Sentencia de Tutela nº 536/11 de Corte Constitucional, 6 de Julio de 2011

Acciones de tutela

1. Dos grupos de personas interpusieron, cada uno por su parte, acciones de tutela contra ECOPETROL S.A. porque a su juicio los ha discriminado desde cuando puso en marcha dentro de la compañía una “política de compensación salarial”, en virtud de la cual a todos los trabajadores de dirección, confianza y manejo se les reconoció el derecho al pago de una remuneración periódica, que para algunos (los actores) no tiene carácter salarial, mientras para otros que -supuestamente- ocupan sus mismos cargos y desempeñan las mismas funciones sí lo tiene. Los demandantes aseguran que esa diferencia de trato responde a un criterio de distinción. En efecto, dicen que ellos por hacer parte del régimen de cesantías anterior a la Ley 50 de 1990 tienen derecho a cesantías con retroactividad y a pensionarse con cargo a la empresa, y que por eso reciben la retribución establecida en esta política a título de simple ‘beneficio económico sin incidencia salarial’. En cambio, los demás miembros de la compañía que tienen sus mismos cargos y funciones, pertenecen al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, no tienen derecho a cesantías retroactivas ni a pensionarse con cargo a la empresa, y en contraprestación obtienen el pago a título de factor constitutivo de salario. Los actores no están de acuerdo con la distinción sobre la base de ese criterio porque, como lo sostiene el apoderado de los demandantes en el expediente T-2912348:

   “[d]esde que se implementó la llamada política de compensación salarial, el salario de los demandantes ha venido decreciendo en comparación con el devengado por sus compañeros directivos de diferentes áreas que ocupan el mismo cargo, con las mismas funciones y la misma filosofía, con igual o menor tiempo de servicio, con igual o menor carga de trabajo, con igual o menor preparación intelectual, con igual o menor entrenamiento, pues ellos han recibido aumento de su salario en una mayor proporción al realizado respecto del salario de los actores”.

2. En concepto de los demandantes, esa diferencia de trato les viola sus derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la libertad de asociación y a la libertad sindical, a contar con un salario igual por trabajo igual, y a la remuneración mínima vital y móvil. Y por ello, en el expediente T-2912348, se solicita ordenarle a ECOPETROL S.A. que:

   “proceda a reconocer y pagar de la misma forma y con la misma incidencia salarial que aplica a los trabajadores directivos que no se jubilan con cargo a la empresa y/o no tienen retroactividad de cesantías, el ingreso monetario fijado en virtud de la política de compensación salarial, incluyendo el estímulo al ahorro, y efectuando la correspondiente reliquidación, con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales y reembolse retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenzó a pagársele a cada accionante el estímulo al ahorro hasta est[a] fecha”.[2]

   De un modo similar, en el expediente T-2918630 los actores solicitan ordenarle a ECOPETROL S.A. que:

   “proceda a igualar los salarios de los actores al devengado por los directivos sin retroactividad de cesantías y sin derecho a pensionarse con cargo a la empresa, que laboran en los mismos departamentos o dependencias de los accionantes, como asistentes, subordinados o compañeros de estos efectuando la reliquidación correspondiente con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales y reembolsándonos retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenzó a pagársele a cada a actor el mismo estímulo al ahorro hasta la fecha”.

3. Los accionantes del expediente T-2912348 están representados por el abogado I.L.V.. Este primero instauró el amparo sólo en representación del señor J.R.R.L., cc. 19.424.738 de Bogotá, el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010). Pero, ese mismo día, reformó la demanda para que en ella se tuvieran como accionantes a las siguientes personas:

   Nombre y número de cédula del accionante

   1

   J.R.R.L., cc. 19.424.738 de Bogotá

   2

   A.M.R., cc. 91.206.992 de B.

   3

   A.E.N.N., cc. 84.041.105 de Maicao

   4

   Á. de J.V.A., cc. 8’744.963 de Barranquilla

   5

   Á.F.B.M., cc. 19.549.043 de Bogotá

   6

   A.F.G.W., cc. 60.301.366 de Cúcuta

   7

   A.R.L.L., cc. 21.176.239 de Acacías

   8

   A.R.X.B.C., cc. 63.320.654 (S.D)

   9

   A.G.C., cc. 91.208.790 de B.

   10

   Blanca N.G.P., cc. 42.874.544 (S.D)

   11

   B.L.C., cc. 5.712.569 de Puente Nacional

   12

   C.A.F.S., cc. 91’222.741 de B.

   13

   C.A.R.S., cc. 91.212.885 de B.

   14

   C.A.C.J., cc. 10.253.647 de Manizales

   15

   C.C.P.E., cc. 70.096.123 de Medellín

   16

   C.E.P.G., cc. 19.403.564 de Bogotá

   17

   C.G.M.A., cc. 91.102.231 de S.

   18

   Carlos Julio Cortés Ochoa, cc. 19.377.674 de Bogotá

   19

   C.M.F., cc. 73.096.101 de Cartagena

   20

   C.R.S.D., cc. 88.135.312 de O.

   21

   C.R.G.L., cc. 19.436.205 de Bogotá

   22

   C.A.R.A., cc. 91.103.925 de S.

   23

   C.L.M.C., cc. 73.118.768 de Cartagena

   24

   D.O.P., cc. 91.213.087 de B.

   25

   D.J.M.R., cc. 19.261.282 de Bogotá

   26

   D.A.L.G., cc. 79.279.068 de Bogotá

   27

   D.S.M.S., cc. 13.921.742 de Málaga

   28

   D.S.P., cc. 10.110.063 de P.

   29

   É.S.S., cc. 12.119.794 de Neiva

   30

   E.V.N., cc. 70.040.180 de Medellín

   31

   E.B.L., cc. 91.428.320 de B.

   32

   E.H.C.O., cc. 6.766.477 de Tunja

   33

   G. de J.B.L., cc. 73.100.086 de Cartagena

   34

   G.O.V., cc. 17.308.704 (S.D)

   35

   G.H.Z.G., cc.91.235.962 de B.

   36

   G.P.P., cc. 91.219.700 de B.

   37

   G.R.O., cc. 91.236.373 de B.

   38

   Gloria Amparo Chávez Montoya, cc. 40.374.393 de Villavicencio

   39

   G.J.M.S., cc. 92.225.809 de Tolú

   40

   G.M.N., cc. 13.894.772 de Barrancabermeja

   41

   G.A.Z.B., cc. 79.230.671 de Bogotá

   42

   G.A.R.V., cc. 19.383.537 de Bogotá

   43

   G.A.P.C., cc. 13.843.182 de B.

   44

   G.G.P., cc. 5.796.313 de Zapatoca

   45

   G.V.A., cc. 73.108.080 de Cartagena

   46

   H.J.C.V., cc. 19.364.009 de Bogotá

   47

   H.A.G.M., cc. 91.216.375 de B.

   48

   H.M.N., cc. 5.947.470 de Líbano

   49

   H.J.R.M., cc. 19.412.472 de Bogotá

   50

   H.E.R.R., cc. 79.290.024 (S.D)

   51

   H.J.L.D., cc. 6.889.741 de Montería

   52

   H.O.R., cc. 18.503.265 de Dosquebradas

   53

   H.A.Q.S., cc. 91.230.493 de B.

   54

   H.J.M., cc. 91.215.264 de B.

   55

   I.E.L.G., cc. 19.451.423 de Bogotá

   56

   I.E.B.C., cc. 16.687.329 de Cali

   57

   I.E.L.M., cc. 91.342.385 de Piedecuesta

   58

   I.G.H.N., cc. 79.050.685 de Engativá

   59

   J.A.G.V., cc. 19.476.837 de Bogotá

   60

   J.C.Z., cc. 17.149.563 de Bogotá

   61

   J.E.S.D., cc. 91.320.923 de Puerto Wilches

   62

   J.Q.R., cc. 13.892.625 de Barrancabermeja

   63

   J.T.M., cc. 13.891.962 de Barrancabermeja

   64

   J.Z.V., cc. 91.210.509 de B.

   65

   J.C.R.A., cc. 51693187 de Bogotá

   66

   J.N.A., cc. 19.294.400 de Bogotá

   67

   J.A.B.A., cc. 91.422.349 de Barrancabermeja

   68

   J.C.T., cc. 79.118.830 de Fontibón

   69

   J.E.H.T., cc. 73.117.667 de Cartagena

   70

   J.A.T.M., cc. 91.321.518 de Puerto Wilches

   71

   J.Á.R.J., cc. 19.224.085 de Bogotá

   72

   J.M.T.D., cc. 8.702.095 de Barranquilla

   73

   J.J.C.V., cc. 19.362.376 de Bogotá

   74

   J.E.H.S., cc. 91.207.478 de B.

   75

   J.H.C.P., cc. 4.277.236 de Tibasosa

   76

   J.A.S.T., cc. 19.227.587 de Bogotá

   77

   J.d.C.V.B., cc. 19.096.056 de Bogotá

   78

   J.G.L.F., cc. 19.363.116 de Bogotá

   79

   J.L.V.S., cc. 92.026.731 de Sincé

   80

   J.M.R.A., cc. 10.537.556 de Popayán

   81

   J.T.M.C., cc. 92.225.353 de Tolú

   82

   J.U.C.M., cc. 91.215.376 de B.

   83

   J.C.A.P., cc. 91.426.456 de Barrancabermeja

   84

   J.C.V.V., cc. 19.425.080 de Bogotá

   85

   J.F.D.S., cc. 73.092.824 de Cartagena

   86

   J.V.C.P., cc. 79.427.423 de Bogotá

   87

   Julio A.A.P., cc. 19.338.025 de Bogotá

   88

   Julio J.F.M., cc. 91.205.480 de B.

   89

   Julio Villamizar Contreras, cc. 91.065.760 de S.G.

   90

   L.C.J., cc. 5.579.889 de Barichara

   91

   Libia Mantilla Meza, cc. 63.302.831 de B.

   92

   Ludwing Rojas Eslava, cc. 91.201.843 de B.

   93

   L.A.A.M., cc. 11.306.403

   94

   L.A.G.M., cc. 10.254.072 de Manizales

   95

   L.A.G.V., cc. 13.849.411 de B.

   96

   L.A.G.A., cc. 91.223.170 de B.

   97

   L.A.P.A., cc- 17.328.993 de Villavicencio

   98

   L.E.T.T., cc. 80.263.684 (S.D)

   99

   L.H.C.V., cc. 98.514.820 de Itagüí

   100

   L.M.J.S., cc. 91.203.194 de B.

   101

   L.Ó.P.N., cc. 91.240.961 de B.

   102

   Luz Elena Sanabria Mulfold, cc- 51.698.615 de Bogotá

   103

   M.S.O., cc. 41.753.070 de Bogotá

   104

   M.S.V., cc. 91.218.381 de B.

   105

   Marco Tulio Torres Rueda, cc. 17.306.983 de Villavicencio

   106

   M.A.G. de B., cc. 51.583.559 de Bogotá

   107

   M.C.R.S.S., cc. 63.280.452 de B.

   108

   María Isabel Cardona Salazar, cc. 51.784.154 de Bogotá

   109

   M.I.G.R., cc. 21.232.466 de Villavicencio

   110

   M.P.D.M., cc. 51.595.057 de Bogotá

   111

   M.A.C.C., cc. 19.424.921 de Bogotá

   112

   M.G.S., cc. 63.314.645 de B.

   113

   M.E.G.S., cc. 13.468.818 de Cúcuta

   114

   M.C.M., cc. 79.355.025 de Bogotá

   115

   M.E.A.G., cc. 91.427.014 de Barrancabermeja

   116

   M.T., cc. 51.623.043 de Bogotá

   117

   M.C.V., cc. 40.916.616 de Riohacha

   118

   M.Á.G.M., cc. 13.846.589 (S.D)

   119

   M.Á.R.D., cc. 7.524.558 de Armenia

   120

   M.Á.R.R., cc. 17.342842 de Villavicencio

   121

   M.J.O.S., cc. 13.446.192 de Cúcuta

   122

   N.A.C.V., cc. 79.287.338 de Bogotá

   123

   N.J.Q.C., cc. 79.147.619 de Usaquén

   124

   N.P.F., cc. 12.521.355 de la Jagua de Ibirico

   125

   N.E.R.P., cc. 60.278.016 de Cúcuta

   126

   N.V.S., cc. 63.291.217 de B.

   127

   O.M.Q.C., cc. 26.676.650 de Aguachica

   128

   Ó.E.L., cc. 91.230.906 de B.

   129

   Ó.M.R.B., cc. 17.319.358 de Villavicencio

   130

   P.A.Q.G., cc. 91.216.005 de B.

   131

   P.C.S.Y., cc. 73.122.259 de Cartagena

   132

   P.P.P.R., cc. 13.887.640 de Barrancabermeja

   133

   R.E.R.J., cc. 19.403.931 de Bogotá

   134

   R.U.B.Á., cc. 91.240.396 de B.

   135

   R.H.A.C., cc. 19.442.159 de Bogotá

   136

   R.L.P.L., cc. 19.310.543 de Bogotá

   137

   R. de J.R.E., cc. 8.669.207 de Barranquilla

   138

   R.H.L., cc. 19.408.451 de Bogotá

   139

   R.S.A.Q., cc. 8.684.742 de Barranquilla

   140

   R.D.G.G., cc. 10.111.650 (S.D)

   141

   S.J. bravo Montenegro, cc. 79.146.850 de Usaquén

   142

   S.E.G.O., cc. 19.386.279 de Bogotá

   143

   Segundo E.G.V., cc. 17.109.743 de Bogotá

   144

   S.F.Á., cc. 91.222.475 (S.D)

   145

   S.A.E.J., cc. 93.361.499 (S.D)

   146

   S.H.C.D., cc. 31.848.796 de Cali

   147

   W.A. de J.G.S., cc. 19.485.442 de Bogotá

   148

   W.F.L.G., cc. 13.844.848 de B.

   149

   Y.A.Z., cc. 40.384.116 (S.D)

   El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante auto del veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), le reconoció al abogado I.L.V. personería para obrar a nombre de todas las anteriores personas, salvo en lo que respecta a M.R.V. y O.D.M., pues en el auto admisorio de la tutela no se los mencionó. Luego de que la tutela fue admitida, el apoderado de los demandantes presentó memorial para reformar de nuevo su demanda, e incluir otros demandantes. Esta vez, sin embargo, advirtió que quienes iban a ser agregados a su demanda inicial, ya habían presentado otra acción de tutela por los mismos hechos pero se las habían negado. A su juicio, esta nueva presentación del amparo estaba justificada, sin embargo, porque la vulneración continuaba y esa –según su opinión- debía considerarse como una causa para desvirtuar la temeridad. Dijo, en su nuevo memorial:

   “[l]os referidos actores presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con las mismas pretensiones que el resto de los accionantes en este trámite. Dicha solicitud fue resuelta favorablemente en primera instancia por el juzgado octavo administrativo del circuito de Cartagena y despachada desfavorablemente por conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar […].

   Sin embargo, dichos accionantes insisten en que la vulneración persiste en el tiempo por lo que se configura uno de los casos excepcionales en los cuales puede intentarse nuevamente otra acción de tutela de conformidad como lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-1104 de noviembre de 2008, con ponencia del Dr. Humberto Sierra Porto […]”.

   Y a continuación mencionó a las siguientes personas, a quienes dijo representar también dentro del presente proceso:

   Nombre y número de cédula del accionante

   1

   A.L.V.C., cc. 46.460.979 de Cartagena

   2

   Alba Lucía V.M., cc. 97.928.476 de Barrancabermeja

   3

   A.C.B.P., cc. 8.698.069 de Barranquilla

   4

   A.M.R., cc. 72.126.171 de Barranquilla

   5

   A. de J.C.C., cc. 12.555.759 de S.M.

   6

   A. Tada Guarín, cc. 19.304.829 de Bogotá

   7

   Alirio Parada Rincón, cc. 19.883.826 de Barrancabermeja

   8

   Á.M.V., cc. 19.398.943 de Bogotá

   9

   A.L.L., cc. 19.296.035 de Bogotá

   10

   A.E.V.O., cc. 15.247.517 de A.

   11

   A.B.M., cc. 11.075.401 de Chiriná

   12

   Audberto Segovia Caro, cc. 91.423.474 de B.

   13

   B.D.R., cc. 5.626.297 de Charalá

   14

   C.R.G., cc. 19.359.978 de Bogotá

   15

   C.R.M., cc. 5.008.054 de Chimichagua

   16

   C.A.H.V., cc. 16.596.969 de Cali

   17

   C.A.M., cc. 6.758.985 de Tunja

   18

   C.A.E.O., cc. 19.378.845 de Bogotá

   19

   C.A.C.P., cc. 91.228.501 de B.

   20

   C.E.S.O., cc. 70.061.281 de Medellín

   21

   C.E.A.P., cc. 91.215.920 de B.

   22

   C.F.R.S., cc. 91.207.258 de B.

   23

   C.J.R.O., cc. 91.227.650 (S.D)

   24

   C.M.A.M., cc. 5.714.453 de Puerto Wilches

   25

   C.A.T.C., cc. 79320958 de Bogotá

   26

   C.O.D.G., cc. 91.066.860 de S.G.

   27

   Clara I.A.P., cc. 51.587.660 de Bogotá

   28

   C.P.S.T., cc. 63.318.525 (S.D)

   29

   C.E.V.C., cc. 51.563.151 de Bogotá

   30

   C.M.A.C., cc. 39.685.327 de Bogotá

   31

   C.A.B.G., cc. 19.300.424 de Bogotá

   32

   D.A.C.C., cc. 19.3523750 de Bogotá

   33

   D.M.M., cc. 91.211.088 de B.

   34

   D.M.R., cc. 19.424.909 de Bogotá

   35

   D.T.D.R., cc. 5.083.718 de Río de Oro

   36

   D.M.Z., cc. 13.889.604 (S.D)

   37

   É.F.P.A., cc. 19.446.097 de Bogotá

   38

   É.M.R.E., cc. 91.246.026 de B.

   39

   É.P.D., cc. 91.238.708 de B.

   40

   E.Á.G., cc. 13.893.040 de Barrancabermeja

   41

   E.C.A., cc. 91.102.872 de S.

   42

   E.E.S.U., cc. 71.185.227 de P.B.

   43

   E.L.M.R., cc. 18.934.947 de C.

   44

   E.P.A., cc. 13.460.050 de Cúcuta

   45

   E.M.M., cc. 37.255.412 de Cúcuta

   46

   F.M.G., cc. 19.402.676 de Bogotá

   47

   F.M.G.R., cc. 13.258.368 de Cúcuta

   48

   F.E.F.J., cc. 10.521.352 de Popayán

   49

   F.J.P.C., cc. 4.053.076 de Belén

   50

   F.J.D.P., cc. 73.097.531 de Cartagena

   51

   F.B.V., cc. 13.894.848 (S.D)

   52

   G.S.C., cc. 13.840.347 de B.

   53

   G.A.D.G., cc. 79.298.149 de Bogotá

   54

   G.P.S., cc. 91.223.843 de B.

   55

   G.A.F.G., cc. 51.678.510 de Bogotá

   56

   Gloria Esperanza Cobaleda Cobaleda, cc. 41.727.901 de Bogotá

   57

   G.I.S.O., cc. 37.930.071 de Barrancabermeja

   58

   G.T.R., cc. 35.324.992 de Fontibón

   59

   G.E.V.V., cc. 6.762.607 de Tunja

   60

   G.A.C., cc. 19.320.481 (S.D)

   61

   G.H.G., cc. 91.065.545 de S.G.

   62

   G.N.G., cc. 19.406.150 de Bogotá

   63

   G.O.M., cc. 73.085.060 de Cartagena

   64

   H.H.P.V., cc. 91.231.673 de B.

   65

   H.A., cc. 13.893.721 de Barrancabermeja

   66

   H.D.P.O., cc. 13.905.756 de C.

   67

   H.A.C., cc. 19.379.989 de Bogotá

   68

   H.A.M.P., cc. 91.421.188 de Barrancabermeja

   69

   H.R.P.G., cc. 8.408.187 de Bello

   70

   H.E.G.L., cc. 19.423.059 de Bogotá

   71

   H.M.T., cc. 5.764.789 (S.D)

   72

   H.B.B., cc. 8.701.779 de Barranquilla

   73

   H.V.A., cc. 11.378.239 de Fusagasugá

   74

   I.I.M.G., cc. 63.329.141 de B.

   75

   J.A.G.V., cc. 7.217.225 de Duitama

   76

   J.L.V., cc. 13.832.835 de B.

   77

   J.H.G.M., cc. 19399868 de Bogotá

   78

   J.N.S., cc. 13.888.725 de Barrancabermeja

   79

   J.L.L.B., cc. 79.400.608 de Bogotá

   80

   J.P.G., cc. 88.136.327 de O.

   81

   Jesús Alberto Duque Villegas, cc. 71.582.381 de Medellín

   82

   J.A. Garrido Garrido, cc. 72.128.430 de Barranquilla

   83

   J.E.G.P., cc. 16.696.475 de Cali

   84

   J.J.S.M., cc. 91.210.545 de B.

   85

   J.E.D.F., cc. 91.214.176 de B.

   86

   J.E.F.S., cc. 91.227.105 de B.

   87

   J.E.P.V., cc. 3.622.284 de Sopetrán

   88

   J.E.R.B., cc. 19.384.670 de Bogotá

   89

   J.H.H.J., cc. 91.202.749 de B.

   90

   J.J.N.M.C., cc. 79.105.491 de Bogotá

   91

   J.L.C., cc. 79.256.204 de Bogotá

   92

   J.S.R.R., cc. 19.270.413 de Bogotá

   93

   J.A.C.V., cc. 73.075.630 de Cartagena

   94

   J.A.J.O., cc. 11.430.688 de Facatativá

   95

   J.C.L.C., cc. 4.268.834 de Sutatenza

   96

   J.d.C.S.R., cc. 13.922.785 de Málaga

   97

   J.d.C.V.C., cc. 13886590 de Barrancabermeja

   98

   J.E.M.P., cc. 16.476.908 de Buenaventura

   99

   J.É.S.C., cc. 6.196.606 (S.D)

   100

   J.E.Q.D., cc. 88.153.902 de Pamplona

   101

   J.E. de la O.Q., cc. 9.132.156 de Magangué

   102

   J.H.C.A., cc. 79.308.816 de Bogotá

   103

   J.J.O.P., cc. 91.201.874 de B.

   104

   J.L.R.R., cc. 91.228.435 de B.

   105

   J.M.V.N., cc. 91.221.983 de B.

   106

   J.M.S., cc. 91.210.699 de B.

   107

   J.M.F.Q., cc. 91.211.498 de B.

   108

   Juan Carlos Da Silva Pulgarín, cc. 19.438.209 de Bogotá

   109

   J.C.R.R., cc. 79.238.077 de Bogotá

   110

   J.C.C.M., cc. 13.887.385 de Barrancabermeja

   111

   J.G.E.V., cc. 19.374.455 de Bogotá

   112

   J.M.P.M., cc. 91.253.978 de B.

   113

   J.E.O.G., cc. 6.887.279 de Montería

   114

   L.J.C.S., cc. 13.889.867 de Barrancabermeja

   115

   L.D.C., cc. 91.209.697 de B.

   116

   Ludy Cristancho Argüello, cc. 63.337.492 de B.

   117

   L.A.R.F., cc. 19.912.510 (S.D)

   118

   L.A.R.G., cc. 19.439.142 de Bogotá

   119

   L.A.C.H., cc. 91.421.051 de Barrancabermeja

   120

   L.A.M.D., cc. 13.831.344 de B.

   121

   L.C.L.A., cc. 91.425.944 de Barrancabermeja

   122

   L.E.P.A., cc. 79.312.124 de Bogotá

   123

   L.E.E.Q., cc. 14.875.916 de Buga

   124

   L.E.R.C., cc. 91.217.815 de B.

   125

   L.F.J.R., cc. 91.233.095 de B.

   126

   L.G.B.V., cc. 13.891.234 de Barrancabermeja

   127

   L.H.B.P., cc. 91.214.351 de B.

   128

   L.M.C.B., cc. 9.313.698 de Corozal

   129

   L.O.S.O., cc. 19.316.387 de Bogotá

   130

   L.Á.N.M., cc. 63.305.200 de B.

   131

   Luz Mónica Ricaurte González, cc. 51.808.195 (S.D)

   132

   M.L.S.N.I., cc. 9.519.714 (S.D)

   133

   M.R.D.B., cc. 41.684.624 de Bogotá

   134

   M.A.L.B., cc. 51.766.545 de Bogotá

   135

   M.E.G.U., cc. 51.646.318 de Bogotá

   136

   M.V.T.O., cc. 63.336.796 de B.

   137

   M.F.E.G., cc. 63.329.111 de B.

   138

   M.M.A., cc. 13.841.445 de B.

   139

   Mauricio Peñaloza Medina, cc. 79.386.321 de Bogotá

   140

   M.P.A., cc. 51.615.776 de Bogotá

   141

   M.D.P., cc. 16.617.719 de Cali

   142

   M.A.R.S., cc. 19.166.063 (S.D)

   143

   M.R.H.V., cc. 19.266.702 de Bogotá

   144

   N.A.V.R., cc 37.889.794 de S.G.

   145

   N.E.R.N., cc. 37.830.077 de B.

   146

   N.Á.S., cc. 6.656.022 de S.J.d.G.

   147

   N.D.M., cc. 91.214.178 de B.

   148

   N.M.M., cc. 91.239.849 de B.

   149

   N.C.T., cc. 91.152.125 de Floridablanca

   150

   N.F.V., cc. 13.893.600 de Barrancabermeja

   151

   O. de J.O.R., cc. 71.182.407 de P.B.

   152

   O.A.G.G., cc. 13.892.507 de Barrancabermeja

   153

   Ó.C.R., cc. 91.207.060 de B.

   154

   Orlando Martínez Morato, cc. 13.888.046 de Barrancabermeja

   155

   O.M.N., cc. 73.096.397 de Cartagena

   156

   Ó.D.D.B., cc. 91.213.012 de B.

   157

   Ó.J.A.G., cc. 13.446.361 de Cúcuta

   158

   P.N.D.C., cc. 13.844.648 de B.

   159

   R.A.P.G., cc. 17.333.555 (S.D)

   160

   R.R.M., cc. 19.347.298 de Bogotá

   161

   R.A.O., cc. 19.442.997 de Bogotá

   162

   R.M.P., cc. 41.639.011 de Bogotá

   163

   R.P.A., cc. 91.100.833 de S.

   164

   S.C.V.H., cc. 21.176.491 de Acacías

   165

   S.I.C.B., cc. 13.894.609 de Barrancabermeja

   166

   S.M.C.G., cc. 79.285.055 de Bogotá

   167

   T.E.E., cc. 9.283.706 de Turbaco

   168

   V.G.R., cc. 73.090.271 de Cartagena

   169

   W.L.F.R.M., cc. 19.471.333 de Bogotá

   170

   W.G.G., cc. 91.217.596 de B.

   171

   W.A.M., cc. 91.228.794 de B.

   172

   W.A.L., cc. 18.410.770 de Montenegro

   173

   W.A.R.P., cc. 79.265.710 de Bogotá

   174

   W.B.F., cc. 91.210.625 de B.

   175

   William Correa Ballesteros, cc. 16.261.104 de Palmira

   176

   W.E.M.R., cc. 19.226.288 de Bogotá

   177

   W.O.P.C., cc. 79.371.218 de Bogotá

   178

   Z.A.E., cc. 78015.690 de Cereté

   Con todo, dentro de las personas mencionadas, las siguientes no le confirieron poder para actuar: F.A.Á., L.E.S.J., L.E.N.R. y É.F.P.A..

4. Los accionantes del expediente T-2918630 fueron por su parte representados por la abogada M.F.A.. Esta instauró el amparo a nombre de las siguientes personas:

   Nombre y número de cédula del accionante

   1

   M.V.B.C., cc. 37.927.894 de Barrancabermeja

   2

   J.R. Lozada, cc. Cc. 13.893.873 de Barrancabermeja

   3

   J.A.B.Z., cc. 77.021.611 de Valledupar

   4

   W.B.B., cc. 19.366.083 de Bogotá

   La apoderada aseguró que esta era la segunda vez que sus poderdantes interponían una acción de tutela por los mismos hechos. Sin embargo, a su juicio en este caso la nueva promoción del amparo está justificada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecida, en su opinión, por ejemplo en la sentencia T-1104 de 2008 (MP. H.S.P.. Desde su punto de vista, esta última permite interponer una acción de tutela por segunda vez, por cuanto “la flagrante violación de los derechos fundamentales […] persiste y se ha agravado […] por el mismo trascurso del tiempo e igualmente se ha configurado la violación de otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la movilidad del salario, la desprotección de la familia, entre otros”.

   Respuesta de ECOPETROL S.A.

5. En las respuestas a ambos procesos, ECOPETROL S.A. pidió de forma principal que la tutela se declarara improcedente, y de manera subsidiaria solicitó que se negara. En cuanto a su pedimento principal, ECOPETROL S.A. lo sustentó por una parte en que en este caso los demandantes cuentan con un medio de defensa judicial distinto a la acción de tutela para defender sus derechos, y no prueban ni es posible advertir que estén en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable. Por tanto, la acción de tutela de un lado no está llamada a proceder ni como mecanismo principal, ni como instrumento de protección subsidiario. Pero, por otra parte, la entidad demandada entiende que en este caso se infringió el principio de inmediatez de la acción de tutela, pues a su juicio “[l]os hechos que sustentan la presente acción de amparo constitucional, no han tenido ocurrencia inmediata, por lo cual no se cumple con el presupuesto de la inmediatez”. Finalmente, en cuanto su petición subsidiaria, la soportó en que los mismos demandantes aprobaron no asignarle carácter salarial al estímulo que ahora reclaman como factor constitutivo de salario, y lo hicieron libremente y por voluntad propia. Además, esa diferencia se estableció (i) con el propósito de “brindar mayor competitividad a nuestra compañía” y (ii) tuvo en cuenta “los diferentes grupos de colaboradores resultantes de las disímiles condiciones laborales existente al interior de la Empresa, derivadas de los regímenes de cesantías y pensiones aplicables, lo que hizo indispensable un tratamiento distinto procurando así incremento efectivo anual en el ingreso monetario del sector petrolero, lo que dista de carácter discriminatorio”.

   Decisiones judiciales bajo revisión

6. Expediente T-2912348. En primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de San José de Cúcuta concedió la tutela impetrada, a favor de todos los demandantes. En la parte motiva de su decisión, el Juzgado manifestó que, en su criterio la tutela es el único medio de defensa judicial a disposición de los demandantes, toda vez que se trata de un conflicto de carácter económico, cuyo conocimiento no se le confiere en la ley a ninguna autoridad judicial. Además, adujo que la tutela no se había interpuesto en contravía del principio de inmediatez, pues por una parte no se conoce la fecha exacta en la cual se implementó la política de compensación y, por tanto, tampoco se sabe a partir de cuál punto debe contabilizarse la supuesta falta de inmediatez. Pero, por otra parte, tampoco sería válido concluir que ha habido un retardo porque en este caso la violación se hizo efectiva recientemente, cuando los demandantes o bien terminaron ya su relación laboral con la demandada, o bien estuvieron próximos a hacerlo. En cuanto a la presentación de más de una acción de tutela por los mismos hechos, el Juzgado dijo que en este caso ese proceder no era constitutivo de temeridad, porque de una parte la violación de los derechos era continua y, de otra, no se había comprobado la mala fe. Finalmente, el Juzgado consideró que había un tratamiento diferenciado, adverso a los tutelantes en materia salarial, que a su juicio resultaba violatorio del derecho a la igualdad. Por eso, le ordenó a ECOPETROL S.A. que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes procediera a aplicar, a cada uno de los más de doscientos trabajadores que habían interpuesto la acción de tutela, el beneficio económico como un factor salarial. Por consiguiente, dispuso que ECOPETROL S.A. debía reliquidarles retroactivamente todos los derechos legal y convencionalmente reconocidos, con fundamento en ese nuevo factor, ajustado de acuerdo con el IPC certificado por el DANE.

   En segunda instancia, mediante sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó el fallo de primera instancia, por las mismas razones, salvo en dos puntos. Primero, lo modificó en lo relativo a los demandantes J.G.E.V., L.E.E.Q., H.E.G.L. y C.A.E., a quienes excluyó de los beneficiarios de la decisión, por solicitud expresa de su apoderado. Segundo, lo adicionó en el sentido de ordenar que se reliquidara también el ingreso base de liquidación pensional, “sobre el cual se estableció o se establecerá el monto de la pensión de jubilación que se reconozca a cada uno de ellos, y como resultado de ello cancele retroactivamente lo dejado de pagar tanto por prestaciones sociales como por mesadas pensionales, desde que empezó a aplicársele a cada accionante la política salarial del estímulo al ahorro, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia”

7. Expediente T-2918630. En primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del once (11) de octubre de dos mil diez (2010), resolvió declarar improcedente el fallo impetrado. Para decidir, comparó las dos acciones de tutela instauradas por los demandantes, y tras verificar que había existido identidad de sujetos, de objeto y de razón jurídica, concluyó que era preciso atenerse a lo resuelto en el primer proceso de tutela. Con todo, manifestó que no había existido temeridad, por cuanto los actores creían de buena fe estar ante una circunstancia nueva, posterior a los fallos del primer proceso de tutela, que los habilitaba para interponer de nuevo un amparo.

   En segunda instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante fallo del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010) decidió revocar en todas sus partes la decisión de primera instancia. Para fundamentar su resolución, la Sala del Tribunal manifestó que los demandantes no habían obrado de mala fe, y que en su acción de tutela tenían razón pues había habido una violación del derecho a la igualdad de trato. Por tanto, resolvió declarar ineficaz la cláusula que de renuncia al carácter salarial de la retribución, y ordenarle a ECOPETROL S.A. que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes efectuara las diligencias tendientes a cancelarles a los demandantes los valores por estímulo al ahorro, y a liquidarles nuevamente, de una parte, las prestaciones legales causadas luego de que les empezó a pagar la retribución teniendo en cuenta la incidencia salarial de la misma, y de otra parte el ingreso base de liquidación y las mesadas pensionales ya pagadas con fundamento en este.

   2. CONSIDERACIONES[3]

   Las acciones de tutela en este caso son improcedentes. Reiteración de jurisprudencia

1. La Corte Constitucional ha resuelto casos iguales a este en las siguientes sentencias: T-764 de 2010 (MP. G.E.M.M., T-969 de 2010 (MP. J.C.H.P., T-1033 de 2010 (MP. J.I.P.P., T-1048 de 2010 (MP. J.I.P.C., T-112 de 2011 (MP. L.E.V.S.) y T-290 de 2011 (MP. J.I.P.C.. En todas esas providencias se ha pronunciado sobre acciones de tutela instauradas por trabajadores activos o retirados y pensionados de ECOPETROL S.A., que demandan a la compañía por considerar que los ha discriminado desde que puso en marcha la “política de compensación salarial”, en tanto les ha pagado una retribución específica sin carácter salarial, al mismo tiempo que a personas supuestamente en sus mismos cargos y con las mismas funciones les ha pagado esa misma remuneración como factor constitutivo de salario. Y la Corte Constitucional, de manera unívoca, clara, constante e invariable, ha dicho que la acción de tutela es improcedente, en casos con esas características para proteger los derechos fundamentales supuestamente conculcados. En esta oportunidad, la Sala lo reitera y pasa a desarrollar los argumentos en que se sustenta.

   Hay otros medios de defensa judicial, y la tutela no se empleó para evitar un perjuicio irremediable

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Carta, la tutela procede cuando no hay otros medios de defensa judicial, cuando los hay pero no son eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales o para evitar un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.). En este caso los demandantes cuentan con otro medio de defensa judicial eficaz de los derechos: la acción laboral ordinaria.[4] Por lo tanto, el amparo sólo está llamado a proceder si el juez de tutela cuenta con los suficientes elementos de juicio para concluir que hay necesidad de evitar un perjuicio irremediable.[5] La Sala piensa que en este caso, sin embargo, en ninguno de los dos expedientes es posible llegar a esa conclusión.

3. Para empezar, advierte que la persistencia del tratamiento desigual no es de suyo un perjuicio irremediable.[6] Por tanto, si es cierto que hay riesgo de un perjuicio irremediable, este debe provenir no del trato diferente propiamente tal sino de las implicaciones materiales que tiene para los peticionarios –y sus derechos fundamentales- dicho trato. No obstante, en los expedientes no hay siquiera rastros de las incidencias materiales que ha tenido el trato dispensado por ECOPETROL a los hoy demandantes. En consecuencia, no puede decirse que sufran un perjuicio, o que sea grave, actual o inminente, ni que demande actuaciones urgentes e impostergables. En efecto, los demandantes no aportan pruebas ni siquiera indiciarias de lo perjudicial del tratamiento que reciben, y que estén relacionadas por ejemplo (i) con su edad, (ii) con sus gastos mensuales, (iii) con el número de personas que depende de sus ingresos, (iv) con si cuentan actualmente con seguridad social, (v) con si tienen problemas de vivienda, (vi) con si experimentan problemas de salud, (vi) con si enfrentan dificultades para satisfacer necesidades básicas suyas o de su familia, (vii) con su situación económica actual, (viii) con las implicaciones que tendría no acceder a sus pretensiones en tutela, etc. No hay más que afirmaciones generales acerca del trato diferenciado, y por tanto no obran pruebas o elementos de convicción suficientes para concluir que existe la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Por tanto, sólo por eso los jueces debían declarar la acción de tutela improcedente.

4. Por lo demás, en casos como este, en los cuales hay un número significativo de tutelantes, una relevante cantidad de asuntos por esclarecer y una sensible complejidad de los aspectos directamente relacionados con el conflicto, la notoria falta de pruebas sobre el perjuicio irremediable o la ineficacia del otro medio de defensa judicial, debe conducir a declarar improcedente el amparo. Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-335 de 2000.[7] En esa oportunidad la Corporación declaró improcedente la tutela invocada por un grupo de trabajadores que reclamaba la protección de su derecho a un salario igual, por trabajo igual, tras estimar no sólo que el asunto tenía una significativa complejidad sino sobre todo que las pruebas aportadas por ellos no demostraban de manera clara y cabal la discriminación alegada, y que el juez no podía suplir esa falencia con arreglo a sus poderes. La Corte estableció, entonces, la siguiente regla de procedencia:

   “para que la acción de tutela - en principio subsidiaria - desplace al medio ordinario de defensa, resulta necesario que la cuestión constitucional aparezca probada, es decir, que para verificar la eventual vulneración del derecho fundamental no sea necesario un análisis legal, reglamentario o convencional detallado y dispendioso, o un ejercicio probatorio de tal magnitud que supere las capacidades y poderes del juez constitucional. De no ser así, se estaría aceptando que la definición de asuntos que exigen juicios minuciosos o en extremo especializados, se realice luego de un procedimiento en el que resulta imposible solicitar, practicar y controvertir la totalidad de las pruebas necesarias para la adopción de la correspondiente decisión”.[8]

5. Esa misma regla de procedencia estuvo implícita en un caso igual a este, resuelto por la sentencia T-969 de 2010.[9] En esa ocasión, otro grupo de ECOPETROL S.A. instauró, como ahora, un amparo para perseguir la igualación en el carácter salarial de los emolumentos pagados en virtud de la política de compensación emprendida por esa compañía. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional declaró improcedente el amparo, en sustancia, por la falta de material probatorio que sustentara los elementos estructurales básicos de su alegato. Dijo, en párrafo que debe citarse:

   “2.2.1 Para esta Sala de Revisión, el asunto objeto de estudio no puede ser resuelto a través de la acción de tutela, pues no es un mecanismo judicial que – bajo las circunstancias del caso – resulte procesalmente viable. En efecto, tal y como fue indicado por la autoridad judicial de primera instancia, tras efectuar un análisis amplio sobre la materia, los demandantes buscan obtener la reliquidación de su mesada pensional, para lo que alegan la trasgresión de su derecho fundamental a la igualdad. Violación que, por lo demás, no fue demostrada dentro del proceso, dado que no aportaron medios probatorios que así lo acreditaran o que demostraran que el trato diferente, dado a ciertos trabajadores de la empresa, resultara discriminatorio”.

6. Ciertamente, el juez de tutela tiene en principio no solamente la competencia sino la obligación de decretar la práctica de pruebas de oficio.[10] No obstante, en casos como este en los cuales hay un número amplio de aspectos por tratar y una notoria falta de elementos de juicio, no puede decirse que el juez de tutela obre en contra de la Constitución por declarar improcedente el amparo, sobre la base de que no hay razones para concluir que la tutela se instauró con el fin de evitar un perjuicio irremediable. En efecto, y como lo plantean en la acción de tutela, los demandantes creen ser víctimas de una discriminación salarial, pero en sentido estricto sólo prueban de manera cabal que dentro de ECOPETROL S.A. hay un grupo de trabajadores que recibe una clase de emolumentos a título salarial, y que hay otro que lo recibe a título no salarial. Esa sola constatación no es, desde luego, suficiente para concluir que ha habido una discriminación inconstitucional, o que busquen evitar la materialización de un perjuicio irremediable, en tanto la Constitución y los tratados internacionales que reconocen derechos humanos no prohíben cualquier clase de tratamiento diferente para dos grupos de personas, sino el tratamiento diferenciado que carezca de justificación constitucional suficiente.[11]

7. Ahora bien, los demandantes además afirman que esa diferencia es por otra parte injustificada por dos razones. Primero porque en la práctica conduce a diferenciar entre empleados antiguos y nuevos. Y segundo porque lleva a diferenciar a dos grupos de trabajadores que, sin embargo, desempeñan las mismas funciones, ocupan los mismos cargos y sobrellevan la misma carga laboral. No obstante, a juicio de la Sala, ninguno de esos dos motivos es suficiente por sí solo o en conjunto con el otro, ni normativa ni fácticamente, para sustentar la tesis de los demandantes, de acuerdo con la cual en ECOPTEROL S.A. se ha puesto en marcha una política de compensación discriminatoria e inconstitucional. Por tanto, y como pasa a explicarse, la tutela debe declararse improcedente en vista de que falla al aportar elementos de juicio suficientes para el proceso constitucional.

   7.1. En cuanto al primer argumento, es preciso indicar que no hay suficientes razones que soporten la aserción sobre la cual se edifica. No hay elementos en los expedientes que permitan asegurar, más allá de una duda razonable en procesos de tutela, que todos los empleados que reciben la retribución a título de salario sean nuevos. Pero incluso si se asume que es cierta, de cualquier modo el argumento construido sobre esa ficción no es en principio decisivo para concluir que habido un tratamiento discriminatorio injustificado. Para empezar, porque en principio es válido asumir –sin establecerlo como fundamento de la decisión- lo dicho de paso por la Sala Tercera de Revisión, al resolver un caso similar a este, y en las acciones de tutela no se refuta ese argumento:

   “para la Sala no resulta discriminatoria –prima facie – la aplicación de regímenes salariales diferentes para trabajadores de ECOPETROL. En efecto, a primera vista, resulta legítimo un trato diferente entre trabajadores nuevos y próximos a pensionarse con el fin de hacer más atractiva la empresa en el mercado laboral, máxime si se tiene en cuenta que se utilizó el “estímulo al ahorro” como un mecanismo para establecer determinada equidad entre unos y otros”.[12]

   Pero, además, porque el hecho de ser un trabajador antiguo o un trabajador nuevo no está relacionado necesariamente con ninguno de los criterios prohibidos por el artículo 13 de la Constitución. De hecho, ni siquiera está relacionado con un criterio que tampoco es constitucionalmente neutro en cualquier caso, como la edad de los demandantes, pues quienes han demandado –como en este caso- la igualdad salarial por parte de ECOPETROL S.A. ante la justicia constitucional se han hallado, por ejemplo, “entre los 45 y 53 años”[13] o “entre los 48 y los 51 años”.[14] Por consiguiente, ni siquiera en la hipótesis de que su primer argumento fuera cierto, habría bastante mérito para concluir que han sido discriminados.

   7.2. Ciertamente, los demandantes exponen otro motivo adicional. Manifiestan en general que, por causa de la política de compensación salarial, ellos reciben una retribución salarial inferior a la de otros de sus compañeros que sin embargo desempeñan sus mismas funciones y ejercen sus mismos cargos. Por eso, la diferencia de trato es injustificada. Lo que es más, el apoderado del expediente T-2912348 dice incluso:

   “[d]esde que se implementó la llamada política de compensación salarial, el salario de los demandantes ha venido decreciendo en comparación con el devengado por sus compañeros directivos de diferentes áreas que ocupan el mismo cargo, con las mismas funciones y la misma filosofía, con igual o menor tiempo de servicio, con igual o menor carga de trabajo, con igual o menor preparación intelectual, con igual o menor entrenamiento, pues ellos han recibido aumento de su salario en una mayor proporción al realizado respecto del salario de los actores”.

   No obstante, en uno y en otro expediente se echan de menos los elementos básicos estructurales de cualquier alegato por violación del derecho a tener un salario igual, por trabajo igual. Primero que todo, en ninguno se aportan los medios de prueba indispensables para acreditar que, en realidad, hacen el mismo trabajo que aquellos trabajadores con quienes pretenden compararse. Dicen cumplir las mismas funciones, pero no explican cuáles son, ni dan tampoco pruebas para sustentar su aserto. Dicen ejercer los mismos cargos, pero no explicitan cuáles son, ni ofrecen pruebas para sustentar su alegato. Manifiestan tener tanta o más carga de trabajo que sus pares, pero no establecen cuánta es su carga y cuánta la de sus compañeros. Y los poderes del juez constitucional son insuficientes para subsanar esa deficiencia, especialmente en un caso en el cual los demandantes son más de trescientos.

   Pero, segundo, los actores tampoco exponen los elementos de juicio indispensables para determinar cuál es su salario, y cuál el de sus compañeros. Asumen, de algún modo porque entienden que es obvio, que si un emolumento en específico no tiene para un grupo de trabajadores la incidencia salarial que sí tiene para otro grupo, cuyos miembros desempeñan las mismas funciones de quienes pertenecen al primero, entonces hay una violación del derecho constitucional a recibir igual salario, por trabajo igual. Sin embargo, esa suposición no es obvia, pues puede ocurrir que el salario sea igual, sólo que constituido en uno y otro caso por causas jurídicas distintas (en un caso por determinado beneficio salarial, y en otro por otro distinto).

   Por tanto, la Corte Constitucional considera que las acciones de tutela presentadas por los demandantes son improcedentes, y así lo establecerá en la parte resolutiva de esta providencia.

8. Pero antes de resolver, la Sala considera preciso rechazar, por infundada, la tesis sostenida en este proceso por los apoderados de ambos grupos de accionantes, acerca de la continuidad en la violación de un derecho fundamental como causal de justificación para interponer más de una acción de tutela por los mismos hechos. La supuesta continuidad en la violación de un derecho fundamental, no es por sí sola una justa causa para instaurar más de una acción de tutela por los mismos hechos. La Corte ha considerado que lo es, cuando la presenta un sujeto de especial protección constitucional o en estado de particular vulnerabilidad, que se encuentra ante una situación excepcional:

   “[t]ratándose de sujetos de especial protección constitucional o en estado de especial vulnerabilidad, esta Corporación ha señalado que no resulta procedente negar el amparo por una actuación temeraria aunque se presente la identidad de partes, causa petendi y objeto, cuando el juez de tutela advierta que no obstante la presentación de varias acciones de tutela, persiste la violación de los derechos fundamentales, constituyéndose así en una situación excepcional justificativa de la interposición de una nueva acción”.[15]

   En consecuencia, si bien en este caso no hubo temeridad, pues las acciones de tutela fueron instauradas en la buena fe de que era posible instaurar de nuevo una acción de tutela por los mismos hechos, la Corte Constitucional considera que el argumento empleado por los apoderados de los demandantes no es una justificación para promover dos o más acciones de tutela iguales, ante distintas autoridades judiciales de la República.

9. Por lo demás, en vista de que la tutela instaurada es improcedente, Ecopetrol S.A. podrá iniciar las acciones conducentes con el fin de recuperar los dineros que hubiera pagado en virtud de los fallos que ahora se revocan.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,