación indebida de los peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito de la profesión de abogado o por la connivencia de los propios jueces.

"....

El Decreto 2591 de 1991, procurando evitar distorsiones como las mencionadas, exige a quien ejerza la tutela la prestación de juramento acerca de no haberla incoado por los mismos hechos y en relación con los mismos derechos ante juez diferente.

El artículo 37, inciso 2, de dicho estatuto señala:

'El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio'.

Esta Corte, con respecto a las consecuencias de la declaración jurada, ha sostenido:

"Considera la Corte que la obligación impuesta al accionante sobre prestación de juramento en el señalado sentido se endereza también a impedir la concurrencia de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso, para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de las acciones de tutela se radique "...a prevención..." (se subraya) en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaron la presentación de la solicitud. Ello significa que, definido el juez o tribunal al que corresponde decidir, excluye a los demás en la definición del asunto, sin perjuicio de la segunda instancia, también predeterminada por el legislador pues debe tramitarse ante el superior jerárquico correspondiente (artículo 32 eiusdem).

"Este requisito no se opone a la informalidad de la tutela -ya subrayada por la jurisprudencia en varias ocasiones (Cfr. Corte Constitucional. S. Tercera de Revisión. Sentencia T-459 del 15 de julio de 1992)-, pues apenas busca prevenir la utilización abusiva de tal instrumento y hacer consciente al actor, mediante las expresas advertencias que debe formularle el respectivo despacho judicial, sobre las consecuencias jurídicas que le acarrearían el perjurio o la actuación temeraria.

"Al contrario de lo alegado por el Tribunal Superior de Florencia en el fallo que se revisa, la estricta sujeción a este mandato de la ley, en vez de atentar contra la economía procesal y la celeridad de los procesos, es valioso elemento para alcanzar tales fines constitucionales, al paso que su desconocimiento da lugar a los perniciosos efectos ya indicados". (Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-241 del 23 de junio de 1993)

"La cautela legal enunciada, si bien es elemento disuasivo, en cuanto expone al infractor a las consecuencias penales del juramento en vano, requiere ser complementada, como en efecto lo ha sido por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, con la previsión de sanciones específicas que recaen sobre el objeto mismo de las pretensiones, en cuanto al particular solicitante, y sobre la hoja de vida y el futuro ejercicio profesional de su apoderado.

Señala esa disposición:

'ARTICULO 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.'

"El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

"Esta Corte, en Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992 (M.P.: Dr. A.M.C., aplicó por primera vez el artículo transcrito y expuso en torno a su alcance:

'...tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y séptimo así: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de la S.) y "Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia'.

"Por último, el artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe actuar regido por los principios de economía y eficacia.

"Luego la explicación de ello consiste en el hecho de que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil.

"Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política corrobora lo anterior al consagrar la "prevalencia del interés general" como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia. Se concluye sin esfuerzo que la coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés general". (M.P.D.J.G.H.G..

De otro lado, en sentencia T-014 de 1994, la Corporación expreso en su jurisprudencia los criterios para establecer cuando existe acción temeraria. Estimó la Corte lo siguiente:

"Para que exista acción temeraria a la luz de la mencionada norma, es indispensable que, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea instaurada "por la misma persona o su representante" (se subraya) ante varios jueces o tribunales, lo que evidentemente no acontece cuando quienes actúan son personas naturales o jurídicas diversas, empeñadas cada una en la defensa de sus propios derechos fundamentales, así los hechos que dan origen a la acción sean los mismos y las pretensiones idénticas. En este aspecto debe atenderse al principio de la autonomía del interés para accionar en cuanto, como lo ha repetido la Corte, la acción de tutela ha sido introducida en nuestro Derecho para la protección cierta de derechos fundamentales subjetivos, individuales, sin que para su procedencia se haga indispensable conformar consorcio procesal alguno entre quienes pretenden acudir a ella." Cfr. Sentencia T-014/94. M.P.D.J.G.H.G..

Así mismo en sentencia C-054 de 1993 expuso la Corte lo siguiente en relación con la constitucionalidad del artículo 38 inciso 1 del decreto 2591 de 1991:

"La actuación temeraria, cuando sostuvo que con base en los artículos 83, 95 y 209 de la Constitución, la actuación temeraria debe ser controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado. El abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos, necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil." (M.P.D.A.M.C..

Tercera. El caso concreto

El problema jurídico de fondo planteado en esta acción de tutela hace relación a los derechos de las personas privadas de la libertad y especialmente la asistencia médica de los ciudadanos internos en los establecimientos carcelarios, frente a lo cual esta Corporación ha sostenido en sentencia T-222 de 1993, T-388 de 1993, entre otras, reiteradamente que la administración pública a través del sistema carcelario debe garantizar con el máximo de diligencia los derechos fundamentales de las personas limitadas en su libertad, en virtud del respeto debido a la dignidad humana de los presos. No obstante lo anterior, el caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la S., se contrae a que el actor J.V.R., interno en la Cárcel Distrital A. de la ciudad de Quibdó solicita la protección de su derecho básico a la salud, el cual considera lesionado por la supuesta negligencia de las directivas de la cárcel y el médico de la misma, por la clase de alimentación y la calidad de las drogas suministradas, lo cual agrava y acrecienta los dolores que le produce una úlcera sanguínea.

La S. de Revisión No. 8 de esta Corporación, mediante auto de fecha 23 de enero de 1997, resolvió practicar algunas pruebas para comprobar algunos hechos esenciales para la revisión de la decisión judicial de esta actuación, comisionando al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Quibdó, con el fin de que recibiese en declaración judicial al actor J.V.R., interno en la cárcel distrital A. de la ciudad de Quibdó, para verificar la afirmación que hizo en la diligencia de ratificación de la acción de tutela, en el sentido de haber interpuesto anteriormente una acción de tutela contra el director de la C.O.P. y contra el médico del penal señor E.M..

En efecto, mediante fax No. 2885294, la Secretaría del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Quibdó, el día 4 de febrero de 1997, en cumplimiento de la comisión impartida, envió con destino a la Corporación, entre otras, la declaración solicitada del actor, así como copia de la demanda de tutela interpuesta el día 28 de abril de 1996 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito y el fallo de la misma.

Estima la S. de Revisión que del acervo probatorio existente en el expediente, pero especialmente de la lectura de la declaración judicial rendida por el actor, así como de la copia del fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, de fecha mayo 14 de 1996, se desprende una actuación temeraria y así se declarará, como quiera que, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela fue instaurada por la misma persona, en este caso por el interno J.V.R. ante varios jueces penales del circuito, por el mismo hecho y contra las mismas partes, tal como se desprende de los folios 33, 34, 35 y 36 del expediente por supuesta negligencia de las directivas de la cárcel y el médico de la misma.

De otra parte, en la declaración rendida el día 3 de febrero de 1997, confiesa en su dicho el actor que "El motivo por el cual solicité la acción de tutela contra el médico y el director, es para que por medio de este mecanismo de tutela, se me diera o agilizara este problema de la úlcera, en concreto estaba solicitando atención médica y creo que del Juzgado Segundo Penal del Circuito me llamaron para notificarme de la negativa de esa tutela".

En este orden de ideas, en el caso subexámine, al configurarse una actuación temeraria, la S. de Revisión decidirá desfavorablemente la pretensión del actor en su demanda de tutela, en cuanto a la protección de su derecho a la salud, en virtud de lo previsto por el artículo 38 del decreto 2591 de 1991.

De otra parte extraña a esta S. de Revisión la actitud del Juez Tercero Penal del Circuito de Quibdó en el trámite de la presente acción de tutela en cuanto a que desconoció el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en sus efectos, pese a tener indicios de una eventual temeridad, como quiera que no verificó la afirmación que hizo el peticionario en la diligencia de ratificación de la tutela de la referencia, en el sentido de haber interpuesto anteriormente una acción de tutela contra el director de la cárcel señor O.P. y contra el médico del penal Dr. E.M., tal como consta en el folio 3 del expediente ante lo cual la S. conmina a dicho funcionario judicial para que en lo sucesivo no desconozca el régimen jurídico que regula la figura de la tutela como mecanismo de protección constitucional.

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Quibdó de fecha 6 de mayo de 1996.

Segundo. LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. COMUNICAR la presente decisión en los términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

C., notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

FABIO MORON DIAZ

Magistrado Ponente

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado

JORGE ARANGO MEJIA

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General