Capítulo II. El secreto y sus fundamentos legales
| Páginas | 39-64 |
39
El impErio dE la política
caPÍtulo ii
el secreto
y sus fundaMentos legales
La bibliografía norteamericana sobre los secretos del ejecutivo es abundan-
te. Al escribir las palabras secrecy, o bien ofcial secrets en el teclado del orde-
nador, la pantalla muestra no menos de cincuenta entradas. La lista se amplía
considerablemente si se busca por materias que parecen tener conexión direc-
ta con el secreto: «información gubernamental» o «privilegio del Ejecutivo»,
por ejemplo; y se hace inabarcable si los criterios de parentesco temático se
ensanchan: así, «libertad de información» y «censura previa», o bien «Servi-
cios de Inteligencia» y «operaciones encubiertas». Aclaro de inmediato que el
ordenador a mi disposición es el de la biblioteca de una Facultad de Derecho
(Boalt Hall) cuya base de datos, en el programa que utilizo, incluye solo el
fondo bibliográco de la misma. No hablo de lo que está disponible para con-
sulta en la biblioteca central de la Universidad (la de California, en Berkeley),
donde, según revela también la pantalla del ordenador, la aproximación a
las cuestiones del secreto es —por utilizar una imagen de Borges— más bien
babélica.1
La bibliografía sobre el secreto parece haberse producido por oleadas.2 El
interés por la dimensión constitucional del problema emerge tímidamente a
nales de los años cincuenta, explota a mediados de los setenta y se apaga lue-
go para resurgir con cierto ímpetu como una reacción del mundo académico
ante las prácticas de la Administración Reagan. Si esta impresión es acertada,
podrían tomarse como punto de partida las siguientes armaciones:
a) La preocupación por el secreto no se remonta más allá de la Se-
gunda Guerra Mundial.
1 Para situar la cuestión en sus justas proporciones, hay que añadir que al menos una
decena de las entradas se reeren a los problemas del secreto fuera de Estados Unidos,
y especialmente en el Reino Unido. Además, del listado habría que excluir, a nuestros
efectos, aquello que se reere a los secretos comerciales (trade secrets) y al secreto
profesional.
2 Esa es, al menos, la impresión que extraigo de un examen detenido del libro de James
R. Bennet (ed.), Control of Information in the United States. An Annotated Bibliography
(Westport, Meckler Corp., 1987), donde en sus casi 600 páginas se incluyen no menos de
150 epígrafes, entre ellos secrecy, censorship, disinformation, deceit, presidential secrecy, etc.
40
Miguel Revenga Sánchez
b) Los primeros atisbos de los problemas del secreto aparecen una
vez diseñado el marco legal que lo sustenta, cuando se cobra con-
ciencia de que el secreto se ha incrustado con toda naturalidad en
los esquemas del gobierno norteamericano.
c) El secreto se convierte en un problema central —no ya solo mo-
tivo de preocupación entre determinadas élites— cada vez que su
uso encubre acciones que vulneran el marco legal, o que solo dudo-
samente encajan en él, lo que provoca un movimiento pendular en
favor de la apertura y el control en el que el Congreso, presionado
por la opinión pública, acaba por asumir el protagonismo.
Cada una de las anteriores armaciones necesita, sin duda, de puntuali-
zaciones y matices. Tomadas en su conjunto, pueden inducir a pensar que el
problema del secreto es «agua pasada» y que su estudio denota tan solo fasci-
nación por determinados episodios de la historia norteamericana a los que el
paso del tiempo ha restado todo interés. Esto último, como todo, es opinable.
Al n y al cabo, cuando se acota un ámbito de estudio, uno de los impulsos
que alientan a llevarlo a término es el pensar que, en efecto, importa. Pero que
la cuestión del secreto no es «agua pasada» en la política norteamericana es
fácil de demostrar. Fijémonos en un par de indicios.
Primero: la discusión del presupuesto federal para el año 1995. El proyecto
continúa incluyendo un apartado conocido con el nombre de «presupuesto
negro» (black hudget), sustraído a los canales ordinarios de discusión y aproba-
ción por el Congreso, y destinado a cubrir gastos secretos en asuntos militares
y de inteligencia. La Administración Clinton ha mantenido esta costumbre,
pese a las demandas para suprimirla procedentes de determinados sectores
de su propio partido. El «presupuesto negro» prevé gastos que alcanzan casi
un dos por ciento del billón y medio de dólares presupuestado.3
Segundo: las distintas iniciativas, actualmente en curso, procedentes de los
poderes ejecutivo y legislativo, para modicar las bases legales del secreto.
Las promesas de Clinton de practicar un estilo de gobierno más abierto que el
de sus predecesores cuajaron en octubre de 1993 en una instrucción, dirigida
a todos los funcionarios públicos, para que la tramitación de las demandas
de información al amparo de la Freedom of Information Act, se realizara de la
forma más expeditiva posible y alumbrada por el criterio de la publicidad,
salvo que lo solicitado cayera claramente bajo alguna de las excepciones esta-
blecidas en la ley. La instrucción suprimió otra anterior, dictada en 1981 por el
presidente Reagan, en la que el criterio era el opuesto: no acceder a las deman-
das siempre que hubiera fundamento legal.4 La Administración Clinton tiene,
3 Aclaro de inmediato que he escrito bien, o eso espero, «billón», reriéndome a un millón
de millones, es decir, lo que en Estados Unidos se llama un trillón (trillion) (New York
Times, 8 de febrero de 1994, p. A 13). Bien es verdad que el redactor de la noticia añade
con ironía que «el cálculo del destino del presupuesto negro es uno de los deportes que
anualmente se practican en Washington», y que los resultados de tales cálculos vienen
siendo objeto de publicación, lo que ha llevado a decir que el destino de las partidas
incluidas en aquél «es uno de los secretos peor guardados».
4 Aunque parezca un juego de palabras, quien esté mínimamente familiarizado con las
prácticas administrativas de interpretación de la ley, comprenderá la importancia de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba