SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-04479-00 del 22-11-2023
| Sentido del fallo | DECLARA IMPROCEDENTE |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de sentencia | STC13037-2023 |
| Fecha | 22 Noviembre 2023 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 1100102030002023-04479-00 |
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC13037-2023
Radicación n.º 11001-02-03-000-2023-04479-00
(Aprobado en Sala de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Desata la Corte la tutela que L.G.P.Á. instauró contra la Embajada de México en Colombia - Sede Medellín, extensiva a la Dirección de asuntos M., Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
ANTECEDENTES
1.- El libelista invocó la protección de los derechos de «petición e igualdad», para que se ordenara a la agencia diplomática convocada le brinde «una respuesta clara y de fondo a las peticiones» inmersas en la solicitud radicada el 21 de septiembre de 2023.
Del dossier se extrae que el gestor, mediante «derecho de petición» solicitó de la entidad accionada: «(i) «una justificación valida y por escrito de [su] deportación» y; (ii) «se retire todo registro negativo que pudo generar el departamento de migración del aeropuerto internacional B.J. terminal 1, ya que vulneraron mis derechos fundamentales, actuaron de forma xenófoba y discriminatoria» (21 sep. 2023), sin que a la fecha de interponer este mecanismo haya recibido pronunciamiento alguno, estando fenecido el lapso legal para ello.
''>2.- La Embajada de México –Sección Consular, manifestó que «es una representación de un gobierno extranjero, cuenta con inmunidad diplomática y por tal motivo, no se responden derechos de petición>», de ahí que, «no tiene facultades para pronunciarse sobre el caso que plantea, toda vez que el Instituto Nacional de Migración (INM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la autoridad competente para determinar sobre el ingreso, estancia y salida de personas extranjeras en México».
''>La Oficina Asesora Jurídica Interna y la Dirección de asuntos M., Consulares y Servicio al Ciudadano, ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto «NO existe nexo de causalidad entre lo pretendido y las competencias funcionales de [ese] Ministerio, como tampoco se evidencia que la petición referenciada se dirigiera al Ministerio de Relaciones Exteriores»>.
''>Agregaron que, en respeto de los «principios de territorialidad de la ley, soberanía de los Estados es claro la falta de competencia del Juez de tutela, en ordenar a autoridades extranjeras iniciar actuaciones administrativas y/o judiciales, ya que las citadas no se encuentran sujetas a las autoridades nacionales>».
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC pidió su desvinculación, porque «carece de competencia para atender las pretensiones incoadas por L.G.P.A...[.y] NO ha vulnerado de manera alguna los derechos fundamentales de la accionante».
CONSIDERACIONES
1.- El carácter de fundamental del «derecho de petición» está reconocido expresamente en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y se traduce en la posibilidad de acudir ante las «autoridades», y excepcionalmente ante los «particulares», con el fin de «obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas», que tengan correspondencia con lo requerido, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la legislación interna.
En este sentido, la esencia de dicha garantía, comprende: (i) Pronta resolución, (ii) Respuesta de fondo y, (iii) Notificación de esta al interesado, sin que el «derecho a que se emita un pronunciamiento», pueda confundirse con acceder a lo anhelado, concepto este último que no hace parte del «núcleo esencial de la garantía constitucional».
2.-''> L.G.P.Á. >pretende que se ordene a la Embajada de México en Colombia – Sede Medellín, resolver el pedimento que le formuló el 21 de septiembre último, relacionado con obtener (i)''> «una justificación valida y por escrito de [su] deportación>» y; (ii)''> «se retire todo registro negativo que pudo generar el departamento de migración del aeropuerto internacional B.J. terminal 1, ya que vulneraron mis derechos fundamentales, actuaron de forma xenófoba y discriminatoria>»; no obstante, el amparo está llamado al fracaso, conforme pasa a explicarse.
2.1.- Esta M. ha sostenido que la filosofía del artículo 86 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, permite concluir, que las «autoridades públicas» a las que allí se alude son las colombianas y no las extranjeras, como lo es la dependencia diplomática cuestionada, razón por la cual en esta sede tuitiva no es posible emitir «orden» alguna contra esta, en razón a que una conducta de esa naturaleza conculcaría directamente el principio de «inmunidad jurisdiccional de los Estados».
En asuntos similares al aquí analizado, precisó, que las Embajadas gozan de «inmunidad diplomática» y, por tanto, «las órdenes del juez constitucional no pueden recaer sobre los beneficiarios de esta figura de derecho internacional» (STC3829-2016, STC15926-2017 y STC10222-2021) y, que, «un Estado no pued[a] ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los órganos de otra organización política estatal» (Cit.).
Recientemente, en una salvaguarda interpuesta contra la misma querellada, esta Colegiatura declaró su «improcedencia» del auxilio al «derecho de petición», en tanto,
(…) prevalece el principio-regla de inmunidad jurisdiccional respecto de la accionada. En ese sentido, esta Sala ha sostenido que, según los artículos 86 constitucional y 1° del Decreto 2591 de 1991, la tutela es un instrumento para obtener protección frente «cualquier autoridad» o particular, aludiendo con ello a las autoridades colombianas y no a las extranjeras, de manera que, respecto de estas últimas, como lo es la Embajada de México, esta acción está destinada al fracaso ante la imposibilidad de emitir orden alguna en su contra, pues, de lo contrario, se vulneraría el principio de «inmunidad jurisdiccional de los Estados» (CSJ STC4270-2022, CSJ STC16571-2022) – CSJ STC6822-2023, 12 jul., rad. 2023-02203-00-.
Y como un Estado soberano, jamás podrá ser sometido a la jurisdicción interna de otro, también coligió, que:
la competencia del juez constitucional está limitada al territorio de su jurisdicción; en tratándose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un país extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicción no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal (…), en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: “En efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jurídicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicción territorial no trasciende los límites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplomáticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la ley 6ª. de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicción”. Argumento que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto. Acción de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. No. 110010203000200401196 (…).
Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consideró que “la comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplomáticos y consulares, con el objeto de garantizar mediante su observancia el desempeño de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas’.
‘Tanto el derecho internacional, particularmente el diplomático, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan facilidades a las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicción’.
‘Así, se distingue la inmunidad como una exención de sometimiento a la jurisdicción local de ciertas personas o cosas, que tiene por objeto principalmente una...
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