Conclusiones
| Autor | Miguel Andrés López Martínez |
| Páginas | 183-188 |
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Conclusiones
Comenzamos esta aventura inquietos por conocer los alcances de la declara-
toria del por el desplazamiento forzado en 2004 sobre el papel de las au-
toridades responsables y el proceso de la política pública. Nuestra perplejidad
aumentó al evidenciar que un fallo tan polémico y singular como este no logró
resolver un problema enquistado en nuestra historia, y nuestras inclinaciones
académicas previas nos llevaron a pensar que la institución de la responsabi-
lidad estatal podría brindar algunas soluciones a uno de los tantos problemas
surgidos con el desplazamiento: la deciente reparación de sus víctimas.
Nuestra curiosidad por encontrar algún vínculo entre la declaratoria del
y los fallos del Consejo de Estado por responsabilidad estatal aumentó cuando
encontramos que la T-025 tuvo un impacto simbólico representado en el cam-
bio del discurso de la sociedad en general y de las prioridades académicas de los
investigadores sociales en particular, pero además, cuando comprendimos que
la tiene el alcance potencial de ofrecer reparación en términos de mayor
compromiso de las autoridades ante una decisión condenatoria y respeto por
el derecho a la verdad, por cuanto implica un juicio sobre la conducta de las
mismas. En este punto descubrimos que nuestra búsqueda giraba en torno a
la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario que un juez como el Consejo de
Estado busque apoyo en los académicos que han estudiado el desplazamiento
forzado para denir las pretensiones de reparación formuladas por la PSD, en el
marco de acciones que persiguen la declaración de responsabilidad estatal?
La búsqueda de una respuesta nos llevó a explorar los alcances de los ele-
mentos de la en el contexto del desplazamiento, a través de un proceso
que desarrollamos a partir de algunas preguntas de partida. La primera de
ellas se relacionaba con los argumentos que desarrolló el Consejo de Estado para
denir las pretensiones de REPE por DEFO, formuladas por las víctimas en acciones
de grupo y de reparación directa. Estudiamos principalmente cuatro fallos del
Consejo de Estado que seleccionamos teniendo en cuenta su contenido, el tipo
de procedimiento que denían y el tiempo en el que habían sido proferidos.
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