Presentación
| Autor | Carlos Andrés Zambrano Sanjuán |
| Páginas | 15-30 |
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PRESENTAC IÓN
Un tema ya clásico del derecho consiste en la necesidad y la
forma en que el poder puede ser limitado, en que se le puede
controlar y, además, al que se le pueda hacer resistencia, oposición,
confrontación. Desde la antigüedad, en la Grecia Clásica con
Sófocles y su obra Antígona, o Esquilo y su mito de Prometeo
encadenado, la humanidad ha debatido acerca del límite de la
obediencia a la ley, al gobernante, al poder, y de cuándo, bajo
o se encuentra “amparada por los dioses”1.
Es así como las sociedades, y el derecho como constructo de
estas, han ido de manera paulatina estableciendo y estructurando
controles al ejercicio que del poder hacen gobernantes: como bien
(2010, p. 208), «[t]oda la historia del derecho
puede ser entendida como la progresiva minimización del poder
por medio de la regulación jurídica».
Teniendo en cuenta la realidad anotada, así como la necesidad
que a ella subyace, la cuestión fundamental radica en la forma en
que se debe diseñar ese control: en cabeza de quién podría estar,
la forma de llevarlo a cabo y, sobre todo, las materias o temas
que deberían estar sometidos a él, y por principio de exclusión,
qué asuntos entonces no podrían estar bajo dicho control o límite.
En términos más concluyentes: el debate que toda sociedad debe
plantearse es qué zonas de la actividad pública, de los gobernantes,
del Estado, se considera ameritan que escapen a todo control, que
1 Sobre este asunto, señala ac ertadamente (2000, p. 64):
[La] dramatización de la historia del derecho griego [en obras como
Antígona y Electra] compendia una de las grandes conquistas de la
democracia ateniens e: la historia del proceso a través del cual el pueblo se
apoderó del derecho de juzgar, de decir la verd ad, de oponer [esa] verdad
a sus propios señores, de juzgar a qu ienes los gobernaban.
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queden revestidas de total inmunidad; cuestionarse y concluir qué
tan conveniente es otorgar al poder público –a los gobernantes, en
últimas– esa inmunidad y, en la misma línea, cuál se considera
entonces debería ser el límite de dicha potestad o inmunidad.
Esa es la cuestión cardinal en una sociedad que se precie de ser
postmoderna, democrática, social, constitucional y de derecho.
Y dicha problemática adquiere aún mayor relevancia en
sociedades cuyos gobiernos están organizados en forma de
sistemas presidencialistas –como el caso colombiano–, pues estos
se caracterizan por una fuerte presencia, actividad e importancia
del ejecutivo, en detrimento o desequilibrio frente de las demás
ramas –o funciones, para ser más precisos– del poder público. En
sistemas de gobierno como el colombiano, la cuestión de controlar
el poder del gobernante –del ejecutivo, de la administración– cobra
notable relevancia y se constituye en una necesidad apremiante
para no sólo evitar los posibles excesos en el ejercicio de ese poder
público, operando como una interdicción a la arbitrariedad, sino
para la protección y defensa de los derechos y las garantías de los
Pues bien, a tal efecto, y con el propósito de contribuir a la
construcción de conocimiento a través del debate y la deliberación,
bajo las reglas de la argumentación, es que se presenta este trabajo,
el cual nació de una inquietud académica interesante y que bien
vale la pena traer a colación: hablando de controles al poder público
y a la actividad de los gobernantes, como materialización de los
Política2, ¿cómo entender entonces que nuestro ordenamiento
jurídico aún prohíje la tesis del control judicial restringido de
los actos políticos o de gobierno?, esto es, que sólo admite un
mero control formal sobre los elementos reglados de esta clase de
actos excluyendo de tajo la posibilidad de revisar su componente
discrecional, el elemento de ejercicio de la facultad decisional
administración para expedir este tipo de actos administrativos.
2 Véase su Preámbulo y los artículos 1 y 2.
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