Recomendaciones - Responsabilidad penal y detención preventiva - Libros y Revistas - VLEX 950735889
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Vincent
AutorJaime Sandoval Fernández/Donaldo Danilo Del Villar Delgado
Cargo del AutorDoctor y Magíster en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona (España)/Magíster en Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia)
Páginas210-214
RECOMENDACIONES
Para superar los desbalances en la indagación e investigación
existentes entre la Fiscalía y la defensa debe legislarse al compás de
la jurisprudencia, bloque de constitucionalidad y normativa
internacional, que al indiciado debe notificársele la persecución
penal tan pronto haya el más leve material probatorio que permita
individualizarlo o identificarlo, para que desde ese momento pueda
contraponer a los fundamentos de la sospecha. La omisión debe
acarrear una sanción para el Estado de improseguibilidad de la
acción.
Hace parte de nuestros logros procesales, usualmente olvidados
cuando copiamos legislaciones extranjeras, ganados en la
confrontación histórica con el “secretismo” que históricamente
merodeó nuestra praxis judicial, el que la previa o preliminar no
fuera “oculta” para el indagado y que la simple presentación de un
poder de defensa le permitía conocer el expediente, sacar fotocopias
y ejercer el derecho de contradicción; la versión fue la manera de
defenderse; todo esto dentro del llamado procedimiento inquisitivo
y escritural, con un fiscal que tenía plenos poderes, inclusive para
privar de la libertad capturando o deteniendo. ¿Cómo entonces, a
expensas de un supuesto proceso “acusatorio” más democrático,
regresivamente se volvió al “secretismo”, con preliminares a
término indefinido y “secretas”, facilitando que la privación de la
libertad fuera el instrumento principal de sometimiento a los
acuerdos y negociaciones, y resquebrajando la idea de la
responsabilidad penal como instrumento limitador del Estado para
invadir la esfera de libertad ciudadana?
En ese sentido, la caracterización del nuevo sistema ha de darse
revisando las garantías y derechos que habían sido o debían ser
incorporadas a nuestra legislación y operatividad judicial, para
creativamente ajustar estas a la nueva estructura procesal, a la

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