Las víctimas de los daños ambientales del conflicto después del acuerdo con las FARC
| Autor | Leonardo Güiza Suárez |
| Páginas | 97-115 |
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En Colombia el conflicto armado ha dejado sinfín de problemas de toda índole, entre ellos, políticos, económicos y socioculturales. El conflicto, tan arraigado en nuestro país y a la historia de nuestra nación, es un hecho que se está intentando superar con los diálogos entre el Gobierno y la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep).
Los diálogos iniciaron en el año 2012, por iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, no es la primera vez que existen acercamientos para terminar la guerra, que se ha prolongado por más de medio siglo en nuestro país y que ha dejado secuelas en todos los aspectos de la sociedad, e incluso ha cobrado alrededor de 8 299 334 víctimas (Registro Único de Víctimas, 2016). Si bien las farc-ep no son los únicos actores del conflicto armado colombiano, sí constituye la guerrilla más grande del país y el hecho de negociar y poner fin a un conflicto de tan intensa duración y efectos constituye un esfuerzo importante.
Actualmente en Colombia estamos pasando por una época histórica y supremamente importante que definirá el futuro de nuestro país toda vez que estamos en un escenario de posconflicto. Independientemente de estar a favor o no de los diálogos o de la postura política asumida respecto a la implementación del Acuerdo, este se analizará con el propósito de comprender sus efectos en materia ambiental, esto por cuanto el nuevo Acuerdo define el panorama
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del país. Sin duda, el escenario de negociaciones puso sobre la agenda pública el tema ambiental: el representante del pnud en Colombia, Arnaud Peral, señaló, dentro del marco del Foro Dividendos Ambientales de la Paz, que “la paz es una oportunidad para el medio ambiente en Colombia” (Peral, 2016,
p. 1). Además de esta, el Acuerdo de Paz suscitó numerosas reflexiones en torno a las consecuencias potenciales que tendría la terminación del conflicto en materia ambiental, como la reducción de los índices de desforestación, la preservación de ecosistemas estratégicos y un mayor aprovechamiento de riquezas como la biodiversidad.
Sin embargo, para vivir en un futuro escenario de paz se debe propugnar por escenarios de sostenibilidad ambiental que no dependan tan solo de la voluntad política o la coyuntura del Acuerdo y que permitan que la preservación ambiental se convierta en un tema permanente de la agenda pública. Aun así, las evidencias indican que el cambio en las dinámicas territoriales de los actores armados generada por la salida de las farc-ep de múltiples zonas donde hicieron presencia ha generado nuevas problemáticas ambientales. Tal es el caso del aumento en un 44 % de las hectáreas en proceso de desforestación entre 2015 y 2016, reportado por el ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) (Sistema de Información Ambiental de Colombia [siac], 2017), fenómeno que se concentra en ocho núcleos (ideam, 2017), todos ellos ubicados en zonas con presencia de conflicto armado. Estas y otras consecuencias aún no han sido cuantificadas debido a la reciente configuración de los fenómenos de degradación ambiental a raíz del abandono de áreas por parte de la otrora mayor guerrilla del país. De esta manera, resulta necesario entender el principal contenido en materia ambiental del cuerdo para generar un insumo que sirva, en un futuro, para analizar las consecuencias en materia ambiental de la entrada del país a un periodo de posconflicto.
Para ello, se estudiará el Acuerdo Final, que se denomina “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el cual fue modificado después de haber sido sometido a plebiscito, y se analizarán los cambios previstos respecto a la agricultura, ganadería, cultivos ilícitos, entre otros, como actividades que causan una afectación al medio ambiente y generan gases efecto invernadero (gei). Si bien varios de los elementos del Acuerdo pueden tener un impacto directo o indirecto sobre aspectos ambientales, sobre todo después de haberse convertido este en un asunto de primer orden para el periodo de posconflicto, se hará especial
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énfasis en materia de uso del suelo (agricultura y ganadería) y políticas frente a los cultivos ilícitos; ambos temas abordados en el primer y cuarto punto del Acuerdo, respectivamente.
El Acuerdo de Paz consta de seis puntos o ejes fundamentales en torno de los cuales se desarrolla el mismo. El primer punto se denomina Reforma Rural Integral, y contiene un conjunto de disposiciones que buscan una transformación estructural del campo (Acuerdo Final, 2016, p. 5). El segundo punto es la participación política, que contiene las condiciones bajo las que las farc-ep dejarán de ser un grupo armado y se convertirán en partido político. El tercer punto contiene el acuerdo respecto del “Cese al fuego y de hostilidades bilateral” y Definitivo y la Dejación de las armas, que aborda los procedimientos a seguir para poner fin a la confrontación armada directa entre la Fuerza Pública y las tropas de las farc-ep. El cuarto punto concierne a la “Solución al problema de las drogas ilícitas”, y hace énfasis en las disposiciones para erradicar y prevenir los cultivos ilícitos. El quinto punto está destinado exclusivamente a las víctimas y a su reparación integral por cuenta de la guerrilla y el Estado colombiano. Por último, se contemplan los mecanismos de implementación y verificación.
Las prácticas de las guerrillas han sido violentas y han infundido terror en las comunidades afectadas y en la sociedad en general. Un mecanismo eficaz para aterrorizar a la población son los atentados perpetrados contra el medio ambiente, ya que, como indican Díaz y Arredondo, estos generan un “impacto ecológico reflejado en la alteración de ecosistemas” (2004, p. 1), que en últimas desestabiliza a las comunidades, pues la destrucción del hábitat termina afectando las prácticas sociales y, en ocasiones, los medios de subsistencia. Así, además de intimidar, este actuar causa un daño irreparable al medio ambiente, que termina afectando los derechos de las comunidades y generando víctimas en materia ambiental, por cuanto dichos daños tienen repercusiones a largo plazo.
Además de ello, como parte de las dinámicas de control territorial de los grupos armados, se ha dado la implantación de cultivos ilícitos para reforzar las economías ilegales de las que los grupos armados obtienen dividendos y financian sus actividades. Como lo señalan Díaz y Sánchez (2004, p. 1), “se ha evidenciado una relación creciente entre la expansión de los cultivos ilícitos y la actividad de los actores armados ilegales”. Este tipo de actividades
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trae consigo la desforestación para aumentar el área sembrada de coca (y, en menor medida, amapola y marihuana) aumentando también sus ingresos. Si bien este último fenómeno está relacionado con otras problemáticas de orden ambiental como las aspersiones aéreas y la liberación de químicos al ambiente en el proceso de procesamiento de la hoja de coca, entre otros, en este capítulo se hará énfasis en la tala de bosques.
Sin embargo, atentados de este tipo no son los únicos que desestabilizan al medio ambiente. Actividades legítimas como la ganadería, por ejemplo, causan un grave daño ambiental, puesto que esta práctica conlleva la deforestación, la degradación de los suelos y los recursos hídricos y el aumento de emisiones de CO2. Así lo manifestó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2006) cuando señaló que el sector ganadero producía hasta un 9 % del CO2 antropogénico y altos porcentajes de gases efecto invernadero: un 65 % del óxido nitroso, un 37 % del gas metano, y un 64 % de amoníaco.
En este sentido, es necesario estudiar los acuerdos en tanto proponen un cambio significativo respecto de prácticas legales e ilegales que afectan al medio ambiente. El primer punto a estudiar será la reforma rural integral, seguida de las disposiciones en materia de erradicación y prevención de cultivos ilícitos.
En este capítulo se hace énfasis en el daño ambiental debido al uso del suelo (en actividades agrícolas y ganaderas) y, en especial, por el cultivo de coca. Por esta razón, los daños que más se tienen en cuenta, en la primera parte, son la emisión de desechos al suelo y fuentes de agua por la actividad agrícola y la liberación de gases por la actividad ganadera. En la segunda parte, se hace énfasis en la desforestación para la implantación de cultivos ilícitos (y el conjunto de impactos ambientales que la acompañan y se detallan más adelante). En un escenario ideal, que dista mucho de lo que está sucediendo actualmente con la implementación del Acuerdo, el reconocimiento de víctimas en materia ambiental debería conducir a la readecuación de los territorios afectados para que puedan recuperar y mejorar los modos de vida trastocados por el conflicto. En los dos apartes siguientes se analiza cómo desde el Acuerdo es posible pensar en la viabilidad o inviabilidad de este objetivo.
El conflicto en Colombia está intrínsecamente relacionado con la propiedad de la tierra. El desplazamiento forzado es la consecuencia de las apropiaciones
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ilegales y del problema agrario, tan evidente y persistente. Según el Centro de Memoria Histórica, el número de víctimas de esta práctica asciende a seis millones y medio de personas1(Centro Nacional de Memoria, 2015, p. 16). Es por estos motivos que el primer punto del Acuerdo contempla una reforma rural integral que propende por el mejoramiento de las condiciones de vida, el acceso a la tierra al igual que las medidas para promover su uso adecuado, con el fin de generar mayores niveles de equidad. Sin embargo, estas...
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