SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48773 del 11-09-2019
| Sentido del fallo | CASA PARCIALMENTE Y DE OFICIO |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 11 Septiembre 2019 |
| Número de expediente | 48773 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | SP3734-2019 |
E.P.C.
Magistrado ponente
SP3734-2019
Radicación n° 48.773
(Aprobado Acta No. 233)
Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
De acuerdo con lo advertido en el auto AP2374-2019, que inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa de J.F.O.M., la Corte se pronuncia, de manera oficiosa, frente la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó, con modificaciones[1], la impartida el 4 de agosto de 2015 por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, mediante la cual lo condenó por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. La cuestión fáctica fue sintetizada por el a quo en los siguientes términos:
Para el 1º de octubre de 2008, el acusado J.F.O.M., en calidad de Alcalde del municipio de Buenaventura –Valle, suscribió escritura pública No. 527, ante la Notaría 3ª del c[í]rculo de esa ciudad, con la empresa ECOFERTIL S.A. representada por C.S.C., celebrando contrato de PERMUTA, consistente en la entrega por parte del municipio de Buenaventura, de un lote de terreno, ubicado en la carrera 7 C No. 17 A. 51 en el barrio El Tabor a ECOFERTIL S.A., por la suma de $3.300.000.000.oo, a cambio que la mencionada empresa entregara al municipio otro lote de terreno, ubicado en la Calle 4 A No. 17 D-51 en el barrio El J., por valor de $500.000.000.oo, más $1.600.000.000.oo que entregaría en cheque al municipio, y la suma de $1.200.000.000.oo, representada en la futura construcción de las instalaciones de la Secretar[í]a de Infraestructura Vial para el municipio de Buenaventura.
Frente a esa construcción ofrecida como parte de pago por la empresa ECOFERTIL S.A., se tiene que dicha obra se construyó posteriormente con ocasión a esta negociación, es decir que, al momento de adquirir el municipio el bien inmueble, en este no existía edificación alguna.
De acuerdo a lo referido, observado el interés desmedido por parte del señor J.F.O.M. en favorecer a la empresa ECOFERTIL S.A., el municipio de Buenaventura al realizar una negociación con dicha empresa, pagó un sobrecosto por el lote de terreno que recibió de ECOFERTIL S.A. [$347.485.699.48], más un sobrecosto por la construcción de las oficinas y el hangar de la Secretar[í]a de Infraestructura Vial [$148.288.577, para un total de $495.774.277.48]. Así mismo, el señor OCORÓ MINOTTA suscribió contrato bajo la figura de la permuta, cuando en realidad debía haberse efectuado un contrato de compraventa mediante la contratación directa y observando las normas de contratación estatal vigentes.
Celebrado el contrato de permuta, se efectuó una obra de construcción de locaciones públicas, la cual también debió haber observado la norma para contratación estatal en modalidad de licitación pública, lo que no se hizo en el presente caso.[2]
2. Previa orden de captura librada el 13 de octubre de 2011 contra J.F.O.M. por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con función de control de garantías de Buenaventura[3], el 18 de ese mes, su homólogo Tercero, a petición del Fiscal 5º Delegado ante el Tribunal, le impartió legalidad a la captura y a la imputación, por los delitos de peculado por apropiación agravado –con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58.10 del Código Penal-, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales –este, en concurso homogéneo-, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público –los tres primeros a título de coautor, el cuarto de autor y el último de determinador- (cánones 397 inciso 2º, 409, 410, 286 y 453 del Código Penal).
Ahí mismo, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión.[4]
3. El 12 de diciembre de ese año, se presentó el escrito de acusación, con la modificación consistente en eliminar los últimos dos punibles reseñados[5], asunto repartido al Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la citada ciudad.
4. Como quiera que la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitó el cambio de radicación, y la Sala de Casación Penal así lo autorizó mediante auto CSJ AP 26 ene. 2012, rad. 38.200[6], disponiendo la remisión de la actuación a los juzgados penales del circuito de la capital, ella pasó al conocimiento del Juzgado Dieciocho, ante quien se formuló la acusación el 15 de marzo de 2011[7].
5. El 25 de abril y 10 de mayo de 2012 tuvo lugar la audiencia preparatoria[8] y el juicio oral se desarrolló en varias sesiones (23 de agosto[9] y 3[10], 14[11] y 24[12] de septiembre del señalado año, 12[13], 19[14] y 26[15] de febrero, 12 de marzo[16], 2[17] y 16[18] de abril, 7[19] y 14[20] de mayo, 18 de junio[21], 13[22] y 27[23] de agosto, 4[24] y 20[25] de septiembre, 1º[26], 8[27] y 22[28] de octubre, 19 de noviembre[29] y 9 de diciembre de 2013[30], 11[31] de abril y 16[32], 24[33] y 30[34] de julio de 2014 y 6 de mayo[35] y 2 de junio de 2015[36]).
Al final del debate, una nueva juez escuchó los alegatos de cierre y expresó sentido del fallo condenatorio por los delitos de peculado por apropiación agravado –en calidad de coautor- e interés indebido en la celebración de contratos –como autor-, y absolutorio por el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en la medida que lo declaró subsumido en el anterior.
6. Mediante sentencia del 4 de agosto posterior, la Juez de conocimiento condenó, en los referidos términos, a J.F.O.M., a las penas principales de doscientos veinticinco (225) meses de prisión, cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso de la sanción aflictiva de la libertad. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria[37].
7. El fallo fue apelado por la defensa[38] y el 3 de junio de 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó, con las modificaciones consistentes en variar el título de imputación de coautor a autor respecto del reato de peculado por apropiación e imponer la sanción intemporal de que trata el artículo 122 de la Constitución Política[39].
8. El defensor de instancias interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación[40] y un nuevo apoderado presentó, en tiempo, el libelo correspondiente[41].
9. A través de auto AP2374-2019, la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda correspondiente y dispuso que, en firme esa decisión y cumplido el trámite de insistencia, regresara el expediente al despacho del Magistrado Ponente para emitir pronunciamiento oficioso acerca de la posible vulneración de garantías fundamentales[42].
10. En el acto de notificación de dicha decisión, el procesado manifestó su interés de acudir al mecanismo de insistencia[43]; no obstante, como quiera que no allegó el escrito correspondiente, el Procurador Segundo para la Casación Penal se abstuvo de activarlo, además que, consideró, ni la sentencia impugnada ni el auto inadmisorio proferido por esta Corporación se ofrecen violatorios de los derechos y garantías fundamentales del procesado[44].
CONSIDERACIONES
1. La Corte se centrará, exclusivamente, en el tema enunciado en auto AP2374-2019, esto es, en verificar si se vulneró el principio de legalidad de la pena, en la imposición de la sanción de multa.
2. Para el efecto, se debe partir por recordar que, J.F.O.M. fue condenado por los delitos de peculado por apropiación agravado –en calidad de coautor- e interés indebido en la celebración de contratos -como autor-, entre otras penas, a la de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.) de multa.
Ahora bien, para llegar a ese resultado, la Juez unipersonal, una vez indicó que el injusto de peculado por apropiación en su modalidad simple tiene prevista multa equivalente al valor de lo apropiado sin que exceda de cincuenta mil (50.000) s.m.l.m.v. y que ella debe aumentarse hasta la mitad si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) s.m.l.m.v., sin que supere los cincuenta mil (50.000) s.m.lm.v., resolvió imponer esta última cantidad, sin ninguna otra consideración.
Al respecto, es manifiesta la vulneración del principio...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59519 del 07-07-2021
...lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000)» SMLMV, tal como lo ha recalcado la Sala en otras oportunidades (Cfr. SP3734-2019, rad. 48773 y AP420-2021, rad. 58931, entre otras). 5.3.1. En cuanto al valor de lo apropiado, la fiscalía no lo precisó en el recurso, aunqu......