Sentencia de Unificación nº 163/23 de Corte Constitucional, 18 de Mayo de 2023

A. LA DEMANDA DE TUTELA

1. A.V.C. S.A (en adelante, “accionante”, “sociedad accionante”, “AVC”), por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia del 16 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (en adelante, “accionado”, “el Tribunal”), en el marco del proceso de restitución de tierras promovido por el señor S.A. y la señora S.P. respecto del predio denominado “Venecia”, propiedad de la sociedad accionante. Esta última sostuvo que, a partir de la incorrecta aplicación del precepto contenido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, entre otros defectos, el Tribunal accionado decidió acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó la restitución del predio mencionado a favor de los solicitantes.

2. Por lo anterior, la accionante solicitó que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, “se revoque totalmente la Sentencia ST-018 de 2019, en el sentido de indicar que, en lo que respecta a la titularidad de la acción de restitución a la luz de la Ley 1448 de 2011, esta no es predicable de los R.S.A. y S.P., en tanto que sus hechos victimizantes acaecieron con anterioridad al 01 de enero de 1991 y en cualquier caso, no constituían despojo. (…)”[1].

   B. HECHOS RELEVANTES

3. Proceso de restitución de tierras y solicitud de inscripción del predio Venecia en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. El día 20 de agosto de 2013, el señor S.A. y la señora S.P.T. solicitaron ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (en adelante, “la Unidad” o “URT”) la inscripción del predio “Venecia” en el mencionado Registro, bajo el argumento de que la venta del inmueble mencionado fue producto de hechos victimizantes sucedidos entre 1988 y 1990[2].

4. Mediante la Resolución No. RG 1294 del 23 de junio de 2016, la Unidad accedió a la solicitud del señor A. y la señora P.T.. En consecuencia, el día 26 de julio de ese año, la Unidad presentó solicitud colectiva de restitución de tierras abandonadas y despojadas forzosamente en representación de los reclamantes respecto del predio Venecia[3].

5. El juez de restitución dispuso la vinculación de AVC en su condición de titular del derecho de dominio del predio “Venecia”. El día 7 de diciembre de 2016, esta sociedad presentó oposición a la solicitud de restitución. Por su parte, el agente del Ministerio Público rindió concepto en el proceso de restitución de tierras en el sentido de oponerse a la pretensión de los reclamantes, descalificando la existencia de un contexto generalizado de violencia, la calidad de víctima de los solicitantes y la materialización del despojo.

6. El día 16 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Cúcuta profirió sentencia de única instancia, en la cual accedió a la petición de solicitud de restitución de los reclamantes y, en consecuencia, resolvió: (i) amparar el derecho fundamental a la restitución de tierras de los reclamantes; (ii) declarar impróspera la oposición presentada por AVC; (iii) compensar con un bien equivalente a los reclamantes; (iv) que el predio Venecia, incluyendo todo el proyecto productivo de aceite de palma que se desarrolla actualmente en el mismo, fuera transferido al Fondo de la URT para su administración, por no encontrarse probada la buena fe exenta de culpa de la sociedad comercial; y (v) declarar la nulidad o inexistencia de todos los negocios jurídicos celebrados sobre el predio Venecia con posterioridad al 21 de agosto de 1991.

7. En la sentencia cuestionada, el Tribunal accionado concluyó que: (i) fueron acreditados los presupuestos de la acción de restitución de tierras; (ii) no prosperaba la oposición de AVC ni los alegatos del Ministerio Público, entre otras razones, bajo el argumento de que, si bien “en este caso los hechos que motivaron el desplazamiento acaecieron con anterioridad al 1° de enero de 1991, lo cierto es que el rompimiento del vínculo jurídico con el fundo reclamado se consolidó el 21 de agosto de ese mismo año, como resultado de las acciones anteriores, de donde se colige que esa enajenación estuvo permeada por los efectos del conflicto armado, coyuntura que justamente es la que permite a los solicitantes pretender en restitución el predio reclamado”.

8. Unido a ello, sostuvo que (iii) la accionante AVC no demostró la buena fe exenta de culpa[4]. Expresamente, señaló que “el proceder de [la sociedad opositora] al momento de comprar el fundo Venecia no fue ajustado a los parámetros de la buena fe cualificada, pues como quedó plasmado, no honró las responsabilidades probatorias que le impone la Ley 1448 de 2011 frente a la acreditación de la realización de actos positivos de averiguación respecto de la normalidad de las tradiciones anteriores, y en segundo lugar, es evidente que si hubiere desplegado una conducta acuciosa y diligente habría podido descubrir los hechos victimizantes que aquejaron a [S.A.] y determinar que estos tuvieron una injerencia fundamental en su determinación de enajenar la finca Venecia”[5]. En consecuencia, consideró que no había lugar a “reconocer compensación alguna en su favor ni a permitir que la sociedad opositora administre el proyecto agroindustrial de palma y caucho que se encuentra en el fundo”.

9. El día 25 de septiembre de 2019, la sociedad accionante AVC presentó solicitud de adición y modulación del fallo referido[6]. Sin embargo, mediante auto No. 034 de 2020, el Tribunal accionado negó ambas solicitudes, quedando ejecutoriada la sentencia el día 4 de marzo de 2020.

10. Acción de tutela interpuesta por AVC, el día 29 de julio de 2020. Por intermedio de apoderado judicial[7], la sociedad accionante interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida por el Tribunal accionado, en el marco del proceso de restitución de tierras (ver supra, numerales 6 a 8). Luego de realizar un extenso recuento de los antecedentes de dicho proceso, y señalar las razones por las cuales, a su juicio, se cumplen los requisitos generales de procedencia de tutela en contra de providencia judicial, la sociedad accionante afirmó que la sentencia atacada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la propiedad, el principio de legalidad y seguridad jurídica, por haber aplicado de manera incorrecta el precepto contenido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011[8]. Lo anterior, presuntamente, por haber incurrido en los siguientes defectos:

    Defecto alegado por AVC

    Argumentos señalados por la sociedad accionante

    Defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, en tanto que se le reconocieron efectos temporales distintos a los definidos por el legislador

    § El Tribunal accionado “otorgó unos efectos temporales y jurídicos distintos a los señalados por el legislador” al art. 75 de la Ley 1448 de 2011, al reconocer hechos victimizantes ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1991. En consecuencia, se realizó una aplicación inconstitucional retrospectiva de la norma.

    § De los hechos victimizantes no se desprendía un nexo de causalidad con el despojo del precio, pues no se demostró “la existencia de un aprovechamiento de la situación de violencia para privar al señor S.A. y su compañera sentimental de la propiedad de su predio Venecia”.

    Defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, en tanto que se reconoció la titularidad del derecho de restitución de tierras, a personas cuyos hechos victimizantes no constituyen despojo frente a la venta del predio Venecia

    Argumentó que “la inexistencia del nexo causal entre esos hechos [victimizantes] y la transacción del predio, (…) debió llevar a concluir al Tribunal que aun cuando S.A. y S.P. son víctimas de desplazamiento forzado, no eran titulares del derecho a la restitución, por no haber sido despojados arbitrariamente del predio Venecia a través de un aprovechamiento en los términos [de las normas precitadas] por parte de R.J.T. y otro en 1991, pues el miedo generalizado al contexto de violencia no necesariamente constituye un aprovechamiento del mismo por parte del aparente despojante”.

    Defecto sustantivo por desconocer las sentencias C-250 de 2012 y C-253A de 2012, que declararon exequible la expresión “entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley” del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011

    § Las mencionadas sentencias dispusieron que las medidas de restitución sólo deberían ser aplicadas a víctimas, en el marco temporal señalado en la Ley 1448 de 2011.

    § Por lo tanto, al haberse aplicado a hechos victimizantes ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1991, el Tribunal accionado aplicó de manera indebida la norma en cita, desconociendo el precedente de la Corte Constitucional.

    Defecto sustantivo por desconocer la sentencia C-054 de 2016, que declaró exequible la expresión “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, contenida en el artículo 27 del Código Civil”

    El límite temporal fijado por el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 es una proposición jurídica con un sentido lingüístico y deóntico claro, razón por la cual no cabe ser interpretada, sino aplicada silogísticamente.

    Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que hubieran llevado al Tribunal a declarar probada la buena fe exenta de culpa de la sociedad accionante y, en consecuencia, ordenar a su favor una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en el predio Venecia (defecto subsidiario)

    El Tribunal accionado incurrió en un error en su interpretación al examinar de forma incompleta la declaración extraprocesal de R.J.T..

    C. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y TERCEROS VINCULADOS[9]

    Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, S.C. Especializada en Restitución de Tierras[10]

11. Lo magistrados de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta[11], se remitieron a los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la providencia atacada para señalar que la accionante plantea un simple desacuerdo subjetivo sobre la valoración de la solicitud de restitución de tierras presentada respecto del predio Venecia. Refirieron que la tutelante pasa por alto que “el despojo en sí mismo es un hecho victimizante autónomo y diferente al desplazamiento y abandono forzado de tierras, el cual se circunscribe a los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011”[12]. Por último, advirtieron que con la presente acción de tutela se pretende tramitar una instancia adicional, pese al carácter residual de dicho mecanismo y sin haber agotado el recurso extraordinario de revisión.

    D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

    Decisión de primera instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de agosto de 2020

12. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar el amparo solicitado. En concreto, señaló que la providencia atacada no se basa en una motivación subjetiva o arbitraria, sino que parte de un análisis razonable de los requisitos para acceder a las pretensiones de restitución, especialmente, el ámbito de temporalidad previsto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y lo referente a la buena fe exenta de culpa alegada, pero no demostrada, por AVC.

    Impugnación

13. El apoderado de la sociedad accionante impugnó el fallo de primera instancia. Argumentó que el a quo omitió pronunciarse sobre todos los defectos planteados en contra de la sentencia atacada, razón por la cual reiteró los argumentos de la demanda de tutela relacionados con la configuración del defecto sustantivo por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

    Decisión de segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de septiembre de 2020

14. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia con base en las mismas razones. Además, precisó que la acción de tutela no tiene por objeto reabrir controversias judiciales para imponer el criterio jurídico defendido por la accionante.

    E. ACTUACIONES ADELANTADAS Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional –Acuerdo 05 de 1992, modificado por el Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015-, el magistrado sustanciador dispuso la práctica y decreto de pruebas a fin de recaudar los elementos de juicio necesarios para mejor proveer, así como la realización de las gestiones necesarias para confirmar que los terceros con interés en el proceso de tutela hubiesen sido notificados en debida forma, de modo que se absolvieran las dudas en relación con la integración correcta del contradictorio por el juez de tutela de primera de instancia[13]. Por tal razón, la Sala Plena de esta corporación dispuso la suspensión de términos.

16. Con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de la presente providencia, en el ANEXO I de la presente sentencia se incluye un recuento detallado de las actuaciones adelantadas por el magistrado sustanciador, la información y elementos probatorios allegados por las partes y terceros con interés, así como las determinaciones de la Sala Plena en cuanto a la suspensión de los términos procesales para efectos de asegurar el recaudo efectivo del material probatorio necesario y la verificación de la integración del contradictorio (litis consorcio). Asimismo, se deja constancia en la presente decisión que la Sala Plena aprobó la desacumulación del expediente T-8.109.293, y en consecuencia, procederá esta Sala Plena a levantar la suspensión de términos declarada por medio del Auto 940 de 2022, así como ordenará la desacumulación de los expedientes T-8.101.824 y T-8.109.293, para que estos se fallen de forma independiente.

18. El día 10 de septiembre de 2021, el magistrado sustanciador, en aplicación del artículo 61 del Reglamento Interno de esta corporación, presentó informe sobre el presente proceso ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, en atención al supuesto fáctico, el sentido de las decisiones adoptadas por los tribunales accionados en ambos trámites y los fundamentos de los fallos de tutela, demostraban que estos versaban sobre temas de transcendencia constitucional, entre otros, el relacionado con la interpretación y aplicación de la buena fe exenta de culpa, y su incidencia en las garantías de los reclamantes y opositores en el marco de procesos de restitución de tierras. En sesión de día 16 de septiembre de 2021, la Sala Plena decidió asumir su conocimiento.

19. Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y lo desarrollado en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

    B. CUESTIÓN PREVIA -PROCEDENCIA DE LA ACCIÒN DE TUTELA

20. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. El artículo 86 de la Constitución establece la posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando quiera que los derechos fundamentales resulten vulnerados por “cualquier autoridad”. De allí se desprende que la jurisprudencia de esta Corte haya reconocido la procedencia excepcional de este mecanismo contra providencias judiciales, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos concebidos con el fin de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial[15].

21. Para estos efectos, la sentencia C-590 de 2005[16] estableció unas causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas, en todos los casos, para que el fondo del asunto pueda ser examinado por el juez constitucional. La sentencia referida estableció 6 causales generales que habilitan el examen de fondo, en casos excepcionales de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, estableció que la acción de tutela resulta procedente contra un fallo ante el cumplimiento de, por lo menos, alguna de las 8 causales específicas de procedibilidad[17].

22. De manera precisa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, para que el juez constitucional pueda entrar a analizar el fondo de un asunto como el presente, se debe cumplir con las siguientes causales generales de procedibilidad de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales[18]:

    (i) Que exista legitimación en la causa, tanto por activa, como por pasiva.

    (ii) Que la tutela se interponga en un plazo razonable, de acuerdo con el principio de inmediatez. Si bien es cierto que esta acción no está sometida a un término de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo prudente y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración; en el caso de las providencias judiciales, desde que quedó en firme. En razón a ello, esta corporación judicial ha considerado que, bajo ciertas hipótesis, “un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela”[19].

    (iii) Que se cumpla con el carácter subsidiario de la acción de tutela, a través del agotamiento de todos los medios de defensa judicial. “En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable”[20].

    (iv) Que el accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. Es fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia y el rol constitucional de la acción de tutela[21].

    (v) Que la providencia judicial controvertida no sea una sentencia de acción de tutela[22] ni, en principio, la que resuelva el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional[23], ni la acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado[24].

    (vi) Que se concluya que el asunto reviste relevancia constitucional. Esto se explica en razón de su carácter subsidiario, logrando así establecer objetivamente qué asuntos competen al fallador del amparo, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios, ya que el primero solamente conocerá asuntos de dimensión constitucional; de lo contrario, podría estar arrebatando competencias que no le corresponden. Es a raíz del correcto entendimiento de los hechos y la problemática planteada, que se puede identificar la importancia del asunto predicada a la luz de la interpretación y vigencia de la Constitución Política.

23. Con base en lo anterior, antes de plantear el problema jurídico a resolver, la Sala estudiará el cumplimiento de las causales generales de procedencia de la acción de tutela en los asuntos objeto de estudio.

    La acción de tutela presentada por AVC cumple con las causales generales de procedencia para controvertir el fallo proferido por el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta

24. Legitimación en la causa por activa. Esta Corte ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías: directamente como titulares de aquellos derechos que por su naturaleza son predicables de estos sujetos, e indirectamente cuando la vulneración puede afectar los derechos fundamentales de las personas naturales que las integran[25]. En relación con la representación judicial, la Corte ha considerado que la instauración de una acción de tutela por parte de una persona jurídica debe respetar las reglas de postulación previstas en la Constitución y en el Decreto Ley 2591 de 1991, de manera que sea impetrada por su representante legal, directamente o a través de apoderado[26].

25. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa. La sociedad A.V.C.S. pretende el amparo del derecho al debido proceso, como garantía de la cual son titulares directamente las personas jurídicas[27]. Adicionalmente, interpuso la acción de tutela por intermedio de apoderado judicial, a través de poder especialmente conferido para tal efecto[28].

26. Legitimación en la causa por pasiva. La solicitud de amparo se dirige contra una de las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, a saber, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta. Esta autoridad profirió la providencia judicial cuestionada, pertenece a la Rama Judicial y presta el servicio público de administración de justicia[29], por tanto, es susceptible de ser demandada a través de las acción de tutela bajo estudio.

27. Inmediatez. En el presente asunto se constata el ejercicio oportuno de la acción de tutela. Lo anterior, por cuanto, el fallo cuestionado fue proferido el 16 de septiembre de 2019, notificado a la accionante el 4 de octubre siguiente. El 25 del mismo mes y año, AVC presentó solicitud de adición y modulación del fallo, la cual fue negada mediante auto del 27 de febrero de 2020. En consecuencia, la decisión cuestionada quedó ejecutoriada el día 4 de marzo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso. La demanda de tutela, por su parte, fue presentada el 29 de julio de 2020, esto es, dentro de un término razonable de aproximadamente 4 meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida por el tribunal accionado, cumpliendo así con el requisito de inmediatez en el caso concreto.

28. S.. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Con base en esta norma, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

29. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue, de manera diligente, las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. El medio de defensa será idóneo cuando materialmente sea apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectivo cuando está diseñado para brindar una protección oportuna a los mismos[30].

30. Ahora bien, respecto de este requisito, es importante anotar que la tutela resulta improcedente contra sentencias o laudos arbitrales, cuando es utilizada como mecanismo alterno a los procesos ordinarios consagrados por la ley y/o cuando se pretende reabrir términos procesales por no haberse interpuesto oportunamente los recursos de ley[31]. Así, la subsidiariedad implica haber recurrido oportunamente a las instancias, solicitudes y recursos a disposición, para efectos de concluir que, aparte de la acción de amparo, ya el accionante no cuenta con otra forma de defensa.

31. En el caso sujeto a revisión y en línea con lo señalado en la jurisprudencia constitucional[32], la Sala considera que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto los accionantes no tienen a su alcance un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario, que sea idóneo y eficaz, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

32. En primer lugar, AVC dirigió la acción de tutela contra la decisión proferida por el Tribunal accionado, por medio de la cual, entre otras cosas, se concedió a los reclamantes la restitución de tierras, y se declararon imprósperas las oposiciones presentadas por la sociedad AVC. Al respecto, es necesario precisar que el marco legal especial en materia de restitución de tierras -Ley 1448 de 2011- no prevé mecanismos judiciales ordinarios mediante los cuales las accionantes hubieran podido cuestionar tales decisiones judiciales, pues dicha normatividad prescribe que estas se adoptan dentro de un trámite de única instancia (art. 79). Asimismo, se destaca que AVC interpuso solicitudes de modulación y adición a la sentencia cuestionada, las cuales, en todo caso, no constituían un mecanismo ordinario de defensa judicial para alegar los defectos que se plantean a través de la acción de tutela, habiendo agotado así todos los mecanismos legales existentes en el marco del proceso de restitución.

33. En segundo lugar, si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, el fallo de única instancia dictado en el marco de restitución de tierras es susceptible de ser controvertido a través del recurso extraordinario de revisión, dicho recurso carece de idoneidad y eficacia para dirimir los cargos formulados por AVC contra la providencia acusada. Para la Sala es claro que las razones que sustentan los cargos formulados contra la providencia atacada (ver supra, numeral 10) no guarda relación con los presupuestos específicos que habilitan la interposición del recurso extraordinario de revisión[33]. Por lo tanto, considera esta Corte que se abre paso la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección para dirimir las controversias planteadas por la sociedad accionante.

34. Identificación de los hechos que generaron la presunta vulneración. AVC expuso con claridad la situación fáctica que, en su sentir, sustenta la potencial vulneración de los derechos fundamentales alegados. Por una parte, precisó que la providencia atacada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque presuntamente reconoció efectos temporales distintos a los definidos en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, así como la titularidad del derecho a la restitución de tierras a personas cuyos hechos victimizantes no constituyen despojo. Asimismo, como argumento subsidiario, adujo que el Tribunal accionado realizó una indebida valoración de las pruebas que hubieran llevado a declarar probada la buena fe exenta de culpa de la sociedad accionante.

35. En consecuencia, la Sala considera que debe entenderse cumplida la carga argumentativa exigida para este tipo de actuaciones, toda vez que, a primera vista, la sociedad accionante identificó de manera adecuada los hechos que aparentemente generaron una vulneración de sus derechos fundamentales.

36. Tipo de decisión judicial que se cuestiona mediante la tutela. La acción de tutela que se revisa está dirigida contra la decisión proferida dentro del proceso de restitución de tierras para dirimir las controversias entre S.A. y otros contra AVC. En consecuencia, la Sala Plena entiende también cumplido esta causal general de procedencia contra providencias judiciales.

37. Relevancia constitucional. Esta Corte ha sido enfática en señalar que, al estudiar el requisito de relevancia constitucional, el juez constitucional debe ser cuidadoso en verificar que, en efecto, la controversia planteada verse sobre cuestiones que trasciendan la esfera legal o que versen sobre asuntos eminentemente económicos. Así las cosas, para acreditar el requisito de relevancia constitucional es preciso evidenciar una restricción desproporcionada a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en su faceta constitucional, y que dicha restricción se haya dado como consecuencia de una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima por parte de las autoridades jurisdiccionales cuestionadas[34].

38. La Sala verifica que las situaciones puestas de presente por la sociedad accionante es de relevancia constitucional. Lo anterior, en la medida que, se acusa a la autoridad judicial accionada de haber incurrido en defectos que, de resultar ciertos, comprometerían el derecho fundamental al debido proceso. En este caso, el debate propuesto por A. transciende del ámbito legal al constitucional, pues no solo señala una presunta aplicación equivocada de los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, sino también el desconocimiento de la constitucionalidad declarada de las mismas en las sentencias C-250 y C-253A de 2012. Asimismo, propone una discusión importante de cara a los derechos de las víctimas de restitución de tierras y las garantías de los opositores que pretenden acreditar la condición de tercero de buena fe exenta de culpa, comoquiera que se cuestiona la aplicación temporal de la referida ley y se acusa al juez de la causa de haber realizado una indebida valoración de las pruebas con perjuicio del debido proceso de la accionante.

39. Conclusiones sobre el cumplimiento de las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela supera las causales genéricas de procedencia contra providencias judiciales. A continuación, se abordará el examen de fondo del asunto sometido a consideración, a partir de los defectos alegados.

    C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN

40. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta sentencia y en el Anexo I, la Sala Plena advierte que AVC acusó al Tribunal accionado de haber incurrido en varios defectos en las sentencias que pusieron fin al proceso (ver supra, numeral 10). Dichos defectos fueron sustentados en hechos similares y a partir de argumentos transversales a cada uno de ellos, por tanto, para adelantar su análisis de fondo resulta pertinente agruparlos en los siguientes problemas jurídicos.

41. ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto sustantivo por: (i) indebida aplicación del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y por desconocimiento de la interpretación fijada sobre este en la sentencia C-250 de 2012, así como de lo dispuesto en la sentencia C-054 de 2016, al reconocerle efectos temporales distintos a los definidos por el Legislador, pues el Tribunal accionado consideró que los reclamantes eran titulares del derecho a la restitución de tierras, a pesar de haber sufrido hechos victimizantes con anterioridad al 1º de enero de 1991; y (ii) por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, en tanto que se reconoció la titularidad del derecho de restitución de tierras, a personas cuyos hechos victimizantes no constituyen despojo frente a la venta del predio Venecia?

42. ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por incurrir en un defecto fáctico, al haber valorado en indebida forma las pruebas que hubieran llevado a declarar probada la buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, ordenar a favor de la accionante una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en el predio Venecia?

43. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala Plena abordará el estudio de los siguientes ejes temáticos: (i) breve caracterización de los defectos sustantivo y fáctico; (ii) el derecho fundamental a la restitución de tierras; (iii) la estructura del proceso de restitución de tierras. En este acápite, se profundizará en el análisis (a) del ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución; (b) el concepto de víctima en este marco jurídico; y (c) el estándar probatorio para acreditar la calidad de tercero de buena exenta de culpa. A partir de estos parámetros, la Sala procederá a solucionar los casos concretos.

    D. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y FÁCTICO. Reiteración de jurisprudencia

44. Caracterización de los defectos sustantivo y fáctico. En múltiples sentencias esta corporación se ha ocupado de precisar el contenido de las circunstancias que determinan si una decisión judicial ha incurrido o no en una violación al debido proceso, y que la jurisprudencia constitucional ha denominado causales o requisitos específicos de procedibilidad[35]. En atención a los cargos sobre los cuales se estructuran las solicitudes de amparo objeto de estudio, la Sala reiterará los supuestos en los que se configuran el defecto sustantivo, fáctico y por error inducido.

    Defecto

    Contenido

    Sustantivo

    La Corte ha considerado que este defecto se puede configurar, entre otros casos, cuando:“(i) (...) existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada. (iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia. (v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. Adicionalmente, esta Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados”[36].

    En relación con este defecto, la Corte ha advertido que “ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado -vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”[37].

    Fáctico

    El defecto fáctico “surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[38]. En ese sentido, la jurisprudencia ha indicado que se trata de un yerro ostensible, flagrante y manifiesto en el decreto y práctica de pruebas, así como en su valoración[39], que tenga incidencia directa en la decisión adoptada[40]; de tal forma que se respete la autonomía del juez natural y que el juez de tutela no se convierta en una instancia adicional. También se ha expresado que este defecto tiene una dimensión positiva y una negativa[41]. La primera ocurre cuando el juzgador aprecia pruebas que no han debido ser valoradas y la negativa cuando la autoridad omite erróneamente el decreto o práctica de pruebas, o “la[s] valora de una manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”[42].

    Esta corporación pacíficamente ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que se configura el defecto fáctico, a saber[43]: “(i) omisión en el decreto y la práctica de pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada; e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles alcance no previsto en la ley[44]”.

    En particular, sobre el defecto fáctico por la valoración defectuosa del material probatorio, escenario en el que se concentra los argumentos de los accionantes en los casos bajo estudio, la Corte ha considerado que “debe demostrarse que el funcionario judicial adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó radicalmente de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el asunto jurídico debatido. (…) Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que la valoración defectuosa se presenta cuando i) la autoridad judicial adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora las pruebas desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la decisión presenta notarias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto, vi) decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o le da un alcance a las pruebas no previsto en la ley”[45].

45. A partir de lo anterior, cabe señalar que el esfuerzo de la Corte por precisar a través de reglas los supuestos en los que se configura cada uno de los defectos, obedece a la necesidad de asegurar que la acción de tutela no pierda su carácter excepcional y subsidiario, más aún cuando se ejerce contra decisiones proferidas por jueces de la República al amparo de la autonomía que los artículos 113, 228 y 230 de la Carta les otorga para el ejercicio de su función constitucional de administrar justicia[46].

    E. DERECHO FUNDAMENTAL A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Reiteración de jurisprudencia

46. El derecho fundamental a la restitución de tierras, como componente preferente y esencial de la reparación de víctimas en el conflicto armado de nuestro país. En Colombia, el conflicto armado interno, entre otras cosas, ha producido un masivo y sistemático despojo de tierras, desplazamiento forzado de personas e intensificación de la concentración de la propiedad de la tierra[47]. Puntualmente, el Legislador ha definido el despojo como la “acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”[48]. A su turno, ha señalado que el abandono forzado de tierras se entiende como “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento [entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011]”[49].

47. Para efectos de proteger a las víctimas de estos actos violentos, la Constitución Política y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto[50], consagran los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición[51]. En lo que respecta a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, en reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de un derecho fundamental, cuyo componente preferente y principal es el derecho -igualmente fundamental- a la restitución de tierras[52]. En virtud de este último, las personas que fueron despojadas de sus tierras o que tuvieron que salir de ellas por causa de la violencia tienen derecho a que el Estado, en la mayor medida de lo posible, les garantice el retorno a sus tierras en unas condiciones similares a las que tenían antes de que ocurrieran los hechos victimizantes[53].

48. En concordancia con lo anterior, esta corporación ha señalado que el derecho a la restitución tiene fundamento constitucional en el preámbulo y en los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como en las siguientes disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto: los artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y en los preceptos 2, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[54]. Precisamente, a partir de una interpretación sistemática de tales normas constitucionales y de los estándares internacionales previstos en los instrumentos anotados, en la sentencia C-330 de 2016, que reitera lo expuesto en las sentencias C-715 de 2012 y C-795 de 2014, la Corte recordó los parámetros bajo los cuales se enmarca el derecho a la restitución como componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral, a saber:

    (i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva.

    (ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios retornen o no de manera efectiva.

    (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello.

    (iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.

    (v) La restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a la situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes.

    (vi) En caso de no ser posible la restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación por los daños ocasionados.

    (vii) El derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente”.

49. Sobre la base de estos postulados, así como en el marco regional y universal de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición, el Legislador implementó y articuló a través de la Ley 1448 de 2011[55], una serie de medidas administrativas y judiciales encaminadas a resolver los fenómenos del despojo y abandono de tierras, con el fin de restaurar el daño causado a las víctimas.

50. Con el propósito de introducir algunos elementos de juicio que permitan abordar la solución de los problemas jurídicos enunciados (ver supra, numerales 41 y 42), a continuación, se hará una breve descripción de la estructura del proceso de restitución de tierras.

    F. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Ámbito temporal de aplicación, concepto de víctima, y estándar probatorio para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa

51. La Ley 1448 de 2011 como respuesta institucional al restablecimiento de los derechos constitucionales de las víctimas del conflicto armado interno. En un contexto de justicia transicional, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011[56], por medio de la cual establece un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno, con el fin de “hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición” (art. 1º)[57], de manera que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales[58].

52. A través de este marco jurídico, el Legislador adaptó elementos procedimentales a las necesidades propias de las víctimas, dispuso una mayor participación para ellas dentro de todo el proceso de reclamación[59], e introdujo a este último importantes avances en materia sustancial y procesal[60]. Todo ello con el propósito de que el funcionario judicial disponga de las herramientas suficientes y necesarias para remover las barreras legales, judiciales y administrativas que impiden el goce del derecho de las víctimas y, en efecto, pueda tomar la mejor decisión a favor de ellas[61].

53. Sobre la acción atípica, de naturaleza especial, para obtener la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados de la violencia. En punto a la reparación de los daños sufridos con ocasión del conflicto armado interno, el artículo 69 de la ley establece: “Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante” (énfasis por fuera del original).

54. A su turno, el artículo 72 de esta normatividad estipula que el Estado adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. En caso de no ser posible la restitución, las medidas estarán encaminadas a determinar y reconocer la compensación correspondiente. Para implementar lo anterior, la restitución se instituyó como una acción atípica y de naturaleza especial[62], concentrada en un proceso mixto. Dicho proceso consta de dos etapas, la primera de carácter administrativo y la segunda, de naturaleza judicial. La primera a cargo de la URT (art. 82 de la Ley 1448 de 2011), y la segunda a cargo de los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras.

55. Etapa administrativa en el proceso de restitución de tierras. Esta etapa inicia con la solicitud inscripción del predio en el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” donde se inscriben también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión el inmueble objeto de despojo y el período durante el cual se ejerció influencia armada en el área del predio (art. 76).

56. La inscripción del predio en el registro procede por solicitud de parte interesada -propietarios, poseedores, ocupantes de predios, o los explotadores de predios baldíos (art. 75)- o de oficio por parte de la URT (art. 76). Esta última informa del trámite de inscripción a los propietarios, poseedores u ocupantes del predio que se quiere registrar, con la finalidad de permitirle acreditar su relación jurídica con éste, y que esta se configuró como resultado de su buena fe exenta de culpa (ver infra, numeral 83y siguientes).

57. Por disposición legal, en este proceso opera la inversión de la carga de la prueba, de manera que al solicitante le basta con aportar prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio (art. 78). La URT debe decidir sobre solicitud de inscripción en los 60 días siguientes, contados a partir del momento en que avoca su estudio. Este término es prorrogable hasta por 30 días más cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen (art. 76).

58. Si el bien es inscrito, las víctimas o su apoderado pueden dirigirse ante los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierra y formular la solicitud de restitución o formalización. Esta también puede ser elevada por la URT, en nombre y representación de la víctima. La inscripción trae consigo la aplicación de presunciones de despojo en relación con los predios inscritos en el registro (art. 77).

59. La Corte ha exaltado la importancia de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, al considerar que permite “adelantar un recaudo probatorio muy significativo que facilita la labor del juez de restitución, en la medida en que esa oportunidad también se determinan las víctimas despojadas, la época en que tuvieron ocurrencia los hechos victimizantes, y se identifican plenamente los predios que se pretenden restituir; de manera que el juez cuando conoce del asunto, cuenta con un expediente bastante completo desde el inicio, lo que le permite fácilmente comprobar la veracidad de los hechos y adoptar la decisión que en derecho corresponda”[63]. El grado de dificultad en la verificación de los hechos que sustentan la pretensión de restitución, obviamente, será en mayor o menor grado dependiendo de las circunstancias del caso concreto y si hay o no opositores reconocidos dentro de este trámite. La etapa administrativa es requisito de procedibilidad para iniciar la fase judicial de restitución (art. 76).

60. Etapa judicial en el proceso de restitución de tierras. El juez civil del circuito especializado en restitución de tierras admitirá la solicitud[64], y si se reúnen los requisitos se adelantará el proceso judicial (art. 84)[65]. Una vez admitida el juez dará traslado de la solicitud de restitución a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de libertad y tradición con el fin de que presenten las oposiciones, en los términos de los artículos 87 y 88 de ley. A continuación, sigue el periodo probatorio por 30 días, dentro del cual serán practicadas las pruebas que se hubieren decretado en el proceso (arts. 89 y 90).

61. Si no hay personas que se opongan a la reclamación, el juez dictará sentencia. En cambio, en los procesos en que se reconozca personería a opositores, estos tendrán la oportunidad para presentar pruebas. En ese caso los jueces tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, especializada en restitución de tierras, para que dicte sentencia (art. 79). El Juez o el Tribunal, según corresponda, dictará sentencia judicial dentro de los 4 meses siguientes a la presentación de la solicitud (art. 91, parágrafo 2º).

62. En virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la ley, la sentencia del proceso de restitución se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Las sentencias proferidas por los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías de los despojados (art. 79).

63. El cumplimiento del fallo será inmediato y en todo caso, el juez mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso. Contra la sentencia procede el recurso de revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del Código General del Proceso.

64. Finalmente, sin perjuicio de las diferencias entre las etapas administrativa y judicial, la Corte ha precisado que se trata de un mismo proceso, que no debe ser interpretado de forma rígida, sino de manera razonable de acuerdo con la Constitución Política y los principios generales de protección a los derechos de las víctimas. En la sentencia SU-648 de 2017, la Sala Plena señaló que “los jueces de restitución de tierras deben (…) propender por garantizar, al más alto nivel posible, el goce efectivo del derecho constitucional fundamental a la restitución. (…) En otras palabras, no es dado al intérprete de una ley que busca respetar, proteger o garantizar el derecho a la restitución, dejar de lado el espíritu de la ley, para apegarse a su letra”.

65. Una vez presentada, de manera breve, la estructura general del proceso de restitución de tierras, la Sala pasa a analizar, en detalle, (i) el ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución contenidas en la Ley 1448 de 2011; (ii) el concepto de víctima en este marco jurídico específico; y (iii) el estándar probatorio para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, con especial énfasis en el estándar de conducta exigido a las empresas en situación que involucren la eficacia de derechos humanos.

    (i) Ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución de tierras

66. El Legislador introdujo dos límites temporales para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011. El primero, en el inciso 1º del artículo 3º, para referirse al universo de víctimas beneficiarias de las medidas de reparación económica[66]. El segundo, en el artículo 75, con el fin de definir los titulares del derecho a la restitución de tierras[67].

67. Antecedentes legislativos de los límites temporales establecidos en la Ley 1448 de 2011. En el trámite legislativo del Proyecto de Ley 213 de 2010 Senado, 107 de 2010 Cámara de Representantes[68], que concluyó con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la definición de tales límites temporales no fue pacífico, sino que estuvo precedido de un amplio debate entre distintos sectores políticos, con la participación de organizaciones representantes de víctimas, la academia y el Gobierno nacional. A continuación, se hará referencia a las etapas y puntos de discusión más relevantes sobre la necesidad de fijar las fechas en las disposiciones legales precitadas, con énfasis en el límite temporal aplicable a la restitución de tierras:

    Etapa

    Puntos de discusión más relevantes sobre la fijación de los límites

    Segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes

    § Se introdujo el límite temporal la fecha del 1º de enero de 1993 y en el artículo 3, que definía el universo de los beneficiarios de las medidas de reparación previstas en la ley.

    § Esto, bajo el argumento de que en el año de 1993 “el Estado colombiano asumió la existencia de una confrontación armada y fue expedida la primera Ley de Orden Público que conoce el país, que convirtió en permanentes varios de los 60 decretos que el Gobierno había adoptado en uso de las facultades de conmoción interior”. En todo caso, se precisó que “si bien pudieron existir, como de hecho existieron, violaciones graves y manifiestas de Normas Internacionales de Derechos Humanos con anterioridad al año de 1993, el marco de violencia generalizada y confrontación, en donde las violaciones masivas de Derechos Humanos sufrieron un incremento exponencial, inició oficialmente en este año al vincular al Estado, mediante ley, como una parte en la confrontación”[69].

    Plenaria de la Cámara de Representantes

    § Distintos sectores políticos y representantes del Gobierno nacional debatieron en torno a las razones para fijar los límites temporales anotados y la definición de la fecha pertinente[70].

    § En punto al límite temporal para la aplicación de las medidas relacionadas con la restitución de tierras, el Ministro de Agricultura, J.C.R. intervino para indicar las dificultades de la ampliación de la temporalidad de la ley[71].

    § Con todo, el texto aprobado por la Cámara de Representantes acogió la fecha del 1º de enero de 1991, tanto para acreditar la titularidad de las medidas de reparación previstas en la ley, como en lo referente al derecho a la restitución[72].

    Primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República

    § Propuso fechas distintas respecto de la titularidad de las medidas de reparación de las víctimas y del derecho de restitución[73]. A

    § sí, con relación al artículo 3, en lo referente a las medidas para la reparación a las víctimas, acordaron modificar al 1º de enero de 1986, y en cuanto a la restitución de tierras, sugirieron mantener la fecha desde 1991 hasta la vigencia de la presente ley[74].

    § La discusión sobre las fechas mencionadas continuó en el segundo debate adelantado en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República. Algunos senadores manifestaron su desacuerdo con la fecha del 1º de enero de 1986 para la aplicación de las medidas de reparación económica de las víctimas, en su lugar, propusieron adoptar el 1º de enero de 1980[75]. Las fechas en cuestión también fueron ampliamente debatidas en la plenaria del Senado de la República[76].

68. De lo anterior, se colige que el origen de larga data del conflicto armado interno en Colombia suscitó en el seno del órgano legislativo dificultades y amplios debates al momento de definir la delimitación temporal para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, producto de la deliberación y acuerdos entre las distintas corrientes políticas representadas al interior de ambas cámaras, se llegó al consenso de que era necesario fijar unos límites temporales para efectos de reconocer las medidas económicas de reparación a las víctimas y la restitución de tierras. Sin que ello, de manera alguna, significara una invisibilización de las personas que fueron víctimas de hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 (art. 3º) y obligados a abandonar sus tierras o despojados de las mismas antes del 1º de enero de 1991 (art. 75), pues estas se encuentran cobijadas por otro tipo de medidas de reparación señaladas en el parágrafo 4º del artículo 3º de la ley anotada -derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

69. Los límites temporales fijados en los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011 son constitucionales, en tanto no desconocen el derecho a la igualdad de las víctimas. En la sentencia C-052 de 2012, la Corte Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011, por violación del principio y derecho a la igualdad (art. 13, CP)[77]. En dicha sentencia, se declaró la exequibilidad de los límites temporales previstos en las normas acusadas, únicamente por el cargo por violación del principio de igualdad.

70. En cuanto al artículo 75 sobre la titularidad del derecho a la restitución de tierras, asunto que ocupa la atención de la Sala, consideró que la selección de la fecha entre 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley fue producto del amplio margen de configuración del Legislador, la cual se sustentó en elementos de carácter objetivo[78], y estuvo motivada por la realización de una finalidad constitucionalmente legítima, esto es, preservar la seguridad jurídica[79]. Así, encontró que el criterio temporal referido es un medio idóneo para garantizar el fin propuesto, dado que “delimita la titularidad del derecho a la restitución e impide que se pueda reabrir de manera indefinida el debate sobre los derechos adquiridos respecto de bienes inmuebles.” Además, la Corte concluyó que dicho límite temporal no fue arbitrario, sino que estuvo precedida por un amplio consenso al interior del Congreso de la República, luego de haber explorado distintas alternativas temporales; y que no fue desproporcionado, pues “cobija el período histórico en el cual se produce el mayor número de victima despojos y desplazamientos según se desprende de los datos estadísticos aportados por el Ministerio de Agricultura”.

71. Conclusiones sobre el ámbito de aplicación temporal de la Ley 1448 de 2011. A partir de lo anterior, la Sala concluye que el ámbito de aplicación de la Ley 1448 de 2011, como consecuencia de un amplio debate en el trámite legislativo y la declaratoria de exequibilidad por parte de esta corporación, se delimita bajo un criterio temporal en lo que se refiere, de un lado, al universo de víctimas beneficiarias de las medidas de reparación económica, y de otro, a la definición de los titulares del derecho a la restitución de tierras. Por tanto, a fin de garantizar las medidas de que trata la ley en ambos supuestos (arts. 3 y 75), el juez o tribunal de restitución de tierras, según sea el caso, debe analizar si los hechos victimizantes se encuadran o no en el marco temporal definido por el Legislador, bajo el prisma de los derechos de las víctimas, con base en un examen razonable de los elementos de prueba y con sujeción a la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

    (ii) Concepto de víctima en la Ley 1448 de 2011

72. Antecedentes legislativos sobre la definición del concepto de víctima en la Ley 1448 de 2011. De conformidad con la jurisprudencia constitucional[80] y las mismas discusiones generadas a lo largo del trámite legislativo, el artículo 3º, al determinar quién es y quién no es considerada víctima y beneficiaria de los derechos de la ley de referencia, fue de los artículos más complejos y discutidos[81]. En efecto, la discusión se centró sobre (i) la delimitación temporal de los hechos que constituyen un hecho victimizante y que generan el derecho a la reparación de índole patrimonial; (ii) la exclusión de ciertos sujetos del concepto de víctima, particularmente a los integrantes de los grupos armados al margen de la ley; y (iii) la exclusión del concepto de víctima respecto a quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común[82]. Dichos asuntos también han sido objeto de análisis por parte de esta Corte a raíz de demandas de inconstitucionalidad dirigidas a cuestionar las restricciones impuestas por el legislador respecto al concepto de víctima bajo la Ley 1448 de 2011[83].

73. Definición operativa del término víctima en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Esta corporación ha establecido que el propósito de la ley en referencia y particularmente el artículo 3º, no es definir el concepto de víctima sino “identificar, dentro del universo de las víctimas, entendidas éstas, en el contexto de la ley, como toda persona que haya sufrido menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta antijurídica, a aquellas que serán destinatarias de las medidas especiales de protección que se adoptan en ella. Para eso la ley acude a una especie de definición operativa, a través de la expresión “[s]e consideran víctimas, para los efectos de esta ley (…)”, giro que implica que se reconoce la existencia de víctimas distintas de aquellas que se consideran tales para los efectos de esta ley en particular, o, en sentido inverso, que, a partir del conjunto total de las víctimas, se identifican algunas que serán las destinatarias de las medidas especiales contenidas en la ley”[84]. Así, resulta posible concluir que la norma contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en que no define una condición fáctica, sino que determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en la Ley 1448 de 2011[85].

74. De esta manera, a efectos de delimitar el campo de acción de la ley, el artículo 3º establece tres criterios para configurar la calidad de víctima: (i) el temporal, conforme al cual los hechos de los que se deriva el daño deben haber ocurrido a partir del 1º de enero de 1985; (ii) el relativo a la naturaleza de las conductas dañosas, que deben consistir en infracciones al derecho internacional humanitario (“DIH”) o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos (“DDHH”); y (iii) uno de contexto, de acuerdo con el cual tales hechos deben haber ocurrido con ocasión del conflicto armado interno[86]. A su vez, el mismo precepto contempla ciertas exclusiones de ese concepto operativo de víctimas. De esta manera, quienes cumplan con dichos requisitos tienen acceso a las medidas especiales de protección que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional[87].

75. No obstante el amplio desarrollo del concepto de víctima establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, según se señaló anteriormente, la discusión ha girado exclusivamente en torno a los criterios establecidos por el Legislador para delimitar el campo de acción de la norma: (i) delimitación temporal de los hechos que constituyen un hecho victimizante y que generan el derecho a la reparación de índole patrimonial; (ii) la exclusión de ciertos sujetos del concepto de víctima, particularmente a los integrantes de los grupos armados al margen de la ley; y (iii) la exclusión del concepto de víctima respecto a quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

76. En esa medida, el término “personas” sin calificativo incluido en el artículo de referencia no fue objeto de discusión a lo largo del trámite legislativo ni ha sido objeto de pronunciamientos por parte de esta corporación[88]. De esta manera, podría existir la duda sobre si el término “personas” incluye personas naturales y personas jurídicas o, si por el contrario, el artículo excluye a las personas jurídicas como destinatarias de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011. Lo anterior, en la medida en que el derecho colombiano diferencia dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del Código Civil)[89]. No obstante lo anterior, encuentra la Sala Plena que es dado concluir que el concepto de víctima cobija únicamente a las personas naturales, por las razones que se indican a continuación.

77. En primer lugar, la Corte Constitucional ha sostenido que se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina, es decir, una afectación grave de DDHH o de una infracción de las normas del DIH ocurridas a partir del primero de enero de 1985 y ocurridas con ocasión del conflicto armado. Conforme a lo anterior, por un lado, la jurisprudencia de esta corporación se ha referido sobre el DDHH y el DIH[90], identificando el primero como un sistema internacional que propende por el respeto de los hombres y las mujeres y de su dignidad, buscando la maximización de garantías inherentes al ser humano -por su condición de tal[91]-, tanto negativas (garantías de libertad), como positivas (derechos sociales, económicos y culturales) durante los tiempos en que el Estado se encuentre en paz. Por su parte, el segundo se erige como un sistema que busca establecer una ‘medida mínima’[92] de tratamiento en todos los conflictos armados internacionales y no internacionales estableciendo reglas detalladas que las partes en conflicto deben respetar[93] aun en las situaciones extremas que plantean las confrontaciones bélicas.

78. En segundo lugar, la titularidad de derechos humanos de personas jurídicas en el sistema interamericano ha sido restringida en la medida en que el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, para los efectos de dicho instrumento, persona es todo ser humano[94]. En esta medida, el sistema interamericano de derechos humanos[95], ha sostenido que se limita a la protección de personas naturales, excluyéndose a las personas jurídicas, ya que éstas no se encuentran protegidas por la convención de referencia y, como tales personas jurídicas, no pueden ser víctimas de una violación de derechos humanos. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, ello no obsta para que personas naturales, en calidad de accionistas de una persona jurídica, puedan reclamar la protección de sus derechos humanos a pesar de que sobre ellos pese el velo de una persona jurídica, ya que en el fondo las personas jurídicas son vehículos por medio de los cuales personas naturales desarrollan determinadas actividades[96].

79. En tercer lugar, para la Corte es evidente que las personas jurídicas pueden sufrir daños con ocasión a infracciones al DIH, máxime cuando el derecho consuetudinario del DIH establece que el deber de reparar íntegramente a quienes hayan sufrido violaciones del DIH tanto en el marco de conflictos armados internacionales como en conflictos armados internos[97]. No obstante, el alcance del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 se circunscribe a las personas naturales. Lo anterior, ya que la finalidad perseguida por el Legislador fue amparar la dignidad humana de las personas que hayan sufrido violaciones de DDHH y DIH.

80. En efecto, dicha finalidad se evidencia (i) con los términos de la Ley sobre la necesidad de reivindicar la dignidad humana de las víctimas del conflicto armado[98];(ii) las disposiciones relativas a no discriminar a las víctimas con base en sus atributos inherentes a la persona humana, explícitamente respecto al género, orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica[99]; y (iii) a la luz de los debates dados a lo largo del trámite legislativo sobre las medidas que debía establecer la Ley para amparar la dignidad humana de los afectados[100], específicamente las 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano[101].

81. Conclusiones sobre la definición de persona natural, como beneficiaria única de la Ley 1448 de 2011. De conformidad con lo anterior, para la Sala Plena resulta claro que el concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 entraña una relación íntima con las personas humanas y la necesidad de amparar su dignidad. Así, de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 tomadas en conjunto y de los debates suscitados a lo largo del trámite legislativo, se desprende que las medidas de reparación establecidas en la ley en referencia tienen como finalidad tutelar derechos y atributos propios del ser humano en atención a la transversalidad de la dignidad humana en la Ley. En atención a lo anterior, para la Corte el concepto de víctima en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 incluye únicamente a personas naturales.

82. Ahora bien, no significa lo anterior que las personas jurídicas no hayan podido ser afectadas por el conflicto armado, ni que no puedan ser reconocidas como víctimas bajo otros regímenes jurídicos o que tampoco tengan derechos bajo la Ley 1448 de 2011. Tampoco significa lo anterior que opere una presunción de mala fe en cabeza de las personas jurídicas en el marco del conflicto armado colombiano. En efecto, las disposiciones de la Ley en referencia[102] y los respectivos debates durante el trámite legislativo evidencian que se reconoció la necesidad de proteger los derechos de actores de buena fe, distintos a los de las víctimas[103]. Lo anterior, particularmente en el marco de restitución de tierras a efectos de resolver los conflictos sociales existentes y, asimismo, prevenir el surgimiento de nuevas problemáticas. Así, lo que significa que únicamente sean consideradas víctimas las personas naturales en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 es que estas personas pueden acceder a las prerrogativas y derechos previstos en la Ley en referencia para las víctimas, sin perjuicio de que las personas jurídicas puedan hacer valer sus derechos tanto en el marco de procesos regidos por la Ley 1448 en calidad de terceros, como en los demás procesos correspondientes que prevé el ordenamiento jurídico colombiano.

    (iii) Estándar probatorio de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa

83. Como se mencionó, en la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras, frente a la solicitud de inscripción del predio en el registro, la URT debe comunicar de dicho trámite al propietario y al poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de buena fe, conforme a la ley. Luego, en la etapa judicial, con posterioridad al auto de admisión, el juez de restitución de tierras inicia la etapa de oposición con el traslado de la solicitud a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la URT, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención (art. 87). De acuerdo con el artículo 88 de la ley, si alguno de estos sujetos se hace parte en el proceso judicial adquiere la condición de opositor[104].

84. Sobre este particular, la Corte ha señalado que “la problemática del despojo envuelve la participación no solo de la víctima que persigue la restitución de sus bienes, sino también la de terceros de buena fe, que han celebrado negocios jurídicos sobre los predios a restituir y, además, del Estado que en algunos casos pudo haber intervenido en la titulación de predios baldíos”[105]. En esa medida, existen unos eventuales opositores a los que también se debe salvaguardar sus derechos. De ahí que, para proceder a la compensación[106] debe tratarse de un tercero que haya conseguido probar la buena fe exenta de culpa, concepto esencial para la solución del problema jurídico planteado en el asunto bajo estudio.

85. Para la comprensión adecuada del estándar probatorio sobre la buena fe exenta de culpa en el trámite de restitución de tierras, la Sala analizará los parámetros de interpretación que sobre este asunto ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.

86. Parámetros de interpretación de la buena fe exenta de culpa en materia de restitución de tierras. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Tales postulados han sido entendidos por la jurisprudencia de esta corporación como “una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta”, lo cual presupone una correspondencia recíproca de los demás[107].

87. En la sentencia SU-424 de 2021, la Corte recordó que el principio constitucional de buena fe no tiene un carácter absoluto, puesto que encuentra limitaciones razonables en la garantía de otros principios de igual jerarquía como el bien común y la seguridad jurídica. De ahí que, en determinados escenarios, por ejemplo, cuando sea necesario proteger los derechos de terceros, no es dado que se presuma que la persona actuó de manera honesta, leal y correcta, sino que será necesario comprobar que, en efecto, así se comportó en una situación específica. Este requerimiento no resulta desproporcionado, pues, en estos casos, “quien desee justificar sus actos, o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sea quien tenga que dar pruebas, de su apropiada e irreprochable conducta”[108].

88. En términos generales, la Corte ha identificado dos categorías de la buena fe: simple y cualificada o exenta de culpa:

    (i) La buena fe simple es la que se exige a las personas normalmente en todas sus actuaciones. Se trata de obrar con lealtad, rectitud y honestidad en las gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea éste quien deba desvirtuarla. Se denomina simple, “por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra”[109]. De esta manera, por ejemplo, “si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos”[110].

    (ii) En cambio, la buena fe cualificada o exenta de culpa produce efectos superiores porque es “creadora de derecho”. En efecto, “tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente no existía”. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con el criterio de la Corte Constitucional, ha señalado que esta buena fe cualificada parte del principio “el error común crea derecho”, según el cual si en la adquisición de un derecho o una posición jurídica, alguien comete un error o equivocación de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, pero fue imposible descubrir esa falsedad o inexistencia, esta persona habrá obrado con buena fe exenta de culpa[111]. Esta exige ser probada por quien requiere consolidar jurídicamente una situación determinada[112].

    (iii) Esta Corte ha precisado que la buena fe exenta de culpa en la adquisición de un bien exige la concurrencia de dos elementos: subjetivo y objetivo. “El primero, se refiere a la conciencia de obrar con lealtad. El segundo, exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así como la buena fe simple exige solo conciencia, mientras que la buena fe cualificada requiere conciencia y certeza, la cual solo puede ser resultado de la realización de actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza”[113].

89. En lo que respecta al ámbito de la Ley 1448 de 2011, la buena fe es un principio general que sirve de parámetro de interpretación de las normas procesales y sustanciales que regulan la reparación de las víctimas del conflicto armado interno (art. 5º). Asimismo, debe señalarse que es un elemento relevante del diseño institucional de este proceso, que persigue la realización de finalidades legítimas e imperiosas, tales como la protección de los derechos fundamentales de las víctimas en materia de restitución de tierras, revertir el despojo y desenmascarar las estrategias legales e ilegales que se articularon en el contexto del conflicto armado interno para producirlo[114], por consiguiente, evitar el abuso del derecho en estos trámites, asegurar la transparencia en las transacciones entre los particulares e impedir que no se compense a quien no lo merece, lo cual repercute en la protección de los recursos del Estado.

90. En el proceso de restitución de tierras el principio de buena fe tiene diferentes implicaciones dependiendo de la calidad del sujeto que comparece al trámite. De un lado, desde la perspectiva de la víctima, impone al Estado el deber de presumir la buena fe en sus actuaciones y le confiere la posibilidad para que acredite el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado (art. 5º), lo cual no significa que la ley la releve por completo de la carga de la prueba, sino que las faculta para probar de manera sumaria su calidad de víctima y la relación jurídica con el predio objeto de la solicitud de restitución. Esto, a su vez, implica una inversión de la carga de la prueba en cabeza de quien se oponga a la solicitud de restitución de la víctima de despojo o abandono forzado (art. 78) y la aplicación de un conjunto de presunciones de despojo en relación con los predios objeto del litigio (art. 77). Y, de otro lado, como consecuencia de lo anterior, visto desde la óptica del opositor, el principio de buena fe le impone asumir la inversión de la carga de la prueba, salvo en el caso de las personas que ostenten la doble calidad de opositor y segundo ocupante en situación de vulnerabilidad, sin relación con el despojo, como se explicará más adelante. Asimismo, le exige allegar los elementos probatorios que demuestren que actuó conforme a los postulados de la buena fe exenta de culpa en la adquisición del bien inmueble, de manera que logre desvirtuar las presunciones sobre el despojo de las tierras[115].

91. Lo anterior pone en evidencia que el proceso de restitución de tierras fue diseñado de manera que la carga probatoria fuera flexible respecto de la víctima y estricta con relación al opositor, salvo en excepciones puntuales. Este enfoque en favor de la víctima no fue producto de la discrecionalidad del Legislador, sino que responde a la verificación de las múltiples estrategias de las que se valieron los actores del conflicto armado para dar apariencia de legalidad a los actos de despojo y abandono forzado tierras. Por eso, con la Ley 1448 de 2011 se previó este tipo de medidas estrictas hacia los opositores para evitar una legalización basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: “el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jurídico de las víctimas; la corrupción, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreció a la parte más poderosa en el ámbito administrativo y judicial”[116].

92. Particularmente, con relación a la aplicación y la interpretación de la buena fe exenta de culpa que se exige a quienes pretenden oponerse a las pretensiones de restitución (arts. 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011), en la sentencia C-330 de 2016, la Corte señaló que “La buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de víctimas y restitución de tierras es un estándar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relación (jurídica o material) con el predio objeto de restitución. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jurídicos”.

93. En ese orden de ideas, en tanto la buena fe exenta de culpa es un estándar de conducta calificado, siguiendo la conceptualización realizada por la jurisprudencia constitucional en esta materia, es dado afirmar que en el trámite de restitución de tierras el opositor requiere demostrar ante el funcionario judicial que (i) obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de restitución; y (ii) la realización de actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales, esto es, la conciencia y certeza de que el predio no fue despojado o abandonado forzosamente[117].

94. Frente a lo anterior, la actividad intelectual del juez de restitución de tierras en la verificación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa y, en efecto, de las actuaciones realizadas por el opositor tendientes a constatar que el predio no fue objeto de despojo o abandono forzado, no está sometida a una tarifa legal de prueba, caracterizada por la poca o nula discrecionalidad del funcionario judicial a la hora de analizar la controversia, sino por el principio de la libre valoración probatoria y sana crítica que, de acuerdo con la doctrina jurídica procesal, se basa en la libertad del juzgador para establecer el valor de los medios de prueba con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia[118].

95. Este postulado se sostiene a partir de una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley 1448 de 2011, según la cual los opositores pueden aportar todos los documentos que quieran hacer valer como prueba de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho, o de la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución. Este cuerpo normativo no prescribe un medio de prueba específico para demostrar alguna de las condiciones o situaciones anotadas, por el contrario, expresamente señala que serán admisibles todas las pruebas reconocidas por la ley. De esta manera, el juez de restitución de tierras podrá llegar al convencimiento de la situación litigiosa a partir de los elementos probatorios que resulten pertinentes y conducentes para probar el supuesto de hecho previsto en la norma v.gr. la buena fe exenta de culpa.

96. Ahora bien, aunque conforme a lo anterior el opositor y/o segundo ocupante puede aportar los medios de prueba que estime pertinentes y conducentes para demostrar la buena fe exenta de culpa en la adquisición del predio objeto de restitución, esta carga se mantiene rígida o se flexibiliza dependiendo de la caracterización de la persona (natural o jurídica) que ejerce la oposición. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-330 de 2016, el juez de restitución debe aplicar un estándar probatorio diferencial que tenga en cuenta si los opositores tienen la calidad de segundos ocupantes que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relación, ni tomaron provecho del despojo o, si se trata de opositores que se encuentran en una situación ordinaria y que no están en ninguna de las condiciones anotadas. A continuación, la Sala pasa a explicar cuál es el estándar probatorio frente a cada uno de los grupos mencionados.

97. Estándar probatorio general (rígido) respecto de los opositores y/o segundos ocupantes que están en una situación ordinaria. Como se señaló, la estructura del proceso de restitución de tierras busca proteger los derechos de la víctima del despojo o el abandono forzado de tierras, y pretende evitar que ciertos actos violentos se legitimen a través de actuaciones con apariencia de legalidad[119]. Por tal razón, por regla general, el opositor soporta la carga de probar que siguió un estándar de conducta conforme a los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio, como se anticipó, a través de la presentación de los medios de prueba conducentes y pertinentes para tal efecto.

98. El Legislador no estableció un listado de los comportamientos que se espera hubieran cumplido los terceros que acreditan un derecho sobre el predio y que se oponen a la solicitud de restitución del reclamante. De ahí que, como lo ha señalado esta Corte, corresponde al juez de restitución de tierras tomar en consideración la situación de hecho de los opositores a fin de comprobar si tuvieron alguna relación con el despojo o abandono forzado del predio, o si sacaron provecho de tales hechos victimizantes. Esto procura asegurar que, sin perjuicio de que se garantice un enfoque en favor de las víctimas, se garanticen los derechos al debido proceso y administración de justicia del extremo pasivo del litigio[120].

99. Como se desprende de la configuración del proceso de restitución de tierras soportada en el principio pro víctima y lo ratificó la jurisprudencia de esta corporación, este estándar de la buena fe exenta de culpa no distingue, salvo la excepción que se explicará a continuación, el tipo de persona que ejerce la oposición, pues se aplica con el mismo rigor a quien se encontraba en una situación ordinaria, o a quien detentaba una posición de poder económico, como un empresario o propietario de tierra[121].

100. Estándar probatorio flexible respecto de los opositores que tienen la calidad de segundos ocupantes que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relación, ni tomaron provecho del despojo. En la sentencia C-330 de 2016, la Corte introdujo una excepción a la regla general según la cual el opositor debe acreditar con suficiencia la buena fe exenta de culpa. Así lo dispuso al declarar la exequibilidad de la expresión “exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011[122], en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo; y exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una política pública comprensiva de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional.

101. Para arribar a esta decisión, la Corte constató que la exigencia de acreditar la buena fe “exenta de culpa” presentaba un problema de igualdad, puntualmente porque generaba una discriminación indirecta dado el impacto negativo que en la práctica podía tener sobre ciertos grupos poblacionales que se encontraran en situación de vulnerabilidad, específicamente, “los segundos ocupantes que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relación, ni tomaron provecho del despojo”. Al pasar por alto su situación, ni prever un trato especial para ese grupo especial de opositores, las normas acusadas generaban una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales, asociados a la equidad en el campo, el acceso y la distribución de la tierra, el mínimo vital y el derecho al trabajo.

102. Con relación a la vulnerabilidad del opositor y segundo ocupante, la Corte precisó que el juez de restitución tiene la obligación de tomar en consideración las circunstancias de vulnerabilidad desde dos perspectivas: la vulnerabilidad en el marco del proceso (debilidad procesal), la vulnerabilidad en lo que tiene que ver con la aplicación de la buena fe exenta de culpa. La primera hace referencia a la imposibilidad o dificultad para probar los hechos que sustentan sus pretensiones, mientras la segunda se refiere a la situación de la persona al momento de adquirir u ocupar el predio, cuanto esta se encuentra “marcad[a] por condiciones de debilidad manifiesta en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia, y siempre que se trate de personas que no tuvieron que ver con el despojo”.

103. De las múltiples consideraciones relevantes del fallo anotado, cabe destacar los parámetros de aplicación fijados para la aplicación del estándar diferencial, y con los cuales la Corte buscó atender a la problemática relacionada con la dificultad en la identificación de las condiciones y criterios que justifican, en un caso determinado, flexibilizar la carga probatoria en materia de buena fe exenta de culpa. Por su pertinencia para la solución del asunto bajo estudio, se citan in extenso:

     “Primero. Los parámetros para dar una aplicación flexible o incluso inaplicar el requisito de forma excepcional deben ser de tal naturaleza que (i) no favorezcan ni legitimen el despojo (armado o pretendidamente legal) de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las víctimas; (ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la tierra y (iii) no puede darse para quienes tuvieron una relación directa o indirecta con el despojo.

     No es posible ni necesario efectuar un listado específico de los sujetos o de las hipótesis en que se cumplen estas condiciones. Ello corresponde a los jueces de tierras, quienes deben establecer si la persona cumple todas las condiciones descritas, y evaluar si lo adecuado es, entonces, entender la buena fe exenta de culpa de manera acorde a su situación personal, exigir buena fe simple, o aceptar la existencia de condiciones similares al estado de necesidad, que justifiquen su conducta.

     En cambio, debe señalarse de forma expresa que personas que no enfrentan ninguna condición de vulnerabilidad no deben ser eximidos del requisito, pues no resulta admisible desde el punto de vista constitucional, que hayan tomado provecho de los contextos de violencia para su beneficio personal, ni que hayan seguido un estándar de conducta ordinario en el marco del despojo y la violencia generalizada, propios del conflicto armado interno.

     Segundo. La compensación económica persigue fines de equidad social. Y se basa en los derechos de los segundos ocupantes, derivados de los principios P. y, principalmente, del principio 17, en el principio de igualdad material, en los derechos fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, y en los artículos que promueven el acceso a la tierra y el fomento del agro (artículos 64 y 64 CP). Aunque sin ánimo de exhaustividad, son estas las normas que deben guiar la aplicación flexible del requisito.

     Tercero. La vulnerabilidad procesal debe ser asumida por los jueces de tierras a partir de su papel de directores del proceso. El apoyo de la Defensoría del Pueblo y la facultad de decretar pruebas de oficio, siempre que existan suficientes elementos que permitan suponer que estas son necesarias para alcanzar la verdad real y dar prevalencia al derecho sustancial, son un presupuesto del acceso a la administración de justicia.

     Los jueces de tierras deben tomar en consideración la situación de hecho de los opositores dentro del proceso de restitución de tierras para asegurar el acceso a la administración de justicia. Esta obligación es independiente de qué tipo de segundo ocupante se encuentra en el trámite.

     Cuarto. Existe, para algunos intervinientes, la percepción de que los contextos de violencia eliminan cualquier posibilidad de desvirtuar la ausencia de relación con el despojo, debido a que si la violencia, el despojo y el abandono eran hechos notorios en algunas regiones, nadie puede alegar que no conocía el origen espurio de su derecho, o que actuó siquiera de buena fe simpe.

     Los contextos descritos hacen parte de los medios de construcción de la premisa fáctica, es decir, de los elementos a partir de los cuales los jueces establecen los hechos materiales de cada caso, y deberán ser valorados en conjunto con los demás elementos probatorios. Por ello, a través del principio de inmediación de la prueba, serán los jueces quienes determinen, caso a caso, si es posible demostrar el hecho.

     Para ciertas personas vulnerables, en términos de conocimientos de derecho y economía, puede resultar adecuada una carga diferencial, que podría ser la buena fe simple, la aceptación de un estado de necesidad, o incluso una concepción amplia (transicional) de la buena fe calificada.

     Quinto. Además de los contextos, los precios irrisorios, la violación de normas de acumulación de tierras, o la propia extensión de los predios, son criterios relevantes para determinar el estándar razonable, en cada caso.

     Sexto. La aplicación diferencial o inaplicación del requisito, en los términos del artículo 4º Superior, exige una motivación adecuada, transparente y suficiente, por parte de los jueces de tierras. Aunque, en general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivación, en este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensión de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa.

     Séptimo. Los jueces deben establecer si proceden medidas de atención distintas a la compensación de la ley de víctimas y restitución de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de Tierras y la caracterización que esta efectúe acerca de los opositores constituyen un parámetro relevante para esta evaluación. Sin embargo, corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada.

     De igual manera, los jueces deben analizar la procedencia de la remisión de los opositores a otros programas de atención a población vulnerable por razones económicas, desplazamiento forzado, edad, o cualquier otra, debe ser evaluada por los jueces de tierras”[123].

104. Así, la Corte advirtió que los criterios mencionados, fijados sin ánimo de exhaustividad, sirven para orientar la actividad del juez de restitución de tierras, el cual, en todo caso, siempre deberá tener en cuenta que la regla general es la acreditación de la buena fe exenta de culpa, “y que cualquier aplicación flexible del requisito debe estar acompañada de una motivación clara, transparente y suficiente. Esta posibilidad no debe cobijar a quienes se encuentran en una situación ordinaria, o a quienes detentan poder económico, como empresarios o propietarios de tierras”.

105. Ahora bien, aunque las iniciativas internacionales de referencia no generan obligaciones vinculantes en cabeza de las empresas ni del Estado colombiano, únicamente, con el fin de ilustrar la tendencia en el plano internacional en la exigencia de responsabilidades a las empresas en materia de protección de DDHH[124], particularmente respecto a cuáles son las obligaciones éticas y jurídicas en cabeza de los Estados y de las empresas en tal esfera[125], resulta pertinente mencionar que, en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos liderado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, J.R.[126]. Los pilares del instrumento son (i) el deber del Estado de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluyendo empresas; (ii) la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, dirigida a exigir una debida diligencia en las actuaciones de las empresas para evitar la violación de derechos humanos; y (iii) proveer a las víctimas de violaciones de derechos humanos un mayor acceso a medidas de judiciales y administrativas[127].

106. Se debe precisar que, estos Principios Rectores como norma de soft law y en tanto fueron concebidos en un ambiente de normalidad, no se pueden extrapolar de manera automática al proceso de restitución de tierras, pues este fue creado en un marco de justicia transicional que, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, exige al opositor que acredite haber actuado con buena fe exenta de culpa, estándar de conducta que, como se explicó, es más riguroso que aquel aplicado en situaciones de normalidad (buena fe simple). Por tal razón, los Principios Rectores que, en esta ocasión resultan útiles para ilustrar, no tienen la capacidad de alterar ni mucho menos de flexibilizar, de forma alguna, el estándar de buena fe exenta de culpa establecido en la sentencia C-330 de 2016.

107. Por lo demás, la Sala reitera que las disposiciones enunciadas en los fundamentos jurídicos 105 y 106 y de esta providencia sólo se mencionan como referencia, en la medida en que constituyen un desarrollo doctrinal sobre la materia de DDHH y, por tanto, no tienen carácter vinculante, a diferencia de los tratados ratificados por Colombia y las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad[128].

108. Conclusiones sobre el estándar de buena fe exenta de culpa. De conformidad con lo expuesto, se pueden decantar los parámetros de interpretación jurisprudencial en relación con la buena fe exenta de culpa en materia de restitución de tierras, en los siguientes términos:

     Parámetros de interpretación de la buena fe exenta de culpa en materia de restitución de tierras

     Derecho fundamental a la restitución de tierras e interpretación en el proceso de los derechos de las víctimas

     (i) Por expreso reconocimiento de la jurisprudencia constitucional, en armonía con los instrumentos de derecho internacional, las víctimas de abandono forzado o despojo tienen el derecho fundamental a la restitución de tierras.

     (ii) En punto a la etapa judicial de la acción de restitución de tierras, la normas procesales y sustanciales previstas en la Ley 1448 de 2011 deben ser interpretadas razonablemente de acuerdo con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como a la luz de los principios pro-persona e in dubio pro-víctima, mas no de forma exegética o formalista.

     Verificación de la titularidad del derecho a la restitución de tierras

     (iii) La titularidad del derecho a la restitución de tierras depende, entre otros elementos, de que los hechos victimizantes se encuentren dentro del marco temporal previsto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 -1º de enero de 1991 y vigencia de esta ley-. Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales, podrá ser reconocido como titular de tal garantía cuando se compruebe un nexo de causalidad entre las acciones violentas sufridas por la víctima antes de 1991, el miedo ocasionado y la incidencia directa o indirecta que este tuvo en la enajenación del inmueble en vigencia del límite temporal referido.

     (iv) A pesar de que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 no distingue entre personas naturales y jurídicas a efectos de definir el concepto de víctima bajo dicho régimen, se concluirá que dicho precepto excluye a las personas jurídicas. En efecto, de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 tomadas en conjunto y a la luz de los debates suscitados a lo largo del trámite legislativo, se desprende que las medidas de reparación establecidas en la ley en referencia tienen como finalidad tutelar derechos y atributos propios del ser humano en atención a la transversalidad de la dignidad humana. En atención a lo anterior, para la Corte el concepto de víctima en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 incluye únicamente a personas naturales.

     Verificación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa -estándar de conducta calificado

     (v) En el marco del proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, por regla general, se aplica un estándar rígido al opositor que pretende demostrar que actuó con buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio objeto de restitución. Ello, implica acreditar que (i) obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de restitución; y (ii) la realización de actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales, esto es, la conciencia y certeza de que el predio no fue despojado o abandonado forzosamente. Excepcionalmente, en tratándose de segundos ocupantes que no tienen relación con la situación de despojo, la Corte determinó que es posible flexibilizar el estándar a fin de no afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad (sentencia C-330 de 2016).

     (vi) En el proceso de restitución de tierras el principio de buena fe tiene diferentes implicaciones dependiendo de la calidad del sujeto que comparece al trámite. De un lado, desde la perspectiva de la víctima, impone al Estado el deber de presumir la buena fe en sus actuaciones y le confiere la posibilidad para que acredite el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado (art. 5º), lo cual no significa que la ley la releve por completo de la carga de la prueba, sino que las faculta para probar de manera sumaria su calidad de víctima y la relación jurídica con el predio objeto de la solicitud de restitución. Esto, a su vez, implica una inversión de la carga de la prueba en cabeza de quien se oponga a la solicitud de restitución de la víctima de despojo o abandono forzado (art. 78) y la aplicación de un conjunto de presunciones de despojo en relación con los predios objeto del litigio (art. 77). Y, de otro lado, como consecuencia de lo anterior, visto desde la óptica del opositor, el principio de buena fe le impone asumir la inversión de la carga de la prueba, salvo en el caso de las personas que ostenten la doble calidad de opositor y segundo ocupante en situación de vulnerabilidad, sin relación con el despojo.

     (vii) Frente a lo anterior, la actividad intelectual del juez de restitución de tierras en la verificación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa y, en efecto, de las actuaciones realizadas por el opositor tendientes a constatar que el predio no fue objeto de despojo o abandono forzado, no está sometida a una tarifa legal de prueba, caracterizada por la poca o nula discrecionalidad del funcionario judicial a la hora de analizar la controversia, sino por el principio de la libre valoración probatoria y sana crítica que, de acuerdo con la doctrina jurídica procesal, se basa en la libertad del juzgador para establecer el valor de los medios de prueba con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

     (viii) En el caso de que la oposición la presente la persona jurídica propietaria del inmueble objeto de la solicitud de restitución, se aplica el estándar rígido de la buena fe exenta de culpa que exige demostrar (i) que obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de restitución; y (ii) la realización de actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales, esto es, la conciencia y certeza de que el predio no fue despojado o abandonado forzosamente. Es un estándar de conducta calificado para todas las empresas opositoras que el juez de restitución de tierras debe valorar en detalle conforme a las circunstancias particulares de cada caso concreto. Lo anterior, sin perder de vista que, al no existir una tarifa legal de prueba para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, la persona jurídica deberá aportar para tal efecto todos los medios de prueba que sean pertinentes, útiles y conducentes.

     Consecuencia de la acreditación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa -estándar de conducta calificado-.

     Conlleva para los opositores el reconocimiento de una compensación económica Conforme al artículo 98 de la Ley 1448 de 2011, de la demostración de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa se deriva el reconocimiento a una compensación que no puede superar el valor del inmueble probado en el proceso, así como la posibilidad de que el juez autorice la celebración de un contrato de uso sobre el predio restituido cuando exista un proyecto agroindustrial productivo, en los términos del artículo 99 de dicha ley.

     G. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

109. La sociedad accionante AVC solicitó que se deje sin efectos el fallo proferido en el marco del proceso de restitución de tierras seguido en su contra, por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta. Por lo anterior, a continuación, se procederá a abordar la solución del caso concreto con fundamento en lo dispuesto en las reglas señaladas en la sección II-D a F de esta sentencia.

110. El apoderado de la sociedad accionante señaló al Tribunal accionado como responsable de la violación del derecho fundamental al debido proceso. Para tal efecto, solicitó al juez constitucional que declarara que dicha autoridad judicial había incurrido en varios defectos sustantivos y, de manera subsidiaria, en un defecto fáctico (ver supra, numeral 10).

111. En lo atinente a los defectos sustantivos, del extenso escrito de tutela se observa que, en términos generales, buscan desvirtuar la validez del razonamiento del accionado sobre la titularidad del derecho a la restitución de tierras en cabeza de los solicitantes, así como la verificación de la configuración del despojo. Por tanto, para abordar su análisis, se agruparán en dos problemas interrelacionados (ver supra, numerales 41 a 42): (i) desconocimiento del límite temporal del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011; y (ii) la inexistencia del acto de despojo, en los términos de los artículos 74, 75 y 77 de la ley en cita.

112. En caso de que la Sala no constate la ocurrencia de los defectos mencionados, siguiendo el planteamiento subsidiario de la demanda, procederá a pronunciarse sobre la verificación del defecto fáctico. Para tal efecto, si es del caso, en primer lugar, expondrá el razonamiento del Tribunal accionado en torno a la inexistencia de la buena fe exenta de culpa. En segundo lugar, dando aplicación a las reglas expuestas en el acápite II.F.(iii), (ver supra, numeral 108 -conclusión regla estándar de buena fe exenta de culpa), analizará si se configuró o no un defecto fáctico en la providencia cuestionada.

113. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del límite temporal previsto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. Frente a la problemática planteada, la Sala considera que el Tribunal accionado no incurrió en el defecto sustantivo por indebida aplicación del límite temporal fijado en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 (ver supra, numeral 10), por las razones que pasa a explicar.

114. En primer lugar, la Corte ha señalado que la titularidad del derecho a la restitución de tierras (art. 75 de la Ley 1448 de 2011) se reconoce a partir de tres escenarios:

     “(i) Ostentar la relación de propiedad, posesión o explotación de baldío cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación; o

     (ii) Haber sido despojado u obligado a abandonar el predio solicitado en restitución, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, de acuerdo a lo establecido en el art. 3º de le Ley 1448 de 2011; y,

     (iii) Que el abandono y/o despojo haya ocurrido con posterioridad al 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011”[129] (énfasis por fuera del texto original).

115. Con relación a este último aspecto, como se explicó en detalle en los numerales 66 a 71 de esta sentencia, se puede señalar que: (i) tras un arduo debate al interior del trámite legislativo, se consensuó la fijación del límite temporal para la identificación de los titulares del derecho a la restitución de tierras a partir del 1º de enero de 1991; (ii) la vigencia de la ley era un marco temporal razonable y necesario, en tanto permitiría definir el universo de beneficiarios y, en efecto, determinar el presupuesto para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas de restitución de tierras, así como preservar la seguridad jurídica respecto de los derechos adquiridos sobre bienes inmuebles, evitando que se prolonguen al infinito disputas sobre la propiedad privada; y (iii) la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2012, reconoció la amplia potestad de configuración del Legislador en la fijación del plazo y, en consecuencia, declaró la exequibilidad del límite temporal contenido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

116. En segundo lugar, la Sala advierte que, en tanto se encuentra ligado a la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno y se inserta en un régimen de justicia transicional, el límite temporal del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 no puede aplicarse de manera mecánica y sin contemplación de las circunstancias propias de cada caso concreto. Por el contrario, los hechos victimizantes que sustentan la solicitud de restitución deben ser examinados -en cada caso- en detalle a fin de determinar si se encuentran o no comprendidos por los efectos de dicha norma.

117. De esta manera, en el asunto objeto de análisis, el Tribunal accionado con base en el amplio material probatorio, constató que el señor S.A. y la señora S.P. fueron víctimas del conflicto armado interno, primero, por el homicidio de su hijo perpetrado en la ciudad de Barrancabermeja el 23 de julio de 1988, segundo, por el atentado contra la vida del señor A. en la misma ciudad, el 11 de septiembre de 1989 y, tercero, por las amenazas de muerte y ultraje sufrido por la señora Puerta a manos de miembros del Ejército Nacional en el predio Venecia, el 25 de enero de 1990. El solicitante se desprendió material y jurídicamente del predio en vigencia del ámbito temporal previsto por la norma como consecuencia de actos violentos sufridos antes de 1991.

118. El Tribunal accionado analizó lo anterior en conjunto con las pruebas sobre las circunstancias que rodearon la celebración del negocio jurídico del predio Venecia, con base en lo cual concluyó que no había duda de que las acciones violentas generaron en los solicitantes un intenso miedo a que se consumara un daño grave en su contra, el cual fue determinante para tomar la decisión de enajenar su propiedad con el fin de reubicarse en otra parte del territorio nacional. En otros términos, el accionado advirtió la existencia de un nexo de causalidad entre los hechos victimizantes ocurridos antes de 1991 y la venta del predio objeto de restitución que se formalizó mediante escritura pública, el 21 de agosto de 1991.

119. En el caso concreto, la Sala observa que, lejos de incurrir en una indebida aplicación del límite temporal del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, el Tribunal accionado interpretó de manera favorable esta disposición, con respeto por la dignidad humana de los solicitantes, pues consideró que si bien los hechos victimizantes habían acaecido por fuera del marco temporal establecido por la norma -1º de enero de 1991 y la vigencia de la ley-, ello no impedía que se acreditara este elemento de la acción de restitución de tierras, por cuanto quedó demostrado que la causa de la enajenación del inmueble, en agosto de 1991, fue el miedo producido por los actos violentos y, en efecto, por la necesidad de huir de la zona que ponía en riesgo la vida de los solicitantes.

120. Este razonamiento del Tribunal accionado resulta acorde con el derecho fundamental de reparación de las víctimas y los principios que informan los procesos de justicia transicional, entre estos, el trámite especial restitución de tierras. En efecto, esta corporación ha señalado que todas las normas relacionadas con las víctimas del conflicto armado interno deberán ser interpretadas teniendo en cuenta los principios propios de un Estado Social de Derecho; esto es, los de favorabilidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial[130].

121. Visto lo anterior, no se comprueba entonces que se hubiesen desconocido las fechas establecidas “con plena nitidez” en la norma anotada ni que se hubiese realizado una aplicación retrospectiva prohibida por la ley. La Sala constata que, con plena atención a los elementos normativos del artículo 75, el Tribunal accionado interpretó el derecho aplicable en materia de restitución de tierras de manera favorable a los solicitantes del predio Venecia, habida cuenta de que ante dos posibles interpretaciones escogió aquella que mejor garantizaba los derechos de los solicitantes como víctimas de la violencia, evidenciando con suficiencia la existencia de un nexo de causalidad (ver supra, numeral 116).

122. El Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes de las sentencias C-052 y C-253 de 2012. La accionante alegó que la providencia cuestionada desconoció los efectos erga omnes (i) de la sentencia C-250 de 2012 que, como se explicó en detalle, declaró exequible el límite temporal “entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley” previsto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, únicamente, por el cargo de igualdad; y (ii) de la sentencia C-253A de 2012 que, en esta materia, resolvió estarse a lo resuelto en la primera sentencia mencionada. En concreto, argumentó que, como consecuencia de la decisión de constitucionalidad de esta Corte, el término temporal es de obligatorio cumplimiento para todos los operadores jurídicos y, por tanto, el Tribunal accionado tenía prohibido hacer una aplicación retrospectiva del mismo.

123. Las decisiones de la Corte Constitucional, en tanto máxima guardiana e intérprete de la Constitución Política, tienen “la fuerza de la cosa juzgada constitucional, (...) efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna”[131]. Por lo anterior, en términos generales, es correcta la afirmación de la accionante según la cual, por haberse declarado su constitucionalidad en la sentencia C-052 de 2012, el límite temporal de que trata el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 es de obligatorio acatamiento para los jueces y tribunales especializados en restitución de tierras. Sin embargo, la Sala advierte que dicha razón no demuestra que sea cierto que el Tribunal accionado desconoció los efectos erga omnes de los fallos de constitucionalidad enunciados, toda vez que este dio aplicación a la norma teniendo en consideración las particulares circunstancias fácticas y el vínculo de causalidad de los hechos en el contexto en el que se produjeron los hechos victimizantes y el despojo del predio Venecia.

124. Las decisiones proferidas con ocasión del control abstracto de constitucionalidad se caracterizan por surtir efectos generales, impersonales y abstractos[132]. Se sigue de lo anterior que, en el asunto bajo estudio, el hecho de que la Corte declarara la exequibilidad del límite temporal no significa necesariamente que hubiese definido todos y cada uno de los escenarios particulares en las que este es aplicable. Por ello, carece de razonabilidad acusar al Tribunal accionado de haber desconocido los efectos erga omnes de la sentencia C-052 de 2012 y la obligatoriedad del límite temporal, cuando se observa que el análisis sobre este punto lo hizo con base en lo dispuesto por el artículo 75 de la ley citada, encontrando que se trataba de una situación atípica donde existe un nexo de causalidad entre los hechos victimizantes sufridos por los solicitantes antes de 1991 -entre 1988 y 1990- y la venta de su predio Venecia, dentro del marco temporal dispuesto por la ley.

125. El Tribunal accionado no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes de la sentencia C-054 de 2016. Por último, el hilo argumentativo de la accionante para intentar demostrar que el accionado se equivocó al reconocer como causas de despojo los hechos victimizantes ocurridos antes de 1991, concluye con el presunto desconocimiento de los efectos erga omnes de la sentencia C-054 de 2016, que resolvió declarar exequible la siguiente expresión contenida en el artículo 27 del Código Civil: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Para la accionante esta regla interpretativa gramatical conducía a declarar impróspera la pretensión de restitución, pues sólo bastaba con verificar que los hechos victimizantes ocurrieron por fuera del marco temporal definido por la ley.

126. La Sala considera que la accionante parte de una premisa equivocada al considerar que el Tribunal accionado se debió limitar a una aplicación exegética de las normas. De esta manera, como se ha venido señalando, la interpretación de las disposiciones jurídicas que contienen medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno se orienta por el respeto a la dignidad humana y los principios propios de la justicia transicional. Lo anterior, no sólo implica que se valoren en detalle los hechos que dan sustento a la acción de restitución de tierras sino también, en virtud de los principios pro personae e in dubio pro víctima, se prefiera una hermenéutica de la norma que garantice los derechos fundamentales de las víctimas de despojo y abandono de tierras, naturalmente, siempre que esta sea razonable y se encuentre debidamente motivada.

127. Por lo anterior, aun cuando la fecha del 1º de enero de 1991 puede marcar con claridad el ámbito de aplicación de la ley en casos fáciles, a partir del contexto y de las circunstancias específicas del caso bajo estudio quedó demostrado que existen otras hipótesis de aplicación difíciles que no pueden ser resueltas a través de un ejercicio mecánico de confrontación entre las fechas de los hechos victimizantes y el límite temporal, sino que exigen al funcionario judicial realizar una interpretación conforme a los derechos fundamentales de las víctimas y hacer uso de las herramientas hermenéuticas pertinentes, tal y como lo hizo en este caso el Tribunal accionado, el cual, al comprobar la ocurrencia de la afectación grave a los derechos humanos de los solicitantes, ante la duda sobre si los hechos victimizantes ocurridos antes de 1991 podían o no estar comprendidos por los efectos de la ley, dio prevalencia a la interpretación favorable para las víctimas -pro víctima y pro persona-.

128. El Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011. En adición a los defectos sustantivos estudiados (ver supra, numerales 113 a 127), el apoderado de AVC alegó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 (lit. a, núm. 2º) de la Ley 1448 de 2011, en tanto que reconoció la titularidad del derecho de restitución de tierras, a personas cuyos hechos victimizantes no constituyen despojo frente a la venta del predio Venecia.

129. Señaló que, de acuerdo con las normas anotadas, la configuración del despojo requiere de un “aprovechamiento de la situación de violencia” encaminado a privar a una persona arbitrariamente de su predio[133]. Se alegó que el Tribunal interpretó incorrectamente esta regla, pues, de manera contradictoria, reconoció los elementos del acto de despojo, pese a que en el proceso de restitución de tierras quedó probado, entre otras cosas, que “los compradores del fundo solicitado no ejercieron algún tipo de presión o amenaza para doblegar la voluntad del señor AYALA, y que incluso uno de ellos tenía con anterioridad vínculos comerciales con él (...)”, y que “(...) los actos de violencia cometidos en contra del señor AYALA no tenían como objetivo apoderarse del predio (...)”[134].

130. En ese orden de ideas, manifestó la sociedad accionante que ante la ausencia de coacción o presión en la venta del predio Venecia, el Tribunal se equivocó al encuadrar una situación de miedo generalizado en una acción de despojo, pues de esta forma generó una regla de derecho según la cual “cualquier víctima del conflicto armado, [puede] alegar que en una compraventa, existió la presencia de miedo generalizado, producto de actos violentos -anteriores a 1991- que no tuvieron ninguna relación con la misma o sus propietarios, y, en efecto, justificar jurídicamente la constitución del aparente despojo y ser titulares de la acción de restitución (...)”[135]. En el caso concreto, indicó que los hechos victimizantes alegados no tuvieron incidencia o relación con la estructuración del despojo en los términos establecidos por la ley, pues no existió nexo de causalidad entre aquellos y la realización del negocio jurídico, ya que nunca tuvieron como horizonte facilitar la apropiación del predio[136]. De hecho, todos los posteriores propietarios fueron ajenos a los actos violentos sufridos por los solicitantes.

131. En todo caso, advirtió que no se trata de señalar que S.A. y S.P. hacen parte del fenómeno denominado “falsas víctimas”. “En efecto, tanto el Tribunal como A.V.C. reconoce la existencia de los hechos victimizantes de los Reclamantes en el presente caso, no obstante, es evidente la inexistencia del nexo causal entre esos hechos concretos y la transacción del predio, circunstancia que debió llevar a concluir al Tribunal que aun cuando S.A. y S.P. son víctimas de desplazamiento forzado, no eran titulares del derecho a la restitución, por no haber sido despojados arbitrariamente del predio Venecia a través de un aprovechamiento en los términos del artículo [sic] 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011 por parte de R.J.T. y otro en 1991, pues el miedo generalizado al contexto de violencia no necesariamente constituye un aprovechamiento del mismo por parte del aparente despojante.”[137] (énfasis por fuera del original).

132. En este contexto, la Sala anticipa que no se configura el defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77.2, literal a), de la Ley 1448 de 2011, por las siguientes razones. En primer lugar, como se explicó con antelación, entre los presupuestos de la pretensión de restitución de tierras se encuentra que el solicitante debe ser víctima de despojo o abandono forzado derivado directa o indirectamente de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de las normas internacionales de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado interno (art. 3). En tratándose de casos de despojo, la verificación de este presupuesto requiere la aplicación sistemática del concepto legal de despojo (art. 74), los elementos de la titularidad del derecho a la restitución de tierras (art. 75) y el conjunto de presunciones aplicables a la celebración de negocios jurídicos por parte de las víctimas (art. 76).

133. En este sentido, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 define el despojo como “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia” (énfasis por fuera del original). Este enunciado normativo se complementa con lo estipulado en el artículo 75 de la misma ley, en tanto señala que, como medida de reparación, serán titulares del derecho a la restitución de tierras las personas propietarias o poseedoras de predios que hayan sido víctimas del despojo como consecuencia directa e indirecta de los hechos que comporten infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos (art. 3º), con ocasión del conflicto armado interno, ocurridos entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley.

134. La carga de la prueba para demostrar el supuesto de hecho previsto en estas normas de justicia transicional -hechos y elementos que rodean el presunto acto de despojo- difiere de aquella que en derecho común se exige para acreditar el fundamento fáctico de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por el demandante (art. 167, CGP). En efecto, el artículo 78 de la ley referida, como regla general, invierte la carga de la prueba en cabeza del opositor al establecer que “[b]astará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.” (énfasis por fuera del original).

135. Lo anterior obedece a la dificultad que implica para la víctima develar el despojo por razón de las maniobras de encubrimiento utilizadas para tal efecto, la apariencia de legalidad que recubre las actuaciones adelantadas para consumar este ilícito y, por lo general, el prolongado tiempo transcurrido desde su ocurrencia. Por ello, aunado a la inversión de la carga de la prueba, el Legislador incorporó al juicio de restitución de tierras un conjunto de presunciones, de obligatoria aplicación[138], que con el enfoque de los principios pro víctima y de dignidad humana, buscan garantizar los derechos de las víctimas y superar las dificultades que estas puedan enfrentar para demostrar la configuración del despojo (art. 77). Vale la pena resaltar que estas son de dos tipos: absolutas y relativas. La primera, contenida en el artículo 77.1, para ciertos contratos es una presunción de derecho -iuris et de iure-, la cual es incontrovertible por cuanto no admite prueba en contrario. La segunda categoría, previstas en el artículo 77, numerales 2 a 5, son presunciones legales -iuris tantum- que son controvertibles en tanto pueden ser desvirtuadas por el opositor a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles[139].

136. Por las particularidades del caso concreto, la Sala se detiene en el análisis de la presunción legal -controvertible- consagrada en el artículo 77, numeral 2, literal a). Expresamente, esta disposición establece:

     “ARTÍCULO 77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes presunciones: (…)

2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:

   a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes.” (énfasis por fuera del original)

137. En el contexto del conflicto armado interno, los enfrentamientos entre grupos guerrilleros, las fuerzas del Estado que les hacen frente y otros actores armados al margen de la ley, como los grupos paramilitares, han ocasionado por décadas una violencia generalizada que ha sido la causa de desplazamientos, abandonos y despojo de tierras. En este escenario, antes de que fuese expedida la Ley 1448 de 2011, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ya había señalado que concurre la fuerza como vicio del consentimiento cuando el vendedor celebra el negocio jurídico movido por el temor que le produce la violencia del entorno y el comprador saca provecho de tal circunstancia, pese a que no haya sido el que ejecutó las acciones violentas[140]. En ese sentido, la jurisprudencia ordinaria civil identificó como presupuestos para viabilizar la pretensión de nulidad relativa del contrato fincada en la fuerza como vicio del consentimiento producto del conflicto armado, los siguientes: “primero, los actos violentos derivados de la situación social que se desprende del citado conflicto; segundo, que tal fuerza alcance una intensidad tal que determina a la víctima a celebrar el contrato; y tercero, el de la injusticia, que aquí se hace consistir en el aprovechamiento de la violencia generalizada para obtener las ventajas correlativas al considerable detrimento experimentado por la víctima en razón de dicho contrato.” [141]

138. Este criterio de vieja data fue entonces incorporado al juicio de restitución de tierras, pero como una presunción de despojo en favor de la víctima, que radica en cabeza del opositor el “riesgo de no persuasión”, entendido este como la carga probatoria que debe asumir quien se opone a la restitución con el fin de desvirtuar que la manifestación de voluntad del vendedor estuvo viciada por los actos de violencia generalizados ocurridos en colindancia del predio objeto de restitución[142]. Para tal efecto, son de recibo todos los medios de convicción conducentes, pertinentes y útiles que, por ejemplo, demuestren que para la época de la celebración del negocio jurídico y la zona donde se localiza el inmueble no existía una violencia generalizada que incidiera en la enajenación por parte de la víctima.

139. De esta manera, en el caso concreto, la Sala considera que el Tribunal accionado realizó una interpretación razonable de las normas que regulan el reconocimiento del derecho a la restitución de tierras a las víctimas de despojo. Como se anunció en el análisis del defecto sustantivo precedente, el Tribunal consideró que existía un nexo causal entre los hechos victimizantes sufridos por los solicitantes -acaecidos antes de 1991- y la venta del predio Venecia en agosto de 1991, lo cual, a su vez, aparejó un aprovechamiento del entorno de violencia generalizada por parte del comprador del año 1991, que configuró el despojo, en los términos de los artículos 74, 75 y 77.2, literal a) de la Ley 1448 de 2011.

140. Para demostrar lo anterior, luego de haber constatado la relación jurídica de los solicitantes con el predio Venecia, el Tribunal accionado hizo una descripción del contexto de violencia que se vivió en la década de los ochenta y noventa por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en el municipio de Simacota (Santander), en donde se encuentra localizado el predio Venecia.

141. Con el fin de determinar si los solicitantes eran titulares del derecho a la restitución de tierras, en aplicación de los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, la entidad accionada adelantó la verificación en detalle de los hechos victimizantes y de la conexidad de estos con el acto de despojo. Para comprobar la ocurrencia de los hechos victimizantes, el Tribunal accionado hizo una valoración conjunta de los elementos de prueba que reposaban en el proceso y de las declaraciones rendidas por los señores S.A. y S.P. (solicitantes) en las etapas administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, dando aplicación a las presunciones de buena fe y veracidad que acompañan a las víctimas en este trámite especial. Asimismo, integró al análisis los testimonios obtenidos de diferentes habitantes de la zona en la que se ubica el predio Venecia, del señor R.J.T. -comprador del predio en 1991-, así como de amigos y familiares de las víctimas.

142. La siguiente gráfica resume los hechos victimizantes y hechos jurídicamente relevantes para el análisis de la titularidad del derecho a la restitución de tierras en cabeza de los solicitantes.

143. A partir de tales circunstancias, el Tribunal concluyó que “los solicitantes S.A. y SILVIA PUERTA TORRES, padecieron los efectos del conflicto en una época en donde de manera generalizada se presentaban violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el primero, por el homicidio de su hijo perpetrado por “fuerzas oscuras”, el intento de asesinato del que fue víctima y las asechanzas y sindicaciones de las que fue objeto en razón a su condición de líder social, militante de la Unión Patriótica, Concejal de Simacota y denunciante de los homicidios de sus sobrinos ante las autoridades respectivas. Los anteriores hechos, sin duda, también afectaron a su compañera, quien además debió soportar ultrajes y maltratos injustificados a manos de miembros del Ejército Nacional. Así, dando una mirada en conjunto a esta multiplicidad de factores, aflora que los reclamantes tenían razones de peso para desplazarse del predio Venecia y desatenderlo, pues por encima estaba el ánimo sagrado de salvaguardar su integridad personal”.

144. Dicho lo anterior, el Tribunal se ocupó de desvirtuar los señalamientos que hicieron algunas personas dentro del proceso sobre los presuntos nexos que el señor A. tenía con organizaciones guerrilleras al momento de los hechos de despojo. Para tal efecto, contrastó las declaraciones que así lo indicaron con las de aquellas personas que negaron dicha situación, así como con la ausencia de registros en la Fiscalía General de la Nación, concluyendo que tales acusaciones resultaban infundadas. En esa medida, señaló que así las cosas “permanece incólume la calidad de afectados del conflicto de los reclamantes, condición que si bien la tienen respecto de hechos acontecidos con anterioridad al año 1991, lo cierto es que estos fueron los desencadenantes del posterior despojo, flagelo que se constituye sí en la situación que protege las disposiciones de la Ley 1448 de 2011, específicamente las disposiciones relativas al proceso de restitución de tierras” (énfasis añadido).

145. Comprobado que el desplazamiento del predio Venecia se dio con ocasión de los hechos victimizantes mencionados, el Tribunal analizó “los detalles del convenio” a partir de las declaraciones del vendedor (solicitante) y compradores, en virtud del cual el primero se desprendió del dominio del inmueble en el año de 1991 en favor de los segundos, de modo que examinó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se celebró el contrato de compraventa sobre el predio.

146. Con base en ello, concluyó que era clara la consolidación del despojo del señor A. y de la señora Puerta, dado que (i) el señor J.T. (comprador en 1991) fue informado por el vendedor de los actos violentos que había sufrido su familia y que lo obligaron a enajenar el predio para irse de la zona; (ii) como consecuencia de los hechos victimizantes, el señor A. sólo podía ir al inmueble “de entrada por salida” viéndose obligado a solicitarle colaboración a terceros para que estuvieran pendientes; (iii) el solicitante inició proceso de liquidación del patrimonio; (iii) lo anterior lo puso en un estado de necesidad económica que lo influenció a vender el predio. En ese sentido, señaló “es claro que la decisión de transferir el inmueble sí estuvo directamente ligada con los particulares hechos de violencia que padecieron los reclamantes, razonamiento que a su vez deja sin sustento lo argüido por el Ministerio Público, que señaló que no se hallaba acreditada la “relación directa” entre los hechos victimizantes y la venta de la heredad Venecia” (énfasis añadido).

147. Visto lo anterior, el Tribunal accionado consideró que se presentaban los supuestos de hecho del literal a) del numeral 2º del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, que establece la presunción legal -controvertible- de despojo por ausencia de consentimiento en el contrato de compraventa, dado que, como quedó demostrado, en la zona donde se encuentra ubicado el predio Venecia -esto es, en Simacota, Santander- existía para finales de los ochenta y comienzos de los noventa un contexto generalizado de violencia que causó daños directos a la familia de los solicitantes y que, por tanto, les infundió un temor que incidió en la enajenación del inmueble.

148. Por lo demás, contrario a lo sostenido por la sociedad accionante y la representante del Ministerio Público, la Sala observa con claridad que la motivación de la providencia cuestionada es razonable y suficiente, porque, a partir del caudal probatorio, demostró que (i) el homicidio del hijo del señor A.; (ii) el intento de homicidio contra este último; (iii) las “asechanzas y sindicaciones” de las que fue objeto en razón a su condición de líder social y militante de la Unión Patriótica; sumados a (iv) los ultrajes contra la señora Puerta -hechos victimizantes, art. 75- infundieron un temor a la consumación de un daño irreparable -muerte-, que doblegó sus voluntades -vicio del consentimiento, art. 77.2, literal a)- a tal punto que se vieron forzados a enajenar el predio de su propiedad a terceros que, si bien no tuvieron participación en las acciones violentas, aprovecharon las consecuencias del contexto generalizado de violencia para celebrar el negocio jurídico -aprovechamiento de la violencia, art. 74-.

149. En ese orden de ideas, la Sala considera que no está llamada a prosperar la tacha sobre la condición de víctima de despojo de los solicitantes, por la presunta indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77.2, literal a) de la Ley 1448 de 2011, pues en nada modifica el resultado del análisis judicial el hecho de que R.J.T. y M.M. -compradores en 1991- no hubiesen ejercido ningún tipo de presión o amenaza para doblegar la voluntad del señor A.. Recuérdese que, como vicio de consentimiento, la fuerza puede tener origen en el entorno -violencia generalizada-, y no necesariamente en el extremo contratante que se beneficia con el negocio jurídico, y de todas formas surtir efectos.

150. Asimismo, resulta intrascendente para demostrar el defecto sustantivo alegado, el argumento según el cual no existió nexo de causalidad entre los hechos victimizantes y la celebración de la compraventa, porque tales acciones violentas provocadas por “fuerzas oscuras” y algunos miembros de la Fuerza Pública (i) no tenían como objetivo apoderarse del inmueble; y (ii) además que la violencia generalizada no necesariamente constituye aprovechamiento de la misma por parte del aparente despojante.

151. Frente a lo primero, basta con insistir en que la fuerza ilegítima -violencia- cuando proviene de un tercero o del entorno genera una presión psicológica o miedo en la víctima que no siempre tiene como finalidad la apropiación del predio, pero que sí puede incidir en la libertad contractual y, por ende, viciar el consentimiento de una de las partes y la validez del negocio jurídico. De ahí que, más allá del origen de dicha fuerza, lo que ampara el marco jurídico en restitución de tierras es la consecuencia de la misma, es decir, el miedo o justo temor que obliga a la víctima a actuar en contra de su deseo y celebrar un contrato que lo desprende de su propiedad v.gr. el miedo que le produce a la víctima los intentos de asesinato ejecutados por un grupo armado ilegal, que no buscan apropiarse de sus tierras, pero que someten su voluntad y le generan la necesidad de venderlas para huir de la zona y salvar su vida. En todo caso, el Tribunal accionado respondió a esta objeción en el sentido de señalar que, si bien era cierto que los actos violentos no tenían por objeto apropiarse del predio, no era menos cierto que ello en nada desvirtuaba el despojo, porque quedó demostrado el nexo de causalidad entre los hechos victimizantes y la venta del predio, con testimonios como los de F.S. y R.J.T..

152. Con relación al segundo planteamiento, en efecto, es cierto que “el miedo generalizado al contexto de violencia no necesariamente constituye un aprovechamiento del mismo por parte del aparente despojante”, puesto que pueden existir situaciones en los que el miedo que tiene origen en la violencia generalizada no sea la causa eficiente de la enajenación del inmueble y, por tanto, no constituya un aprovechamiento del comprador para obtener el consentimiento del vendedor. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió en el presente caso, ya que las declaraciones de los solicitantes y del mismo comprador en 1991 demostraron que el justo temor por la violencia sufrida fue el motivo para que el vendedor se resignara a vender su inmueble. De hecho, así lo consideró el propio apoderado de la sociedad accionante en el escrito de oposición y en los alegatos de conclusión[143].

153. En esa línea, la sociedad accionante alegó que no constituye una causa suficiente para declarar el despojo el hecho de que, al momento de ofrecerle el predio Venecia, el señor S.A. le manifestara al señor R.J.T. (comprador en 1991) que él quería irse por los problemas que tuvo, porque los hechos victimizantes ocurrieron en Barrancabermeja y no en Simacota, en otras palabras, que eran desplazados del primer municipio y no de donde se encuentra el inmueble. Sobre este particular, olvida la accionante que el Tribunal atendió expresamente este reclamo en el sentido de advertirle su equivocación, puntualmente, por dos razones que esta Sala estima acertadas.

154. La primera razón, el Tribunal reconoció que el señor A. estuvo matriculado como comerciante en Barrancabermeja desde el año 1990 y renovó por última vez su registro mercantil en el año 1991; además, también señaló que era cierto que el asesinato del hijo del señor A. y el atentado del que este fue objeto ocurrieron en dicha localidad. No obstante, aclaró que “la Ley 1448 de 2011 en ninguna de sus disposiciones, y menos la jurisprudencia, condicionan el amparo del derecho a que los hechos victimizantes ocurran en el fundo o a que la víctima habite en este, puesto que, en todo caso, la concepción de arraigo está ligada propiamente con la municipalidad y no con x o y propiedad, además la administración y explotación de una finca se puede controlar y ejercer desde el caso urbano u otro lugar, siendo lo verdaderamente relevante para el proceso la pérdida de la relación de dominio y señorío, cuestión que en efecto en este caso sucedió”. En ese sentido, agregó que “de acuerdo con las disposiciones del parágrafo segundo del artículo 60 ibídem, se entiende como desplazado no solo a quien se ve compelido, a raíz de los efectos del conflicto, a abandonar su lugar de residencia habitual, sino que también lo es el que por idénticos motivos se marcha del sitio donde desarrolla sus labores o despliega sus movimientos económicos, situación que como quedó evidenciada acaeció respecto del accionante”. Cabe añadir que, de conformidad con las declaraciones rendidas por los solicitantes, valoradas bajo el principio de buena fe, quien vivía en Barrancabermeja era la señora Puerta, pero luego por solicitud del señor A. cambió su domicilio a Simacota, específicamente, a la vereda en que se ubica el predio solicitado en restitución.

155. Y, la segunda razón, la señora P. fue víctima de ultrajes y amenazas de muerte por algunos miembros del Ejército Nacional precisamente en el predio Venecia. Además, se acreditó que el señor A. “ejerció su labor de liderazgo social y político en representación de las banderas de la Unión Patriótica en la zona rural donde se ubica el bien, actividades que le valieron ser objeto de persecución por parte de miembros de grupos armados y que probablemente incidieron en el fallido intento por quitarle la vida, circunstancias más que suficientes para considerar que los reclamantes son desplazados del bajo Simacota e incluso, también lo son, de la ciudad de Barrancabermeja, pues recuérdese que de esa ciudad se marcharon hacia Bogotá poco tiempo después de los incidentes”.

156. En estos términos, considera la Sala Plena que el Tribunal accionado hizo una valoración cuantitativa y cualitativa de la violencia ejercida sobre los solicitantes, pues teniendo en cuenta que el despojo ocurre de manera diferente para cada víctima, estudió sus características psicológicas, económicas y familiares, así como el tipo de amenaza sufrida, a fin de verificar la relación directa o indirecta entre los hechos victimizantes y el desprendimiento de la propiedad. Así, entonces, queda en firme la presunción de despojo en el caso de los solicitantes y, en efecto, el reconocimiento como titulares a las medidas de protección derivadas del derecho a la restitución de tierras.

157. Por último, en contra de todo lo expuesto podría alegarse que la decisión del Tribunal accionado, encontrada razonable por esta Sala, crea una regla de derecho en materia de restitución de tierras según la cual “cualquier víctima del conflicto armado, [puede] alegar que en una compraventa, existió la presencia de miedo generalizado, producto de actos violentos -anteriores a 1991- que no tuvieron ninguna relación con la misma o sus propietarios, y, en efecto, justificar jurídicamente la constitución del aparente despojo y ser titulares de la acción de restitución (...)”. No obstante, basta con remitirse a las razones hasta aquí expuestas para señalar que esta afirmación parte de un inadecuado entendimiento de la regulación del despojo en el contexto de justicia transicional, pues, como se ha insistido, el despojo no ocurre porque simplemente se invoque violencia generalizada para la época en que se celebró el contrato y lugar donde se ubica el predio, sino que exige la verificación del nexo causal entre los hechos victimizantes, el miedo que estos ocasionan y la incidencia que estos tienen en la decisión de enajenarlo.

158. En ese sentido, al analizar conflictos relacionados con los procesos de restitución de tierras, en términos generales, la Corte Constitucional ha recordado la importancia de que los jueces o tribunales especializados en estos asuntos, en los casos que sean de su competencia, apliquen los estándares jurídicos pertinentes, de modo que para la valoración de la causas del abandono o despojo de tierras distribuyan tanto para la víctima como para el opositor la carga probatoria adecuada que respete sus derechos procesales[144].

159. Sobre la base de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de lo establecido en los artículos 74, 75 y 77.2, literal a) de la Ley 1448 de 2011. Una vez resueltos los defectos sustantivos presentados por la AVC como planteamiento principal, los cuales por no haberse encontrado configurados conllevarán a esta Corte a dejar en firme la providencia cuestionada en relación con el reconocimiento de la titularidad del derecho a la restitución de tierras de los solicitantes, procede la Sala a analizar el alegato subsidiario encaminado a declarar un yerro fáctico en la valoración de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa de la sociedad accionante.

160. Conclusiones sobre el defecto sustantivo alegado por el accionante. En consecuencia, la Corte concluye que el Tribunal accionado no incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación del límite temporal del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, sino que interpretó esta norma de manera favorable a los derechos de reparación material de las víctimas -principios pro persona e in dubio pro víctima-, prefiriendo la interpretación según la cual existe un nexo de causalidad entre los hechos victimizantes anteriores a 1991, el miedo que ocasionaron y la enajenación del inmueble en vigencia del marco temporal -agosto de 1991-.

161. En ese sentido, el Tribunal accionado no incurrió en dicho defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes de las sentencias C-052 y C-253 de 2012, pues si bien en la primera sentencia se declaró la constitucionalidad del límite temporal, y en la segunda se resolvió estarse a lo resuelto en la primera, en todo caso, con ello, la Corte no definió en sede de control abstracto de constitucionalidad todos y cada uno de los escenarios concretos de aplicación de la norma, lo cual sí es posible realizar en la solución de casos específicos. Por lo demás, es dado concluir que no hay lugar a declarar un defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes de la sentencia C-054 de 2016, comoquiera que las normas que regulan el trámite de restitución de tierras deben ser interpretadas de manera favorable a la víctima, mas no siguiendo una regla de interpretación gramatical, cuando esta representa un sacrificio de las garantías constitucionales.

162. Sumado a lo anterior, en el expediente T-8.101.824, el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, dado que aplicó de manera razonable el concepto de despojo, los elementos de la titularidad del derecho a la restitución de tierras y la presunción de despojo por ausencia de consentimiento debido a la ocurrencia de violencia generalizada en la época que se celebró la compraventa por parte de los solicitantes y en la zona donde está ubicado el inmueble objeto de restitución.

163. El Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico. El apoderado de AVC planteó que, en caso de que no se verificara la existencia de los defectos sustantivos mencionados, se requiere analizar si el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al momento de declarar no probada la buena fe exenta de culpa de la sociedad accionante en la compra del predio Venecia en el año 2008. Para ilustrar lo anterior, transcribió apartes de la declaración del señor J.T. en la que, en resumen, manifestó que el negocio jurídico celebrado con los señores S.A. y S.P. fue claro, legal y transparente, además que los actos de violencia en contra de estos últimos ocurrieron en Barrancabermeja y no en la finca Venecia ubicada en Simacota, Santander[145]. Adicionalmente, la accionante señaló que el Tribunal accionado ya había incurrido en defectos como este en otras providencias, tal y como lo determinó la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como juez de tutela, en la sentencia de 23 de mayo de 2019. Por último, refirió que, aunque sea cierto que respecto de la sociedad accionante no puede predicarse la calidad de segundo ocupante por su naturaleza, es claro que como opositora sí cuenta con la posibilidad de ser compensada en los términos de la Ley 1448 de 2011.

164. En el trámite de primera instancia de tutela, la Procuraduría 12 Judicial II en Restitución de Tierras de B. manifestó que se remitía a lo señalado en el concepto presentado ante el Tribunal accionado en el proceso de restitución de tierras. En punto a la buena fe exenta de culpa, en aquella ocasión sostuvo que AVC no fue partícipe o causante de los hechos de violencia en la zona, ni de los que motivaron la venta del predio Venecia. Asimismo, señaló que en el certificado de tradición y libertad de este inmueble no existen registros de actos violentos que viciaran la cadena de compraventas. De hecho, afirmó que al momento de adquirir el predio por parte de la opositora no persistían las condiciones de violencia. Por estas razones, consideró que la accionante acreditó haber actuado con buena fe exenta de culpa y, en efecto, le asistía el derecho a conservar la propiedad y las mejoras sobre el predio mencionado.

165. Por otra parte, en sede de revisión, el apoderado judicial de los señores S.A. y S.P.[146], manifestó que R.J.T. no adquirió el predio de buena fe, sino que se aprovechó de la situación en la que aquellos se encontraban por los actos violentos ejecutados en su contra. Asimismo en sede de revisión, con ocasión de las pruebas decretadas, la sociedad accionante manifestó que “en Colombia no existe una tarifa legal para probar el deber de diligencia de un adquirente de un bien inmueble a la hora de realizar una compraventa, y tampoco existe una tarifa legal para probar la buena fe exenta de culpa de un adquirente en un proceso de restitución de tierras”. Señaló los medios de prueba que la sociedad accionada aportó dentro del proceso de restitución de tierras para demostrar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa. Específicamente, se refirió a las declaraciones de (i) M.V.A., propietario; (ii) R.A.F., trabajador de Agroindustrias; (iii) C.J.O., representante legal de la sociedad. En concreto, indicó que estos sujetos revisaron las anotaciones de los folios de matrícula e hicieron averiguaciones con la gente de la zona y con titulares del derecho de dominio, lo cual, en su concepto, les permitió constatar que no existían o existieron situaciones de violencia en el predio objeto de restitución.

166. De igual forma, en sede de revisión, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta manifestó que no existe tarifa legal para acreditar la calidad de tercero de buena fe exento de culpa del opositor. Por tanto, cualquier medio probatorio legalmente aceptado, debida y oportunamente allegado al proceso es válido para ese propósito. Por ello, en cada uno de los asuntos sometidos a su conocimiento, el Tribunal valoró las pruebas que los sujetos procesales allegaron al proceso, de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-330 de 2016.

167. Frente a los hechos expuestos, el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, por haber valorado en indebida forma y sin apego a las reglas de la sana crítica, los medios de prueba que demostraron que AVC actuó conforme a los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio en el año 2008 y que, en consecuencia, debía ser titular del derecho a recibir las compensaciones previstas en la Ley 1448 de 2011, así como tener la posibilidad de que el Tribunal accionado autorizara la celebración de contratos de uso sobre el predio para la explotación de los proyectos agroindustriales productivos.

168. Lo anterior, por cuanto, a pesar de que realizó actuaciones positivas encaminadas a averiguar sobre los antecedentes del predio Venecia, la sociedad accionante no tuvo la posibilidad de conocer que este inmueble le fue despojado al señor S.A. en 1991, por los elementos de prueba aportados en el proceso de restitución de tierras, que de haber sido examinados en conjunto por el Tribunal accionado, hubieran cambiado el sentido de la decisión sobre la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa de la sociedad opositora. Estos son:

     (i) Entre la fecha en que ocurrió el despojo al señor A. del predio Venecia (1991) y el momento en que este fue adquirido por AVC (2008), transcurrieron aproximadamente 17 años y se celebraron tres contratos de compraventa en 1991, 2003 y 2008, con R.T. y M.M., M.V. y E.M., respectivamente. Los hechos victimizantes ocurrieron en Barrancabermeja durante los años 1988 a 1990, con ocasión de la calidad de líder la UP del señor A., y no tuvieron que ver directamente con la propiedad del predio Venecia ubicado en Simacota.

     (ii) En 1991, por las relaciones comerciales, el señor A. ofreció en venta el predio al señor T., quien, a su vez, hizo participe del negocio al señor M.. El señor T. reconoció que conocía de los “problemas” que el señor A. había tenido en la zona, pero también manifestó que el predio fue comprado conforme a la ley y en virtud de su relación de amistad con el vendedor.

     (iii) En 2003, el señor T. vendió el predio al señor V., sin haberle informado de alguna irregularidad en la negociación con el anterior propietario (A., 1991). Por ello, V., a su vez, hizo lo propio con E.M. (2008). Al respecto, los propietarios de los predios Montebello y el Diamante, colindantes con el predio Venecia, les manifestaron que en la finca no había ocurrido ningún hecho violento[147]. Asimismo, el señor R.A.F., trabajador de la sociedad accionada que ayudó a localizar el inmueble para el negocio, indagó con vecinos del sector por las condiciones y antecedentes del predio Venecia, los cuales aseveraron que todo estaba en situación de normalidad[148]. Y, sumado a lo anterior, el señor M.V., propietario del inmueble en 2003, preguntó directamente al señor T. si se habían cometido actos de violencia en ese terreno, a lo cual este último respondió que en la zona sí hubo presencia de grupos armados ilegales, pero que este nunca había tenido un problema con aquellos[149].

     (iv) A su turno, E.M. vendió el predio a AVC en 2008. La representante legal de la empresa no conocía previamente al vendedor, sino que lo conoció por intermedio de M.V. (propietario del predio Venecia entre 2003-2008) (p.p. 129, fallo de RT).

     (v) En concreto, por solicitud de la sociedad accionante[150], se recaudaron y practicaron los testimonios de R.J.T. y M.M., y M.V., propietarios del predio Venecia en 1991-2003 y 2003-2008, respectivamente, los cuales indican que si bien el señor T. fue informado por el solicitante de que vendía el predio por “los problemas que tuvo”, aquel no informó de estos hechos al señor V. en la compraventa celebrada en 2003, pues consideraba que el negocio se había realizado entre amigos-socios de negocios y con el cumplimiento de los requisitos legales[151].

     (vi) La diferencia de precios en un mismo año, más allá de ser una consecuencia de los términos de negociación, no demuestra que hubiera existido mala fe por parte de AVC. Señalar lo contrario, crearía vía jurisprudencial una presunción de mala fe que la Ley 1448 no previó. Si lo que se quiere cuestionar es el precio de las transacciones, se debe acudir al literal d) del artículo 77 que establece una presunción legal (no de derecho): “en los casos en los que el valor formalmente consagrado, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el momento de la transacción”, más no a reprochar el impacto de dicha negociación en la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa.

     (vii) Teniendo en cuenta lo anterior, el examen de la buena fe exenta de culpa de AVC, se debe concentrar en verificar si dicha sociedad podía conocer o no a partir de sus verificaciones en el año 2008 que el predio Venecia había sido despojado en 1991. El despojo no se analiza respecto de E.M. (vendedor en 2008), sino respecto de hechos ocurridos hace 17 años. Se debe resaltar que no hay elementos de prueba que demuestren un pacto entre AVC y E.M. o M.V. con el fin de ocultar el supuesto despojo en 1991, pues el señor T. consideró que la compraventa del predio se ajustó a la ley y se realizó de buena fe, dada su amistad.

     (viii) Asimismo, se debe precisar que el Tribunal accionado examinó la cadena de tradiciones sin haber encontrado una conexión entre AVC y anteriores propietarios, así determinó que no hay elementos de prueba que demuestren un pacto entre AVC y E.M. o M.V. con el fin de ocultar el despojo.

     (ix) La sociedad accionante, empresa dedicada al cultivo de palma africana, adelantó indagaciones con los vecinos del predio, quienes manifestaron sobre la situación de seguridad en la zona: “está muy sano ahorita”.

     (x) Desde el momento de su constitución en 1995, AVC hace presencia en la zona del bajo S., por lo que tenía conocimiento de la situación de seguridad al momento de celebrar el negocio jurídico sobre el predio restituido.

     (xi) Por lo demás, la Sala Plena constató que el despojo ocurrido en 1991 se mantuvo oculto en el tiempo y no fue develado en la celebración de los negocios jurídicos que antecedieron a la adquisición del predio por AVC en 2008. El señor T. convencido de haber adquirido el predio de buena fe y libre de gravámenes, no informó al señor V. sobre la existencia de alguna irregularidad; información que, a su vez, fue replicada por los siguientes propietarios hasta la compraventa celebrada con AVC en 2008.

     (xii) En estos términos, los actos positivos de averiguación realizados por la sociedad opositora, no le hubiesen permitido conocer que ocurrieron hechos de violencia contra el señor A. de forma previa al año 1991. Las circunstancias de violencia de la compraventa ocurrida hace 17 años no están atadas a la propiedad del territorio, sino a la pertenencia de la UP del señor A., lo cual, pone a AVC en un escenario claro de ausencia de despojo, y prueba su actuar con honestidad, rectitud y lealtad al momento de haber suscrito la compraventa del predio Venecia en el año 2008.

169. Conclusión caso AVC. Dada la configuración del defecto fáctico en el expediente objeto de revisión, se destaca que a diferencia de otros casos en los que se ordena a la autoridad judicial accionada que analice nuevamente y en debida forma los elementos de prueba omitidos, en el presente caso se impone ordenar al Tribunal accionado que modifique parcialmente la motivación del fallo atacado, en el sentido de reconocer a AVC (i) la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa; y (ii) como consecuencia de ello, ordenar al Tribunal accionado que defina el valor de las compensaciones en favor de la sociedad accionante, en los términos del artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y los parámetros indicados en este proveído, y que examine la posibilidad de autorizar la celebración de contratos de uso del predio para la explotación de los proyectos agroindustriales productivos de palma africana y banano, conforme al artículo 99 de dicha ley.

170. En esta ocasión, además de resolver los debates constitucionales de fondo, este remedio permite avanzar en el alcance de los efectos de la tutela contra providencia judicial, al disponer que, excepcionalmente, con el fin de garantizar la eficacia del amparo, y con respeto de los roles que desempeñan las instituciones competentes (entiéndase incluidos los que integran la Rama Judicial), el juez de tutela puede dictar órdenes de fondo que corrijan el defecto en el que incurrió la autoridad judicial accionada y, por esa vía, aseguren el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados[152].

171. Para finalizar, la Sala estima indispensable hacer tres precisiones. En primer lugar, la comprobación del defecto fáctico en cuanto a la valoración probatoria de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa de ninguna manera afecta la titularidad del derecho a la restitución de tierras de los solicitantes, pues como quedó demostrado, el despojo del predio Venecia ocurrió en 1991 en los términos de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual quedan en firme las medidas de protección en favor de las víctimas. Recuérdese que, en este caso concreto, la pretensión de restitución y los fundamentos jurídicos y fácticos de la oposición, así mismo los planteamientos del Ministerio Público, exigieron al Tribunal accionado realizar un análisis escalonado que empezó con la verificación de los elementos axiológicos de la acción de restitución y luego continuó con el estudio de si se acreditaron los postulados de la buena fe exenta de culpa para efectos del reconocimiento de la compensación. En la medida en que, únicamente, se verificó un yerro en esta parte final del análisis, sólo procede modificar lo atinente al reconocimiento de la compensación solicitada por la sociedad accionante como tercero de buena fe exento de culpa en el año 2008, dejando incólume el amparo sobre el derecho a la restitución de tierras de los solicitantes.

172. En segundo lugar, es claro para la Sala que el objetivo principal de la acción de restitución de tierras es la protección a las víctimas del conflicto armado interno. No obstante, so pretexto de asegurar una inmediata materialización de dicho fin, el juez de restitución de tierras no puede sacrificar los derechos de los terceros que hubiesen actuado conforme a los postulados de la buena fe exenta de culpa. La garantía del debido proceso en este trámite especial, además de exigir una aplicación de las normas procesales y sustantivas conforme a la Constitución Política y siguiendo los parámetros de interpretación de la jurisprudencia constitucional, impone al funcionario judicial la valoración de los medios de prueba con base en las reglas de la sana crítica, es decir, bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional[153], y ante los vacíos o dudas respecto de la existencia de los hechos jurídicamente relevantes, acudir a sus facultades de decretar pruebas adicionales[154].

173. En tercer lugar, el asunto que ocupa la atención de la Sala Plena pone el foco en el estándar de buena fe exenta de culpa al comprar un predio en una zona que está siendo o fue afectada por el conflicto armado interno, cuando el negocio se celebró con una persona diferente a la víctima y más de 17 años después del acto de despojo. En estos casos, los postulados del principio de buena fe exenta de culpa y el enfoque diferencial del proceso de restitución, radican en cabeza del opositor la carga de probar que ejerció legítimamente su derecho y que, a pesar de todas las averiguaciones, no fue posible descubrir que en el pasado alguno de sus propietarios enajenó el inmueble con ocasión de actos violentos ejecutados en su contra. La Sala Plena ratifica la importancia que tiene esta regla para la eficacia del derecho a la reparación material de las víctimas. No obstante, encuentra esta Corte la oportunidad para precisar que los jueces de restitución la deben aplicar con total precaución, pues no sólo están en juego los derechos de terceros y el principio de acción sin daño, sino que también el riesgo de que, por un inadecuado entendimiento, se fije un estándar probatorio de imposible acreditación que torne imposible la transacción sobre este tipo de inmuebles, de manera indefinida.

     H. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

174. Correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional revisar el fallo adoptado dentro del proceso de tutela promovido por la sociedad A.V.C.S. (“AVC”) contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta (Tribunal accionado).

175. La accionante pretendía la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideraba vulnerado con la sentencia proferida por el Tribunal accionado, al conceder a los solicitantes la protección del derecho fundamental a la restitución de tierras sobre predios que eran de propiedad de la sociedad accionante, al tiempo que le negaron a esta última el reconocimiento de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa y las correspondientes compensaciones, en los términos de la Ley 1448 de 2011.

176. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena se planteó los siguientes dos problemas jurídicos relacionados con los defectos alegados por la sociedad accionante: ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto sustantivo por: (i) indebida aplicación del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y por desconocimiento de la interpretación fijada sobre este en la Sentencia C250 de 2012, así como de lo dispuesto en la Sentencia C-054 de 2016, al reconocerle efectos temporales distintos a los definidos por el Legislador, pues el Tribunal accionado consideró que los reclamantes eran titulares del derecho a la restitución de tierras, a pesar de haber sufrido hechos victimizantes con anterioridad al 1º de enero de 1991; y (ii) por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, en tanto que se reconoció la titularidad del derecho de restitución de tierras, a personas cuyos hechos victimizantes no constituyen despojo frente a la venta del predio Venecia? ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por incurrir en un defecto fáctico, al haber valorado en indebida forma las pruebas que hubieran llevado a declarar probada la buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, ordenar a favor de la accionante una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en el predio Venecia?

177. Con el fin de resolver los dos problemas jurídicos planteados, la Sala Plena abordó el estudio de los siguientes ejes temáticos: (i) breve caracterización de los defectos sustantivo y fáctico; (ii) el derecho fundamental a la restitución de tierras; (iii) la estructura del proceso de restitución de tierras, con especial énfasis en (a) el ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución; (b) el concepto de víctima en este marco jurídico; y (c) el estándar probatorio para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, reiterando así el estándar previsto en las sentencias C-330 de 2016 y SU-424 de 2021, y la jurisprudencia de las salas especializadas de restitución de tierras.

178. Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala fijó las siguientes subreglas con base en el marco jurídico especial de restitución de tierras y la jurisprudencia constitucional en materia del derecho fundamental a la reparación a las víctimas del conflicto armado interno:

179. (i) Por expreso reconocimiento de la jurisprudencia constitucional, en armonía con los instrumentos de derecho internacional, las víctimas de abandono forzado o despojo tienen el derecho fundamental a la restitución de tierras.

180. (ii) En punto a la etapa judicial de la acción de restitución de tierras, la normas procesales y sustanciales previstas en la Ley 1448 de 2011 deben ser interpretadas razonablemente de acuerdo con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como a la luz de los principios pro-persona e in dubio (en caso de duda) pro-víctima, mas no de forma exegética o formalista.

181. (iii) La titularidad del derecho a la restitución de tierras depende, entre otros elementos, de que los hechos victimizantes se encuentren dentro del marco temporal previsto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 (1 de enero de 1991 y vigencia de esta ley). Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales, podrá ser reconocido como titular de tal garantía cuando se compruebe un nexo de causalidad entre las acciones violentas sufridas por la víctima antes de 1991, el miedo ocasionado y la incidencia directa o indirecta que este tuvo en la enajenación del inmueble en vigencia del límite temporal referido.

182. (iv) A pesar de que el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 no distingue entre personas naturales y jurídicas a efectos de definir el concepto de víctima bajo dicho régimen, la Sala concluyó que dicho precepto no incluye a las personas jurídicas. En efecto, de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 tomadas en conjunto y a la luz de los debates suscitados a lo largo del trámite legislativo, se desprende que las medidas de reparación establecidas en la ley en referencia tienen como finalidad esencial tutelar derechos y atributos propios del ser humano en atención a la transversalidad de la dignidad humana. En atención a lo anterior, para la Corte el concepto de víctima en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 incluye únicamente a personas naturales.

183. (v) En el marco del proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, por regla general, se aplica un estándar rígido al opositor que pretende demostrar que actuó con buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio objeto de restitución. Ello, implica acreditar que (a) obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de restitución; y (b) la realización de actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales, esto es, la conciencia y certeza de que el predio no fue despojado o abandonado forzosamente. Excepcionalmente, en tratándose de segundos ocupantes que no tienen relación con la situación de despojo, la Corte determinó que es posible flexibilizar el estándar a fin de no afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad (Sentencia C-330 de 2016).

184. (vi) En el proceso de restitución de tierras el principio de buena fe tiene diferentes implicaciones dependiendo de la calidad del sujeto que comparece al trámite. De un lado, desde la perspectiva de la víctima persona natural, impone al Estado el deber de presumir la buena fe en sus actuaciones y le confiere la posibilidad para que acredite el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado (Art. 5º), lo cual no significa que la ley la releve por completo de la carga de la prueba, sino que la faculta para probar de manera sumaria su calidad de víctima y su relación jurídica o fáctica con el predio objeto de la solicitud de restitución. Esto, a su vez, implica una inversión de la carga de la prueba en cabeza de quien se oponga a la solicitud de restitución de la víctima de despojo o abandono forzado (Art. 78) y la aplicación de un conjunto de presunciones de despojo en relación con los predios objeto del litigio (Art. 77). Y, de otro lado, como consecuencia de lo anterior, visto desde la óptica del opositor, el principio de buena fe le impone asumir la inversión de la carga de la prueba, salvo en el caso de las personas que ostenten la doble calidad de opositor y segundo ocupante en situación de vulnerabilidad, sin relación con el despojo.

185. (vii) Frente a lo anterior, la actividad intelectual del juez de restitución de tierras en la verificación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, debe ser analizar en su conjunto las actuaciones realizadas por el opositor tendientes a constatar que el predio no fue objeto de despojo o abandono forzado, la cual no está sometida a una tarifa legal de prueba, caracterizada por la poca o nula discrecionalidad del funcionario judicial a la hora de analizar la controversia, sino por el principio de la libre valoración probatoria y sana crítica que, de acuerdo con la doctrina jurídica procesal, se basa en la libertad del juzgador para establecer el valor de los medios de prueba con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

186. (viii) En el caso de que la oposición la presente la persona jurídica propietaria del inmueble objeto de la solicitud de restitución, se aplica el estándar cualificado de la buena fe exenta de culpa que exige demostrar (a) que obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de restitución; y (b) la realización de actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales, esto es, la conciencia y certeza de que el predio no fue despojado o abandonado arbitraria o forzosamente. Es un estándar de conducta calificado para todas las empresas opositoras que el juez de restitución de tierras debe valorar en detalle conforme a las circunstancias particulares de cada caso concreto. Lo anterior, sin perder de vista que, al no existir una tarifa legal de prueba para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, la persona jurídica deberá aportar para tal efecto todos los medios de prueba que sean pertinentes, útiles y conducentes.

187. (ix) Conforme al artículo 98 de la Ley 1448 de 2011, de la demostración de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa se deriva el reconocimiento de una compensación que no puede superar el valor del inmueble probado en el proceso, así como la posibilidad de que el juez autorice la celebración de un contrato de uso sobre el predio restituido cuando exista un proyecto agroindustrial productivo, en los términos del artículo 99 de dicha ley.

188. Dando aplicación a las anteriores sub-reglas, la Sala Plena concluyó que:

189. (i) El tribunal accionado no incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación del límite temporal del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, sino que interpretó esta norma de manera favorable a los derechos de reparación material de las víctimas -principios pro persona e in dubio pro víctima-, prefiriendo la interpretación según la cual existe un nexo de causalidad entre los hechos victimizantes anteriores a 1991, el miedo que ocasionaron y la enajenación del inmueble en vigencia del marco temporal (agosto de 1991).

190. En ese sentido, el Tribunal accionado no incurrió en dicho defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes (tiene efecto para todas las personas) de las sentencias C-052 y C-253 de 2012, pues si bien en la primera sentencia se declaró la constitucionalidad del límite temporal, y en la segunda se resolvió estarse a lo resuelto en la primera, en todo caso, con ello, la Corte no definió en sede de control abstracto de constitucionalidad todos y cada uno de los escenarios concretos de aplicación de la norma, lo cual sí es posible realizar en la solución de casos específicos. Por lo demás, es dado concluir que no hay lugar a declarar un defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos erga omnes (tiene efecto para todas las personas) de la Sentencia C-054 de 2016, comoquiera que las normas que regulan el trámite de restitución de tierras deben ser interpretadas de manera favorable a la víctima, mas no siguiendo una regla de interpretación gramatical, cuando esta representa un sacrificio de las garantías constitucionales.

191. Sumado a lo anterior, señaló la Corte que el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, dado que aplicó de manera razonable el concepto de despojo, los elementos de la titularidad del derecho a la restitución de tierras y la presunción de despojo por ausencia de consentimiento debido a la ocurrencia de violencia generalizada en la época que se celebró la compraventa por parte de los solicitantes y en la zona donde está ubicado el inmueble objeto de restitución.

192. (ii) ) Sin perjuicio de lo anterior, consideró la Sala Plena que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, por haber valorado en indebida forma y sin apego a las reglas de la sana crítica, los medios de prueba que demostraron que la sociedad accionante actuó conforme a los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio en el año 2008 y que, en consecuencia, debía ser titular del derecho a recibir las compensaciones previstas en la Ley 1448 de 2011, así como tener la posibilidad de que el Tribunal accionado autorizara la celebración de contratos de uso sobre el predio para la explotación de los proyectos agroindustriales productivos.

193. Esto, por cuanto, a pesar de que realizó actuaciones positivas encaminadas a averiguar sobre los antecedentes del predio objeto de restitución, la sociedad accionante no tuvo la posibilidad de conocer que este inmueble le fue despojado a la víctima antes de 1991. De esta manera, los elementos de prueba aportados en el proceso de restitución de tierras demuestran actos positivos de la sociedad accionante, que de haber sido examinados en su conjunto por el Tribunal accionado, hubieran cambiado el sentido de la decisión sobre la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa de la sociedad opositora.

194. Así, destacó esta Corporación que las circunstancias de violencia contra el propietario del predio anteriores a 1991 y acaecidas 17 años antes de que la sociedad accionante adquiriera el predio, no tenían como propósito el apoderamiento arbitrario del predio, sino la persecución por la afiliación del propietario del predio a un determinado partido político. En consecuencia, concluyó la Sala Plena que existen elementos probatorios suficientes en el proceso de restitución de tierras, en los que se prueba el actuar con honestidad, rectitud y lealtad de la sociedad accionante al momento suscribir la compraventa del predio objeto de restitución en el año 2008.

195. Sobre la base de las razones expuestas en la configuración del defecto fáctico, destacó la Sala Plena que a diferencia de otros casos en los que se ordena a la autoridad judicial accionada que analice nuevamente y en debida forma los elementos de prueba omitidos, en el presente caso se impone ordenar al Tribunal accionado que modifique parcialmente la motivación del fallo atacado, en el sentido de reconocer a la sociedad accionante (i) la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa; y (ii) como consecuencia de ello, ordenar al Tribunal accionado que defina el valor de las compensaciones en favor de la sociedad accionante, en los términos del artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y los parámetros indicados en este proveído, y que examine la posibilidad de autorizar la celebración de contratos de uso del predio para la explotación de los proyectos agroindustriales productivos de palma africana, conforme al artículo 99 de dicha ley.

196. Lo anterior, por cuanto, a la luz de la jurisprudencia constitucional, le es permitido al juez de tutela excepcionalmente definir el remedio constitucional, con el fin de garantizar la eficacia del amparo, y con respeto de los roles que desempeñan las instituciones competentes y la naturaleza del proceso de restitución de tierras y al no tener los jueces de restitución de tierras un órgano de cierre, el juez de tutela en sede de revisión puede dictar órdenes de fondo que corrijan el defecto en el que incurrió la autoridad judicial accionada y, por esa vía, aseguren el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,