Los mandarines del derecho. El trabajo jurídico pro bono en perspectiva comparada
| Autor | Daniel Bonilla |
| Cargo del Autor | Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes |
| Páginas | 29-133 |
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LOS MANDARINES DEL DERECHO
El trabajo jurídico pro bono
en perspectiva comparada
Daniel Bonilla1*
I. INT RODUCC IÓN
En las democracias liberales los abogados tienen responsabilida-
des sociales que están directamente conectadas con el derecho
al acceso a la justicia. El contenido básico de este derecho exige
que los ciudadanos tengan la posibilidad de acudir a las instan-
cias judiciales y administrativas del Estado para hacer efectivos
sus derechos2. Este contenido básico se puede descomponer
1 Daniel Bonilla, profesor de la Universidad de los Andes y director del
GDIP
,
diseñó y dirigió el proyecto de investigación.
2 De acuerdo con Mauro Capelleti y Bryant Garth: “[…] el derecho a un acceso
efectivo [a la justicia] se reconoce cada vez más como un derecho de impor-
tancia primordial […], ya que la posesión de derechos carece de sentido si no
existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso a la justicia se puede
considerar, entonces, como el requisito más básico —el ‘derecho humano’
más fundamental— en un sistema legal igualitario, que pretende garantizar
y no solamente proclamar los derechos de todos”. Véase Mauro Capelleti y
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en varias aristas que se materializan de diversas formas3: des-
de presentar y controvertir las pruebas de un proceso, hasta
solicitar un traductor cuando no se habla el idioma en el que
se conduce el juicio, pasando por la posibilidad de que un
abogado represente sus intereses ante las instancias judiciales
y administrativas estatales4. El derecho al acceso a la justicia es
fundamental en un estado liberal: tiene como objetivo garan-
tizar que los ciudadanos puedan defender jurídicamente sus
intereses y lograr su inclusión plena en la comunidad política.
Por un lado, busca que los ciudadanos puedan ejercer
efectivamente su autonomía y, por tanto, escoger, modificar y
materializar los proyectos de buen vivir que consideran apro-
piados5. Los derechos en una democracia liberal tienen como
objetivo central proteger las diversas dimensiones mediante
las cuales se concreta la autonomía individual6. El derecho
al acceso a la justicia permite que los individuos acudan a un
Bryant G. Garth, El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mun-
dial para hacer efectivos los derechos, 12-13 (México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1996).
de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz y C-1177 del 2005, M. P. Jaime Córdoba
Triviño.
4 Estas aristas aparecen en los tratados internacionales que reconocen el de-
recho. Por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10
de diciembre de 1948, G. A. Res. 217 (III) A, U. N. Doc. A/
RES
/217(
III
),
16 de diciembre de 1966, Tratado Doc. n.º 95-20, 6 I.L.M. 368 (1967), 999
ción Americana sobre Derechos Humanos, 1144 U.N.T.S. 143, artículos 2, 7
y 8, entre otros.
5 Sobre la relación entre el sujeto autónomo y el liberalismo, véase Jeremy Wal-
dron, The Theoretical Foundations of Liberalism, en Etische Und Politische
Freiheit 226-227 (Julian Nida-Rumel y Wilhelm Vossenkuhl eds., Nueva York-
Berlín, Walter de Gruyter, 1998).
6 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
57 (Oxford, Clarendon Press, 1996).
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tercero imparcial para resolver los conflictos que tienen con
terceras personas7. Si no se puede acceder a las instancias ad-
ministrativas y judiciales creadas por el Estado para tal fin, los
derechos en disputa no podrán protegerse; si el diseño, proce-
dimiento y resultados de estas instituciones no son correctos,
ágiles y oportunos, los derechos serán solo reglas o principios
de papel, no reglas y principios jurídicos en acción. El acceso
a la justicia, por tanto, tiene consecuencias en la esfera privada
de una sociedad liberal. Este derecho protege la capacidad que
tienen todas las personas de crear y materializar sus identidades
individuales y colectivas. Los conflictos irresueltos impiden u
obstaculizan que esto suceda y, por ende, no permiten que las
personas puedan concretar sus potencias como agentes morales.
Por otro lado, el derecho al acceso a la justicia tiene como
objetivo garantizar que ningún miembro de la comunidad
política quede excluido o en las márgenes de la esfera pública
y que todos puedan participar efectivamente en la órbita po-
lítica8. La tradición contractualista, central en la justificación
de las democracias liberales modernas, hace explícito este ar-
gumento de manera vigorosa 9. En el estado de naturaleza no
hay certeza sobre cómo deberían resolverse los problemas que
afectan la vida, integridad o propiedad de los individuos. En
este, además, los problemas se resuelven través de la violen-
cia 10. El tránsito del estado de naturaleza al estado civil tiene
como uno de sus objetivos centrales la creación de un tercero
imparcial que pueda resolver pacíficamente los conflictos entre
7 Jorge A. Marabotto Lugaro, Un derecho humano esencial: el acceso a la jus-
ticia, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 291 (2003).
8 Víctor Abramovich, Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en
la esfera política, 9 Revista Estudios Socio-Jurídicos 9, 10 (2007).
9 David Boucher y Paul Kelly, eds., The Social Contract From Hobbes to Rawls
(Nueva York, Routledge, 1994).
10 Thomas Hobbes, Leviatán 127-132 (Buenos Aires, Losada, 2003) y John
Locke, Dos ensayos sobre el gobierno civil 205-213 (Buenos Aires, Espasa
Calpe, 1991).
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