SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500022130002021-00061-01 del 31-05-2021
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Fecha | 31 Mayo 2021 |
| Número de expediente | T 0500022130002021-00061-01 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil de Antioquia |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC6149-2021 |
H.G.N.
Magistrada Ponente
STC6149-2021 Radicación nº 05000-22-13-000-2021-00061-01
(Aprobado en sala virtual de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
Se desata la impugnación del fallo dictado el 3 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela que C.A.T. le instauró al Juzgado Promiscuo del Circuito de Amagá y a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, extensiva a Inversiones Adoquín-Ar S.A.S.
ANTECEDENTES
1.- Obrando en «causa propia», el libelista invocó la protección de los derechos al «trabajo, vida digna, mínimo vital en conexidad con los derechos de los niños y dignidad humana», para que se ordenara: «i) la suspensión de la diligencia de entrega material de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 033-1337 y 033-9842, fijada (...) para el 18 de mayo de 2021 a las 9:30 am; y ii) otorgar un término prudencial para el traslado de la empresa Adoquín-AR S.A.S que garantice la continuidad de la operación comercial y la permanencia y la continuidad de los empleados de acuerdo con los contratos laborales suscritos; y que de acuerdo con el cronograma sería en el mes de FEBRERO DEL AÑO 2022».
En compendio, narró que desde el 18 de julio de 2011 firmó con Inversiones Adoquín-AR S.A.S. contrato laboral a término indefinido, para la prestación de servicios varios.
Indicó que dicha sociedad ha ocupado los predios con M.I. 033-9842 y 033-1337 cuyo propietario es J.P.A.S., demandado en dos procesos de expropiación adelantados por la ANI (nº 2021-0025 y 2021-0026), en los que se citó para el 18 de mayo hogaño para la diligencia de entrega de esos bienes (25 mar. 2021), lo que implicaría al cierre total de la compañía, sus operaciones y el despido masivo de los trabajadores.
Adujo que A.S. solicitó «postergar la entrega material de los predios» porque trasladaría la empresa a otro lugar, sin embargo, el estrado censurado decidió adelantarla.
Por lo anterior, denunció la transgresión de las prerrogativas imploradas, porque está en riesgo su empleo, la vida de su núcleo familiar, misma condición en la que se encuentran los demás empleados.
2.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Amagá -Antioquia - allegó el enlace de los juicios debatidos para su inspección, a los que ha impartido el trámite especial que dispone el art. 399 del C.G.P.
Inversiones Adoquín-Ar S.A.S., a través de su representante J.P.A.S., coadyuvó la demanda y arguyó que la autoridad encartada, «tampoco ponderó y evaluó el contexto del predio en cuestión y la operación comercial de la sociedad Adoquín-AR S.A.S, que como se ha dicho dependen directamente nuestros empleos, nuestras familias y las de más de 90 familias del municipio de Amaga, Antioquia y sus alrededores».
La ANI se opuso al petítum y requirió se declare improcedente el resguardo, porque (i) La continuidad laboral del actor no depende de la «entrega anticipada de los inmuebles», (ii) La falta de legitimación por pasiva y, (iii) La existencia de otros mecanismos para obtener lo rogado.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACIÓN
El a quo negó el auxilio luego de advertir que el gestor «no está legitimado por activa», como quiera que «no ostenta la calidad de parte, ni de interviniente dentro de los citados procesos judiciales», por lo que el único titular de alguna trasgresión a los ruegos instados «sería el señor J.P.A.S. como única parte resistente del referido proceso; empero y pese a que en este evento dicho vinculado afirma que coadyuva en las pretensiones del actor y si bien puede tener un interés en las resultas de la acción de tutela, lo cierto es que este no puede invocar los mismos derechos del accionante».
Impugnaron el precursor y la sociedad Inversiones Adoquín-Ar S.A.S., reiterando su postura y pedimentos iniciales, adicionando por separado, el primero, que el Tribunal desconoció que «el hecho de que no haga parte del proceso judicial no implica que las decisiones que se están adoptando por parte del Juzgado Promiscuo de Amagá, no tengan incidencia o relevancia en la vulneración de sus derechos» y la segunda que, no se tuvo en cuenta los deberes de «propender por la des-formalización del proceso de tutela en pro de la efectividad del derecho objeto de protección, el de adecuación en cuanto a errores de aspectos sustanciales de las solicitudes y la aplicación del principio iura novit curia».
La última citada, pidió, además, como medida provisional «en virtud del Acuerdo No CSJANT21-31 del 04 de abril de 2021, se decrete la suspensión provisional de la entrega material de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 033-9842 y 033-13037», porque de no hacerlo, «se pondría en riesgo, no solo los derechos del impulsor, sino de los demás empleados de la sociedad y sus propios recursos».
CONSIDERACIONES
1.- De la evidencia allegada a este trámite muy pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda y la confirmación de lo opugnado, si en cuenta se tiene que los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su proposición, que quien así obre tenga un interés que legitime su «intervención», el cual, cuando se trata de la presunta violación de las garantías fundamentales derivada de «actuaciones o providencias judiciales», radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros a quienes afecta.
No obstante, resulta innegable que C.A.T. no es parte ni tercero con «interés reconocido» en las expropiaciones que concitan la atención de esta Sala (expedientes 2021-0025 y 2021-0026), circunstancia que descarta su «legitimación» para refutar, por esta excepcional vía, los proveídos emitidos en ese decurso, ya que tal y como lo ha sostenido esta Corporación,
«(…) cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal». (Negritas ajenas al texto - STC12873-2018).
Ello por cuanto,
«(…) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinaciones sólo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del trámite no lograron que éstas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley». (Negrita Adrede- CSJ STC4993-2018).
En tal sentido, al margen de la pertinencia que puedan tener los reparos que el promotor le hace a la conducta del juzgado criticado y a la trayectoria procesal, lo cierto es que las súplicas superlativas devienen inviables por «falta de legitimación en la causa por...
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