Sentencia de Constitucionalidad nº 113/23 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2023

“DECRETO [LEY] 2241 de 1986[2]

Por el cual se adopta el Código Electoral

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 96 de 1985, previo dictamen del Consejo de Estado

DECRETA

[…]

ARTÍCULO 67. Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes:

1. Muerte del ciudadano;

2. Múltiple cedulación;

3. Expedición de la cédula a un menor de edad;

4. Expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza;

5. Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país.” (se resalta el apartado que se demanda).

1. Según el demandante, la precitada disposición es incompatible con los artículos 14, 96, 98 y 99 de la Constitución[3], en cuanto establecen un listado taxativo de las causales de pérdida de la nacionalidad, entre las cuales no se encuentra la adquisición de “carta de naturaleza en otro país”, como sí lo establecía el artículo 9 de la Constitución de 1886. Por tanto, es contraria a la Constitución la competencia que se atribuye a la Registraduría Nacional del Estado Civil para cancelar la cédula de ciudadanía en tal supuesto.

2. Señala, en segundo lugar, que la disposición contiene una medida desproporcionada, ya que del hecho de adquirir carta de naturaleza en otro país se seguiría “necesariamente que [la persona] tenga que perder sus derechos políticos y civiles”[4]. Agrega que, igual consecuencia tendrían “aquellos extranjeros que teniendo carta de naturaleza en un país extranjero adquirieron la nacionalidad colombiana por adopción mediante la misma figura, [sic] también estarían inmersos a que se le cancele la cédula, por lo que la única manera de que los funcionarios de la [R]egistra[du]ría no le cancelen la cédula, en virtud del uso de las facultades investidas por la norma acusada y en consecuencia no pierda o se suspendan los derechos civiles y políticos, es renunciando a la nacionalidad de origen”[5]. Indica igualmente que la disposición “desincentiva la libre adquisición de otras nacionalidades mediante carta de naturaleza, por las injustas consecuencias que de ello implica. En ese sentido aquellos colombianos que adquirieron la nacionalidad por nacimiento y que pretendan adquirir otra nacionalidad en un país extranjero mediante carta de naturaleza por diversas circunstancias y razones no lo podrán hacer porque estarían susceptibles [sic] de que un funcionario de la [R]egistrad[uría] [N]acional del [E]stado [C]ivil en ejercicio de sus facultades que le otorga la norma acusada le pueda cancelar la cédula de ciudadanía solo por el simple hecho de adquirir la nacionalidad en otro país”[6].

   3. INTERVENCIONES CIUDADANAS, CONCEPTOS TÉCNICOS Y CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

3. Dentro del proceso se recibieron las intervenciones y conceptos, entre ellos el de la Procuradora General de la Nación, que se sintetizan en el siguiente cuadro:

   Tipo de participación

   Inhibición

   Exequibilidad

   Inexequibilidad

   Conceptos de entidades públicas, organizaciones privadas y expertos invitados[7]

   Universidad Externado de Colombia – Departamento de Derecho Constitucional (en adelante, Universidad Externado)

   Registraduría Nacional del Estado Civil

   Ministerio de Relaciones Exteriores

   Universidad Francisco de Paula Santander – Grupo de Investigación Jurídico, Comercial y Fronterizo (en adelante, Universidad Francisco de Paula Santander) (inexequibilidad parcial)[8]

   Universidad Pontificia Bolivariana – Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas (en adelante Universidad Pontificia Bolivariana)

   Universidad de Los Andes – Consultorio Jurídico del Área de Derecho Público

   Defensoría del Pueblo (inexequibilidad parcial)[9]

   Concepto de la Procuradora General de la Nación[10]

   Procuradora General de la Nación

1. Argumentos de quienes solicitan una decisión inhibitoria

4. La Universidad Externado de Colombia solicita que la Corte se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que se presentó una derogatoria tácita de la disposición que se demanda, “en virtud de la promulgación de la Constitución de 1991”[11]. Según precisa, la disposición era compatible con la Constitución Nacional de 1886, pero no con la Carta vigente, ya que esta, en su artículo 96, dispone que no se pierde la calidad de nacional colombiano por el hecho de adquirir otra nacionalidad. En consecuencia, se habría configurado el fenómeno de la “inconstitucionalidad sobreviniente”, dada “la manifiesta incompatibilidad del artículo del Código Electoral […] y el artículo 96 de la Constitución”[12].

2. Argumentos de quienes solicitan la declaratoria de inexequibilidad parcial de la disposición

5. La Universidad Francisco de Paula Santander y la Defensoría del Pueblo solicitan que se declare la exequibilidad de la primera parte de la disposición que se demanda y la inexequibilidad de la expresión “por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”.

6. En relación con lo primero, se indica que la cancelación de la cédula de ciudadanía cuando tiene como causa la “pérdida de la ciudadanía” es compatible con la Constitución, ya que su artículo 98 contempla “la pérdida de la ciudadanía por renuncia a la misma, que por simple lógica deberá implicar la cancelación de la cédula de ciudadanía”[13].

7. En cuanto a lo segundo, se aduce que si bien en vigencia de la Constitución Nacional de 1886 (artículo 9) era una causal de pérdida de la nacionalidad el hecho de “adquirir carta de naturaleza en país extranjero”, esta es incompatible con la Constitución Política de 1991 por las siguientes razones: (i) su artículo 96, que regula las condiciones para ser nacional colombiano, no establece esta causal como de pérdida de la nacionalidad[14]; (ii) el inciso segundo del literal c) del artículo constitucional en cita “permite que los ciudadanos colombianos tengan doble nacionalidad, por tanto, la Carta Política les da la posibilidad a los colombianos de ser nacionales de otro Estado diferente al colombiano”[15], de allí que permitir que una autoridad cancele “la cédula de ciudanía de un nacional colombiano por el hecho de haber obtenida una carta de naturalización de otro país, [sic] es abiertamente inconstitucional, máxime cuando la cédula de ciudadanía es el documento que identifica a las colombianas y los colombianos mayores como nacionales colombianos”[16]; finalmente, (iii) el artículo 98 de la Carta, que regula las condiciones para la pérdida de la ciudadanía, únicamente “contempla la pérdida de la ciudadanía, ante la renuncia a la nacionalidad”[17].

3. Argumentos de quienes solicitan la declaratoria de inexequibilidad total de la disposición

8. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de los Andes y la Procuradora General de la Nación solicitan que se declare la inexequibilidad de la disposición que se demanda, por las siguientes razones:

9. En primer lugar, si bien la disposición demandada era compatible con la Constitución Nacional de 1886 (artículo 9), se opone al artículo 96 de la Constitución Política de 1991, ya que este eliminó como causal constitucional de pérdida de la nacionalidad colombiana (por nacimiento o por adopción) el hecho de haber adquirido la nacionalidad de otro Estado[18]. A diferencia del régimen constitucional anterior, la actual Constitución “modificó el régimen de pérdida de la nacionalidad colombiana sustrayendo del ordenamiento jurídico la terminación del vínculo político jurídico, por causal, de haber adquirido nacionalidad diferente a la colombiana”[19]. Para la Procuradora General de la Nación, en atención a estas razones, se habría presentado “el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente ante la expedición de los artículos 96 y 98 de la Carta Política de 1991”, que, en atención al precedente constitucional –para lo cual cita las sentencias C-560 de 2019 y C-155 de 2022–, exigen la declaratoria de “inexequibilidad de la norma acusada para superar cualquier duda sobre su vigencia”[20].

10. En segundo lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Carta, “[e]l Legislador no se encuentra facultado para crear causales distintas de pérdida de la ciudadanía, por cuanto el artículo 98 solo autoriza a que, por vía legal, se reglamenten los supuestos referidos a la suspensión del ejercicio del derecho a la ciudadanía”[21].

1. Competencia

11. La Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.5 de la Constitución, pues se dirige contra una disposición que hace parte de un decreto con fuerza de ley -el Decreto Ley 2241 de 1986 “[p]or el cual se adopta el Código Electoral”-, dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Congreso de la República mediante la Ley 96 de 1985.

12. Sobre el particular conviene precisar que la Corte tiene competencia para decidir sobre demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley pese a no haber sido dictados con fundamento en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución, sino en el artículo 76, numeral 12, de la Constitución Nacional de 1886, derogada en 1991[22], por cuanto el control de constitucionalidad de la legislación preexistente –la cual conserva su vigencia siempre que no resulte incompatible con la nueva Constitución[23]–, se debe adelantar, en cuanto a su contenido material, a la luz de las normas constitucionales vigentes.

2. Cuestiones previas

13. El Decreto Ley 2241 de 1986, mediante el cual se adoptó el Código Electoral –del cual forma parte la disposición demandada–, fue expedido por el gobierno nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Congreso de la República mediante la Ley 96 de 1985. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1991 el Congreso no puede otorgar facultades extraordinarias al gobierno para expedir códigos ni leyes estatutarias, entre ellas las que regulan las funciones electorales, por cuanto dicha materia se encuentra reservada al legislador estatutario, en los términos de los artículos 150.10 y 152.c de la Constitución.

14. No obstante, si bien la disposición demandada está contenida en el Código Electoral, lo cierto es que no regula una función electoral ni, por tanto, guarda unidad de materia con dicha función. Dicha disposición, en estricto sentido, en cuanto establece una causal para la cancelación de la cédula de ciudadanía, forma parte de la regulación de la función de identificación de las personas que la Constitución atribuye al Registrador Nacional del Estado Civil, en los términos de los artículos 120 y 266 de la Constitución[24]. La materia regulada en la disposición demandada, en consecuencia, no se encuentra sometida a la reserva de ley estatutaria de funciones electorales de que trata el artículo 152.c de la Constitución[25], sino a la reserva de ley en materia de identidad e identificación de las personas -de conformidad con los artículos 120 y 266, en concordancia con los artículos 121, 122, 123, inciso segundo, y 150.23 de la Constitución-, reserva de la que hacen parte asuntos tales como las formas o mecanismos de identificación, su contenido, los datos que deben incorporar y sus condiciones de expedición y cancelación, aspecto este último que se enmarca en la competencia que la disposición demandada atribuye a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

15. Ahora bien, como ha dicho la Corte desde la Sentencia C-014 de 1993[26], la legislación preexistente conserva su vigencia en la medida en que la nueva Constitución no contenga normas que resulten incompatibles con aquella:

    “Con respecto a la legislación preexistente las exigencias del principio de seguridad jurídica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. La regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tránsito constitucional no conlleva necesariamente la derogación de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada. Por tanto, la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constitución no establezca reglas diferentes. La diferencia entre la nueva Constitución y la ley preexistente debe llegar al nivel de una incompatibilidad real, de una contradicción manifiesta e insuperable entre los contenidos de las proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente. Por tanto, no basta una simple diferencia”.

16. Ha dicho igualmente la Corte en jurisprudencia reiterada, sistemática y pacífica[27], que el control de constitucionalidad de dicha legislación –en cuanto a su contenido material–, no obstante haber sido expedida antes de la Constitución de 1991, debe adelantarse a la luz de las normas constitucionales vigentes.

17. Sobre este aspecto es necesario reiterar que, como lo ha indicado la Sala y lo puso de presente en su concepto la Procuradora General de la Nación, la constatación acerca de si una disposición anterior a la Constitución de 1991 es incompatible con esta, requiere de un análisis de fondo por parte de la Corte Constitucional[28], a la que se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (artículos 4 y 241), por cuanto el fenómeno que se presenta en estos casos es el de la inconstitucionalidad sobreviniente, el cual se configura, como ya se dijo, solo si la diferencia entre la ley preexistente y la nueva Constitución corresponde a una contradicción manifiesta e insuperable.

18. Por tal razón no comparte la Sala la solicitud que le ha hecho uno de los intervinientes[29] en el sentido de declararse inhibida, a partir de la consideración de que ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita y de que, por tanto, se encuentra impedida para un pronunciamiento de fondo. Por el contrario, como se acaba de señalar, la constatación acerca de si la diferencia entre la ley preexistente y la nueva Constitución corresponde a una contradicción manifiesta e insuperable “supone un análisis de profundidad realizado por el juez competente quien será, en últimas, el llamado a determinar la naturaleza y alcance de la contradicción”[30].

3. Planteamiento del problema jurídico y parámetros de control constitucional

19. En atención a los cargos de la demanda que fueron admitidos y a las intervenciones ciudadanas, el problema jurídico que le corresponde decidir a la Sala consiste en determinar si el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, que establece como uno de los supuestos de cancelación de la cédula de ciudadanía la “pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza de otro país”, es compatible o no, de un lado, con los artículos 96 y 98 de la Constitución, en cuanto regulan la nacionalidad y la pérdida y suspensión de la ciudadanía y, de otro, con los artículos 14 y 99, en cuanto consagran el derecho a la personalidad jurídica y exigen la calidad de ciudadano en ejercicio para ejercer determinados derechos políticos.

20. Las normas constitucionales que el demandante considera infringidas disponen, en lo pertinente, que “[n]ingún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”; que “[l]a calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”, y que “[l]os nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción” (artículo 96). El 98 establece, por su parte, que “[l]a ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad”.

21. El artículo 14 dispone que toda persona tiene derecho “al reconocimiento de la personalidad jurídica”, y el 99 que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer los derechos “al sufragio”, a ser “elegido” y a “desempeñar” “cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.

4. Solución del problema jurídico

22. Para la Sala, la expresión “por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”, contenida en el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, es contraria a los artículos 14, 96, 98 y 99 de la Constitución, por las siguientes razones:

23. Porque infringe los artículos 96 y 98 de la Constitución. En efecto, es incompatible con la Constitución el supuesto de pérdida de la ciudadanía por el hecho de adquirir carta de naturaleza en otro país (otra nacionalidad), por cuanto el artículo 98 de la Constitución sólo prevé como causal de dicha pérdida la renuncia a la nacionalidad. Desconoce igualmente que, conforme a lo dispuesto en su artículo 96, la nacionalidad colombiana no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

24. La disposición demandada desarrollaba lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Constitución anterior a la de 1991, los cuales regulaban las condiciones para la pérdida de la nacionalidad y de la ciudadanía. El primero disponía que “[l]a calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturalización en país extranjero, fijando domicilio en el exterior, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes”. El segundo, que “[l]a ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad”. Como lo recordaron la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, las leyes 145 de 1888 (“sobre extranjería y naturalización”) y 22 de 1936 bis (“por la cual se reforman y adicionan las disposiciones relativas a la naturalización de extranjeros”), exigían a los extranjeros que desearan adquirir la nacionalidad colombiana por adopción el deber de “renunciar para siempre a cualesquiera vínculos que lo liguen con otro Gobierno”, de manera consistente con la carga para los nacionales colombianos por nacimiento de perder la nacionalidad colombiana “por adquirir carta de naturalización en país extranjero, fijando domicilio en el exterior”[31].

25. La Constitución Política de 1991 adoptó una regulación diferente acerca de la pérdida de la nacionalidad y de la ciudadanía. En relación con la primera, dispone que “[n]ingún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”, que “[l]a calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad” y que “[l]os nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción” (artículo 96); de estos dos últimos apartes se sigue que el constituyente incorporó al régimen constitucional la figura de la “doble” o “múltiple” nacionalidad, antes prohibida[32], y reservó al legislador la regulación de los supuestos de incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos[33]. En relación con la ciudadanía, prescribe como única causal para su pérdida la renuncia a la nacionalidad (artículo 98), y que esta última se puede recobrar con arreglo a la ley (artículo 96, inciso final)[34].

26. En cuanto a la nacionalidad por adopción es especialmente relevante la regulación contenida en la Ley 43 de 1993, “por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida, y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Entre otros aspectos establece que la nacionalidad colombiana “por adopción” se pierde no solo por renuncia (como ocurre exclusivamente en el caso de los nacionales colombianos “por nacimiento”), sino también “por delitos contra la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional” (artículo 24) y reitera la regulación constitucional, en el sentido de que, “[l]a calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad” (artículo 22), que los nacionales colombianos tienen “derecho a renunciar a su nacionalidad” (artículo 23) y que la nacionalidad se puede recuperar con el cumplimiento de ciertas condiciones (artículo 25).

27. Esta descripción le permite a la Sala precisar lo siguiente: de un lado, a diferencia del artículo 14 de la constitución anterior, el artículo 98 de la Constitución Política de 1991 dispone, de manera taxativa, un único supuesto de pérdida de la ciudadanía: la renuncia a la nacionalidad[35]. De otro lado, a diferencia de la regulación contenida en el artículo 9 de la constitución anterior, la actual Carta Política no solo prohíbe que se prive a los colombianos “por nacimiento” de su nacionalidad, sino que dispone que la calidad de “nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad” y respecto de los nacionales por adopción, que “no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción” (artículo 96).

28. Así las cosas, la expresión “por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”, contenida en el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, es incompatible con la Constitución Política de 1991, al exceder el régimen taxativo de supuestos constitucionales de pérdida de la ciudadanía previsto en su artículo 98, y desconocer que, en los términos de su artículo 96, la nacionalidad colombiana no se pierde por el hecho de adquirir otra.

29. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la expresión “[p]érdida de la ciudadanía”, contenida en el mismo literal demandado, por cuanto el inciso primero del artículo 98 prevé expresamente que “la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad”, y el artículo 24 de la Ley 43 de 1993, señala expresamente que la nacionalidad colombiana “por adopción” se pierde no solo por renuncia (como ocurre exclusivamente en el caso de los nacionales colombianos “por nacimiento”), sino también “por delitos contra la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional”, supuestos en los que resulta procedente la cancelación de la cédula por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como lo prevé la disposición demandada.

30. Porque adicionalmente infringe los artículos 14 y 99 de la Constitución. El primero consagra el derecho de toda persona “al reconocimiento de la personalidad jurídica” y el segundo que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para el ejercicio de los derechos “al sufragio”, a ser “elegido” y a “desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.

31. De manera que la pérdida de la ciudadanía y la consecuencial cancelación de la cédula, previstas en la disposición demandada, por el hecho de adquirir carta de naturaleza en otro país, no sólo infringe las disposiciones constitucionales anteriormente señaladas sino que tiene implicaciones en el ejercicio del derecho a la identidad, de los derechos políticos y de otros para cuyo ejercicio la Constitución exige la calidad de ciudadano.

32. Si bien para ser ciudadano se requiere la calidad de nacional, no todos los nacionales, por ese sólo hecho, tienen la calidad de ciudadanos, pues la ciudadanía sólo se adquiere, mientras el legislador no decida otra edad, a partir de los dieciocho años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución. La nacionalidad es, entonces, un supuesto necesario para el ejercicio de la ciudadanía y constituye un vínculo político y jurídico fundamental que une a una persona con un Estado y le otorga a aquel la posibilidad de exigir de este la garantía de sus derechos.

33. Además, como tradicionalmente se ha reconocido[36] –a partir de lo dispuesto en el Título I (“[d]e las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio”), del Libro Primero (“[d]e las personas”), del Código Civil; en los artículos 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[37], 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado mediante la Ley 74 de 1968)[38], 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada mediante la Ley 16 de 1972)[39], 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada mediante la Ley 12 de 1991)[40] y, más recientemente, en el artículo 25 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)[41]–, la nacionalidad constituye uno de los atributos de la personalidad jurídica, íntimamente relacionado con la identidad, cuyo reconocimiento ampara el artículo 14 de la Constitución[42].

34. En términos de la jurisprudencia constitucional, “[e]l derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica [que garantiza esta disposición constitucional] no es otra cosa, que admitir que el ser humano es sujeto ante el derecho y en el derecho, esto es, que es causa y fin de lo jurídico; y que encuentra además su reconocimiento en el artículo 6o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[43].

35. Por su parte, la ciudadanía, en las condiciones que establece el ordenamiento, le permite a los colombianos participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, según lo consagra el artículo 40 de la Constitución. En concordancia con dicha disposición, el artículo 99 establece que “la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”[44].

36. Por todo ello, para la jurisprudencia constitucional “la cédula de ciudadanía constituye un documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad”[45]. Además, ha señalado que “la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos”[46].

37. Por su relevancia constitucional, puesta de presente de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte y que, de hecho, encuentra eco en la historia legislativa de la cédula de ciudadanía, en especial, a partir de la Ley 31 de 1929[47], el constituyente reservó a la ley la regulación de la función de identificación de las personas, función que la Constitución de 1991 atribuyó al Registrador Nacional del Estado Civil en los términos de los artículos 120 y 266 de la Carta, por lo que sólo el legislador puede regularla[48], en particular en cuanto a las formas o mecanismos de identificación, su contenido, los datos que ha de incorporar, entre otros, pues se trata de aspectos relacionadas con la identidad de las personas y el manejo de datos sensibles abarcados por el derecho de hábeas data.

5. Síntesis

38. Al decidir la demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 67 del Código Electoral, que establece como causal de cancelación de la cédula de ciudadanía el hecho de haber perdido la ciudadanía “por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”, la Corte concluye que la expresión “por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”, es incompatible con la Constitución en cuanto el artículo 98 de la Constitución sólo prevé como causal de pérdida de la ciudadanía la renuncia a la nacionalidad, y el 96 , por su parte, que la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

39. Como cuestión previa, para la Corte, si bien la disposición demandada está contenida en el Código Electoral, la materia que regula no se encuentra sometida a la reserva de ley estatutaria de funciones electorales, sino a la reserva legal de regulación de la función de identificación de las personas, que los artículos 120 y 266 de la Constitución Política atribuyen al Registrador Nacional del Estado Civil.

40. En relación con la expresión “pérdida de la ciudadanía”, contenida en el mismo literal acusado, la Corte constata que no resulta contraria a la Constitución en cuanto, como ya se puso de presente, el inciso primero del artículo 98 prevé expresamente la “pérdida de hecho” de la ciudadanía en los casos de renuncia a la nacionalidad, en los que resulta procedente la cancelación de la cédula por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como lo prevé la disposición demandada, así como respecto de los colombianos por adopción, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 43 de 1993 en cuanto dispone que la nacionalidad colombiana “por adopción” se pierde no solo por renuncia (como ocurre exclusivamente en el caso de los nacionales colombianos “por nacimiento”), sino también “por delitos contra la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional”.

41. La Corte, por otra parte, encontró que la disposición demandada resultaba incompatible con los artículos 14 y 99 de la Constitución. En efecto, el primero consagra el derecho de toda persona “al reconocimiento de la personalidad jurídica” y el segundo que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para el ejercicio de los derechos “al sufragio”, a ser “elegido” y a “desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.

42. Así las cosas, la pérdida de la ciudadanía y la consecuencial cancelación de la cédula previstas en la disposición demandada, por el hecho de adquirir carta de naturaleza en otro país, no sólo infringe las disposiciones constitucionales anteriormente señaladas, sino que tiene implicaciones en el ejercicio del derecho a la identidad, de los derechos políticos y de otros para cuyo ejercicio la Constitución exige la calidad de ciudadano.

43. Sobre este particular la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que la personalidad jurídica, íntimamente relacionada con el de identidad, permite que toda persona cuente con una serie de atributos intrínsecos a su existencia, que deben ser protegidos por el Estado, tales el nombre, la nacionalidad, la capacidad y el estado civil, y que “[e]l derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica no es otra cosa, que admitir que el ser humano es sujeto ante el derecho y en el derecho, esto es, que es causa y fin de lo jurídico; y que encuentra además su reconocimiento en el artículo 6o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[49].

44. Precisó igualmente, en relación con la cédula de ciudadanía, que “constituye un documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad” (Sentencia T-426 de 2013).

45. Por tales razones, señaló la Corte que el constituyente reservó a la ley la regulación de la función de identificación de las personas, que la Constitución atribuye al Registrador Nacional del Estado Civil, en los términos de los artículos 120 y 266, en concordancia con los artículos 121, 122, 123, inciso segundo, y 150.23 de la Constitución Política, razón por la que sólo el legislador puede regular aspectos tales como las formas o mecanismos de identificación, su contenido, los datos que ha de incorporar, entre otros, pues se trata de aspectos relacionadas con la identidad de las personas y el manejo de datos sensibles abarcados por el derecho de hábeas data.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,