AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 135446 del 01-02-2024
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO - REMITE AL DESPACHO COMPETENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | ATP158-2024 |
| Fecha | 01 Febrero 2024 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | T 135446 |
D.E.C.B.
Magistrado ponente
ATP158-2024
Radicación n° 135446
Acta 11.
Bogotá, D.C., primero (1°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencia planteada entre los Juzgados Segundo Penal Municipal Mixto de Rionegro (Antioquia) y Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, para asumir el conocimiento de la acción de tutela instaurada por A.E.O.M., en contra de Claro Soluciones Móviles – Comunicación Celular S. A. Comcel S. A., Directv Colombia Ltda. y Empresas Públicas de M.E.S.P.
HECHOS
A.E.O.M. radicó demanda de amparo para lograr la protección de sus derechos fundamentales de petición y hábeas data, presuntamente vulnerados por las accionadas, con sustento en que no han resuelto las solicitudes presentadas el 7 de noviembre de 2023, vía correo electrónico, por medio de las cuales requirió la eliminación de las anotaciones negativas en las centrales de riesgo por extinción de las obligaciones con ellas contraídas o la entrega de los soportes que acrediten los términos en que se efectuaron tales reportes.
ANTECEDENTES PROCESALES
- La demanda fue radicada en Rionegro (Antioquia) y, por reparto, correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal Mixto de esa localidad. En auto de 19 de enero de 2024, a voces de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el juez consideró carecer de competencia por el factor territorial, dado que, de acuerdo con lo informado por la actora en el encabezado del libelo[1], su domicilio está fijado en Bogotá, ciudad en la que se producen los efectos de la presunta vulneración de derechos fundamentales, al margen que hubiese reportado para efectos de notificación una dirección ubicada en Rionegro[2].
En consecuencia, ordenó remitir la acción constitucional ante el reparto de los juzgados municipales de Bogotá. Anticipó que proponía conflicto negativo de competencia, en caso de no acogerse su postura.
- Repartida nuevamente la acción de tutela, correspondió al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá que, en proveído de 23 de enero de 2024, manifestó no compartir los planteamientos del remitente, había cuenta que el domicilio de la actora es en: “Medellín” (sic), lugar escogido para radicar la demanda y registrado para efectos de notificaciones en las solicitudes que motivaron la interposición del mecanismo de amparo, pese a que en el encabezado del libelo señaló: “vecino (sic) de la ciudad de Bogotá D.C.”.
Destacó que no todas las accionadas se ubican en Bogotá, en especial Empresas Públicas de M.E.S.P......P. lo tanto, ordenó remitir el asunto ante esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado.
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el canon 16, inciso 2º, de la Ley 270 de 1996, y 139 del Código General del Proceso, esta Sala es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de una colisión de competencia suscitada entre dos juzgados penales municipales de diferente distrito: Antioquia y Bogotá, de los cuales es la superior jerárquica común.
De conformidad con los parámetros fijados por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 –modificado por el precepto 1º del Decreto 333 de 2021-, son competentes para conocer de la acción de tutela, «a prevención», los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar en el que ocurrió la violación o amenaza que motiva la presentación de la demanda. No se circunscribe de manera exclusiva a aquél en el que se produjo la acción u omisión que origina la solicitud de amparo, ni tampoco al domicilio de la entidad accionada, sino que se extiende al sitio en el que se proyectan los efectos de la presunta vulneración de las garantías invocadas.
Este sistema atributivo de competencia preventiva significa que los jueces con jurisdicción en cualquiera de estos lugares son competentes para conocer de la acción de amparo, uno de los cuales puede escoger libremente el demandante, sin que al juez elegido le sea dable alegar incompetencia por el factor territorial.
La Corte Constitucional ha señalado que la competencia geográfica se establece por el lugar en el que se presenta la vulneración de los derechos fundamentales o el sitio en el que se surtieren sus efectos, bajo el entendido que todos los jueces en el respectivo ámbito son competentes para conocer del amparo. Por tanto, cuando exista divergencia entre los dos criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, cuando el lugar de la trasgresión o amenaza difiere del de sus consecuencias, se confiere prevalencia a la elección del promotor. (CC A 012 de 2017 y CC A 041 de 2018).
Y esta Corporación ha precisado que, en aplicación de la expresa referencia al factor «a prevención», destacado normativamente como criterio rector para definir la competencia en materia de amparo, debe conocerla el funcionario judicial ante quien se formula la solicitud de protección constitucional, siempre que, claro está, de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. (CSJ ATP1176-2020, 10 nov. 2020 rad. 113594, CSJ ATP492-2021, 13 abr. 2021, rad. 115852, CSJ ATP558-2021, 27 abr. 2021, rad. 116334, CSJ ATP1677-2021. 21 oct. 2021, CSJ ATP785-2022, 2 jun. 2022, rad. 124251 entre otras).
En el presente asunto, el desacuerdo de las autoridades judiciales en contienda se centra en que el Juzgado Segundo Penal Municipal Mixto de Rionegro (Antioquia) considera que la competencia para conocer de la acción constitucional radica en Bogotá, bajo el entendido que la accionante señaló “ser vecina” de esa ciudad; mientras el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función...
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