Prólogo
| Autor | José Fernando Mestre Ordoñez y Edgar Javier Munevar Arciniegas |
| Cargo del Autor | Director - Departamento de Derecho Penal / Director - Departamento de Derecho Procesal |
| Páginas | 13-15 |
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Prólogo
PRÓL O G O
La paz ha sido en Colombia uno de los valores más problemáticos o complejos
de implementar. En su doble estatus de derecho y deber, es evidente que el conflicto
armado enquistado en el territorio nacional desde la época de la violencia pa rtidista,
ha impedido la concretización de la paz como presupuesto para ejercer los derechos
fundamentales de buena parte de los ciudadanos, quienes, por fuera de las grandes
y letradas urbes modernas, han tenido que afrontar las c onsecuencias de la violencia
regional. Una de las grandes reflexiones del libro que hoy nos honramos de
presentar del recordado profesor Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán (Q.E.P.D.), atiende
precisamente al rol del derecho y de sus instituciones en la consolidación de la paz.
Su tesis doctoral puede interpretarse como un relato histórico, minucioso y crítico
de las peripecias (jurídicas, políticas, sociales) y demás instrumentos legales que
el país ha intentado implementar, para abordar ese estado agobiante de violencia,
hasta llegar a la terminación del conflicto armado con la antigua guerrilla de las
FARC, que tuvo como objetivo consolidar de una buena vez a la paz, no solo en
términos retóricos y formales, como un derecho y un deber de todos que fuera vivible
en carne propia. La aproximación es muy completa, y contextualiza e se historial en
el que el Estado Colombiano, a partir de las herramientas legales previstas en las
Constituciones y aplicadas por la jurispr udencia, ha tratado de moldear una política
criminal encaminada a la lucha contra la crimina lidad violenta y a la superación del
conflicto armado. Porque sin justicia, no hay paz.
Desde luego, aparte de las herramientas jurídicas, la implementación de la
paz requiere todo un recorrido político que parte de un consenso entre las partes
enfrentadas en el conflicto bélico, pero también, sin duda, de un consenso social
sobre la necesidad de ponerle fin. Esta violencia en espiral exige un gran pacto
histórico que, desde luego, implica concesiones y compromisos políticos -cómo
no-, pero sobre todo, un trabajo articulado entre todas las instituciones del poder
público y el respeto a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y
DIH. Los acuerdos de paz finiquitados en el Gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos Calderón, derivaron –como no podía ser de otro modo–, en el diseño de
una justicia transicional, que tiene como pilares axiológicos básicos la búsqueda de
la verdad, la reconciliación, la no repetición y el respeto por la institucionalidad.
Este último punto es resaltado varias veces en el texto: “si se quiere legalidad, debe
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