Retos de la educación superior en el posconflicto colombiano
| Autor | Diana María Angulo Cardona |
| Cargo del Autor | Especialista en Administración Pública Contemporánea, Escuela Superior de Administración Publica |
| Páginas | 205-225 |
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CAPÍTULO 6
Retos de la educación superior
en el posconflicto colombiano
Diana María Angulo Cardona1
Introducción
El capítulo pretende generar un análisis sobre el papel que debe cumplir la
educación superior, en dos ámbitos: el primero, frente a la implementación
del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera; segundo, frente a su papel como institución de la sociedad
que coadyuva en la prevención del surgimiento de nuevos conflictos. Para ello,
se tiene en cuenta las tendencias funcionales de la sociedad civil, propuestas
por el Centro de Investigación y Educación Popular.
Palabras clave: sociedad civil, funciones verticales de la sociedad civil, funciones
horizontales de la sociedad civil, ciudadanía, cultura para la paz, posconflicto.
1 Especialista en Administración Pública Contemporánea, Escuela Superior de Administración Publica.
Magíster en Estudios Políticos e Internacionales, Universidad del Rosario. Politóloga, Universidad
del Cauca.
Docente investigadora, Fundación Universitaria los Libertadores. Grupo Derecho y Política. Correo
electrónico: dmanguloc@libertadores.edu.co
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Desafíos del Acuerdo de Paz: de la institucionalidad a la construcción social
1. Marco conceptual
1.1. ¿Qué es la sociedad civil?
La sociedad civil involucra a ciudadanos que se organizan voluntariamente,
son independientes del Estado, comparten unas reglas de juego, y actúan de
forma colectiva en la esfera pública para defender sus intereses e ideas, pre-
tenden alcanzar objetivos comunes, llevar a cabo demandas al Estado y aceptar
deberes oficiales del Estado.
La sociedad civil comprende un amplio conjunto de organizaciones, formales e
informales. Estas incluyen grupos que son: a) económicos (asociaciones y redes
productivas y comerciales); b) culturales (asociaciones e instituciones religiosas,
étnicas, comunales y de otros tipos que defienden derechos colectivos, valores,
creencias y símbolos); c) informativos y educativos (dedicados a la producción y
divulgación —con o sin fines de lucro— de conocimiento público, ideas, noticias e
información); d) de interés (diseñadas para promover o defender el funcionamiento
común o los intereses materiales de sus miembros, ya sean trabajadores, veteranos,
pensionados, profesionales, etcétera); e) de desarrollo (organizaciones que com-
binan recursos individuales para mejorar la infraestructura, instituciones y calidad
de vida de la comunidad); f) con una orientación específica (movimientos para la
protección del medio ambiente, derechos de la mujer, reformas agrarias o de pro-
tección al consumidor); y g) cívicos (que buscan de manera no partidista mejorar el
sistema político y hacerlo más democrático mediante el monitoreo de los derechos
humanos, la educación del voto y la movilización, estudios de opinión, esfuerzos
contra la corrupción, etcétera) ( Dialmond, 1994, p.186).
La sociedad civil no es un concepto nuevo y fue acuñado por primera vez
por Adam Ferguson, perteneciente a la Ilustración escocesa, y su obra más im-
portante se titulaba An Essay on the History of Civil Society (1767). El concepto
evolucionó en simbiosis con los conceptos de mercado y Estado-nación (García
Canclini, 1996; Hernández, 2016). Si bien el concepto de sociedad civil sigue
siendo cuestionado después de 250 años, al día de hoy, generalmente se ve
como distintivo del Estado político y del mercado económico. Entendiendo a
la sociedad civil como un ‘asociacionismo’ voluntarista, donde las relaciones
de las personas están impulsadas por el discurso democrático, la solidaridad,
la civilidad, la honestidad, y el respeto mutuo (Alexander, 2006; Cougnal,
2014; Morris, 2007). Y Santos (2015) desde dos orillas distintas describen la
asociación ‘civil’ o civitas como ‘moral’ y establecen que es distinta del Estado
y del mercado.
La sociedad civil es un concepto controvertido, sobre todo por sus diversos
significados normativos, su vasto alcance empírico y su apropiación ideológica
por parte de diversos actores (Giroux, 2014; Muñoz, 2014). Se usa el término
aquí para hacer referencia al ámbito de la acción colectiva en torno a intereses
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