Sentencia de Tutela nº 350/22 de Corte Constitucional, 7 de Octubre de 2022

El 28 de diciembre de 2021, J.J.T.V. interpuso acción de tutela contra Bancolombia S.A. Consideró que la accionada vulneró sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la personalidad jurídica porque le negó la posibilidad de pagar la suma de $51’463.000. Este valor fue ofrecido por un agente del banco para realizar un acuerdo de pago respecto a un crédito hipotecario. El actor afirmó que la entidad financiera “(…) cambió las reglas de juego”[3] porque no sostuvo su oferta. Por tal razón, solicitó al juez constitucional ordenar el pago por dicho valor.

Hechos y pretensiones

1. El accionante manifestó que es padre cabeza de familia de dos hijos menores de edad y que está expuesto a una situación de “extrema vulnerabilidad”[4]. Lo anterior, porque el 17 de marzo de 2020 fue desvinculado de su trabajo con la Alcaldía de Palmira[5].

2. El demandante relató que adquirió un crédito hipotecario con la entidad financiera accionada con el propósito de adquirir una vivienda de interés social ubicada en la carrera 1B No. 57-102, bloque 4, apartamento 504 de la ciudad de Cali[6]. Bajo este contexto, aquella inició un proceso ejecutivo hipotecario para obtener el pago de la obligación mencionada. Dicho trámite fue adelantado por el Juzgado 31 Civil Municipal de Cali[7].

3. El ciudadano indicó que el 19 de octubre de 2021, un asesor que representa a Bancolombia S.A. lo contactó telefónicamente con el fin de negociar un acuerdo de pago. El agente le “ofreció un alivio a la deuda aduciendo que ‘esta es la última oportunidad de pago’”[8]. En tal sentido, le señaló que la deuda hipotecaria ascendía a $260’590.189 para ese momento[9]. Sin embargo, solo debía pagar la suma de $51’463.000 que correspondía al valor del capital de la deuda. Lo anterior, luego de descontar los honorarios de los abogados, así como los intereses corrientes y de mora.

4. Sin embargo, el tutelante resaltó que Bancolombia S.A. “desacató el acuerdo telefónico”[10]. Expuso que el 17 de diciembre siguiente, la entidad financiera lo llamó nuevamente para notificarle que la deuda ascendía a $110’000.000, a pesar de que él, supuestamente, ya había aceptado la oferta. En tal sentido, argumentó que para ese momento ya había conseguido la suma de dinero anteriormente referenciada a través de un préstamo familiar[11]. Afirmó que “(…) en menos [de] dos meses, se incrementó la restructuración del pago del capital en un 100,4%”[12]. A su juicio, esto atenta contra los derechos fundamentales invocados, pues el incremento de la deuda es una actuación “(…) arbitraria e irrazonable”[13].

   Por lo anterior, el actor reprochó la actuación del banco. En su sentir, la oferta fue efectuada “(…) sin siquiera haber puesto una fecha límite ni haber establecido una propuesta por escrito para la consignación”[14] del monto adeudado. Esto, a pesar de haberlo solicitado al agente del banco.

5. El accionante expresó que la solicitud de amparo es procedente. En concreto, precisó que “(…) otro mecanismo de defensa judicial sería dispendioso, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, además de la explosión social que vive el país y la dilación de los términos”[15]. Bajo esa premisa, descartó la posibilidad de presentar recursos dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 31 Civil Municipal de Cali. En cuanto a la inmediatez, argumentó que deben tenerse en cuenta sus circunstancias económicas y sociales[16].

6. Por lo expuesto, solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la personalidad jurídica. En consecuencia, pidió (i) autorizar el pago de la obligación pactada en $51.463.000; (ii) disponer que el acuerdo sea remitido por escrito; (iii) otorgar un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago; y, (iv) “como medida cautelar”[17], suspender cualquier intento de remate del bien inmueble objeto del proceso ejecutivo hipotecario[18].

   Actuación procesal

   El 29 de diciembre de 2021[19], el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali admitió la acción de tutela. Le otorgó a la accionada el término de veinticuatro horas para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. En la misma providencia, ese despacho: (i) vinculó a la Superintendencia Financiera de Colombia como “litisconsorte necesario”; y, (ii) negó la medida provisional porque estaba referida a los trámites del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 31 Civil Municipal de Cali.

   Respuesta de Bancolombia S.A.

   El 3 de enero de 2022, la entidad financiera contestó la acción de tutela[20]. Indicó que el 19 de octubre de 2021, la obligación del crédito hipotecario a cargo del actor presentaba un valor de $51’463.000 por concepto de capital. Este monto “(…) fue indicado por parte del asesor H.M.A. del equipo de Alianza SGP como un posible valor total a pagar por la obligación en referencia en caso de llegar a una negociación, sin embargo, […] no se pactó ningún acuerdo verbal ni escrito debido a que, el cliente no contaba con el dinero y estaba tratando de llegar a un acuerdo de pago, el cual, para hacer efectivo se requería de una aceptación por parte del cliente (…)”[21]. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que esta alternativa no constituía “un acuerdo vigente” para el momento de presentación de la demanda.

   En ese orden, la entidad bancaria aclaró que la obligación hipotecaria tiene un valor de $265’910.848, pues la deuda presenta más de 800 días de mora. En relación con esto, precisó que el banco modifica periódicamente las opciones de pago y otorga “(…) posibles descuentos, sin que en ningún momento se esté obligado a sostener las mismas alternativas”[22], las cuales pueden variar en virtud de su autonomía. De este modo, expresó su disposición para “analizar nuevas alternativas de pago que se ajusten a la situación económica actual del cliente”[23]. Bajo este entendido, señaló que no vulneró los derechos fundamentales del demandante.

   Por último, afirmó que la acción de tutela es improcedente porque existen otros medios para obtener una respuesta a su petición sobre el acuerdo de pago. De este modo, argumentó que el actor debió acudir a los canales de atención al cliente que tiene el banco. Asimismo, adujo que la demanda carecía del requisito de inmediatez, porque fue formulada “setenta días después de la comunicación con el asesor”[24]. Por lo tanto, solicitó negar las pretensiones.

   Respuesta de la Superintendencia Financiera de Colombia

   El 31 de diciembre de 2021, la entidad manifestó que no le constan los hechos relatados en la acción de tutela porque no participó en los mismos. De otro lado, informó que no existe ninguna queja, reclamo o petición elevada por el tutelante en relación con la solicitud de amparo. Aseveró que “no es competente en sede administrativa para resolver diferencias derivadas de un conflicto contractual”[25]. Por ello, pidió ser desvinculada de la acción de tutela.

   Decisiones objeto de revisión

   Sentencia de primera instancia

   El 12 de enero de 2022, el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali “negó” por improcedente el amparo. Al respecto, estimó que no está acreditado el presupuesto de subsidiariedad. Expuso que la controversia es “de tipo económico originada en un contrato crediticio donde la pretensión es un descuento dinerario que es potestativo de la entidad”[26]. De allí que, el juez constitucional no tiene competencia para intervenir en asuntos atribuidos a la jurisdicción ordinaria civil. Además, no encontró vulnerado el derecho a la vivienda digna porque el Juzgado 31 Civil Municipal de Cali adelanta el proceso ejecutivo hipotecario en su contra. Desde su perspectiva, el actor puede proponer recursos al interior de este. Por último. argumentó que el reclamante no demostró la condición de sujeto de especial protección constitucional ni la existencia de un perjuicio irremediable.

   Impugnación

   El 21 de enero de 2022, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. El 3 de febrero siguiente presentó sus razones para sustentar el recurso. Así, señaló que el derecho fundamental a la vivienda digna no puede ser entendido desde una perspectiva exclusivamente civil o mercantil, porque los “(…) créditos hipotecarios dirigidos a sufragar la adquisición de vivienda, son, desde el punto de vista comercial, contratos de mutuo con garantía real, altamente intervenidos”[27]. Afirmó que estas obligaciones también están regidas por normas constitucionales porque podrían comprometer el derecho a la vivienda digna. Por otro lado, destacó que la oferta para el pago de los $51’463.000 “constituye de ‘ipso facto’ parte de la negociación”[28] y no puede ser entendida como un simple acto preliminar. A su juicio, la entidad financiera tenía la carga de especificar cuál era el plazo otorgado al momento de hacer el ofrecimiento. De este modo, reprochó que el banco insista en incrementar “irracionalmente” la suma pactada en la llamada telefónica.

   Sentencia de segunda instancia

   El 18 de febrero de 2022, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali confirmó la decisión de primera instancia. Manifestó que el tutelante cuenta con otros mecanismos judiciales para satisfacer sus pretensiones. A su modo de ver, aquellos ofrecen condiciones apropiadas para intervenir y garantizar el debido proceso.

   Actuaciones en sede de revisión

   Decreto oficioso de pruebas

   El 8 de agosto de 2022, el Magistrado Sustanciador decretó pruebas de oficio. Al respecto, solicitó la grabación de la llamada telefónica referida en la acción de tutela. De igual modo, solicitó información relativa a: (i) la situación económica, laboral, familiar y de salud del accionante; (ii) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron adelantadas las negociaciones por las partes para el pago de la deuda y el estado actual del crédito hipotecario; (iii) los criterios que regulan las ofertas sobre alternativas de pago que la entidad accionada ofrece; (iv) el alcance de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia; (v) el estado actual del proceso ejecutivo hipotecario que adelanta Bancolombia en contra del actor; y, (vi) las circunstancias en las que el tutelante fue desvinculado de la Alcaldía de Palmira y las acciones que aquel formuló. Por último, requirió a los jueces de instancia para que remitieran algunas piezas procesales que no habían sido allegadas al expediente digital[29]. Para tal efecto, ofició al accionante, a la entidad accionada, a la Superintendencia Financiera de Colombia, al Juzgado 31 Civil Municipal de Cali, a la Alcaldía Municipal de Palmira, al Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías y al Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali.

   Respuesta del señor J.J.T.V.[30]

   El 21 de agosto de 2022, el ciudadano informó su situación económica, laboral, familiar y de salud. En concreto, afirmó que tiene dos hijos menores de edad (de 13 y 7 años) y que debe velar por su madre de 80 años. Indicó que la única ayuda económica que recibe proviene de su hermana, quien reside en el exterior y le envía $600.000 mensuales para colaborar en la manutención de su progenitora. Sin embargo, próximamente, tendrá que hacerse cargo también de su hermana porque padece de “gastroparesia y […] desórdenes neuronales”.

   Añadió que sus gastos mensuales ascienden a $4.000.000 y no cuenta con el dinero suficiente para pagar la deuda adquirida con Bancolombia. Particularmente, porque actualmente no tiene ninguna vinculación laboral, pues la Alcaldía de Palmira lo declaró insubsistente de su empleo[31]. En este punto, resaltó que interpuso una acción de tutela para que fuera reintegrado a su empleo público. Aquella fue favorable a sus intereses, pero el municipio no cumplió la orden judicial. Lo expuesto, a pesar de haber presentado tres incidentes de desacato y una acción de tutela en contra de los autos que han resuelto sus solicitudes de cumplimiento. En su sentir, en este proceso debería sancionarse a los responsables por desacato[32].

   En cuanto a su estado de salud, el tutelante señaló que tiene 60 años y padece de diverticulitis. Explicó que, al ser desvinculado de su empleo, fue trasladado al Régimen Subsidiado en la EPS Coomeva[33]. Además, destacó que recibió el pago de la prestación económica de protección al cesante en 2020. Sin embargo, el actor aportó una historia clínica referida a una atención médica que habría recibido en 2018 y en la que no consta el diagnóstico de la enfermedad mencionada. De acuerdo con ella, aquel residía en la dirección “CRA 31 No 28-71 BARRIO NUEVO”, en Palmira.

   De otra parte, el demandante señaló que la vivienda objeto del proceso ejecutivo es el único inmueble que posee. Sostuvo que ese apartamento no cuenta con servicios públicos porque están suspendidos por falta de pago. Informó que por este concepto adeuda la suma de $4’147.538. Esto, con sustento en una captura de pantalla parcial de una factura de las Empresas Municipales en Cali en la cual no consta la dirección de residencia. Según este documento, en el último mes no hubo consumo de energía y no hay ninguna suspensión del servicio. Sin embargo, aparecen “98 cuotas pendientes”. El tutelante indicó que también debe: (i) $10’000.000 por cuotas de administración adeudadas; y, (ii) $4’000.000 por concepto de impuesto predial. Bajo este entendido, precisó que debe “habitar el apartamento en esas condiciones indignas y vivir del apoyo de los vecinos para el agua y algunos alimentos”. Por último, manifestó que no han existido nuevos intentos de negociación con la entidad financiera.

   El accionante anexó a su respuesta una grabación de tres minutos y treinta y dos segundos[34]. Según el actor, aquella corresponde a la llamada telefónica sostenida con el banco el 19 de octubre de 2021.

   Respuesta de Bancolombia S.A.[35]

   El 22 de agosto de 2022, la entidad financiera precisó que la deuda presenta 8.292 días de mora y que actualmente asciende a la suma de $390’164.772. Dicho monto corresponde a los siguientes valores:

   El banco reiteró lo afirmado en la respuesta al escrito de tutela. Al respecto, argumentó que la llamada telefónica tuvo como objetivo indicarle al actor la “posibilidad de cancelar el total de la obligación con únicamente el pago del capital”[36]. Sin embargo, aclaró que: (i) “no […] pactó ningún acuerdo verbal ni escrito debido a que el cliente no contaba con el dinero y estaba tratando de llegar a un acuerdo de pago”; y, (ii) “los valores informados por parte del precitado asesor no son vinculantes para Bancolombia”[37].

   Por otro lado, expresó que, en marzo de 2022, el accionante contactó a la entidad “indicando que contaba con $50.000.000 para cancelar la totalidad de su obligación crédito hipotecario […]; sin embargo, […] siempre ha adeudado más de $ 260.000.000 a Bancolombia S.A. y, por ello, no ha sido posible acceder a su solicitud, impidiendo concretar cualquier tipo de negociación”[38]. Finalmente, precisó que las estrategias de normalización de cartera son modificadas cada mes, a partir del ejercicio de la autonomía de su voluntad y de un análisis de riesgo que realiza el banco. En tal sentido, explicó que brinda información cierta, suficiente, actualizada y de fácil comprensión respecto de las obligaciones objeto de cobro, de acuerdo con los lineamientos que sobre la materia establece la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de sus Circulares Externas”[39]. De tal suerte que, en caso de que el cliente no esté conforme con la alternativa de pago brindada, puede radicar una petición, queja o reclamo ante la entidad.

   La entidad accionada aportó una grabación de siete minutos y veintidós segundos[40]. Según la entidad, aquella corresponde a la llamada telefónica sostenida con el solicitante el 19 de octubre de 2021.

   Respuesta del Juzgado 31 Civil Municipal de Cali[41]

   El 17 de agosto de 2022, esta autoridad judicial informó que el 17 de junio de 2010 le correspondió adelantar el proceso ejecutivo hipotecario presentado por Bancolombia en contra de J.J.T.V.[42]. Mediante Auto del 8 de junio de 2022, liquidó las costas del proceso. Actualmente, el expediente está pendiente de enviar ante los juzgados civiles de ejecución de sentencias[43]. Asimismo, manifestó que no tenía conocimiento si existía algún acuerdo de pago entre las partes.

   Respuesta de la Superintendencia Financiera de Colombia[44]

   El 23 de agosto de 2022, la Superintendencia manifestó que cuenta con facultades jurisdiccionales para resolver las controversias entre los consumidores financieros y las entidades bancarias vigiladas cuando estén relacionadas con la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Aclaró que conforme al artículo 58 de la Ley 1480 de 2011[45], el procedimiento aplicable para estas demandas es el verbal sumario. En este escenario, puede decretar medidas cautelares conforme al artículo 590 del Código General del Proceso[46].

   En relación con los tiempos de respuesta de las demandas de protección al consumidor financiero, señaló que “el tiempo promedio de duración de un proceso ante la Delegatura es de unos 164,82 días (con corte consolidado al año 2021) […] término que igualmente es respetado aun cuando se está frente a asuntos que implican un recaudo probatorio y complejidad importante, según el caso”. En su criterio, no existe congestión para resolver estos asuntos porque respeta el tiempo legal previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso[47].

   La entidad precisó que los contratos de mutuo comercial celebrados entre un establecimiento de crédito y un consumidor financiero deben estar sujetos a las reglas de un contrato civil. En caso de mora, los establecimientos de crédito pueden adelantar las gestiones de cobro conforme a sus políticas de recuperación de cartera. Sin embargo, recordó que aquellas tienen “un deber de entregar información cierta y de fácil comprensión y dejar una constancia documental de la gestión, la cual es determinante para establecer las condiciones de la oferta”[48]. Respecto al caso concreto, expresó que el señor T.V. puede presentar demanda ante su entidad. Sin embargo, no la ha formulado.

   Respuesta de la Alcaldía Municipal de Palmira (Valle del Cauca)[49]

   El 17 de agosto de 2022, esa entidad declaró que el señor J.J.T.V. no tiene vínculo laboral. Precisó que, en el año 2020, el accionante interpuso una tutela con el fin de cuestionar su insubsistencia como servidor público. La acción fue concedida. No obstante, la orden no disponía un reintegro directo, pues implicaba realizar un estudio de equivalencias respecto de la planta de personal y determinar si existía una vacante disponible. Bajo este entendido, afirmó que no pudo cumplir el mandato judicial porque no evidenció un cargo que pudiera ser ocupado por el actor. Ante esta circunstancia, el tutelante solicitó la apertura de incidentes de desacato en tres oportunidades y presentó una acción de tutela contra uno de estos trámites incidentales. Con todo, las autoridades judiciales determinaron que la entidad acató plenamente la orden dictada en la sentencia de tutela.

   Respuesta de los juzgados de instancia del proceso de tutela[50]

   Los despachos judiciales[51] que adelantaron esta acción de tutela aportaron las piezas procesales que no habían sido allegadas al expediente digital[52].

   Pruebas recibidas después del traslado del Auto del 8 de agosto de 2022[53]

   El 25 de agosto de 2022, el accionante expuso que, a través del Decreto 667 de 2020, la Alcaldía Municipal de Palmira lo declaró insubsistente de su cargo como profesional universitario grado 02 código 2019. Lo anterior, como consecuencia de un concurso de méritos adelantado por la entidad, en el cual no tuvo en cuenta su condición de padre cabeza de hogar. A pesar de que el juez constitucional profirió decisión a su favor, no fue reintegrado a su cargo. Por lo tanto, estimó que la Corte debe evaluar este aspecto[54].

   En relación con esto, el 31 de agosto y 5 de septiembre de 2022, allegó dos escritos ante el despacho del Magistrado Sustanciador con el fin de presentar un “recurso de grado jurisdiccional de consulta” respecto a las solicitudes de desacato presentadas en el marco del proceso de tutela en el cual solicitó ser reintegrado a su trabajo[55]. El demandante señaló que, a través de la sentencia de tutela del 23 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira amparó sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y a la dignidad humana. En consecuencia, ordenó a la Alcaldía Municipal de Palmira vincular al actor a un cargo similar al que ocupaba, una vez adelantara un estudio de equivalencia entre su empleo y las vacantes que tenga su planta de personal[56].

   El ciudadano resaltó que la Alcaldía Municipal no cumplió con dicha orden judicial, a pesar de haber presentado en tres oportunidades incidentes de desacato[57]. La autoridad judicial determinó que no podía dictar órdenes adicionales para concretar la protección concedida porque no evidenció circunstancias excepcionales. Por lo tanto, no impuso ninguna sanción[58]. En su criterio, en la planta global de la administración existen cargos que no fueron ofertados en la Convocatoria No. 437 de 2017[59] y que aquel puede ocupar.

   A juicio del accionante, estas omisiones impiden el goce de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, a tener una familia, al mínimo vital, al trabajo, a la vida digna, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana[60]. El actor reiteró su estado de salud y la imposibilidad de contar con la ayuda de terceras personas para el cuidado de sus hijos menores de edad. En este punto, precisó que paga un arriendo en la ciudad de Palmira y que “a menudo deb[e] desplazar[s]e hasta Cali, para atender los requerimientos de [su] madre, aún a riesgo de dejar expuestos a [sus] dos hijos, pues no cuent[a] con más familia en Palmira”[61].

   Por lo anterior, solicitó a la Corte: (i) conminar al Alcalde Municipal de Palmira para que acate la orden constitucional relativa al reintegro en su puesto de trabajo; (ii) adoptar las medidas necesarias para que la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira sea respetada y acogida sin dilaciones; (iii) compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los funcionarios que han incurrido en fraude respecto al cumplimiento de la resolución judicial; y, (iv) declarar nula o modular el contenido de la orden para asegurar el goce efectivo de sus derechos[62].

Competencia

1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas en la acción de tutela de la referencia. Ello, de conformidad con los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

   Asunto objeto de revisión y metodología

2. La Corte conoce de la acción de tutela formulada por el señor J.J.T. contra Bancolombia S.A. Según el demandante, la accionada le negó la posibilidad de pagar el valor de $51’463.000 correspondiente a la obligación de un crédito hipotecario adquirido por aquel. Esta suma, supuestamente, había sido ofrecida por la entidad bancaria a través de una llamada telefónica, pero, luego, no fue reconocida por el banco. El actor refirió que es padre cabeza de familia de dos hijos menores de edad y que está expuesto a una situación de “extrema vulnerabilidad”. Particularmente, porque fue desvinculado de su empleo en la Alcaldía Municipal de Palmira y no ha sido reintegrado a pesar de que existe una orden judicial en tal sentido. Bajo ese entendido, manifestó que no contaba con los recursos económicos para saldar su crédito hipotecario en el momento en que Bancolombia S.A le ofreció una alternativa de pago.

   Como respuesta, el banco sostuvo que dicha oferta no constituía “un acuerdo vigente” para el momento de presentación de la acción de tutela. En ese orden de ideas, aclaró que el monto de la obligación hipotecaria es de $390’164.772. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que el accionante no ha presentado quejas ni demandas respecto de Bancolombia.

3. El amparo busca la protección de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la personalidad jurídica del reclamante. En concreto, pide que el juez de tutela: (i) autorice el pago de la obligación pactada con Bancolombia en $51’463.000; (ii) disponga que el acuerdo sea remitido por escrito; (iii) otorgue un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago; y, (iv) “como medida cautelar”[63], suspenda cualquier intento de remate del bien inmueble objeto del proceso ejecutivo hipotecario.

4. Para resolver lo anterior, en primer lugar, la Sala abordará la solicitud presentada por el actor en relación con el conocimiento de esta Corporación respecto a un proceso de tutela en el que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira ordenó reintegrarlo a su puesto de trabajo. En segundo lugar, verificará si la acción de tutela objeto de revisión cumple con los requisitos de procedencia. En caso de superar ese análisis, planteará el problema jurídico de fondo para resolver el caso concreto.

   Cuestión previa: falta de competencia de la Corte para conocer asuntos de tutela ajenos al expediente de la referencia y referidos a incidentes de desacato

5. Como fue expuesto, el señor J.J.T.V. presentó varios escritos con el propósito de que la Corte conociera un “recurso de grado jurisdiccional de consulta”, respecto a la orden judicial proferida el 23 de junio de 2020 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira. Según el actor, en aquella oportunidad, esa autoridad judicial ordenó a la Alcaldía Municipal de esa ciudad realizar “un estudio de equivalencias del cargo” que desempeñó este ciudadano, en relación con todas las vacantes definitivas de la planta global de la entidad. Una vez realizado esto, dispuso vincular al accionante a un cargo equivalente al que desempeñó antes de que fuera declarado insubsistente. A juicio del demandante, la orden no fue cumplida. Por lo tanto, interpuso tres solicitudes de desacato y una demanda de tutela en contra del trámite surtido. Sin embargo, las decisiones judiciales no sancionaron a quienes conculcaron sus derechos. El tutelante estima que esta situación incide en el proceso sometido a revisión por esta Sala, sin que aportara los argumentos de dicha afirmación.

6. Según el artículo 229[64] de la Constitución, el derecho de acceso a la administración de justicia es la facultad que tienen todas las personas para acudir en igualdad de condiciones a los jueces y tribunales competentes para poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado. Lo expuesto, con el fin de obtener la protección de sus derechos sustanciales, con plena observancia de las garantías previstas en las leyes[65]. Bajo tal supuesto, la competencia de este Tribunal está definida en el artículo 241 superior. Particularmente, el numeral noveno establece que le corresponde a la Corte “revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”.

   De igual forma, los artículos 27[66] y 52[67] del Decreto 2591 de 1991 señalan que la orden de tutela debe ser cumplida sin demora y que el juez que conoció de la acción puede sancionar al responsable por incumplir la decisión judicial. En este último evento, la providencia será consultada con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si la sanción debe ser revocada o no. Bajo este panorama, la Corte ha aclarado que el auto que pone fin al incidente de desacato no es susceptible del recurso de apelación[68], porque no está previsto de tal forma por el ordenamiento jurídico.

7. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud elevada por el ciudadano es improcedente y será rechazada por falta de competencia de la Corte. El demandante pretende que esta Corporación conozca en “grado jurisdiccional de consulta” las decisiones judiciales que han puesto fin a los trámites de desacato presentados para el cumplimiento de la decisión judicial del 23 de junio de 2020. Sin embargo, la Sala reitera que la Corte no está facultada para revisar estos asuntos porque el artículo 241 de la Constitución no lo establece[69]. Además, no puede perderse de vista que se trata de un asunto distinto al contenido en el expediente de la referencia, razón por la cual es ajena al ámbito de revisión de tutela propio del presente análisis.

   Procedencia de la acción de tutela[70]

   Legitimación en la causa por activa

8. El artículo 86 de la Carta Política establece que cualquier persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular. Por su parte, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) en nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante agente oficioso; o, (v) por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.

   En el presente caso, el señor J.J.T.V. concurrió al trámite de tutela por sí mismo. Lo anterior, para procurar la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la personalidad jurídica. Por lo tanto, el requisito de legitimación por activa está acreditado.

   Legitimación en la causa por pasiva

9. Este presupuesto hace referencia a la capacidad legal de quien está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental[71]. Conforme a los artículos 86[72] de la Constitución y 1º[73] del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y frente a particulares.

10. En concreto, el artículo 42.2 del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares, cuando “la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”. Con fundamento en lo anterior, este Tribunal ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra entidades bancarias[74]. En efecto, la Sentencia T-587 de 2003[75] justificó su procedencia en la medida en que: (i) aquellas prestan un servicio; (ii) existe una disparidad contractual entre las partes o el banco tiene una posición dominante; y, (iii) la actividad bancaria puede afectar un derecho fundamental.

    Por su parte, la Sentencia T-468 de 2003[76] explicó que es necesario que el acto o la omisión cuestionada en el recurso de amparo sea expresión de una manifestación que implique la prestación de un servicio público; o, por el contrario, que exista subordinación o indefensión por parte del accionante. Sobre este particular, la Sentencia T-576 de 2015[77] precisó que “los bancos […] tienen atribuciones que les otorgan ciertas ventajas sobre los particulares que suscriben sus servicios. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en la naturaleza de los contratos que usualmente ofrecen estas entidades, toda vez que la gran mayoría son contratos de adhesión”. De manera que, las relaciones entre las entidades financieras con los ciudadanos tienen, en principio, un carácter contractual. Sin embargo, aquellas pueden poner al usuario en situaciones de indefensión que requieran el actuar inmediato del juez constitucional[78].

11. En este caso, la demanda está dirigida contra Bancolombia S.A. Aquella es una sociedad comercial anónima de carácter privado que está sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia[79]. Dicha entidad está dedicada a la prestación de servicios financieros. Puntualmente, a quienes, como el accionante, tienen la calidad de consumidor financiero o usuario[80].

    Para la Sala, esta entidad tiene la capacidad legal para ser llamada a responder por la presunta afectación o amenaza de los derechos invocados. En particular, porque el servicio que presta la accionada podría afectar un derecho fundamental. En efecto, el actor la identificó como vulneradora de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la personalidad jurídica. Por lo anterior, el amparo satisface este requisito.

12. De otra parte, la Sala observa que la Superintendencia Financiera de Colombia fue vinculada como “litisconsorte necesario” por parte del Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali[81]. De igual forma, por medio del Auto del 8 de agosto de 2022, esta Corporación la ofició para que respondiera unas preguntas y aportara algunas pruebas. Sin embargo, la mencionada entidad no está legitimada por pasiva en el presente asunto. En particular, porque los hechos señalados por el actor y, las pruebas recaudadas y practicadas por este Tribunal no dan cuenta que dicha entidad haya tenido participación en la vulneración a los derechos fundamentales del accionante. Por lo tanto, su legitimación por pasiva no está acreditada.

    Inmediatez

13. Este principio implica un límite temporal para la procedencia de la acción de tutela. La interposición del amparo debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo[82], toda vez que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales[83].

    En este orden de ideas, la Corte ha establecido que, para verificar el cumplimiento del requisito de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza de los derechos fundamentales del tutelante y la presentación de la acción de tutela es razonable.

14. En el caso concreto, la comunicación telefónica en la que fue presentada la supuesta propuesta de pago tuvo lugar el 19 de octubre de 2021. Asimismo, el actor afirmó que el 17 de diciembre siguiente contactó a Bancolombia S.A. y que aquella le informó que no era posible solventar la obligación con la alternativa de pago previamente señalada. De esta forma, la situación que, presuntamente, habría originado el desconocimiento de los derechos fundamentales tuvo lugar apenas dos meses y nueve días antes de la presentación de la acción de tutela. En consecuencia, el amparo fue formulado en un plazo razonable y satisface plenamente el requisito de inmediatez.

    Subsidiariedad

15. Este postulado implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. Así, se impide el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional o alterna de protección.

16. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el presupuesto de subsidiariedad debe ser analizado en cada caso concreto. Por tal razón, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa de carácter judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad[84]:

    (i) Cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo o eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

    (ii) En el evento en que, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

17. La primera hipótesis hace referencia al análisis de la idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial ordinario previsto en la ley a favor del afectado. No puede realizarse en abstracto, sino que debe comprender el estudio de las situaciones particulares que sustentan el caso concreto. De esta manera, el juez podría advertir que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o tomar las medidas necesarias para la protección o el restablecimiento de los derechos fundamentales afectados[85].

18. La segunda hipótesis tiene el propósito de conjurar o evitar una afectación inminente o grave a un derecho fundamental. En este escenario, la protección es temporal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991[86]. La concesión del amparo bajo dicha modalidad de protección exige la acreditación de: (i) una afectación inminente del derecho –elemento temporal respecto al daño–; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio –grado o impacto de la afectación del derecho–; y (iv) el carácter impostergable de los remedios para la efectiva protección de los derechos en riesgo[87].

19. Finalmente, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gestación o de lactancia, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad, población desplazada o personas privadas de la libertad[88], entre otros. En estos eventos, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[89]. De tal suerte que, el funcionario judicial debe brindar un tratamiento diferencial al accionante y verificar que aquel esté en imposibilidad de ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones[90].

20. A continuación, la Sala verificará la acreditación de este presupuesto en el presente asunto.

    Análisis del presupuesto de subsidiariedad en el caso concreto

    El actor cuenta con la acción de protección al consumidor financiero

21. Análisis de idoneidad y eficacia del medio judicial. La Corte ha señalado que, en principio, cuando existen otros medios judiciales, la acción de tutela es improcedente y “se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela”[91]. En el asunto bajo análisis, la Sala observa que el Legislador estableció la acción de protección al consumidor financiero para dirimir controversias relacionadas con el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las entidades bancarias, como sucede en este caso. Dicha acción debe ser tramitada ante la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le atribuyen los artículos 24[92] del Código General del Proceso y 57[93] de la Ley 1480 de 2011.

22. Por medio de esta acción, la Superintendencia Financiera de Colombia puede conocer de las controversias relacionadas entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por aquella. Lo expuesto, en relación con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra que esté relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En este escenario, el proceso a seguir es aquel de naturaleza verbal o verbal sumario, según el artículo 58[94] de la Ley 1480 de 2011. Por consiguiente, las etapas y la duración del proceso adelantado por la Superintendencia en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero están sujetas a dicha normativa.

23. En el presente asunto, para la Sala, este medio judicial es idóneo para brindar un remedio integral para la protección de los derechos presuntamente vulnerados al accionante[95]. El objeto de la controversia es el supuesto incumplimiento por parte de la entidad bancaria de una oferta telefónica presentada por un asesor del banco para el acuerdo de pago de un crédito hipotecario, el cual reporta 8.292 días en mora[96]. La acción está dirigida en contra de Bancolombia S.A. Aquella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia[97]. De igual modo, el accionante es un consumidor financiero porque es cliente o usuario de la institución bancaria, según la exigencia del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009[98]. Por lo tanto, prima facie, están acreditados los presupuestos para acudir a la acción de protección al consumidor financiero.

    Además, en este tipo de procesos es posible decretar medidas cautelares. El literal C del artículo 590[99] del Código General del Proceso indica que el juez puede decretar cualquier medida que encuentre razonable “para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. Esta disposición es aplicable a los medios judiciales que son tramitados bajo los procedimientos verbales o verbales sumarios, como ocurre con la acción de protección al consumidor financiero.

24. De otro lado, dicha acción es eficaz porque es lo suficientemente expedita para atender la situación del accionante[100]. El artículo 121[101] del Código General del Proceso indica que no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o única instancia, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda. En este punto, la Superintendencia Financiera afirmó que el tiempo promedio de duración de un proceso es de 164,82 días, incluso en los procesos con debates probatorios complejos, como sucede en este caso[102]. Por lo tanto, no existe ningún fenómeno de congestión judicial que haga nugatoria la acción de protección al consumidor financiero.

25. Improcedencia de la tutela para discutir asuntos económicos y contractuales. El actor pretende que la entidad financiera cumpla con la supuesta oferta o acuerdo de pago derivado de la llamada telefónica del 19 de octubre de 2021. Bajo ese entendido, la Sala considera que este asunto carece de relevancia constitucional. En efecto, presenta una discusión meramente contractual y económica, pues no tiene ninguna trascendencia iusfundamental[103]. Específicamente, estos asuntos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria civil[104].

    Esta Corte ha explicado que la finalidad del amparo constitucional es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y no resolver controversias económicas y contractuales. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico prevé acciones y recursos judiciales ordinarios fuera de la jurisdicción constitucional[105]. En el asunto bajo examen, la Sala no evidencia que el supuesto incumplimiento de la oferta telefónica del 19 de octubre de 2021 haya transgredido alguna garantía fundamental del actor que haga necesaria la intervención del juez constitucional. Por el contrario, las pretensiones de la demanda están dirigidas a atacar la supuesta modificación unilateral por parte de Bancolombia respecto a la suma de dinero que el accionante presuntamente debe, como consecuencia de un crédito hipotecario. En consecuencia, el asunto debe ser resuelto en el escenario judicial especializado, es decir, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

26. La situación reviste una alta complejidad probatoria. Este Tribunal ha establecido que la tutela es improcedente cuando la controversia suscita un debate probatorio especialmente complejo[106]. En tal sentido, ha señalado que “si para la solución del asunto es necesaria una amplia controversia judicial, el interesado debe acudir a la jurisdicción ordinaria pues dicho debate escapa de las atribuciones del juez constitucional”[107]. De allí que, el juez ordinario es quien tiene la capacidad de esclarecer las diferentes dudas técnicas y probatorias que pueden ser suscitadas en relación con el análisis de fondo del asunto[108].

27. A juicio de la Sala, el asunto planteado por el accionante exige un debate probatorio de tal complejidad, que excede la órbita de competencia del juez de tutela. Efectivamente, la discusión amerita un examen técnico que establezca las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue llevada a cabo la oferta telefónica del 19 de octubre de 2021. En este caso, el actor aportó la grabación de una llamada telefónica sostenida entre aquel y un funcionario de Bancolombia. Al revisar ese documento, este Tribunal encuentra que: (i) la conversación no sigue un hilo conductor lógico. Por ejemplo, en el minuto 1:10, el asesor de la entidad financiera le explica que el acuerdo de pago corresponde “[a]l 100% de los intereses corrientes y además no tendría ningún cargo de honorario”. Sin embargo, a continuación, en el minuto 1:12, le indica “claro que sí, la llamada es grabada y monitoreada para efectos de calidad”[109]; (ii) en los minutos 0:01, 3:10, 3:12, 3:14, 3:24 y 3:26, el archivo contiene algunos efectos de sonido que son ajenos al ambiente de la conversación; y, (iii) en los minutos 0:03, 0:06, 0:47, 0:53 y 1:48 de la grabación, los mensajes intercambiados suenan entrecortados. Este aspecto le impide a la Sala conocer el contenido claro y cierto del documento aportado por el accionante.

    De otra parte, la Sala comparó este documento con la grabación telefónica allegada por Bancolombia S.A. Según ambas partes, la supuesta oferta financiera o acuerdo de pago ocurrió a través de la conversación telefónica sostenida el 19 de octubre de 2021. Sin embargo, la grabación suministrada por el ciudadano tiene una duración de tres minutos y treinta y dos segundos; mientras que la de la entidad bancaria, dura siete minutos y veintidós segundos. Además, el contenido de algunos mensajes intercambiados por los intervinientes no coincide o coincide parcialmente entre ambos documentos. En concreto, las similitudes y diferencias entre el contenido de ambas conversaciones pueden ser evidenciadas de la siguiente forma:

    Comentarios de la Sala

    Grabación allegada por el accionante[110]

    Grabación allegada por Bancolombia[111]

    Inicio de la llamada. En este aspecto, la Sala no evidencia ninguna coincidencia.

    [minuto 0:00 – 0:54] “[Suena un pitido] Accionante: OK don M.A.. Le habla J.T.. Propietario del apartamento del Conjunto H. En Torres de COMFANDI en Cali. Quería saber en estos momentos, don M.A. cuál es la deuda y cómo podemos negociar con Bancolombia el costo de ese apartamento, porque entiendo que hay unos importantes descuentos. Entonces quiero tenerlos en cuenta, don M.A..

    Asesor: [Audio cortado] Línea señor J..

    [Audio de llamada en espera de Bancolombia]

    Accionante: Gracias, don M.A.. Es que acabo de escuchar esa publicidad de Bancolombia [se corta] donde ustedes dicen que se cosecha con la cabeza, pero se recoge con el corazón. Y que ustedes siempre han aportado al país, al desarrollo económico [audio cortado] y el apoyo de sus gentes. Yo quisiera saber desde ese punto de vista [se corta] la Alianza SGP ¿qué podría tener para mí? Es decir, si yo soy una persona que solamente tengo esa vivienda”.

    [minuto 0:00 - 0:38] “Sonido de teléfono

    Asesor: muy buenas tardes. Mi nombre es M.A. de Alianza SGP para Bancolombia, ¿con quién tengo el gusto de hablar?

    Accionante: gracias don M.A.. Otra vez J.T.. La persona con la que habló hace una hora.

    Asesor: ah, señor J.. Lo estuve llamando.

    Accionante: si, no. Como le digo, tengo dificultades, pero ya estoy aquí otra vez.

    Asesor: Ah bueno, perfecto. Me valida nuevamente los últimos tres dígitos de su cédula para validarle la llamada, por favor.

    Accionante: 624”

    En este punto, las llamadas no coinciden en relación con “la solicitud de los saldos”. En la grabación allegada por el accionante, el asesor del banco le dice que va a pedir los saldos. En la otra grabación, le indica que ya los pidió. De igual forma, la Sala evidencia que una frase pronunciada por el funcionario es idéntica en cuanto a las palabras y a expresiones empleadas.

    [minuto 0:55 – 2:29] “Asesor: Pues en este momento la opción que el sistema nos brinda para poderle otorgar, eeh, señor J., sería pedir los saldos y verificar en cuánto está en este momento el capital. Y le descontamos lo que son el 100% de los intereses moratorios, el 100% de los intereses corrientes y además no tendría ningún cargo de honorario [audio cortado]. Claro que sí, la llamada es grabada y monitoreada para efectos de calidad. Tenemos crédito hipotecario finalizado en 5978, en el cual el valor vencido está en $260’590.189 aproximadamente, más los respectivos honorarios.

    Accionante: Por eso mismo queremos decirle a Bancolombia SGP, Alianza SGP, pues que nos sentemos a dialogar para poder concertar el pago de una cifra acordada previamente. No estoy hablando de la cifra que usted me acaba de dar, sino de una cifra acordada. Recuerde don M. que esta llamada está siendo grabada y monitoreada. ¿Usted tiene alguna razón explícita por la cual no pueden ofrecer esa información por escrito?

    Asesor: Pues en el momento, lo que podríamos hacer es que, si llegamos a una negociación, le podríamos enviar lo que es un certificado de negociación. [Audio cortado] [minuto 1:59- 2:29] Bancolombia le puede ofertar a usted descontando lo que es el 100% de los intereses corrientes, 100% de intereses moratorios y además de esto no le van a cargar ningún [hono], ningún tipo de honorarios que normalmente nunca tienen descuento. En el capital actualmente, eh, lo [man], solicité y el capital en el momento con, al día de hoy, para poder pagar serían en total $51’463.000, señor J..

    [minuto 0:38 - 1:59] “Asesor: Listo, perfecto, señor J.. La llamada es grabada y monitoreada para efectos de calidad. En el momento, pues ya solicité lo que son los saldos, ya tengo los valores para poder negociar. En el momento, el sistema me indica de que, pues como le indicaba, [minuto 0:59 – 1:25] Bancolombia le puede ofertar a usted, descontando lo que es el 100% de los intereses corrientes, el 100% de intereses moratorios y además de esto, no le van a cargar ningún [hono] ningún tipo de honorarios que normalmente nunca tienen descuento. En el capital actualmente, eh, lo [man], solicité y el capital en el momento con, al día de hoy, para poder pagar serían en total $51’463.000, señor J..

    Accionante: 51 millones. Bueno, y si yo me presento y les digo a ustedes que ya tengo [inaudible] que me confirmaron la liquidación, junto con las observaciones que me hacen allí y a esos 51’000.000 en total le hacen una transferencia a la mano $5’000.000, ¿ustedes se sentarían a negociar conmigo? [suena entrecortado].

    Asesor: Eh, ¿cuánto sería en total?

    Accionante: No sé. Exactamente 15’800.00 que es lo que yo tengo en este momento, con la liquidación de mi trabajo como empleado oficial”.

    La Sala evidencia que esta parte de la conversación telefónica no fue allegada por el demandante.

    [minuto 2:00 – 5:54] “Asesor: lo que pasa es que el acuerdo o el beneficio que le entrega Bancolombia sería, pero con el pago total de la deuda. En ese total le están cobrando el capital, lo que sería $51’463.000.

    Accionante: Correcto. Entonces llegando a un acuerdo y sabiendo que soy cliente de Bancolombia y que no lo hice de manera involuntaria, es decir, que el atraso de las cuotas no fue de manera involuntaria ante la situación social que vivió el país con la pandemia, y fuera de eso, la situación de la ley tributaria, que el juez demostró finalmente en el juicio que se estaba cobrando de más en su momento. Estamos hablando de hace veintipico de años, 1999, año 2000. Entonces, teniendo en cuenta eso, don M. y valorando cada una de las situaciones, le pregunto: ¿es posible eso, que yo me siente con ustedes a ver si saldamos esa deudita?

    Asesor: como le indico, pues el descuento que otorga ya, con el proceso de cómo está el crédito, pues ya sería con el pago total. Si ya quiere pagar menos de eso, se toma como abono, lo cual no sería recomendado.

    Accionante: ¿se toma como qué, perdón? Asesor: Como abono.

    Accionante: Ah, como un abono. Venga, una pregunta, ¿y cuál es el paso a seguir? Pues, si yo consigo esa plata, es decir, si me desembolsan, como le digo, esos 15 millones, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿cuál es la ruta para reunirme con ustedes?

    Asesor: Pero con los siete millones, ¿usted completa los 50 millones o solo los 15 millones?

    Accionante: No, no, no. Es pa’ sentarme con ustedes a dialogar y decirles ‘bueno, tengo este dinero’. ¿Con quién hablo? O sea, una persona que. Alguien que sea un encuentro personal.

    Asesor: No, lo máximo que se le va a otorgar es el descuento que le estoy informando. Recuerde que la deuda en total está en $261’019.000 más honorarios. En el momento, Bancolombia le está otorgando para que usted salde la deuda en total $51’463.000. No le está cobrando ni honorarios, no le está cobrando ni intereses corrientes ni intereses moratorios. Y le está bajando bastante la deuda. Le están descontando más del 50% de la deuda.

    Accionante: Para llegar a una negociación directa, ¿cuál es la ruta a seguir? Asesor: ¿Cómo?

    Accionante: Para sentarse a una negociación directa, ¿cuál es la ruta a seguir?

    Asesor: Pues la negociación que se le va a ofertar por medio de Alianza SGP es esta que le estoy otorgando hoy, Lo demás ya se tomaría como abono, señor J., lo cual no es recomendado. Porque los abonos se van a ir a intereses corrientes e intereses moratorios. Pero ya un paquete de descuento no se le va a poder aplicar.

    Accionante: Yo lo entiendo. Esa última parte no le copié, ¿me repite? En relación con la deuda que ustedes tienen allí con ese apartamento en total es de 51’400.000

    Asesor: 52’463.000. Sí señor.

    Accionante: ¿Y entonces ese dinero, un ejemplo, si yo quisiera sentarme con ustedes a dialogar en el tema del descuento sobre esa base, porque pues uno labora, uno es empleado y siempre tiene recursos limitados, ¿cuál es la ruta a seguir para que habláramos personalmente? Asesor: Lo que pasa es que ya personalmente nosotros no estamos atendiendo. Y solo se hace por medio vía telefónica. Y el descuento que le vamos a otorgar, el máximo descuento, es este que le estoy otorgando el día de hoy. Ya más de ese descuento no le van a aplicar. Así hable con abogados o cualquier persona de SGP, el descuento que se le va a otorgar es el 100% de intereses corrientes, 100% de intereses moratorios, no se le carga honorarios y solo va a pagar el capital que tenga al día que vaya a realizar el pago. En este caso, si usted realiza el pago por ejemplo hoy, son $51’463.000. De igual manera, tenga claro que la deuda en total en el momento está en $261’019.000 más honorarios. Entonces mire la diferencia en cuanto a saldos en cuánto está”.

    En este punto, la Sala observa que únicamente las frases resaltadas coinciden en ambas llamadas telefónicas.

    Accionante: [min 2:30 – 2:38] “El camino, la ruta a seguir entonces sería consignarles el recurso de acuerdo con eso. Aunque pues yo les aclaro pues no tengo todo ese dinero, pero sí podríamos sentarnos a negociar.

    Asesor: [min 2:39-3:06] Pues en el momento la negociación es por pago total. Si usted logra verificar si puede conseguir lo que es el dinero, ya usted se puede estar comunicando con nosotros, ya sabe cuál es la oferta que tenemos para usted, para que usted pueda saldar la deuda y la verdad está [bas…] es bastante diferencia en cuanto al dinero, porque [le están eh] le están descontando, solo va a pagar [suena entrecortado] $51.463.000 [suena un poco entrecortado]. De igual manera mire el beneficio que se le está otorgando. Se le están descontando hasta honorarios, donde normalmente no se descuentan, honorarios.

    [pitido]”.

    [minuto 5:55 - 7:00] Accionante: Bueno, teniendo en cuenta que ustedes me hacen el descuento, incluyendo honorarios, [minuto 5:59 – 6:09] el camino, la ruta a seguir entonces sería consignarles el recurso de acuerdo con eso. Aunque yo le aclaro, pues no tengo todo ese dinero, pero sí podríamos sentarnos a negociar.

    Asesor: [minuto: 6:10 – 6:47] Pues en el momento, la negociación es por pago total. Si usted logra verificar si puede conseguir lo que es el dinero, ya usted se puede estar comunicando con nosotros, ya sabe cuál es la oferta que tenemos para usted, para que usted pueda saldar la deuda. Y la verdad [está bas…] es bastante diferencia en cuanto al dinero, porque [le están eh] le están descontando que solo va a pagar $51’000.000. Cuando la deuda en total está en $261’000.000.

    Accionante: Bueno, entonces yo converso con mi familia… a pensar entorno a cómo hacer para aproximarnos. Es decir, poder lograr una negociación que beneficie tanto al banco como a nosotros.

    Asesor: [minuto 6:55 – 7:00] De igual manera, mire el beneficio que se le está otorgando. Se le está descontando hasta honorarios, donde normalmente no se descuentan honorarios”.

    Por último, los mensajes intercambiados en la finalización de la llamada coinciden en ambos documentos. Aunque, como fue expuesto, en la grabación allegada por el accionante se escuchan sonidos de fondo que son ajenos al ambiente de la conversación.

    [min 3:10 – 3:26] Accionante: “Bueno señor A., ha sido usted muy amable. Una bendición y estoy atento entonces al discurrir de esta negociación. [Suenan pitidos de fondo].

    Asesor: Perfecto señor J., entonces quedamos atentos. Nuevamente le recuerdo que habló con M.A. de Alianza SGP para Bancolombia. Lo dejo con una breve encuesta para que evalúe mi servicio. Que tenga un excelente día.

    [pitido]

    Accionante: Bueno, muy amable, don M.A..

    [pitido]”.

    [minuto 7:01 – 7:21] Accionante: “Bueno, señor A., ha sido usted muy amable. Una bendición y estoy atento entonces al discurrir de esta negociación.

    Asesor: Perfecto señor J., entonces quedamos atentos. Nuevamente le recuerdo que habló con M.A. de Alianza SGP para Bancolombia. Lo dejo con una breve encuesta para que evalúe mi servicio. Que tenga un excelente día.

    Accionante: Bueno, muy amable, don M.A..

28. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no existe claridad ni certeza en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se dio la supuesta oferta financiera o acuerdo de pago referido en la tutela. La definición de dicha situación exige un complejo ejercicio probatorio, por la necesidad de contar con instrumentos técnicos para analizar los documentos aportados por las partes. En todo caso, aquella situación carece de relevancia constitucional porque no versa sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, sino acerca de las condiciones de la negociación entre las partes y sus efectos económicos. En tal perspectiva, dicho debate probatorio tendría lugar en el escenario del juez natural.

    Finalmente, el asunto debe ser conocido por el juez especializado en el asunto. La Sala reitera que la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, conocerá de la acción de protección al consumidor financiero por los asuntos contenciosos entre aquellos y las entidades bancarias vigiladas por esta entidad. Lo anterior, en relación con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la actividad financiera, como ocurre en este caso[112]. Además, al tratarse de un órgano jurisdiccional especializado, el proceso podrá ser decidido a través del mencionado análisis probatorio y técnico que, vistas las circunstancias antes anotadas, excede los márgenes de la acción de tutela.

    El actor no está en condición de vulnerabilidad

29. El reclamante afirmó ser padre cabeza de familia de dos menores de edad. De este modo, manifestó ser un sujeto de especial protección constitucional y estar expuesto a una situación de “extrema vulnerabilidad”, porque fue desvinculado de su trabajo con la Alcaldía de Palmira el 17 de marzo de 2020[113]. Sin embargo, la Sala no encontró que el demandante esté en imposibilidad de ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones.

30. En la Sentencia T-003 de 2018[114], la Corte afirmó que la condición de padre o madre cabeza de familia es acreditada cuando la persona (i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores de edad o personas incapacitadas para trabajar; (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia; y, (iii) su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se sustrajo del cumplimiento de sus obligaciones.

31. Al revisar los documentos allegados por el tutelante, la Sala no evidencia que la madre de los hijos menores de edad del accionante esté ausente de manera permanente o haya abandonado su hogar. Por el contrario, la historia clínica del actor indica que su estado civil es “unión libre” y que reside en la carrera 31 No. 28-71 del Municipio de Palmira[115]. De otro lado, el Registro Civil de Nacimiento de la Notaría Primera de Palmira indica que la señora C.T.L.M. es la madre de los hijos del accionante[116]. Según las declaraciones extrajudiciales efectuadas por las señoras Z.M.G.[117] y S.Q. de Sanclemente[118], aquella reside en la misma vivienda con aquel, pues “dado su arraigo familiar en Palmira, ella permanece en este sitio de la CARRERA 31 #28-75, en donde -igualmente- cuida de sus dos hijos menores [de edad]”[119]. Esta ciudadana tiene un “pequeño restaurante popular” donde aplica sus conocimientos como chef técnica. Tal situación es indicadora de que, al parecer, concurre económicamente en los gastos del hogar. De esta manera, los elementos probatorios allegados no demuestran con plenitud que, en efecto, el reclamante sea un padre cabeza de familia.

32. Asimismo, la Sala evidencia que el actor no pertenece al grupo poblacional de la tercera edad. Esta Corporación[120] ha distinguido entre “adulto mayor” y “persona de la tercera edad”. El primer concepto hace referencia a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones. Según la Ley 1276 de 2009[121], esta categoría la ostenta la persona que supere los 60 años o aquel que, sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”. Esta definición opera solamente en el ámbito de la “atención integral del adulto mayor en los centros de vida”[122].

    De otro lado, la calidad de “persona de la tercera edad” solo la ostenta quien es adulto mayor y ha superado la esperanza de vida. De tal forma que, no todos los adultos mayores son personas de la tercera edad, pero cualquier persona de la tercera edad es un adulto mayor. Para efectos de precisar a qué edad una persona puede ser catalogada de la tercera edad, la Corte ha acudido a la esperanza de vida certificada por el DANE[123]. Para el año 2021, la entidad señaló que la esperanza de vida al nacer para los hombres en Colombia está estimada en 73,7 años[124]. Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que certifique el DANE para cada período específico. Esta distinción es útil, pues permite valorar en cada caso concreto la eficacia de los mecanismos judiciales ordinarios que tiene a disposición el demandante. Así, la protección constitucional reforzada la ostentan las personas de la tercera edad por su condición de edad avanzada.

33. Respecto a este asunto, el tutelante afirmó que tenía sesenta años[125]. La Sala encuentra que aquel es un adulto mayor, pero definitivamente no es una persona de la tercera edad porque no ha superado la expectativa de vida. Por lo tanto, no precisa un trato especial debido a su edad.

34. Adicionalmente, no hay certeza de las condiciones económicas indicadas por el accionante en su escrito de tutela. De un lado, cuenta con una red familiar sólida. Al respecto, le indicó a la Corte que debe ayudar a su madre que está convaleciente y allegó su historia clínica. Sin embargo, este archivo contiene una clave que no fue informada por el demandante, razón por la cual no pudo ser valorada. Por el contrario, el solicitante manifestó que cuenta con la ayuda económica de su hermana, quien vive en Estados Unidos y le gira la suma de $600.000 mensuales[126].

35. De otro, el actor indicó que el apartamento objeto del proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia S.A. en su contra no cuenta con servicios públicos domiciliarios. Para tal efecto, allegó una factura de las Empresas Municipales de Cali. Este documento indica que hay “98 cuenta(s) vencida(s)”[127]. No obstante, el mismo no contiene información que permita identificar al usuario del servicio y la dirección de la vivienda en la cual la empresa efectúa el cobro.

    La Sala insiste en que las declaraciones extrajudiciales aportadas por el actor[128] dan cuenta que aquel vive con la señora C.T.L.M. y que aquella aporta económicamente a su hogar y a sus hijos. La fuente de ingresos es un restaurante de su propiedad donde aplica sus conocimientos como chef. De manera que, sus deudas no fueron demostradas. Por lo tanto, la Sala no observa una situación de vulnerabilidad por parte del demandante.

36. Por último, es necesario resaltar que las condiciones de salud del reclamante tampoco evidencian una protección especial que amerite la intervención extraordinaria del juez de tutela[129]. En particular, aquel precisó que padecía de “diverticulitis”. A pesar de esto, su historia clínica no evidencia tal situación. En tal perspectiva, la Sala no advierte que el accionante padezca una enfermedad grave o catastrófica.

37. En suma, la Sala concluye que aquel no es un sujeto de especial protección constitucional que flexibilice el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. Bajo ese entendido, la acción de protección al consumidor financiero es un mecanismo idóneo y eficaz para estudiar la situación particular del demandante. Específicamente, porque no hay certeza de los hechos alegados como vulneradores de los derechos fundamentales invocados por el actor. Por el contrario, los asuntos discutidos son de carácter económico y contractual. También, el caso reviste debates probatorios altamente complejos. En especial, la definición técnica de las condiciones de modo, tiempo y lugar de la supuesta oferta financiera o el presunto acuerdo de pago referido en la tutela. Finalmente, el actor no demostró estar en una condición vulnerable como padre cabeza de familia. En tal sentido, no es viable la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. A continuación, la Sala evaluará si esta acción es procedente como mecanismo transitorio.

    El accionante no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable

38. Por otro lado, el actor reclamó la urgencia del amparo constitucional. Al respecto, manifestó que el propósito de la demanda es evitar la “pérdida inminente de [su] vivienda de interés social”[130]. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en estos eventos, la acción de tutela es procedente porque la controversia trasciende su órbita eminentemente económica, pues tiene un efecto directo y específico en la vida digna y el mínimo vital de las personas[131]. Así, el examen de procedibilidad de la acción de tutela debe verificar que en estos casos exista “mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial”, como ocurre en el caso de los créditos hipotecarios obtenidos con el fin de adquirir una vivienda que, en muchos casos, no solo beneficia al deudor, sino también a su familia”[132]. En este escenario, el juez debe verificar que: (i) quien solicita el amparo carezca de los recursos económicos para sufragar sus gastos; y, (ii) las circunstancias adicionales de vulnerabilidad de la familia o el grupo afectado[133].

39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, según el certificado de deuda aportado por Bancolombia[134], el demandante presenta 8292 días de mora en el pago de su obligación crediticia, que corresponde a 22,71781 años. Además, al verificar la radicación del proceso ejecutivo adelantado por el banco, aquel data del año 2010. Lo anterior, contradice sus afirmaciones, en las cuales pone de presente que su situación de insolvencia económica fue derivada a partir de su desvinculación laboral de la Alcaldía Municipal de Palmira[135].

    De igual forma, el solicitante afirmó que convive en el inmueble objeto del proceso hipotecario con sus hijos menores de edad y que aquel no cuenta con servicios públicos domiciliarios. En relación con esto último, la Sala reitera que en la factura de servicios públicos presentada[136], la cual indica que hay cerca de 98 cuotas pendientes por cancelar, no consta la dirección del inmueble. Por otro lado, en el escrito especial que el ciudadano elevó a la Corte, manifestó que su grupo familiar vive en la ciudad de Palmira y que allí paga un arriendo. En concreto, afirmó que: “a menudo debo desplazarme hasta Cali, para atender los requerimientos de mi madre, aún a riesgo de dejar expuestos a mis dos hijos, pues no cuento con más familia en Palmira”[137]. Asimismo, los certificados de estudio de sus hijos, suscritos por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, y el Club Deportivo Academia Palmira Salazar[138], evidencian que el tutelante y su familia no residen en Cali. Estas pruebas, junto a la historia clínica y a las declaraciones extrajudiciales, permiten establecer que el accionante reside en la carrera 31 No. 28-71 del municipio de Palmira y no en el inmueble ubicado en la carrera 1B No. 57-102, bloque 4, apartamento 504 de la ciudad de Cali, el cual es objeto del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra.

40. Por lo tanto, la Sala no advierte una afectación de los derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital del actor y de su núcleo familiar en los términos de la jurisprudencia constitucional. En concreto, el tutelante no demostró que la afectación a sus garantías fundamentales fuera inminente, urgente, grave y que la intervención del juez de tutela fuera impostergable. Al respecto, las pruebas allegadas por el actor no dan cuenta de tal situación. Por el contrario, existen dificultades para determinar su condición personal, familiar y económica. Como fue expuesto, los documentos aportados no permiten demostrar las afirmaciones del accionante. En consecuencia, en el asunto objeto de revisión no se configura un perjuicio irremediable.

    Síntesis de la decisión y conclusiones

41. En este caso, el accionante presentó solicitud de amparo con el fin de que el juez constitucional ordenara el pago de la obligación crediticia adquirida por Bancolombia por el valor de $51’463.000 en los términos de una llamada telefónica sostenida por las partes el 19 de octubre de 2021. De igual forma, el actor solicitó suspender cualquier intento de la entidad accionada para rematar su bien inmueble. Posteriormente, pidió evaluar otra acción de tutela interpuesta en contra de la Alcaldía Municipal de Palmira porque a la fecha, la orden judicial no ha sido materializada.

42. La Sala rechazó por improcedente la solicitud de conocer un proceso de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Palmira y lo referente al desacato de aquella por falta de competencia. En seguida, analizó los requisitos de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. Al respecto, acreditó únicamente los presupuestos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, así como el requisito de inmediatez. Sin embargo, no evidenció cumplido el requisito de subsidiariedad. En particular, porque el demandante cuenta con la acción de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de ventilar la controversia sobre el pago de la obligación crediticia adquirida con Bancolombia.

    En este aspecto, la Sala estableció que ese medio judicial es idóneo y eficaz. Primero, porque el artículo 24 del Código General del Proceso y los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 establecen esta acción judicial para dirimir este tipo de asuntos. Segundo, porque aquella es decidida dentro de un plazo menor a un año, por lo que la Superintendencia cuenta con un término razonable para decidir. Tercero, porque en el interior de este proceso pueden ser decretadas medidas cautelares con el fin de evitar un daño al accionante. En este punto, el actor no acreditó que haga parte de un grupo de especial protección o que esté en condición de vulnerabilidad. Por último, no encontró acreditado un perjuicio irremediable que haga imperativa la intervención del juez constitucional. En concreto, porque el solicitante no demostró que la afectación de los derechos fundamentales invocados fuera inminente, grave y que requiriera la intervención impostergable del juez de tutela.

    Órdenes por proferir

43. En virtud de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión, de una parte, rechazará por improcedente la solicitud presentada por el ciudadano en relación con la acción de tutela presentada en contra de la Alcaldía Municipal de Palmira. De otra, confirmará la decisión del 18 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali que, a su vez, confirmó la decisión del 12 de enero de 2022 expedida por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. Aquellas declararon la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,