Conclusiones finales
| Autor | Caterina Heyck Puyana |
| Cargo del Autor | Abogada y Colegial, Universidad del Rosario |
| Páginas | 439-456 |
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Conclusiones inales
Una vez terminada esta investigación, y tras haber recorrido el camino propuesto por Johan Galtung, la gran conclusión inal corresponde a una fórmula de acuerdo humanitario acorde con el Derecho Internacional y con los postulados de la Investigación para la Paz. Esta propuesta, que a su turno se estructura en la validación de las cinco hipótesis, en el cumplimiento de los objetivos y en la respuesta a las preguntas iniciales, arroja además otras conclusiones paralelas, las cuales también se presentan toda vez que pueden ser útiles para los investigadores de la paz, del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.
A continuación se exponen las principales conclusiones en relación con las cinco hipótesis presentadas al inicio de la investigación.
1. El secuestro en Colombia es una de las más crueles manifestaciones de la degradación y deshumanización del conlicto armado. Las cifras sobre número de secuestrados, las condiciones de cautiverio que padecen los cautivos, la indolencia de los secuestradores, la indeinida prolongación del cautiverio –que en algunos casos supera los 12 años– y la indiferencia tanto del Gobierno como de la sociedad civil colombiana lo demuestran.
En Colombia el problema del secuestro es de una magnitud enorme. No sólo en lo que tiene que ver con las cifras (más de 23.000 secuestros entre 1997 y 2006), sino también por las condiciones que deben padecer los secuestrados: violencia contra su integridad física y sicológica, así como contra sus familias; hambre; enfermedades; pérdida de la libertad (los militares y policías llevan cadenas permanentemente); hacinamiento; inactividad mental; olvido; silen-
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cio (algunos secuestrados permanecieron años sin hablar con nadie); incertidumbre; soledad; separación de los seres queridos; incomunicación; etc. El secuestro es, en palabras de muchos ex secuestrados, una verdadera “barbarie”.
El número de personas que han sido secuestradas y el hecho de que hoy día haya seres humanos que literalmente se están “pudriendo en las selvas” de Colombia, luego de más de 12 años de cautiverio, releja una realidad de indiferencia gubernamental y el nivel de degradación del conlicto armado. Peor aún, la “manipulación” de las cifras oiciales de secuestro y el manejo político de la información pública sobre la realidad del secuestro, en la que se indica una supuesta reducción del número de secuestrados y se esconde la verdad sobre los desaparecidos, es deleznable.
En Colombia comúnmente se distingue entre secuestrados políticos y secuestrados económicos; sin embargo, la legislación penal distingue entre tres clases: secuestro simple, secuestro extorsivo y toma de rehenes. Esta última corresponde a la retención de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, en relación con el conlicto armado. Por eso, desde el punto de vista jurídico, los civiles secuestrados por las FARC por motivos económicos corresponden a esta última categoría, así como también los políticos. Los miembros de las Fuerzas Militares, soldados y policías, no corresponden a la igura de rehenes.
Al margen de esta clasiicación jurídica, el término genérico de secuestrados políticos o de canjeables tiene que ver con aquellas personas por cuya libertad la guerrilla de las FARC no exige el pago de una suma de dinero, sino un acuerdo de intercambio con el Gobierno, a través del cual a cambio de su libertad saldrían de la cárcel miembros de la subversión.
La situación de los llamados secuestrados políticos es más dramática, debido a que son coninados en las selvas de Colombia, en las llamadas “cárceles del pueblo”, cuyas condiciones son realmente infrahumanas. Su libertad, su vida y su suerte están ligadas al desarrollo de la guerra y a la voluntad de diálogo o falta de ella. Son víctimas directas del conlicto armado interno colombiano. Padecen en carne propia los bombardeos del Ejército, viven bajo el asedio de la confrontación armada; cuando no están recluidos en las miserables cárceles, son sometidos a largas caminatas para escapar del asedio de las Fuerzas Militares.
Pero así como los secuestrados están sin libertad por la fuerza violenta de la guerrilla, la mayoría de sus miembros también lo están, bien a la fuerza, o
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bien por la “fuerza de las circunstancias”. Según los ex secuestrados y el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, un gran número de guerrilleros son menores de edad que ingresan a la guerrilla por falta de oportunidades. Como bien lo describen los tres norteamericanos, los guerrilleros parecen “niños disfrazados para el Halloween”, que portan armas y visten de camulado y, como lo cuenta el ex diputado Sigifredo López, a veces juegan con carritos. El caso de “Comidita” que reiere Oscar Tulio Lizcano es sintomático: este guerrillero entró muy pequeño a la guerrilla por física “hambre”, su apodo se lo dieron porque sufría de ella, se comía las lentejas crudas y el aceite, pero un día lo atraparon intentando escapar y por eso los comandantes dieron la orden de “degollarlo”.
Los guerrilleros rasos, al igual que los secuestrados, carecen del derecho a la libertad. Son tan colombianos como los segundos, sólo que son caliicados como “malos”; el Estado jamás les ha ofrecido lo mínimo, tan sólo les ofrece el programa de reinserción, pero no tiene políticas para “prevenir su inserción en la guerrilla”. Lo irónico es que al igual que el Gobierno sólo plantea para los secuestrados el rescate militar, y para los guerrilleros la deserción, ambas alternativas en la realidad implican un gran riesgo para sus vidas. Es un hecho que los operativos de rescate ponen en peligro la vida y la integridad de los cautivos y que existe la orden en la guerrilla de matarlos en caso de que un operativo de esta índole se presente; también lo es que en la guerrilla la deserción es castigada con pena de muerte.
Si como por órdenes de la comandancia de las FARC, los guerrilleros tienen prohibido conversar y entablar relación con los secuestrados, pues en su criterio esto posibilitaría su liberación, lo mismo puede decirse a nivel superior con la falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno con las FARC. Sin duda, a mayor diálogo mayores posibilidades de libertad tiene un secuestrado. Así como Óscar Tulio Lizcano fue liberado por su propio secuestrador, luego de entablar una relación de acercamiento humano con el último comandante de su frente, alias Isaza, la mayoría de los que han salido libres, lo fueron gracias al diálogo y al entendimiento.
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2. A nivel nacional e internacional existen numerosos antecedentes de negociación y de rescate militar de secuestrados. Los casos de resolución del secuestro a través del diálogo y la negociación son los que mejor han protegido y garantizado los derechos a la vida y a la integridad de los cautivos.
Después de echar un vistazo a los antecedentes de negociación y rescate militar de secuestrados en el mundo y en Colombia, la gran conclusión es que la vía del diálogo y la negociación es el camino indicado para lograr con éxito el in del secuestro, el cual garantiza el derecho a la vida y a la integridad de los cautivos. Ningún antecedente de rescate militar, salvo la Operación Jaque, concluyó sin pérdidas humanas. Desde los fallidos rescates de los deportistas olímpicos en Munich, donde murieron 11 atletas israelíes, lo que además generó una cadena de venganza –la operación “Cólera de Dios”–, pasando por la Operación Entebbe en Uganda, que terminó con la vida del hermano del primer Ministro Benjamín Netanyahu y la de tres rehenes; por el desenlace de la toma de la Embajada de Perú, que conllevó la muerte de un magistrado; la toma del teatro de Moscú, que dejó centenares de muertos, y el desenlace inal de la toma del colegio público de Beslán, en Osetia del Norte, con más de 400 muertos, la mayoría de ellos niños, todos los antecedentes de rescates militares de secuestrados han sido fatales.
En Colombia, el único antecedente que no dejó muertos fue la Operación Jaque. El 2 de julio de 2008, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos y 11 miembros de la Fuerza Pública recuperaron su libertad tras largos años de cautiverio. En palabras de la liberada, la operación fue “perfecta”, nadie murió. El Ejército capturó a dos comandantes del respectivo frente. Aun cuando estos hechos fueron presentados como una operación militar, la verdad sobre lo que realmente sucedió es desconocida. Todo parece indicar que fue una negociación secreta entre el Gobierno y los dos comandantes, a quienes el secretariado de las FARC caliicó como “traidores”. Después vino la extradición de uno de ellos a los Estados Unidos, cuyo gobierno tuvo una participación importante en el diseño y la ejecución de la operación.
Al margen de si fue o no una negociación encubierta, una operación militar o “humanitaria”, como también se le ha denominado, lo cierto es que el Ejército indebidamente utilizó el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual constituyó una violación al Derecho Internacional Huma-
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nitario, que además tuvo repercusiones en la imagen de neutralidad de dicho
organismo, al igual que en la de otras organizaciones humanitarias.
Los antecedentes de negociación en Colombia demuestran que dependiendo del peso político de la víctima de secuestro, los gobiernos han aceptado el camino de la negociación. Tal fue el caso del secuestro de los diplomáticos en la toma de la Embajada de República Dominicana, del secuestro del ex Ministro Fernando Londoño Londoño, del hermano del Secretario General de la OEA, de Francisco Santos, quien fuera luego Vicepresidente de la República, por...
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