Sentencia nº 2004-00576-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, de 10 de Agosto de 2006
| Número de sentencia | 2004-00576-01 |
| Número de expediente | 2004-00576-01 |
| Fecha | 10 Agosto 2006 |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
PROVIDENCIA No.112
SANCION IMPUESTA A EMPRESA TRANSPORTADORA
Fletes. Menor valor pagado por debajo de las tablas previstas por el Ministerio de Transporte. Definición / VIOLACION A LAS NORMAS DE TRANSPORTE
Procedimiento administrativo / VIOLACION AL DEBIDO PROCESO
No se configura / RESOLUCION 1020/98
Publicación / AUTONOMIA PRIVADA
No se vulnera / CONTRATO DE TRANSPORTE
Gobierno regula relaciones económicas para garantizar su efectiva prestación / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Aplicación de norma posterior. Disminución de la sanción
EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO, EL COMPARENDO ES UNA CITACIÓN PARA QUE LA PERSONA COMPAREZCA A UNA AUDIENCIA PÚBLICA EN DONDE SE DECRETARÁN Y SE PRACTICARÁN LAS PRUEBAS QUE DETERMINARÁN LA VERDAD DE LOS HECHOS, TODO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO POLICIVO.
FRENTE A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DE TRANSPORTE, SE REALIZA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFORME CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 336 DE 1996, EN EL CUAL LA ADMINISTRACIÓN FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS EL CUAL SE LE NOTIFICA AL INVESTIGADO PARA QUE PRESENTE SUS DESCARGOS.
EN ESTE CASO LA ADMINISTRACIÓN NO ABRIÓ LA INVESTIGACIÓN POR MEDIO DE UN COMPARENDO, SINO QUE EN VIRTUD DE LO CONSIGNADO EN ÉSTE POR UN POLICÍA DE CARRETERA QUE ENCONTRÓ UNA POSIBLE INFRACCIÓN A LA RESOLUCIÓN 1020 DE 1998, FORMULÓ UN PLIEGO DE CARGOS EL CUAL FUE NOTIFICADO A LA SOCIEDAD DEMANDANTE.
ASÍ, EL COMPARENDO SOLO PUSO EN CONOCIMIENTO UNA SUPUESTA INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO, DE TAL FORMA QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE ABRIÓ LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LA CUAL LA SOCIEDAD DEMANDANTE PRESENTÓ DESCARGOS Y PUDO SOLICITAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERARA CONVENIENTES PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS ALEGADOS.
POR LO ANTERIOR LA SALA NO ENCUENTRA QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HAYA VULNERADO ALGUNA DE LAS NORMAS MENCIONADAS, TODA VEZ QUE ANTE LA SUPUESTA INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE UN ACTO MOTIVADO, EL CUAL FUE NOTIFICADO A LA SOCIEDAD DEMANDANTE, LA CUAL EN SU OPORTUNIDAD EJERCIÓ SU DERECHO DE DEFENSA Y PRESENTÓ DESCARGOS.
FRENTE A LA POSIBLE VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 336 DE 1996 Y EL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 690 DE 1999, COMO SE DIJO CON ANTERIORIDAD, AL ESTUDIARSE EL PROCESO ADELANTADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA SALA NO ENCUENTRA NINGUNA VULNERACIÓN A ESTAS NORMAS, YA QUE POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 001691 DE 1999 EL MINISTERIO DE TRANSPORTE ABRIÓ LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE UN ACTO MOTIVADO EN EL CUAL OTORGÓ UN TÉRMINO DE 10 DÍAS PARA QUE LA SOCIEDAD DEMANDANTE PRESENTARA SUS DESCARGOS.
A SU VEZ, POSTERIORMENTE PROFIRIÓ LA RESOLUCIÓN 001780 DE 2000 A TRAVÉS DE LA CUAL IMPUSO LA SANCIÓN Y RESOLVIÓ LOS RECURSOS DE LA VÍA GUBERNATIVA POR MEDIO DE LAS RESOLUCIONES 002567 DE 2001 Y 009683 DE 2003, LO QUE DEMUESTRA QUE SE GARANTIZÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DE DEFENSA.
ASÍ, ES CLARO QUE LA RESOLUCIÓN 1020 DE 1998, FUE PUBLICADA EN EL BOLETÍN NO. 483 DE 1998 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 286 DE 1986, Y POR TANTO CONOCIDA Y OPONIBLE, LO QUE DEMUESTRA QUE NO SE VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO.
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 1020 DE ABRIL 1º DE 1998, FIJÓ CRITERIOS SOBRE LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA, TODO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR SER UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 36 DE 1996.
ENTONCES, ES CLARO QUE CON LA RESOLUCIÓN 1020 DE 1998 NO SE VULNERÓ EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA PRIVADA, SINO QUE EL GOBIERNO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY 336 DE 1996 BUSCÓ REGULAR LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE ESTE CONTRATO PARA GARANTIZAR SU EFECTIVA PRESTACIÓN.
EN LA RESOLUCIÓN 001780 DE 2000, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE IMPUSO LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 651 DE 1998 QUE DISPONE QUE SE SANCIONARÁ A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AUTORIZADAS CON MULTAS ENTRE 35 Y 60 SALARIOS MÍNIMOS, CUANDO SE PACTE POR DEBAJO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1020 DE 1998.
SIN EMBARGO, MÁS ADELANTE SE EXPIDIÓ EL DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 EL CUAL EN SU ARTÍCULO 44 DISMINUYÓ EL MONTO DE LA SANCIÓN ANTES MENCIONADA.
ADVIERTE LA SALA QUE, DURANTE LA VÍA GUBERNATIVA, ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN SE PROFIRIÓ EL DECRETO 3366 DE 2003, TODA VEZ QUE ESTA RESOLUCIÓN ES DE NOVIEMBRE 24 Y EL DECRETO 3366 ES DE NOVIEMBRE 21 AMBOS DE 2003, RAZÓN POR LA QUE ES APLICABLE LA DISMINUCIÓN DE LA SANCIÓN.
COMO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5º DE ESTE DECRETO SE DEBE APLICAR LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE, EN ESTE CASO SE DEBE MODIFICAR EL MONTO DE LA SANCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44, Y POR TANTO SE DEBIÓ IMPONER UNA SANCIÓN DE 10 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, QUE PARA LA ÉPOCA CORRESPONDÍAN A DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B
Bogotá D.C., agosto diez (10) de dos mil seis (2006)
Expediente No. 2004-00576-01
Demandante: Traficos & Fletes S.A. T.&F. S.A.
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Magistrado ponente C.E.M. RUBIO
Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor M.T.B.J. actuando como apoderado de la sociedad Tráficos & Fletes S.A - T&F S.A., demandó ante esta Corporación para que, previo el trámite del procedimiento ordinario, se hicieran las siguientes
DECLARACIONES
Que se declare la nulidad de la resolución No. 001780 del 22 de septiembre de 2000, proferida por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, DIRECCION TERRITORIAL Cundinamarca, por la cual se impone a la sociedad demandante una sanción de ocho millones doscientos setenta y seis mil cien pesos ($8'276.100,oo) moneda corriente.
Que se declare la nulidad de la resolución No. 002567 del 28 de junio de 2001, proferida por el Ministerio de Transporte, Dirección Territorial Cundinamarca, por la cual se confirma la sanción impuesta.
Que se declare la nulidad de la resolución No. 009683 del 24 de noviembre de 2003, proferida por el Ministerio de Transporte, Dirección Territorial Cundinamarca, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 001780.
Que se declare que la parte actora no es responsable por la violación a la resolución No. 1020 del 1 de abril de 1998, y que no hay lugar a sancionar a la empresa Tráficos y Fletes S.A. con la multa de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 1999, equivalentes a ocho millones doscientos setenta y seis mil cien pesos moneda corriente ($8'276.100.00).
Que a las anteriores declaraciones les deberá dar cumplimiento el Ministerio de Transporte dentro del término indicado en el artículo 176 del C.C.A.
Manifestó que con la resolución No. 001691 del 25 de octubre de 1999, el Ministerio de Transporte, Dirección Regional Cundinamarca, resolvió abrir investigación administrativa y formular cargos en contra de la empresa Tráficos & Fletes S.A. por la presunta violación al anexo 1/1, tabla de fletes de la resolución 1020 de 1998.
Indicó que la orden de abrir investigación administrativa se fundamentó en la orden de comparendo nacional No. 559234 del 19 de junio de 1999 elaborada por la Policía de Carreteras a Tráficos y Fletes.
Expresó que en ningún momento recibió de la autoridad de tránsito o del Ministerio de Transporte dicho comparendo. Sin embargo, agregó que cumplió con los respectivos descargos a la resolución No. 001691.
Acotó que el Ministerio de Transporte resolvió los descargos presentados por la empresa demandante con la resolución No. 001780 del 22 de septiembre de 2000 sancionándola con la imposición de una multa equivalente a ocho millones doscientos setenta y seis mil cien pesos moneda corriente ($8'276.100.00).
Declaró que en ningún momento el Ministerio de Transporte dentro del procedimiento administrativo, adelantó una investigación de los hechos que pudieran originar la presunta violación.
Manifestó que se interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución No. 001780, la cual fue confirmada por las resoluciones No. 002567 del 28 de junio de 2001 y 009683 de noviembre 24 de 2003.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Consideró que se vulneraron los artículos 2, 6, 29, 333 de la Constitución Política; 334 numeral 3 del C.R.P.M.; 50 de la ley 336 de 1996; 2 numeral 10º del decreto 690 de 1999; 177 del Código de Procedimiento Civil; 95 del decreto ley 2150 de 1995; 981 del Código de Comercio; 1602 y 1494 del Código Civil. Y por aplicación indebida la ley 57 de 1985.
En primer lugar dijo que la entidad demandada hizo aplicación indebida de unas disposiciones y dejó de aplicar las que correspondían. Acotó que el Ministerio de Transporte se abstuvo de cumplir con la comprobación de los hechos con anterioridad a la formulación de cargos o a la imposición de la sanción, decidiendo con ausencia de una motivación adecuada o suficiente.
Dijo que se vulneró el artículo 2 de la Constitución Política, sobre lo cual manifestó que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas, garantizar la efectividad de los principios y derechos y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Sostuvo que la sociedad demandante no recibió la oportuna y apropiada protección de sus derechos al desconocerle la posibilidad de una evaluación de los hechos que presuntamente dieron origen a la sanción.
Alegó la falta de aplicación del artículo 334 numeral 3º del C.R.P.M., ya que esta norma ordena tener en cuenta como base para proceder en los asuntos administrativos que cuando la naturaleza del...
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