Introducción
| Autor | Omar Huertas Díaz |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia |
| Páginas | 17-19 |
INTRODUCCIÓN
El 22 de julio de 2020 se sancionó el Acto Legislativo N° 01 por medio del cual
se modi có el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, lo que signi ca
la supresión de la prohibición de la pena de prisión perpetua dando posibilidad a la
prisión permanente revisable. Esto último para quienes cometan los delitos de homi-
cidio doloso y acceso carnal violento o en incapacidad de resistir contra niños, niñas
y adolescentes. Lo anterior, según aquellos que de enden la medida, corresponde a la
escalada de violencia contra esta población siendo necesaria la instauración de penas
severas (Vergara, 2020). Con dicha modi cación, en el 2021 se sancionó la Ley 2098
por medio de la cual se reglamentó la prisión perpetua revisable. Sin embargo, como
se verá en la obra, esta medida ha sido objeto de gran controversia en tanto desconoce
los límites del ius puniendi del Estado, por lo que diferentes sectores alzaron su voz
respecto a la inconstitucionalidad de la medida.
La pretensión de instaurar la pena perpetua en Colombia va en contra de la
tradición que la excluía del ordenamiento penal y constitucional, siendo muestra de
ello su prohibición expresa en la Constitución de 1991. Aunque en muchos países
se opta por la humanización de la sanción penal siendo en algunos casos la pena de
prisión perpetua una medida opcional a la pena de muerte, Colombia se aleja de esta
tendencia instaurando un derecho penal cada día más severo. Lo anterior es evidente
en el establecimiento de este tipo de medidas y en la exibilización de la garantía de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Valga recordar que en
el Código Penal ya se encuentran penas en extremo largas, por ejemplo, de 60 años en
los casos de concurso, situación que en la práctica la hacen perpetua.
Los grupos descontentos por los altos índices de violencia e inseguridad se han
alzado y solicitado medidas para su protección. A estos reclamos, el legislador ha
respondido de manera sistemática con el endurecimiento de medidas sin observar las
consecuencias a nivel social y económico. El populismo punitivo es una tendencia en
la legislación y política colombiana. En múltiples ocasiones, la Corte Constitucional y
diferentes organizaciones de derechos humanos han reconocido la crisis del sistema
penitenciario como resultado del enfoque de la política criminal colombiana: puniti-
vista, populista e inobservante de derechos. Esta situación ha llevado a la declaratoria
del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, reivindicado en tres
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