SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02884-00 del 04-11-2020
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Fecha | 04 Noviembre 2020 |
| Número de expediente | T 1100102030002020-02884-00 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC9526-2020 |
L.A. RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC9526-2020
Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02884-00
(Aprobado en sesión del cuatro de noviembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por M.L.G. y Blanca Victoria Barrientos de A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogota y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente instrumento buscando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, «legítima defensa [sic]», acceso a la administración de justicia y «a ser elegido».
2. Del extenso escrito introductor, se puede extraer que los aquí gestores promovieron un proceso de impugnación de actas de asamblea contra la sociedad R.A.L.., buscando la invalidación parcial de las determinaciones adoptadas el 8 de marzo de 2019 por su junta directiva, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.
.
Notificada de la demanda, la persona jurídica convocada propuso la excepción previa de «cláusula compromisoria», que fue acogida por la célula judicial cognoscente mediante proveído de 14 de noviembre de 2019, declarando terminado el proceso.
Impugnada tal determinación, una Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá le impartió confirmación el pasado 4 de mayo.
3. Para los promotores del presente resguardo, las autoridades judiciales convocadas incurrieron «en un error garrafal al considerar como válida y aplicable la cláusula décima novena de los estatutos de la sociedad…» puesto que «no puede desplegar sus efectos como consecuencia de la existencia en su redacción de lagunas o irregularidades insubsanables», las cuales sintetizan en que:
- El pacto «no contiene “la decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias que surjan entre los contratantes al juzgamiento de un Tribunal de Arbitramento, carece de objeto, y en consecuencia no tiene uno de los elementos esenciales requeridos por la ley sustancial para el surgimiento a la vida jurídica…»
- «[N]o se aprecia que en ninguna parte esta establezca cual es el centro de arbitraje competente, al cual las partes deban acudir… omite el lugar donde se debe convocar al tribunal, la duración del mismo, la forma en que las partes asumirán los costos… y las normas que regirán el tribunal… tampoco indica si este es institucional, independiente o legal [sic]».
- «Las deficiencias de redacción y precisión de la cláusula… es de tal magnitud que la hacen jurídicamente ineficaz, la hacen nula per se [sic], no es necesario declarar la nulidad, puesto que de hecho lo es [sic]»
S. también que «tanto el juzgado como el tribunal desconocen el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por incurrir en la ausencia de valoración de pruebas determinantes y valoración contra evidente de otros elementos de prueba [sic]»; empero, no especifica a cuales medios de convicción se refiere, ni la forma como supuestamente fueron tergiversados; asimismo los acusan de haber «desconocido el precedente judicial»; no obstante, no identifican la decisión vinculante de la cual, según su criterio, se apartaron injustificadamente.
4. En resumen, solicitan «revocar los proveídos dictados [y] ordenar al Juzgado… para que… profiera una nueva decisión con base en las consideraciones que ilustren la decisión en comento [sic]»
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, ponente de la decisión de segunda instancia cuestionada solicitó no acceder al resguardo, habida consideración que «los argumentos que los accionantes esgrimieron… no develan que la actuación que adelantó… sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas vías de hecho, pues únicamente correspondió al recurso de apelación que se resolvió a través de proveído de 4 de mayo de 2020».
2. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá se opuso a la prosperidad de la salvaguarda toda vez que para adoptar la determinación del 14 de noviembre de 2019 «valoró cada una de las pruebas aportadas por las partes» actividad que desarrollo «conforme a derecho… tan es así que en segunda instancia… fue confirmada»
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad vulneraron las garantías denunciadas por los gestores del resguardo, dentro del proceso 2019-00330, en el que fungen como demandantes, al declarar probada la excepción de «cláusula compromisoria» formulada por su contraparte en ese asunto, pese a que, según dicen, dicho pacto no podía «desplegar sus efectos como consecuencia de la existencia en su redacción de lagunas o irregularidades insubsanables».
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta sea determinante o influya en la decisión; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneración; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, material, error inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisión cuestionada
Si bien los promotores del resguardo extienden el reclamo a cuestionar la valoración e inferencias a las que arribaron los jueces de primera y segunda instancia, el examen que realizará esta Corporación se circunscribirá exclusivamente al auto proferido el pasado 4 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto fue el que definió la discusión aquí planteada, tal como lo ha señalado la jurisprudencia:
«(…) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada» (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).
Aclarado lo anterior y realizado el estudio pertinente a los argumentos de la presente salvaguarda y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar, desde ya, que no se accederá al resguardo deprecado pues no se observa la vulneración alegada por los promotores, comoquiera que la determinación judicial objeto de censura, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada tanto en las pruebas legal y oportunamente practicadas como en la normativa que gobierna la materia, amén que resolvió los cuestionamientos manifestados por el impugnante en la actuación ordinaria.
En efecto, en la aludida providencia, la sala de decisión ad quem, luego de una breve reseña fáctica y procesal, abordó el estudio del caso concreto ocupándose, inicialmente, de los presupuestos normativos y jurisprudenciales de la denominada «cláusula compromisoria», resaltando que corresponde «a la manifestación de la voluntad de las partes, ya como cláusula o en escrito separado, en un contrato en el que se pactó para que los conflictos que del mismo surjan se sometan a la decisión de árbitros, como así lo establece el artículo 6º de la Ley 1563 de 2012».
A continuación, rememoró lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 2010, a través de la cual se examinó la exequibilidad del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008 y luego, se adentró en el estudio de los reparos formulados por...
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