AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55199 del 30-04-2019
| Sentido del fallo | ASIGNA COMPETENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 30 Abril 2019 |
| Número de expediente | 55199 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal Municipal de Aguachica |
| Tipo de proceso | DEFINICIÓN DE COMPETENCIA |
| Número de sentencia | AP1598-2019 |
P.S. CUÉLLAR Magistrada Ponente
AP1598-2019 Radicación N°. 55199 Acta 101
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
Define la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para continuar conociendo de las audiencias preliminares de «formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento», dentro del trámite que se adelanta contra C.J.O.P. por la posible comisión del delito de extorsión.
ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
1. El 13 de marzo del año en curso, la Fiscalía 14 Especializada del grupo para la investigación del delito de falso testimonio y delitos conexos, delegada contra la Criminalidad Organizada solicitó ante el Juzgado 3° Promiscuo Municipal de Aguachica – Cesar la realización de las audiencias de « formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento »[1].
2. Por su parte la Juez 3ª Promiscuo Municipal de Aguachica – Cesar ese mismo día, mediante auto resolvió declarar su falta de competencia para adelantar el trámite de las audiencias preliminares pedido por la fiscalía dentro de la investigación que se adelanta contra O.P., y dispuso remitir el expediente a esta Corporación, para que definiera el funcionario competente.
En el mencionado auto, la juez expuso que se debe tener en cuenta lo señalado en la decisión CSJ AP del 26 de octubre de 2011, R.. 37674, respecto de que la función de control de garantías «preferiblemente debe ser ejercida por el juez del lugar donde se cometió la conducta», y además que al momento de radicar las solicitudes de audiencia es imprescindible tener en cuenta un nexo de conexidad en el municipio que se pretende escoger para la realización de las diligencias, primando el factor territorial, lo cual ha sido señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en AP768-2018, R.. 52223, AP8007-2017, R.. 51663 y AP4740-2016.
Afirmó que en el caso bajo análisis, de acuerdo al formato único de noticia criminal el posible lugar de comisión de los hechos fue en Bogotá, la víctima S.B.G.P. reside en Barranquilla y el indiciado en San Alberto – Cesar, sin que se pueda determinar el lugar donde se realizó la conducta.
Tampoco expuso el ente acusador las razones que justifiquen la escogencia de esa sede para realizar las audiencias.
Por lo anterior, concluyó que la competencia para adelantar las diligencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento radica en los Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá (R).
CONSIDERACIONES
1. La Sala es competente para definir la controversia planteada en el presente asunto, de acuerdo con el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que están involucrados juzgados de diferentes distritos judiciales.
2. El artículo 39 de la Ley 906 de 2004, establece que cualquier juez penal municipal puede ejercitar la función de control de garantías.
A pesar de la amplitud del tenor de la citada disposición, esta Corporación ha expuesto pacíficamente que la fijación de la competencia, en materia de control de garantías no puede obedecer:
… al capricho o arbitrio del solicitante, sin parar mientes en el elemento territorial, que sigue siendo factor fundamental para el efecto, como fácil se extracta de la sola lectura contextualizada de la totalidad del artículo modificado, en cuanto, remite siempre al lugar de ocurrencia del hecho.
Solo en casos excepcionales, por motivos fundados, es factible que la audiencia preliminar sea solicitada y realizada por un juez distinto al que tiene competencia en el lugar del hecho (CSJ AP6115 – 2016 reiterada en CSJ AP8550 – 2017).
Esa posición ha sido justificada por la Corte con base en lo siguiente:
En su redacción original, el artículo 39 del estatuto adjetivo establecía que el control de garantías sería ejercido por «un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito», pero a partir de la modificación introducida por el canon 48 de la Ley 1453 de 2011, esta función corresponde a «cualquier juez penal municipal».
Según lo ha explicado la Sala, este cambio normativo no puede entenderse como una autorización a las partes para escoger, sin limitación alguna, el juzgado de garantías al que quieren acudir. Por ello, en materia de audiencias preliminares, de manera preferente deben respetarse las reglas atributivas de competencia en razón del territorio, pero éstas pueden exceptuarse si las circunstancias del caso concreto así lo aconsejan. La resolución de este tipo de controversias debe tomar como puntos de partida el principio de razonabilidad y la mayor protección posible de las garantías procesales de quienes puedan verse afectados con las decisiones a adoptar. (Cfr., entre otros, CSJ AP, 26 Oct 2011, R.. 37674).
Dicho criterio, fue reiterado recientemente en la decisión CSJAP4206 del 26 de septiembre de 2018, en la que se indicó:
«En AP4740-2016 se precisó que el trámite incidental en casos similares al que es objeto del presente estudio tiene como objetivo principal verificar «los motivos de razonabilidad -lugar de los hechos, lugar de la captura, existencia de medios probatorios y razones de urgencia- en los que se sustenta la escogencia del municipio donde se solicitó la intervención del juez de control de garantías».
Por tanto, de conformidad con la línea jurisprudencial reseñada, la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto a incidentes de definición de competencia en materia de audiencias preliminares se circunscribe a evaluar la razonabilidad de la escogencia del juez de control de garantías con base en situaciones excepcionales de cara al carácter prevalente del factor territorial (lugar donde presuntamente se cometió la conducta punible), tales como que la solicitudes atinentes a la libertad del procesado fue radicada ante una autoridad judicial de la misma especialidad ubicada en el lugar...
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