Situación de los derechos económicos, sociales y culturales
| Autor | Comisión Colombiana de Juristas |
| Páginas | 111-154 |
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Capítulo V. Situación de los derechos económicos,
sociales y culturales
A continuación se presenta un panorama de la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales del pueblo Embera Katío, partiendo de los
factores generales de inequidad, corrupción y racismo que condicionan el disfrute
de los mismos, para luego mostrar en detalle los principales obstáculos para el
disfrute de los derechos a la educación y la cultura, a la salud, a un medio ambiente
sano y al territorio. En este capítulo, se expone también la situación especíca
de las niñas y los niños y de las mujeres Embera. Por último, se reseñan algunos
de los impactos del conicto armado interno sobre los derechos económicos,
sociales y culturales.
1. Factores generales de incumplimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales: inequidad, corrupción y
racismo
En líneas generales, a partir de lo que ha podido constatar la CCJ, se puede
armar que la precariedad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo Embera Katío del Alto Sinú está determinada, entre otros
aspectos por:
a. La inequidad en la distribución de la tierra y el ingreso es uno de los
factores que caracteriza la situación de derechos humanos en el país y
afecta de manera negativa el disfrute de los derechos económicos, sociales
y culturales de toda la población.
El departamento de Córdoba y el municipio de Tierralta no constituyen
una excepción en esta materia. Por el contrario, como puede observarse,
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Gente de Río Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú,
Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, Colombia
mientras que el porcentaje de población con necesidades básicas
insatisfechas (NBI) a nivel nacional es de 27,78%, el del departamento
de Córdoba es del 59,09% y el del municipio de Tierralta es del
73,29%. El contraste entre los porcentajes de población rural y urbana
con necesidades básicas insatisfechas, da cuenta también de políticas y
prácticas discriminatorias contra la población rural. En el departamento
de Córdoba, la población rural con NBI es 76,6 % y en Tierralta es el
88,29%.
Tabla 7. Indicadores socioeconómicos de Córdoba y Tierralta
GINI de ingresos (2010) GINI de propietarios (2009)
Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Nacional 0,537 0,470 0,560 0,87
Córdoba 0,554 0,83
Tierralta
Fuente: Cálculos MESEP con base en
Encuestas de Hogares del DANE
(Encuesta Continua de Hogares
2002-2005 empalmada por MESEP y
Gran Encuesta Integrada de Hogares
2008 - 2010). http://www.dnp.gov.co/
Programas/Educaci%C3%B3nyculturas
aludempleoypobreza/Pol%C3%ADticas
SocialesTransversales/Promoci%C3%B
3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelap
obreza.aspx
Informe Nacional de Desarrollo
Humano: Razones para la esperanza.
2011 Págs. 197-200.
Población (2010) % Población con NBI (2005)
Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Nacional 34.388.013 11.121.571 45.509.584 19,66 53,51 27,78
Córdoba 823.688 759.096 1.582.784 42,68 76,60 59,09
Tierralta 38.062 50.520 88.582 52,78 88,29 73,29
Fuente: DANE: Estimación y proyección de
población nacional, departamental y
municipal total por área 1985-2020
http://www.dane.gov.co/index.
php?option=com_content&view=article
&id=75&Itemid=72
DANE: COLOMBIA. Necesidades
Básicas Insatisfechas - NBI, por total,
cabecera y resto, según municipio y
nacional. RESULTADOS CENSO
GENERAL 2005.
http://www.dane.gov.co/index.
php?option=com_content&view=article
&id=231&Itemid=66
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Capítulo V. Situación de los derechos económicos, sociales y culturales
b. Los impactos de la construcción de la hidroelécrica de Urrá195.
La empresa Urrá asevera que “históricamente desde nales de los años 70, las
empresas ISA y CORELCA (…) mantuvieron relaciones con la comunidad
indígena (...) y desde entonces se han ejecutado Planes, Programas y proyectos
de benecio comunitario, principalmente en los sectores de salud y educación”196.
Sin embargo, las condiciones de vida del pueblo Embera Katío denotan
que los avances han sido muy escasos, al margen de los recursos invertidos,
y que los funcionarios de la empresa y del Estado han respondido a
intereses muy distintos a los de promover y apoyar los planes de vida del
pueblo Embera.
c. Los altos niveles de corrupción en la administración de recursos públicos,
agravada por el control político y económico de los paramilitares en el
departamento197;
d. La ausencia de cumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto
a la población, en materia de proveer, sin discriminación, servicios públicos
y sociales adecuados;
e. Las debilidades nancieras, de personal, o políticas de los órganos de
control del Estado, para poner n a hechos graves, atentatorios de los
derechos humanos integrales de los pueblos indígenas de Córdoba, en
especial, de los Embera Katío del Alto Sinú. A la fecha, no se conocen
investigaciones de los órganos de control estatales - excepto por la
auditoría adelantada por la Contraloría General de la República en junio
de 2002198 - que den cuenta de posibles actos de corrupción que hayan
podido darse durante la rma de los contratos, desde la década del 80
en que se hicieron los trabajos de desvío del Río Sinú, la construcción
de las obras civiles (central Hidroeléctrica, vías de acceso) y el llenado
de la presa de Urrá199. Esto, a pesar de que el documento de Auditoría
195 Ver Capítulo I, acápite 7 de este informe.
196 Empresa Urrá S.A. E.S.P. (junio de 2009), “Informe integral de las acciones adelantadas en cumplimiento
de los acuerdos suscritos con las comunidades indígenas, las disposiciones de la Sentencia T-652/98 y las
Resoluciones Nos. 008 y 0965 de 1999 – Licencia Ambiental-, suscritos en el marco del licenciamiento de
la Central Hidroeléctrica de Urrá 1. Años 1993-2010”, mimeo, p. 26.
197 Ver Capítulo II, acápite 3 de este informe.
198 Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral abreviado, Empresa Urrá S.A. E.S.P., años
2001-2002.
199 “El promedio de excesos de costos en grandes represas es de un 56% más del calculado inicialmente. Las
nanciadas por el BM oscilan entre un 27 y 39% más; los del BID en un 45% más y en América Latina
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