Introducción
| Autor | Caterina Heyck Puyana |
| Cargo del Autor | Abogada y Colegial, Universidad del Rosario |
| Páginas | xix-xxxiii |
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Introducción
Esta investigación recoge años de trabajo, dedicación y compromiso con la libertad de los secuestrados en Colombia. Hay quienes orientan sus esfuerzos en luchar por determinados derechos del ser humano: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, a expresarse y participar, en in. En este caso, la motivación ha sido el derecho a la libertad, quizá por considerarlo el más fundamental del hombre y de la mujer, por no concebir la existencia sin ella, ni a los seres queridos, o por haber nacido en un país donde fácilmente se pierde como consecuencia de un conlicto armado, enraizado en la historia y en el alma de los colombianos.
En el secuestro la persona es tratada como una cosa, como una mercancía, como un medio para conseguir un in, y no como un in en sí mismo. Por esto, la pérdida de la libertad es aún más denigrante y dolorosa toda vez que despoja al ser humano de su intrínseca dignidad. En Colombia, es el síntoma más evidente de la degradación del conlicto armado y de la indiferencia del Gobierno y de la sociedad.
El secuestro es considerado hoy en día como un problema global debido a la gravedad de la violación a los derechos humanos que comporta, pero también porque ha llegado a trascender los intereses nacionales. Muchas veces las víctimas son de nacionalidad distinta a la del país donde se encuentran plagiados. Con frecuencia, los secuestradores en su accionar traspasan fronteras, y fenómenos como el de la piratería en el océano Índico ponen en jaque el comercio internacional y grandes empresas pesqueras, comprometiendo diferentes gobiernos y organizaciones.
En el mundo, Colombia lleva la delantera en ser uno de los países con los más altos índices de secuestro y tener el conlicto armado interno más largo en la historia contemporánea. Llevamos más de medio siglo en una guerra, en la que diferentes grupos armados han sido protagonistas: disímiles grupos
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guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, Ejército de Liberación Nacional - ELN, Ejército Popular de Liberación - EPL, Movimiento 19 de Abril - M-19, entre otros) y grupos de autodefensas o paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC). Todos estos grupos han sido responsables de un sinnúmero de secuestros, tanto por razones económicas como políticas. Así mismo, dentro del escenario de la violencia colombiana también tenemos otros actores que han recurrido a la execrable práctica del secuestro: los narcotraicantes, la delincuencia común y, lo peor de todo, corruptos miembros de organismos de seguridad del Estado, delincuentes activos de la Policía, del Ejército y de la Fiscalía General de la Nación.
El secuestro en Colombia hunde sus raíces en el conlicto armado, en sus causas, desarrollo y consecuencias. Está ligado también a las distintas iniciativas de paz que se han dado en el transcurso de la historia, bien sea porque generó acercamientos y conversaciones, o bien porque implicó la terminación de importantes tentativas de diálogo. Por esto, el estudio del secuestro no puede ser ajeno a la problemática del conlicto armado, así como tampoco al estudio de la paz en el país.
La complejidad del secuestro radica no sólo en la fragilidad del derecho que lesiona y el hecho que permanentemente amenaza la violación de otros derechos como el de la vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, y tantos otros, sino que el planteamiento de su solución implica un dilema de múltiples connotaciones éticas, políticas y jurídicas. La simple censura y condena penal del delito de secuestro no es suiciente para lograr el objetivo esperado de libertad de la víctima. Si ella es tratada como mercancía, el dilema está en aceptar o no el chantaje de los victimarios y ceder. Distintos principios ilosóicos y políticos entran en juego, de ahí la complejidad.
Por lo anterior, el caso colombiano resulta muy interesante de analizar. No sólo debido a la multiplicidad y variedad de actores, sino porque allí el secuestro es expresión de la violencia en todas sus formas: directa, estructural y cultural. Además, porque su solución va de la mano de aquella que busca la humanización del conlicto armado interno. Sin duda, la utilidad de este modelo de análisis también extiende sus límites más allá de Colombia y sus fronteras, porque así como el secuestro es considerado un problema global,
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los positivos pasos que hacia la libertad lleguen a darse en el país pueden ser replicados también en otras partes del mundo.
El objeto de esta investigación, titulada Derecho Internacional, Acuerdo Humanitario y resolución pacíica del secuestro es, como su nombre lo indica, el secuestro, tomando como modelo de análisis el caso colombiano, en especial lo que ha sido el secuestro político y la campaña por la realización del llamado canje, acuerdo de intercambio, o acuerdo humanitario para lograr la liberación de personas en poder de la guerrilla de las FARC.
El secuestro consiste en la privación de la libertad o la aprehensión ilegal de una persona, sin su consentimiento, mediante el empleo de la violencia, la amenaza de violencia, y/o fraude o engaño, reteniéndola en un lugar donde no puede ser encontrada, con el in de obtener beneicios económicos, políticos o de otro tipo. Su deinición en la normatividad vigente se desarrolla en el correspondiente capítulo; sin embargo, es pertinente, por lo pronto, hacer una diferenciación entre lo que signiica, por un lado, el secuestro económico, y por otro lado, el secuestro con ines políticos, para de esta manera delimitar el objeto principal de análisis de esta obra, que es el secuestro político y el acuerdo humanitario.
Así como todo secuestro implica un complejo análisis de alternativas para solucionarlo, el secuestro político, a diferencia del secuestro económico, tiene descartada la posibilidad del pago de un rescate o suma de dinero a cambio de la libertad del secuestrado. En éste la complejidad del problema es mayor. La dependencia y vinculación con el conlicto armado es más fuerte, de suerte que su resolución está íntimamente ligada a los esfuerzos por la humanización de la guerra y la reconciliación.
La campaña por el acuerdo humanitario en Colombia es entendida como aquella por la cual se presiona la realización de un canje de guerrilleros presos por secuestrados políticos. Las FARC, así como otros grupos armados ilegales, además de utilizar el secuestro como instrumento de inanciación, empezaron a servirse de él como estrategia de presión política. El máximo líder de las FARC, fundador y anterior comandante general, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiroijo, estableció como propósito fundamental de esta guerrilla, la consecución de una ley de canje que permitiera la excarcelación de sus combatientes a cambio de la liberación de miembros de la Fuerza Pública
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y personas en su poder, que además les reportara el beneicio consecuente de un reconocimiento de beligerancia.
Para lograr este objetivo las FARC empezaron a realizar, desde el año de 1997, diversas tomas a bases militares y policiales en las que capturaron a numerosos miembros de la Fuerza Pública, con lo cual comenzaron a presionar la expedición de una ley de canje. Ante la ausencia de respuesta y la aparente falta de interés del Gobierno para lograr la liberación de sus soldados y policías, la guerrilla decidió ampliar la estrategia y secuestrar a personalidades políticas. El primer político en caer secuestrado como tal fue Luis Eladio Pérez, el 10 de junio de 2001. Antes de él fueron secuestrados dos políticos, pero al parecer por otras motivaciones. Fueron éstos el ex senador Oscar Tulio Lizcano y el ex Ministro Fernando Araújo, en agosto y en diciembre del año 2000, respectivamente, en plena vigencia del proceso de paz y la zona desmilitarizada del Caguán.
Después del secuestro de Luis Eladio Pérez perdieron su libertad el gobernador del Meta, Alan Jara, secuestrado cuando se transportaba en un vehículo oicial de las Naciones Unidas, el 15 de junio de 2001, y la representante a la Cámara Consuelo González de Perdomo. Luego fue el famoso secuestro masivo del ediicio Miralores, ubicado en Neiva, capital del departamento del Huila (cerca de Bogotá) el 26 de julio de 2001, en el que las FARC se llevaron a 15 personas, entre ellas los dos hijos y la esposa del ex senador Jaime Lozada, Gloria Polanco, quien...
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