Introducción
| Autor | Juan Pablo Muñoz Onofre |
| Páginas | 1-8 |
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El origen de mi interés por el estudio de la problemática territorial de las poblaciones indígenas se remonta al año 2009. Fue en aquel entonces cuando en el marco de mi último semestre académico como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y más precisamente en mi condición de colaborador en la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, dirigida desde entonces por la Dra. Gloria Amparo Rodríguez, que tuve la oportunidad de experimentar un primer acercamiento a esta temática desde un punto de vista académico.
Mi aporte al proyecto sobre conflictos ambientales que en ese momento concentraba los esfuerzos de la línea de investigación, consistía en el análisis de los expedientes de algunos procedimientos de licenciamiento ambiental adelantados por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –mavdt–, en los que la ejecución de proyectos, obras o actividades planteaban conflictos con comunidades afectadas por los mismos, entre ellas, los pueblos indígenas. Dicho análisis contemplaba, entre otros aspectos, el de la documentación relativa a los diferentes estudios ambientales, los conceptos técnicos, las actas suscritas como memoria de los mecanismos de participación ambiental, así como los actos administrativos de trámite y decisorios propios de estos procedimientos.
Fue en el marco de este ejercicio en el que, al ver de primera mano el inquietante número de conflictos ambientales originados por la implementación de proyectos de desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas, surgieron en mí algunas primeras claridades y cuestionamientos. Intuí en aquel momento haber identificado el escenario decisorio determinante en el desconocimiento de los derechos de estas comunidades en mi país. Esta impresión, junto con el que fuera en adelante un creciente interés por las cuestiones y problemáticas indígenas fueron un año más tarde la semilla del problema de investigación que opté por abordar iniciando mis estudios en la Maestría en Derecho Administrativo de esta universidad, cuyos resultados se recogen en la presente publicación.
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Partiendo de allí y luego de avanzar en la revisión de algunos de los textos que componen la inmensa literatura existente sobre los asuntos indígenas, mi visión sobre los procedimientos de licenciamiento ambiental, cuyo estudio en tanto escenarios de las disputas territoriales con los pueblos indígenas se constituía hasta ese momento en el interés central de mi proyecto de investigación, comenzó a ser parte de una comprensión mayor del problema. Estas disputas territoriales, cuyos rasgos ambientales, principalmente técnicos y procedimentales, en los casos de la implementación de proyectos, obras o actividades, evidenciaban los expedientes de licenciamiento, entendí pronto, demandaban para su integral comprensión ser articuladas al estudio de las dinámicas jurídicas e institucionales, en el marco de las cuales las mismas se generan y desarrollan.
Ello permite en este punto anunciar y a la vez justificar ante el lector la exposición cronológica que advertirá se privilegia en este texto. En efecto, las dinámicas jurídicas e institucionales mencionadas han respondido a las transformaciones experimentadas por el Estado colombiano en distintos momentos de su historia. El abordaje con esta perspectiva permite entonces entender de qué manera los escenarios en que se adelantan las disputas por el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales indígenas no han sido siempre los mismos o no se han articulado entre ellos de la misma manera.
Ahora, no siendo este un texto de contenido histórico, la mirada propuesta comprende una aproximación a los antecedentes coloniales y republicanos de estas disputas, pero se detiene en la caracterización de aquellas en torno al reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que se encuentran enmarcadas en las transformaciones políticas, institucionales y normativas producidas en el país tras la aprobación de la Constitución Política de 1991. Si bien este último hecho, tal como se deja en claro en varios apartes del texto, no puede ser entendido como el momento coyuntural a partir del cual se justifiquen, ni el posicionamiento político que hoy se puede afirmar ostentan dichos pueblos, ni los avances en titulación de tierras...
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