Sentencia de Tutela nº 283/18 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2018

1. Solicitud

   Stefanny O.S., a través de apoderada judicial, el 19 de octubre de 2017, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Primero de Familia de P.-Risaralda, para que se le protejan sus derechos fundamentales “de acceso a la administración de justicia, a la identidad, personalidad jurídica, y el debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad” (folio 2-cuaderno1), presuntamente vulnerados a través de sentencia del 8 de junio de 2017, que denegó la cancelación del registro civil de nacimiento que figura a nombre de E.O.S., asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254 y NUIP 960921-25570, presuntamente producto de una indebida valoración probatoria, ya que se trata de la misma persona, configurándose así un defecto fáctico respecto de la citada providencia.

2. Hechos relevantes

   2.1. En 1995 la accionante fue registrada con el nombre de S.O.S., tal como consta en el registro civil identificado con el serial No. 20397504, por parte de sus padres V.H.O.M. y N.S.S..

   2.2. Sin embargo, en 2002, cuando la accionante tenía 6 años, L.F.S.P.[1] la registró con el nombre de E.O.S., en atención a que cuando nació la actora, su madre, la señora S.P., era menor de edad.

   2.3. En 2005 la Registraduría Nacional del Estado Civil, le expidió a la actora la tarjeta de identidad No. 96092125570 a nombre de E.O.S..

   2.4. La accionante inició sus estudios de primaria, continúo con los de bachillerato, técnicos y superiores, se afilió al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sacó los respectivos documentos de identidad, tales como tarjeta de identidad (96092125570) y cédula de ciudadanía (1.088.338.192) con el nombre de E.O.S., con el cual se siente representada.

   2.5. En 2012, cuando la señora MAGNOLIA SALAZAR de SALDARRIAGA abuela de la actora y con quien ha vivido siempre, con el fin de adelantar un proceso judicial de custodia, solicita un registro civil de nacimiento, le indicaron que aparecía registrada como S.O.S.. No obstante, precisó que en la Registraduría se le indicó que pese a que con este nombre se le entregaría la cédula de ciudadanía, en su momento ella podría solicitar su cancelación y la expedición de un nuevo documento con el nombre de E.O.S..

   2.6. Así entonces, en 2013, se retiró de la Registraduría Nacional del Estado Civil la cédula de ciudadanía No. 1.088.023.693, a nombre de S.O.S..

   2.7. En 2014 la accionante solicitó a la Registraduría su cedulación con el nombre de E.O.S., siendo expedida contraseña con el No. 1.088.338.192. Trámite que según le indicaron daría por cancelada la cédula emitida a nombre de S.O.S., No. 1.088.023.693.

   2.8. El 5 de mayo de 2016 la Registraduría canceló la identificación de E.O.S., dejando vigente la de S.O.S., por doble cedulación. Lo anterior, sin que la actora hubiera podido ser escuchada dentro del proceso.

   2.9. A partir de este momento “fue como si hubiera iniciado una vida sin ningún tipo de historia en general.” Afectando su derecho a la salud, pues indicó que padece artritis y debe seguir un tratamiento para contrarrestarla y su historia clínica aparece con el nombre de E.O.S., pero cuyo documento de identificación fue cancelado, sus derechos a la educación y al trabajo, por las mismas razones.

   2.10. Con base en lo anterior, el 7 de septiembre de 2016 la actora promovió acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto consideraba vulnerados sus derechos a la “identidad, personalidad jurídica, y al debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que consideraba que con dicho actuar se le cercenaban las oportunidades para continuar si vida en condiciones de normalidad.”

   Al descorrer el traslado la entidad accionada, en dicho trámite de tutela, indicó que: “Sin embargo, en aras de darle solución a la dificultad que presenta la accionante consideramos conveniente manifestar que ante la presencia de dos (2) Registros Civiles de Nacimiento y ante la presencia de una cédula de ciudadanía que presenta una nombre que la accionante no reconoce y no quiere llevar, existen los procesos judiciales adecuados para normalizar su situación: Para resolver lo de los Registros Civiles de Nacimiento se debe acudir a la Jurisdicción de Familia para que a través de un proceso de Jurisdicción Voluntaria se declare la nulidad del Registro Civil de Nacimiento con Indicativo Serial 33689254; y dejar vigente y con plena validez el Registro Civil de Nacimiento con Indicativo Serial 20397504.//A través de Escritura Pública ante Notario Público, solicitar el cambio de nombre por E.O.S. y reemplazar el Registro Civil de Nacimiento por cambio de nombre.//Una vez realizado (sic) los trámites anteriores, y con el cumplimiento de los requisitos necesarios, solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que estudie la posibilidad de que se le asigne como cupo numérico en la cédula de ciudadanía el número 1.088.338.192.”

   Con base en lo expuesto, el fallo del juez de primera instancia determinó la improcedencia de la acción, pues la actora podía acudir a la jurisdicción de familia para que a través de un proceso de jurisdicción voluntaria se resolviera el problema jurídico presentado.

   2.11. En efecto, el 27 de febrero de 2017 la accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad del registro civil de nacimiento a nombre de E.O.S., pero a través de sentencia No. 177 del 8 de junio de 2017 se denegaron las pretensiones, “ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora S.O.S.”, decisión que su apoderado no impugnó, por creer equivocadamente que contra la misma no cabía recurso de apelación.

   2.12. En criterio de la actora, el despacho demandado efectúo una indebida valoración del material probatorio puesto a su alcance, ya que en documento allegado al proceso de jurisdicción voluntaria, suscrito por el Registrador Especial del Estado Civil, R.A.R.G., se estableció que S.O.S. y E.O.S. son la misma persona.

   2.11. Proceso de jurisdicción voluntaria

   (i) Proceso de nulidad de registro civil adelantado por el Juzgado Primero de Familia de P.-Risaralda, radicado el 27 de febrero de 2017 con el No. 660013110001201700192-00, adelantado por S.O.S., a través de apoderado judicial.

   (ii) Las pretensiones: “PRIMERO: La anulación y cancelación del registro civil de nacimiento a nombre de E.O.S., serial 33689254 y NIP 960921-25570 de la Notaria Cuarta del Círculo de P., por existir un registro antecedente. SEGUNDO: oficiar al señor Notario cuarto del Círculo de P. y a la Registradora de Estado Civil, para lo de su competencia.”

   (iv) Las pruebas allegadas con la demanda:

   - Registro civil con indicativo serial 950921-20397504 (Folio 6 del proceso de jurisdicción voluntaria).

   - Registro civil de nacimiento con indicativo serial 33689254 (Folio 7 del proceso de jurisdicción voluntaria).

   - Oficio 0340 como respuesta a derecho de petición elevado por el apoderado de la ahora accionante, en donde el Registrador Especial del Estado Civil de P. indica“1. Que consultado en los archivos de Gestión Electrónica de Documentos (G.E.D.) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece trámite de cédula de ciudadanía de primera vez en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda el día 23 de septiembre de 2013, con número de cédula de ciudadanía 1.088.023.693 bajo el nombre de S.O.S. y el documento antecedente Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial 20397504 de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda.// 2. Que consultado en los archivos de Gestión de Documentos (G.E.D.) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece trámite de cédula de primera vez en la Registraduría Especial del Estado Civil de P.-Risaralda el día 26 de septiembre de 2014, con número de cédula de ciudadanía 1.088.023.693 bajo el nombre de E.O.S. y documento antecedente Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial 33689254 de la Notaría Cuarta del Círculo de P.-Risaralda. // 3. Que al momento de realizar el trámite de cédula de primera vez con el Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial 33689254 de la Notaría Cuarta del Círculo de P.-Risaralda, bajo el nombre de E.O.S. y cargar las huellas al sistema AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil, arroja coincidencia con las huellas encontradas el trámite de cédula de primera vez a nombre de S.O.S., tramitada con el Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial 20397504 de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, da como resultado el código interno 2021 (Rechazado por posible doble cedulación). // Por lo anteriormente expuesto, es claro que la misma persona tiene dos Registros Civiles de Nacimiento con los cuales tramitó dos cédulas de ciudadanía con nombres diferentes y la dualidad de la identificación está plenamente demostrada con el cotejo de las huellas, que no deja ninguna duda que las dos cédulas y los dos Registros Civiles de nacimiento corresponden a la misma persona.” (Folio 8 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   - Respuesta dada por los Registradores Especiales del Estado Civil de P., el 3 de febrero de 2017, a través de oficio 0216. En donde se indicó: “1. Que bajo el serial 20397504 y NIP 950921-21950, de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, está inscrita S.O.S., el cual se encuentra en estado VALIDO. //2. Que bajo el serial 33689254 y NIP 960921-25570, de la Notaría Cuarta del Círculo de P.-Risaralda, está inscrita E.O.S., el cual se encuentra en estado VALIDO.” (Folio 9 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   - Certificación emitida el 25 de enero de 2017, por el Coordinador del Centro de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, válida hasta el 24 de febrero de 2017, donde se precisa que en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado (Folio 10 del proceso de jurisdicción voluntaria):

   Cédula de ciudadanía: 1.088.023.693

   Fecha de Expedición: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

   Lugar de Expedición: DOSQUEBRADAS-RISARALDA

   A nombre de: S.O.S.

   Estado: VIGENTE

   - Partida de bautismo 364423 de S.O.S., expedida el 8 de octubre de 1995. (Folio 11 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   (v) Auto admisorio del 4 de abril de 2017, en dónde se ordena imprimirle a la demanda el trámite consagrado en el artículo 579 del Código General del Proceso. (Folio 16 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   (vi) En el auto del 20 de abril de 2017 se dispuso “tener en cuenta la prueba documental aportada con la demanda y que obra a folios 6 a 11 del expediente, a los cuales se les asignará en valor legal que les corresponde en el momento procesal oportuno” y se ofició a la Registraduría Municipal de Dosquebradas-Risaralda, para que allegue los documentos que sirvieron de antecedente para la inscripción del registro civil de nacimiento a nombre de S.O.S., No. 20397504 y a la Notaria Cuarta del Círculo de P., para que allegue documentos que sirvieron de antecedente para la inscripción del registro civil a nombre de E.O.S., No. 33689254; así como el registro civil con indicativo serial No. 27919969 y los antecedentes que sirvieron para la inscripción de tal registro, a nombre de E.O.S.. (Folio 17 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   (vii) Las pruebas allegadas durante el trámite:

   - El Registrador Municipal del Estado Civil de Dosquebradas – Risaralda, mediante oficio 0003 del 5 de mayo de 2017, envía copia del antecedente del registro civil de nacimiento serial 20397504 del 2 de octubre de 1995. Se adjuntó un certificado de nacido vivo de una niña, en el Hospital Municipal de Dosquebradas, el 21 de septiembre de 1995, cuya madre es la señora N.S.. (Folios 20 y 21 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   - La Notaria Cuarta de P., el 8 de mayo de 2017, allegó el registro civil de nacimiento de E.O.S., indicativo serial 27919969 y el identificado con indicativo serial 33689254 y la escritura pública AA 1073315-0167, del 17 de enero de 2002, base de la corrección del registro civil de nacimiento 27919969; escrito firmado por la señora L.F.S.P. solicitando se expida la escritura pública de corrección del registro civil ya mencionada; constancia del Registrador Especial del Estado Civil del 10 de enero de 2002, de que la cédula de ciudadanía de L.F.S.P. se encuentra en trámite y copia de la contraseña de la mencionada señora, número 25.174.087. (Folios 22 a 29 del proceso de jurisdicción voluntaria)

   (viii) La sentencia, emitida el 8 de junio de 2017, en el aparte conclusivo sostuvo que: “La solicitud de cancelación de registro civil de nacimiento que figura a nombre de la señora E.O.S., asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254, no resulta procedente en el presente caso, ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora S.O.S.. //Así las cosas, al tratarse de personas diferentes - como se dijo – y que la competencia para el Juez de Familia está restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una comprobación valorativa, lo que ya se evidenció, no resulta posible acceder a las pretensiones deprecadas. // Como consecuencia de lo anterior, considera este despacho necesario compulsar copias de las actuaciones aquí surtidas (demanda, anexos y de la presente decisión) a la Fiscalía General de la Nación, para que se estudie la pertinencia de abrir investigación penal por la posible comisión de un delito por parte de la señora S.O.S..”

   Así entonces, denegó la pretensión de cancelación de registro civil de nacimiento que figura a nombre de la señora E.O.S., asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254. (Folios 32 a 36 del proceso de jurisdicción voluntaria)

3. Pretensiones

   La accionante pretende que, por medio de la acción de tutela, le sean amparados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la identidad, a la personalidad jurídica, conexos con los de la salud, la educación, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad.

   Que como consecuencia de lo anterior, por la configuración de un defecto fáctico, por indebida valoración de la prueba, se deje sin efectos la sentencia No. 177 emanada el 8 de junio de 2017, por la Jueza Primera de Familia de P. – Risaralda y se le ordene que dentro de 48 horas proceda a emitir una nueva sentencia, con fundamento en una correcta valoración probatoria.

   Lo anterior, teniendo en cuenta que la ruta señalada por la misma Registraduría Nacional del Estado civil, para dar solución a la problemática que se desprende de la doble inscripción que alega la actora, es proceder a anular el registro civil de nacimiento de E.O.S. (33689254), pese a que ese es el nombre con el cual se identifica y con el que se expidieron todos los documentos dentro del sistema de salud y académicos, porque los antecedentes allí consignados no corresponden a los reales, que sí se encuentran en el primer registro civil a nombre de S.O.S.. Para posteriormente, a través de escritura pública ante Notario, solicitar el cambio de nombre a E.O.S. y remplazar el registro civil de nacimiento por cambio de nombre. Finalmente, solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la asignación del cupo numérico 1.088.338.192 para su cédula de ciudadanía.

4. Pruebas relevantes

   - Copia de respuesta enviada por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional para Risaralda al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro de la acción de tutela 2015-1522 (Folios 18 a 24 del cuaderno principal).

   - Copia de informe de vista detallada de la consulta web de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría del Estado Civil, de N.S.S. y de L.F.S.P. (A. folio 24 y folio 25 del cuaderno principal)

   - Copia del registro civil de nacimiento de S.O.S., indicativo serial 20397504 (A. folio 25 y folio 26 del cuaderno principal)

   - Copia del registro civil de nacimiento de E.O.S., indicativo serial 279119969 (A. folio 26 y folio 27 del cuaderno principal)

   - Copia de escritura pública AA 1073315-0167, del 17 de enero de 2002, contentiva de un acto de corrección de registro civil de nacimiento de E.O., respecto del número de cédula de su madre L.F.S.P. (A. folio 27 y folio 29 del cuaderno principal)

   - Copia del registro civil de nacimiento de E.O.S., indicativo serial 33689254 (A. folio 28 del cuaderno principal)

   - Copia de Resolución No. 3279 del 5 de julio de 2007, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la cual resuelve cancelar la cédula de ciudadanía No. 25.174.807 de L.F.S.P. y deja activa la cédula de ciudadanía 42.016.800 de N.S.S. (Folios 29 a 31 del cuaderno principal)

   - Copia de petición elevada ante el Registrador del Estado Civil de P., por el apoderado judicial de S.O.S., radicada el 31 de enero de 2017, solicitando la expedición de certificación de vigencia de los registros civiles de nacimiento No. 20397504 y No. 33689254 (Folio 47 del cuaderno principal)

   - Copia de la respuesta dada por los Registradores Especiales del Estado Civil de P., el 3 de febrero de 2017. En donde se indicó: “1. Que bajo el serial 20397504 y NIP 950921-21950, de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, está inscrita S.O.S., el cual se encuentra en estado VALIDO. //2. Que bajo el serial 33689254 y NIP 960921-25570, de la Notaría Cuarta del Círculo de P.-Risaralda, está inscrita E.O.S., el cual se encuentra en estado VALIDO.” (Folio 49 del cuaderno principal)

   - Copia de petición elevada ante el Registrador del Estado Civil de P., por el apoderado judicial de S.O.S., radicada el 15 de febrero, solicitando se le informe si los dos registros pertenecen a S.O.S., es decir a la misma persona (Folio 50 del cuaderno principal)

   - Copia de la respuesta dada por el Registrador Especial del Estado Civil de P., el 20 de febrero de 2017. En donde se concluye: “Por lo anteriormente expuesto, es claro que la misma persona tiene dos Registros Civiles de Nacimiento con los cuales tramitó dos cédulas de ciudadanía con nombres diferentes y la dualidad de la identificación está plenamente demostrada con el cotejo de las huellas, que no deja ninguna duda que las dos cédulas y los dos Registros Civiles de nacimiento corresponden a la misma persona.” (Folios 51 y 52 del cuaderno principal).

   - Copia de la demanda de nulidad de registro civil, para ser tramitada mediante un proceso de jurisdicción voluntaria, elevada por S.O.S., a través de apoderado judicial (Folios 53 a 56 del cuaderno principal)

   - Copia de la sentencia No. 177 del 8 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Primero de Familia de P., que denegó la pretensión de cancelación de registro civil de nacimiento a nombre de E.O.S., asentada en la Notaría Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254, teniendo en cuenta que no se probó que E.O.S. y S.O.S. sean la misma persona (Folios 57 a 65 del cuaderno principal)

   - Copia de registro civil de nacimiento de E.O.S., indicativo serial 33689254 (Folio 66 del cuaderno principal)

   - Copia de tarjeta de identidad 95092121950 de S.O.S. (Folio 67 del cuaderno principal)

   - Copia de contraseña No. 1.088.338.192 de E.O.S. (Folio 68 del cuaderno principal)

   - Copia de diploma de bachillerato de E.O.S. (Folio 69 del cuaderno principal)

   - Copia de certificado expedido por la Academia Antioqueña de Aviación, el 3 de marzo de 2016, respecto de los estudios que adelantaba E.O.S., en el programa de Piloto Comercial de Avión (Folio 70 del cuaderno principal)

   - Copia de licencia como “alumno piloto avión” a nombre de E.O.S., No. 73948 (Folio 71 del cuaderno principal)

   - Copia de comprobante de pago No. 21675, por concepto de matrícula para pilotaje comercial a nombre de E.O.S. (Folio 72 del cuaderno principal)

   - Copia de comprobante de pago No. 11692, por concepto de inscripción para pilotaje comercial a nombre de E.O.S. (Folio 73 del cuaderno principal)

   - Copia de recibo de matrícula en el Centro de Idiomas de la Universidad EAFIT, del 13 de julio de 2016, a nombre de E.O.S. (Folio 75 del cuaderno principal)

   - Copia de registro de matrícula de E.O.S. en la Academia Antioqueña de Aviación, del 28 de septiembre de 2015 (Folio 77 del cuaderno principal)

   - Copia de página principal de pasaporte RN 33689254 a nombre de E.O.S., expedido el 3 de junio de 2004, con sello de “anulado” (Folio 78 del cuaderno principal)

   - Copia de página principal de pasaporte AP928853 a nombre de E.O.S., expedido el 5 de agosto de 2014 (Folio 79 del cuaderno principal)

   - Copia de cédula de ciudadanía No. 1.088.023.693, de S.O.S., expedida el 23 de septiembre de 2013 en Dosquebradas (Folio 82 del cuaderno principal)

   - Copia de acción de tutela presentada el 7 de septiembre de 2016 por E.O.S. contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se le protejan sus derechos a la identidad, personalidad jurídica y el debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. En tal demanda solicita también “deje como base de mi identificación el Registro Civil de nacimiento con numero (sic) serial 33689254 a nombre de E.O.S.. // Que como consecuencia de lo anterior se expida la cédula de ciudadanía número 1.088.338.192 a nombre de E.O.S., realizando la correspondiente cancelación de la cédula de ciudadanía a nombre de S.O.S.. (…)” (Folios 84 a 98 del cuaderno principal)

   - Copia de respuesta dada por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional para Risaralda, a la acción de tutela radicada con el No. 2015-1522, documento en el cual se aclara que S.O.S. y E.O.S. son las misma persona (respuesta al hecho noveno de la demanda-cuadro) y que en uno de sus partes explica: “Sin embargo en aras de darle solución a la dificultad que presenta la accionante consideramos conveniente manifestar que ante la presencia de dos (2) Registros Civil de Nacimiento y ante la presencia de una cedula (sic) de ciudadanía que presenta un nombre que la accionante no reconoce y no quiere llevar, existen los procesos judiciales adecuados para normalizar su situación: //1. Para resolver lo de los Registros Civiles de Nacimiento se debe acudir a la Jurisdicción de Familia para que a través de un proceso de Jurisdicción Voluntaria se declare la nulidad del Registro Civil de Nacimiento con Indicativo Serial 33689254 y sus antecedentes; y dejar vigente y con plena validez el Registro Civil de Nacimiento como Indicativo Serial 20397504.// 2. A través de Escritura Pública ante Notario Público, solicitar el cambio de nombre por E.O.S. y reemplazar el Registro Civil de Nacimiento por cambio de nombre.// 3. Una vez realizado (sic) los trámites anteriores, y con el cumplimiento de los requisitos necesarios, solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que estudie la posibilidad de que se le asigne como cupo numérico en la cédula de ciudadanía el número 1.088.338.192.” Por lo expuesto solicitan declarar la improcedencia del amparo. (Folios 99 a 105 del cuaderno principal)

   - Copia del fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura- Sala Jurisdicción Disciplinaria de Antioquia, el 19 de septiembre de 2016, dentro de la acción de tutela interpuesta por la ahora accionante en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que la declaró improcedente por subsidiariedad, dado que la tutelante contaba con otros medios idóneos para la protección de sus derechos fundamentales. Así como copia del escrito de impugnación (Folios 106 a 108 del cuaderno principal)

5. Respuesta del Juzgado Primero de Familia de P.

   La Jueza Primera de Familia de P. defendió su examen de los elementos de convicción y puso de presente que S.O.S. no apeló su determinación, como era posible conforme al numeral 2 del artículo 22 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que fue emitida en un asunto de primera instancia.

1. Primera instancia

   La acción de tutela correspondió por reparto al Tribunal del Distrito Judicial de P.-Sala Unitaria Civil-Familia, que mediante Auto del 23 de octubre de 2017 dispuso dar trámite a la acción de tutela, tener en cuenta como pruebas las adosadas con la demanda y solicitar al Juzgado Primero de Familia de P. remita copias de las piezas procesales del expediente No. 66001-31-10-001-2017-00192-00 que resulten pertinentes.

   El 2 de noviembre de 2017 declaró improcedente el amparo solicitado por S.O.S. contra el Juzgado Primero de Familia de P., pues el numeral 2 del artículo 22 del Código General del Proceso da vía a la apelación de las sentencias de las cuales conocen los jueces de familia en primera instancia, en cuanto a asuntos referentes al estado civil, que lo modifiquen o alteren; pero la actora guardó silencio y no impugnó la decisión que ahora controvierte, dejando de lado el mecanismo procesal ordinario que tenía a su alcance.

2. Impugnación

   Inconforme, el 8 de noviembre de 2017 la accionante, a través de su apoderada judicial impugnó la decisión. Adujo que teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia en el numeral cuarto “archivar este proceso, una vez realizada (sic) respectivas anotaciones en el libro radicador (…) se le generó una falsa expectativa que conllevó a dicho profesional [abogado] en (sic) no acudir a los recursos que claramente se ha establecido procedían en contra de dicha providencia (…)”. Por lo cual considera se vulneró los principios de claridad, publicidad e imparcialidad que se deben observar en todo pronunciamiento judicial o administrativo, pues en ningún momento la providencia atacada señala que contra ella procede algún recurso.

3. Segunda instancia

   La Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, en sentencia del 30 de noviembre de 2017, confirmó la sentencia del a quo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por aquel y agregó que: “ninguna disposición en materia ritual civil impone al juez indicar los recursos de que son suceptibles sus providencias y, en particular, las sentencias, de tal suerte que la omisión de hacerlo de ninguna manera contrarresta la reseñada incuria, máxime que evidentemente la interesada estuvo asistida por un profesional del derecho de quien se presume conoce tal normatividad.// Desde luego que el principio de publicidad en que la recurrente funda su inconformidad no comporta obligación semejante, en la medida que se refiere a la necesidad de poner en conocimiento de las partes y terceros las determinaciones judiciales, haciendo uso de los instrumentos de notificación que para el efecto prevé el legislador, sobre lo que ningún cuestionamiento se ha efectuado, pues, es claro que la censora fue enterada del pronunciamiento que ataca.”

1. Una vez seleccionado el proceso de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 15 de marzo de 2018, para lograr un mejor proveer dentro del proceso objeto de revisión, resolvió solicitar algunas pruebas a las partes, entre ellas las siguientes:

   (i) A la señora S.O.S., informe: ¿Cuáles fueron los motivos que le impidieron impugnar el fallo que ahora se ataca en sede de tutela?; ¿Se encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, derivado de la negativa de cancelar el registro civil de nacimiento nacimiento que figura a nombre de E.O.S., asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254 y NUIP 960921-25570? En caso afirmativo ¿explique en qué consiste tal perjuicio?¿Cómo se ven afectados sus derechos fundamentales a la salud, trabajo y a la educación con la negativa de cancelar el registro civil de nacimiento que figura a nombre de E.O.S., asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de P., con indicativo serial No. 33689254 y NUIP 960921-25570? y para atender dicho requerimiento, debía allegar los documentos que soporten las respuestas correspondientes.

   (ii) Al Registrador Nacional del Estado Civil-Delegación Departamental de Risaralda, remita un informe relacionado con los hechos de la demanda, en lo de su competencia, dentro del cual se incluya una conclusión en torno a si S.O.S., con registro civil de nacimiento indicativo serial 20397504, es la misma persona que E.O.S., con registro civil de nacimiento indicativo serial 279119969, es decir se configura el fenómeno de la doble inscripción o no y, de considerarlo pertinente, amplíe lo consignado en el escrito a través del cual dio respuesta a la acción de tutela radicada con el No. 050011102000-2016-01522-00 (fls. 18-32, cuaderno 1), dentro de la cual fue demandado.

   (iii) Al Juzgado Primero de Familia de P. (Risaralda), remita, en calidad de préstamo, el expediente radicado con el número 66-001-31-10-001-2017-00192-00, correspondiente al proceso de cancelación de registro civil, cuya demandante es S.O.S..

2. Dentro del término concedido para el efecto se allegaron los siguientes documentos:

   Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional para Risaralda, el 3 de abril de 2018, remitieron un documento 000340 en el que se indica: “nos permitimos informar que de acuerdo a la información que reposa en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y una vez cotejada la misma en lo relacionado con la identificación de E.O.S. y/o S.O.S., existe una doble inscripción de la misma persona con datos diferentes en los Registros Civiles de Nacimiento con indicativo serial 27919969 y 20397504 respectivamente, de igual manera con las cédulas de ciudadanía con cupo numérico 1088338192 y 1088023693. Es importante hacer claridad en el sentido de que el Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial 27919969 fue remplazado por el indicativo serial 33689254. Esta información se puede constatar con el informe sobre investigación AFIS y el informe sobre Consulta Web (…)” Se anexó el informe de investigación AFIS y el informe de consulta web.

   Así mismo, en el oficio No. 000191, del 16 de febrero de 2018, dirigido a responder petición presentada por la abogada M.L.L., representante de la actora, los Delegados Departamentales del Registrador Nacional en Risaralda precisaron: “Este proceso se puede confirmar después de revisados cada uno de los trámites con sus (sic) respectivo material decadactilar en las oficinas de Validación de Bogotá quienes indican que se trata de la misma persona con diferente número de identificación. Finalmente por tratarse de una posible doble cedulación la Registraduría Nacional del Estado Civil está facultada para cancelar el trámite con el cupo numérico 1.088.338.192 que corresponde a la (sic) nombre de la señora O.S.E.. Es así que cuando su poderdante se acercó a tramitar la cedula (sic) primera vez con su registro 33689254, la Registraduría verifico (sic) que con sus huellas ya existía otra cedula (sic) de ciudadanía con el número 1.088.023.693.” (Folios 26 a 32 del cuaderno de revisión)

3. La jefa de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 4 de abril de 2018, ratificó lo expuesto en el ya relacionado oficio 000191 (Folios 36 a 37 del cuaderno de revisión)

4. La accionante, a través de oficio de 5 de abril de 2018, dio respuesta a los interrogantes planteados, de la siguiente manera:

   (i) Motivos que impidieron impugnar el fallo atacado: Ratificó los que se esgrimieron para apelar el fallo de primera instancia en sede de tutela.

   (ii) Vulneración continua de sus derechos fundamentales: Al efecto, puntualmente, expresó “a pesar de que se puede decir que soy una ciudadana jurídicamente reconocida bajo el nombre de ´S.O.S.`, actualmente no me es posible adquirir un trabajo que me permita sustentar mi mínimo vital, dado que para cualquier aspiración laboral me exigen mi estudio de bachiller el cual ostento bajo el nombre de ´E.O.S.´. //Esta situación apremia aún más en atención a que mi salud se ha venido deteriorando en (sic) como consecuencia de una artritis que padezco, enfermedad que me fue diagnosticada desde hace más de dos años y que con el transcurso del tiempo ha degenerado mi estado de salud.// Este perjuicio se ha presentado en dos aspectos, el primero de ellos es que en mi historia clínica no aparece registro alguno `S.O.S.´, toda vez que yo siempre consulte ante mi EPS como ´E.O.S.´, por ello he debido acudir a especialistas particulares para que me atiendan con mis antecedentes de O.S., en aras de obtener un tratamiento que permita mi recuperación.//En segundo término, y al no poder establecer una vinculación laboral, no puedo tener aspiraciones para disfrutar mis derechos en la seguridad social en el eventual caso de que por mi enfermedad pueda ser incapacitada, situación que tal como ha ocurrido, he tenido que dejar de hacer trabajos informales por momentos en que mi patología no me permite trabajar y sin que pueda tener la aspiración del pago de una incapacidad con el objeto de suplir mínimamente mis necesidades para el cubrimiento de mi enfermedad.// Además de o (sic) anterior y tal como puede evidenciar de la situación fáctica en las tutelas reseñadas, siempre he estado bajo el cuidado de mi abuela materna, abuela que en los últimos años se ha visto limitada con afecciones cardiacas en su salud, situación que ha acrecentado la urgencia de obtener recursos que me permitan subsistir con mi enfermedad y con los cuidados de la persona que siempre me ha acompañado (…)”

   (iii) Afectación de los derechos fundamentales a la salud, trabajo y a la educación: a. Salud, “sólo debo adicionar que están (sic) evidente la situación de vulneración que para el presente escrito no pude allegar mi historia clínica desde que (sic) me diagnosticó con la artritis que me afecta. Esto por cuanto en la EPS en la que me encontraba afiliada me exigen la cédula de ciudadanía de O.S., documento este que no poseo dada la situación que me aqueja.(…) Inclusive para ingresar a algunos países requeriría el carne (sic) de vacunas que como O.S. no ostento, dada mi futura profesión como piloto.(…)” b. Educación, “según los documentos que aporto se puede evidenciar que me encontraba terminando mis estudios en aviación como O.S. en atención a que los mismos los inicié siendo menor de edad, y como consecuencia de mi cambio de identificación a O.S., fueron estudios que no he podido terminar, esto teniendo en cuenta que en la institución educativa que me encontraba matriculada me exigen mi cedulación como O.S., documento que ahora no poseo. Pero esta vulneración del derecho a la educación va más allá de no poder terminar mis estudios profesionales dado que fui graduada como bachiller bajo el seudónimo de O.S., y ahora con la identificación de O.S. entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil no puedo aspirar a matricularme en ningún nivel superior de educación-Técnico Tecnológico o profesional-como consecuencia de que no puedo acreditar sumariamente que bajo el nombre de O.S. ostento la calidad de estudiante graduada de bachiller (…)” c. Trabajo, “a pesar de que estoy a punto de graduarme como piloto profesional, actualmente no tengo ninguna aspiración laboral en tal sentido, dado que bajo el nombre de O.S. no puedo certificar los estudios avanzados que ostento en tal carrera y como consecuencia de ello no puedo desarrollar laboralmente la profesión a la cual decidí dedicaría por el resto de mi vida, además que para matricularme la institución educativa me exige la cédula de O.S., situación que no puedo acreditar con el objeto de terminar tales estudios. (…)” d. Seguridad Social, “dado que al no poder ostentar gozar de los beneficios que en seguridad social el Estado ofrece a cada uno de sus asociados, máxime que para el caso en concreto es de vital relevancia dada la patología que padezco y que me conllevara a hacer uno de los beneficios que en seguridad trata la norma”. Además, destaca que no podría gozar de un subsidio por incapacidad generada por su enfermedad o a una pensión por invalidez, de ser el caso.

   Anexó copia de su historia clínica, con el nombre de S.O.S., de igual forma allegó copia de la historia clínica de su abuela, M.S.S. y demás documentos anexos a la acción de tutela (Folios 42 a 134 del cuaderno de revisión)

5. Proceso de nulidad de registro civil adelantado por el Juzgado Primero de Familia de P.-Risaralda, radicado con el No. 660013110001201700192-00, adelantado por S.O.S..

6. Escrito enviado por la Delegada Departamental del Registrador Nacional para Risaralda, del 17 de abril de 2018, en el cual solicita se confirme la decisión del ad quem del 19 de septiembre de 2016, pues “la dificultad que presenta la ciudadana E.O.S. o S.O.S. obedece a una irregularidad generada de manera consciente e intencional por ella misma.” (Folio 240 del cuaderno de revisión)

1. Competencia

   A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

   Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de instancia, en esta oportunidad, compete a la Sala examinar, inicialmente, si la providencia judicial de la Jueza Primera de Familia de P. riñe de manera abierta con la Constitución y es compatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional y, en consecuencia, el derecho fundamental al debido proceso de S.O.S. ha sido vulnerado.

   Para el estudio del problema jurídico planteado, la Sala (i) reiterará su jurisprudencia relativa a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Luego, (ii) verificará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.

   Si la respuesta al anterior análisis resulta negativa, teniendo en cuenta las facultades del juez constitucional para emitir fallos ultra y extra petita, la Sala analizará un posible amparo a los derechos a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, educación, trabajo y mínimo vital de S.O.S., a la luz de los principios consagrados en la Carta. Para lo cual abordará el análisis (iii) del debido proceso administrativo (iv) del derecho fundamental a la personalidad jurídica y los deberes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en casos de múltiple cedulación; y, luego, (v) se resolverá el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia

   Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en los casos específicamente previstos por el Legislador y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección idónea y efectiva.

   Por regla general, la tutela no procede contra providencias judiciales en virtud de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, esta Corporación ha determinado a través de su jurisprudencia delimitados criterios en los cuales excepcionalmente resulta procedente, los cuales fueron sistematizados en la Sentencia C-590 de 2005, fallo en la cual se especificaron requisitos generales y especiales de procedencia.

   Los primeros habilitan el estudio constitucional y deben cumplirse en su totalidad; los segundos implican la procedencia del amparo, ya no de la tutela, y solo debe cumplirse uno de ellos. Es decir, solamente cuando se ha constatado el cumplimiento de los requisitos generales, puede el juez constitucional entrar a determinar la existencia de alguno de los vicios específicos que ha establecido la Corte como requisitos especiales de procedencia de la acción a partir de los cuales se estudia como tal la eventual vulneración de derechos fundamentales.

   Adicionalmente y debido a que por medio de la acción de tutela se busca esencialmente proteger los derechos fundamentales del accionante, se debe analizar, además de los requisitos generales y específicos, la necesidad de intervención del juez constitucional. Lo anterior, por cuanto “estas causales no suponen fundamentos para iniciar una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de una providencia, pues la tutela sólo prospera en caso de que se acredite la violación o amenaza a los derechos fundamentales”[2].

   Así entonces, en procura del respeto de las garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada, en principio, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, sin embargo, excepcionalmente, puede resultar procedente cuando, primero, se cumplen los requisitos generales de procedencia, segundo, se verifica cumplido al menos un requisito específico y, tercero, resulta necesaria la intervención del juez constitucional[3].

   3.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

   3.1.1. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: Este requisito exige que el asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”[4].

   3.1.2. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: Este presupuesto se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”[5]. En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable[6].

   3.1.3. Requisito de inmediatez: En virtud de este requisito la acción de amparo debe presentarse en un término proporcional y razonable a partir del hecho que originó la supuesta vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues de no exigirse, las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación constitucional.

   3.1.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: Con fundamento en esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudo haberse hecho[7].

   3.1.5. Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales: En acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se debe identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración alegada. Y, aunado a ello, estos argumentos se deben haber planteado al interior del proceso judicial, de haber sido posible[8].

   3.1.6. Que no se trate de sentencias de tutela: A través de esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas[9].

   Verificado el cumplimiento de todos los anteriores requisitos, se habilita el estudio constitucional de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4. Análisis del caso concreto:

   4.1 Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: El asunto objeto de revisión comprende los derechos fundamentales al debido proceso, a la identidad y personalidad jurídica, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de la actora. Esto por cuanto al identificarse actualmente con un nombre que no la representa (S.O.S.) y respecto del cual no tiene una historia clínica, ni académica, se ve imposibilitada para acceder a los servicios de salud y, con mayor razón, a una oportunidad laboral, lo que compromete su mínimo vital y el de su familia. Situación que pretendió solucionar al adelantar el proceso de nulidad de registro civil en la Jurisdicción Ordinaria, pero que se resolvió denegando sus pretensiones, al considerar que no se probó que S.O.S. y E.O.S. fueran la misma persona. Por lo anterior, siguen vigentes los dos registros civiles de nacimiento (20397504 y 33689254) y la cédula de ciudadanía No. 1.088.023.693 a nombre de S.O.S., pues el trámite de la cédula de ciudadanía a nombre de E.O.S., con No. 1.088.338.192, fue cancelado por doble cedulación.

   En consecuencia, se plantea un asunto de relevancia constitucional en el que están comprometidos los derechos fundamentales de la demandante. Por ende, se estima cumplido este requisito.

   4.2 Requisito de inmediatez: La Jueza Primera de Familia de P. profirió la sentencia objeto de reproche el 8 de junio de 2017 y la acción de tutela objeto de revisión fue presentada el 19 de octubre de 2017. En consecuencia, se encuentra cumplido este requisito, pues transcurrió un término razonable entre la emisión de la sentencia judicial que se ataca y la presentación de la demanda constitucional.

   4.3 Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: En el asunto bajo examen se alegó la configuración de un defecto fáctico por valoración defectuosa del acervo probatorio.

   4.4 Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales: En la acción de tutela se identificaron clara y razonablemente las actuaciones que comportan la vulneración alegada, consistente en la presunta configuración de un defecto fáctico por valoración defectuosa del acervo probatorio, en relación con el documento obrante a folio 8 del proceso de nulidad de registro civil, radicado con el No. 660013110001201700192-00, adelantado por S.O.S., ante el despacho judicial demandado. Por ende, se encuentra cumplido este requisito.

   4.5 Que no se trate de sentencias de tutela: La sentencia judicial objeto de reproche fue dictada al interior de un proceso de nulidad de registro civil, adelantado ante la Jurisdicción Voluntaria. En consecuencia, se estima también cumplido este requisito.

   4.6 Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: El 7 de septiembre de 2016 la accionante presentó una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que “deje como base de mi identificación el Registro Civil de nacimiento con numero (sic) serial 33689254 a nombre de E.O.S..” Demanda que fue declarada improcedente, por cuanto contaba con otros mecanismos judiciales y administrativos para la protección de sus derechos.

   Así entonces, la actora acudió a la Jurisdicción Ordinaria para tramitar un proceso de nulidad de registro civil, cuya sentencia, emitida el 8 de junio de 2017, denegó sus pretensiones, al no encontrar probado que S.O.S. y E.O.S. fueran la misma persona. Sin embargo, la accionante no interpuso recurso de apelación contra dicho fallo, mismo que ahora acusa, que procedía según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 22 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que fue emitido en un asunto de primera instancia.

   4.7 En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, se tiene que la accionante no desplegó todos los medios judiciales ordinarios a su alcance, como la impugnación del fallo que se reclama transgrede sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la acción de tutela contra la providencia judicial emitida, el 8 de junio de 2017, por la Jueza Primera de Familia de P. resulta improcedente.

5. No obstante, teniendo en cuenta que la Corte ha subrayado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados, toda vez que conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales,[10]la Sala procederá a analizar un posible amparo a los derechos a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de S.O.S., luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelara de forma oficiosa la cédula de ciudadanía No. 1.088.338.192 a nombre de E.O.S., que se encontraba en trámite, por múltiple cedulación y dejara vigente la que con el mismo número corresponde a S.O.S., sin que se le hubiera ofrecido la oportunidad de ser oída o garantizarle su derecho de defensa y contradicción, pues la actora se identifica como E.O.S. desde que tiene 6 años y sus documentos médicos y académicos, entre otros, aparecen expedidos con el mismo.

6. El debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia

   El derecho constitucional fundamental al debido proceso, consagrado en forma expresa en el artículo 29 Superior, se extiende no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas, como una de sus manifestaciones esenciales. Lo anterior significa, que el debido proceso se enmarca también dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, razón por la cual comprende “todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”.[11]

   En relación con los aspectos básicos que determinan y delimitan el ámbito de aplicación del debido proceso administrativo, ha dicho la Corte, que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata por disposición expresa del artículo 29 de la Carta Política que le reconoce dicho carácter, pero que se complementa con el contenido de los artículos 6° del mismo ordenamiento, en el que se fijan los elementos esenciales de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos, y el artículo 209 que menciona los principios que orientan la función administrativa del Estado.

   Dentro de ese contexto, esta Corporación ha definido el debido proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”[12]. Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.[13]

   En el marco de las actuaciones que se surten ante la administración, el debido proceso se relaciona directamente con el comportamiento que deben observar todas las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto se encuentran obligadas a actuar conforme a los procedimientos previamente definidos por la ley para la creación, modificación o extinción de determinadas situaciones jurídicas de los administrados, como una manera de garantizar los derechos que puedan resultar involucrados por sus decisiones.

   Siendo así, este Tribunal ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

   Con todo, esta Corporación ha sostenido en forma categórica que el derecho al debido proceso administrativo se entiende vulnerado cuando las autoridades públicas, en ejercicio de función administrativa, no siguen estrictamente los actos y procedimientos establecidos en la ley para la adopción de sus decisiones y, por esa vía, desconocen las garantías reconocidas a los administrados.

   Sobre el particular, cabe destacar que en la sentencia C-540 de 1997 se dijo que “el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes.” [14]

   Ahora bien, las autoridades públicas que ejercen función administrativa expresan su voluntad a través de actos administrativos. Acorde con ello, se entiende por acto administrativo toda manifestación unilateral de la voluntad de la administración proveniente del ejercicio de una función administrativa, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, es decir, que produce efectos en derecho.[15]

   De acuerdo con su contenido, los actos administrativos se clasifican en dos categorías: generales y particulares. Los primeros, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter impersonal, objetivo y abstracto. En cuanto a los segundos, se entienden aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter personal, subjetivo o concreto.[16]

   En la primera categoría, los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, de tal manera que van dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas que, de una u otra forma, se encuentran comprendidas en una misma situación jurídica. Por el contrario, en la segunda categoría, el contenido del acto es específico y concreto, razón por la cual, genera situaciones y produce efectos individualmente considerados, respecto de una o varias personas determinadas o determinables.[17]

   Según la doctrina especializada y la jurisprudencia de esta Corporación, los actos administrativos de contenido general son esencialmente revocables por la administración, en los siguientes eventos: (i) cuando el acto administrativo resulta manifiestamente opuesto a la Constitución Política o a la ley, (ii) cuando no está conforme con el interés público o social, o atenta contra él y (iii) cuando su expedición cause un agravio injustificado a una persona.[18]

   Sin embargo, no sucede lo mismo en relación con los actos administrativos que hayan creado, modificado o extinguido una situación jurídica particular y concreta, o reconocido un derecho de igual categoría, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, éstos no podrán ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, salvo las excepciones establecidas en la ley.

   El anterior mandato, que constituye la regla general de irrevocabilidad de los actos administrativos generadores de derechos particulares y concretos, ha sido un tema ampliamente desarrollado por esta Corporación bajo el principio de inmutabilidad e intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración, frente a lo cual, ha señalado que tiene como fin primario “preservar la seguridad jurídica de los asociados, como quiera, que las autoridades no pueden disponer de los derechos adquiridos por los ciudadanos, sin que medie una decisión judicial, o que se cuente con la autorización expresa de la persona de la cual se solicita dicha autorización, en los términos establecidos en la ley.”[19]

7. La personalidad jurídica, el debido proceso y la cédula de ciudadanía. Los deberes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en casos de múltiple cedulación.

   7.1 El artículo 14 de la Constitución Política de 1991, consagra el derecho fundamental que tiene toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica. Tal derecho se predica de igual forma de todo ser humano según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968[20], y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada a través de la Ley 16 de 1972[21].

   7.2 De acuerdo con lo anterior, la Corte mediante sentencia C-109 de 1995 señaló que “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”. Dichos atributos corresponden a los establecidos en la legislación civil colombiana como el nombre, el estado civil, domicilio, la nacionalidad, y la capacidad para adquirir derechos y obligaciones, entre otros[22].

   7.3 Del mismo modo, se ha destacado que el medio para acreditar la personalidad es la cédula de ciudadanía, cuyo fin es el de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y facilitar su participación en la democracia. Sobre la importancia de la cédula de ciudadanía y su relación con la personalidad jurídica, este Tribunal afirmó:

   “Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito”[23].

   7.4 En este contexto, las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han resuelto problemas jurídicos suscitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando procede a cancelar tal documento por múltiple cedulación, tras evidenciar la existencia de diversas cédulas de ciudadanía en cabeza de una misma persona de acuerdo a la facultad consagrada en el artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral).

   En efecto, la Sala Novena de Revisión de la Corte mediante sentencia T-042 de 2008, estudió la acción de tutela en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil había anulado una cédula de ciudadanía luego de encontrar que la actora la había solicitado en dos ocasiones. Frente a la actuación administrativa, la Corte determinó que a pesar de la actitud de la accionante, ésta había presentado los recursos de reposición y de apelación oportunamente, además, solicitó la rectificación de la cédula que había sido anulada sin que se hubiera presentado respuesta de fondo. La Corte encontró que esta omisión desconoció el derecho a la personalidad jurídica y a la salud, pues la accionante carecía del medio idóneo para identificarse que a su vez impedía el acceso a los de servicios de salud ya que para ello era indispensable la presentación de la cédula. Por tanto, la Corte ordenó a la Registraduría pronunciarse sobre los recursos interpuestos y expedir dentro del término de dos meses una cédula de ciudadanía, luego de adelantarse el trámite correspondiente.

   7.5 De igual forma, en sentencia T-006 de 2011, la Corte asumió una tutela en la que se cuestionaba el procedimiento adelantado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para cancelar una cédula ante un caso de doble cedulación. El actor alegó que debido a las inconsistencias establecidas en su primer registro civil, solicitó un segundo registro civil con el que tramitó su primera cédula de ciudadanía. Al estar inconforme con la información plasmada en su cédula, pidió, por segunda ocasión la corrección de su registro civil, siendo expedido uno nuevo el cual reflejaba lo que consideraba el actor como su verdadera identidad. Con éste último, acudió nuevamente a la Registraduría Nacional para que le fuera expedida otra cédula sin mediar la cancelación de la cédula anterior. Sin embargo, la Registraduría canceló mediante resolución administrativa la última cédula dejando vigente la primera.

   Allí, la Corte amparó los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso luego de determinar que la entidad accionada expidió la resolución sin oír al titular de la cédula durante el proceso de cancelación. Por tanto, fue considerada arbitraria la cancelación del documento que definía la identidad del actor. Para ello, aclaró que la facultad oficiosa de la Registraduría Nacional del Estado Civil establecida en el artículo 68 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) el cual señala que “[c]uando se establezca una múltiple cedulación, falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de ciudadanía a un menor o a un extranjero, la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o cédulas indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente (…)”, debe ser interpretada en el sentido de que los titulares de los documentos sujetos de la cancelación tienen derecho a ser oídos con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, en especial, al de ejercer su defensa. Por lo anterior, la Sala Primera de Revisión dejó sin efectos la decisión administrativa y ordenó que se adelantara un procedimiento nuevo en el que el actor pueda ser oído para que luego se determinara cuál cédula cancelar.

   Para desarrollar lo antedicho, la Corte acudió a la normatividad sobre el procedimiento para la cancelación de cédulas dispuesto en el Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral). Allí, se establece la posibilidad de que el impugnado pueda ser oído antes de que la Registraduría decida la cancelación de la cédula en el marco de un proceso administrativo rogado, esto es, mediando solicitud. Los artículos 72 y 73 de la citada norma, disponen:

   “ARTICULO 72. Se podrá solicitar la cancelación de cédulas de ciudadanía en los casos del artículo 67 de este Código, conforme al procedimiento determinado en el artículo siguiente.

   ARTICULO 73. La impugnación de la cédula de ciudadanía puede hacerse al tiempo de su preparación o después de expedida. En ambos casos el Registrador del Estado Civil exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si fuere posible, al impugnado, y, junto con su concepto sobre el particular, remitirá los documentos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que éste resuelva si niega la expedición de la cédula o se cancela la ya expedida”.

   Según la interpretación de los citados artículos, la Corte encontró que el legislador previó la posibilidad de ser oídos a quienes mediante solicitud se les haya iniciado proceso administrativo de cancelación de la cédula de ciudadana. Sin embargo, tal posibilidad no se expresa de las personas cuyo trámite se inicia oficiosamente ya que el legislador no lo contempló. Frente a este silencio legislativo, la Corte determinó dos escenarios. Por un lado (i) asumió que sencillamente no está prevista la posibilidad de ser oído, sobre lo que podría inferirse que en estas circunstancias las personas no tienen derecho a ejercer su derecho a la defensa. Por otro, (ii) se evidenció la existencia de una “laguna normativa”, que puede ser resuelta acudiendo a una norma que contemple un silogismo análogo. En ese orden, la forma de resolver la laguna es la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 73 del Código Electoral para la cancelación de la cédula de ciudadanía en los casos que media solicitud de impugnación.

   Para llegar a tal conclusión, la Corporación consideró pertinente la elaboración de un juicio de ponderación enfrentando los mencionados escenarios con la Constitución Política de 1991. El resultado arrojó que, en el primer escenario, se desconoce el derecho fundamental al debido proceso que se materializa con la posibilidad de ser oído antes de resolverse el proceso administrativo sobre la cancelación de la cédula. En ese sentido, la sentencia T-006-11 señaló que si bien se podría predicar la medida con una finalidad constitucionalmente imperiosa e idónea, también resulta innecesaria y desproporcionada de acuerdo a lo siguiente:

   “(…) el primer sentido persigue una finalidad no sólo legítima, sino constitucionalmente imperiosa, pues la falta de oportunidades previas para que el titular de los documentos sea oído, busca introducirle celeridad al procedimiento de cancelación (art. 209, C.P.). Ese entendimiento es, por otra parte, adecuado para alcanzarla (…).

   Sin embargo, ese entendimiento del Código Electoral es innecesario para realizar el cometido que se propone, porque se puede alcanzar por otra vía en un grado alto y aceptable. En efecto, la celeridad en los procedimientos también puede realizarse por la vía de interpretar que el silencio del Código Electoral es en realidad una laguna normativa y que es imperativo colmarla mediante la aplicación analógica del artículo 73 de la misma codificación. Primero, porque no debe entenderse como una obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil la de concederles a los titulares de los documentos, espacios demasiado amplios para ser oídos. Segundo, porque esa segunda interpretación es conforme con la facultad constitucional de la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, de fijar con arreglo al principio de celeridad, que gobierna las actuaciones administrativas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales las personas pueden ejercer su derecho a ser oídas”.

   En consonancia con lo anterior, y bajo el segundo escenario, la Corte indicó que:

   “(…) es menos celero que el primer sentido. Pero esa mayor celeridad, aunque es un valor que debe reconocérsele a la primera interpretación del ‘silencio’ normativo, no alcanza a compensar el sacrificio que produce, pues por una parte implica suprimir por completo el derecho a ser oído antes de la cancelación, pero por otra pone en riesgo innecesario –como se ve en este caso- el derecho de los titulares a la personalidad jurídica. En cambio, esa menor celeridad del segundo entendimiento normativo del silencio, sí se compensa por los beneficios que produce, toda vez que garantiza el derecho de las personas a ser oídas y a ser reconocidas como portadoras de razones importantes para las autoridades públicas, y contribuye a evitar errores, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la cancelación de cédulas”.

   Por tanto, la Corte concluyó que resulta inconstitucional el escenario interpretativo en el que no se prevé la oportunidad para que los titulares de las cédulas de ciudadanía puedan ser oídos durante el proceso de su cancelación iniciados oficiosamente. No ocurre así con la interpretación en la que se deduce que el silencio del legislador genera una laguna jurídica la cual se soluciona aplicando una norma análoga. Entonces, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante un proceso de cancelación de cédula de manera oficiosa debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 73 previo a resolver el fondo del asunto.

   7.6 Finalmente, mediante sentencia T-929 de 2012, se conoció el caso de una mujer adulta mayor en condición de indigencia, quien con el apoyo de las autoridades municipales adelantó los trámites necesarios para obtener su cédula de ciudadanía y reclamar un subsidio económico destinado a los ancianos en estado de extrema pobreza. Con tal fin, le asignaron un número de cédula de ciudadanía, le expidieron una contraseña, y le indicaron que el documento laminado se lo entregarían en seis meses. Esto no sucedió porque la Registraduría Nacional del Estado Civil encontró que a la actora ya se le había expedido una cédula de ciudadanía en el año 1959. Por ello, mediante resolución procedió a cancelar el número de cédula reciente, pues la actora, según dicha entidad, se encontraba comprometida en un caso de doble cedulación, razón por la que debía solicitar la renovación del cupo numérico asignado en 1959 y no una nueva cédula.

   Luego de reiterar la protección constitucional especial sobre los adultos mayores en situación de extrema pobreza, la Corte logró determinar que la entidad accionada se había tardado más de 3 años en resolver la solicitud de expedición de la cédula de la actora y que de igual modo se demoró en comunicar dicha decisión. En consecuencia, se le había vulnerado el derecho a la personalidad jurídica ya que la inoportuna expedición de la cédula limitaba su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. Igualmente, constató la afectación al mínimo vital puesto que la actora requería del documento para reclamar el subsidio económico, y reiteró el derecho que tenía de ser oída en el trámite de la cancelación de una de sus cédulas con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso para ejercer su defensa.

   Por eso, la Sala de Revisión dejó sin efectos la resolución que canceló la última cédula solicitada y ordenó que se adelantara nuevamente el trámite para que se oyera a la actora antes de tomar una decisión. Sin embargo, ante su condición especial, se ordenó a la Registraduría Nacional que adelantara el trámite en el plazo de un mes. Por otro lado, ordenó la entrega del subsidio económico a la actora con la identificación mediante contraseña mientras le entregan su cédula de ciudadanía.

   7.7 En virtud de lo anterior, el derecho a la personalidad jurídica comprende la posibilidad de que los seres humanos posean determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujetos de derecho, lo cual se acredita mediante la cédula de ciudadanía cuyo fin, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es el de (i) identificar a las personas; (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y; (iii) facilitar su participación en la democracia. De acuerdo a lo anterior, la Corte ha garantizado en diversas ocasiones el derecho fundamental a la personalidad jurídica y al debido proceso cuando oficiosamente la Registraduría Nacional del Estado Civil cancela una cédula de ciudadanía por doble cedulación sin ofrecer la oportunidad a las personas afectadas de ejercer su derecho a la defensa.

8.1 Recuento fáctico

En primer lugar, es necesario subrayar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de los Delegados Departamentales de Risaralda, precisó que después de revisados cada uno de los trámites y el material decadactilar en las oficinas de validación de Bogotá, se puede establecer que E.O.S. y S.O.S. son la misma persona, con diferente identificación.[24]

Ahora bien, todos los documentos de la accionante se encuentran a nombre de E.O.S., con cédula de ciudadanía No. 1.088.338.192, nombre con el que además se siente identificada. Sin embargo, el 5 de mayo de 2016 la Registraduría canceló tal documento, dejando vigente el de S.O.S., No. 1.088.023.693. Quedándose la accionante sin sustento documental alguno respecto de su historia clínica y estudios efectuados; y sin la posibilidad de vinculación laboral, de acuerdo a la profesión que ostenta, por lo cual afirma se le afectaron sus derechos a la personalidad jurídica y debido proceso, en conexidad con los de salud, educación, trabajo y mínimo vital.

En consecuencia, el 7 de septiembre de 2016 promovió acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual fue declarada improcedente por subsidiariedad.

Acogiendo los señalamientos hechos en sede de tutela, el 27 de febrero de 2017 la accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de anulación y cancelación del registro civil de nacimiento a nombre de E.O.S., teniendo en cuenta que los datos consignados en él no corresponden a los reales, que si aparecen en el primer registro a nombre de S.O.S.. No obstante, a través de sentencia No. 177 del 8 de junio de 2017 se denegaron las pretensiones, “ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora S.O.S.”, decisión contra la cual no interpuso recurso alguno.

8.2 Resolución del caso

La Sala encuentra que al habérsele cancelado de oficio a la accionante el documento de identidad No. 1.088.338.192, a nombre de E.O.S., con el que se siente representada, documento a través del cual ha sido titular de derechos y obligaciones desde que tiene 6 años, sin darle la oportunidad de ser escuchada dentro de dicho trámite, se le han vulnerado sus derechos a la personalidad jurídica y al debido proceso, estrechamente relacionados con los de la salud, educación, trabajo y mínimo vital, pues es precisamente la cédula de ciudadanía el documento a través del cual se acredita la personalidad jurídica que posibilita el acceso a las demás garantías fundamentales, tales como la identificación, el ejercicio de los derechos civiles y la participación democrática. En el caso bajo examen la cancelación de la cédula de ciudadanía ha impedido a la actora acudir a la EPS, continuar con sus estudios, obtener un trabajo con base en su expediente académico y, en esa medida, solventar sus necesidades básicas y las de su familia.

La vulneración de los derechos fundamentales de la accionante ha sido continua desde el 5 de mayo de 2016, cuando se le canceló la cédula de ciudadanía a nombre de E.O.S. y persiste en la actualidad.

Así entonces, se hace necesario adoptar medidas urgentes para evitar que se sigan violentando los derechos de la actora y la consumación de futuros perjuicios irreparables, como los hasta ahora ocasionados.

No obstante, tal protección habrá de tener un carácter transitorio, teniendo en cuenta que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria para adelantar un nuevo proceso de nulidad de registro civil, pues la decisión adoptada dentro del radicado con el número 660013110001201700192-00, tramitado en el Juzgado Primero de Familia de P.-Risaralda, no hace tránsito a cosa juzgada material, ya que se dictó en un proceso de jurisdicción voluntaria y los asuntos allí decididos, por su propia naturaleza, son susceptibles de cambio posterior. Lo anterior, con el respaldo del grueso acervo probatorio recaudado en sede de tutela.

En suma, la Sala procederá a revocar las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. - Sala de Decisión Civil Familia y la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, el 2 y 30 de noviembre de 2017, respectivamente, mediante las cuales se declaró improcedente la acción de tutela presentada y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de S.O.S.. Dicha protección se verá materializada a través de las siguientes órdenes:

(i) A la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad pública encargada del registro de la vida civil e identificación de los colombianos y colombianas, que tuvo la oportunidad procesal de referirse a los hechos de la demanda de tutela, en sede de revisión, se le ordenará dejar sin efectos la resolución del 5 de mayo de 2016[25], a través de la cual canceló la cédula de ciudadanía No. 1.088.338.192 a nombre de E.O.S. y, en consecuencia, dar plena validez al documento mencionado, hasta tanto se toma una decisión en la jurisdicción ordinaria, donde la accionante deberá adelantar un nuevo proceso de cancelación de registro civil.

Lo anterior, comoquiera que el problema jurídico que desencadena todas las actuaciones de la actora se desprende de la existencia de dos registros civiles de nacimiento, con nombres y datos distintos, respecto de la misma persona. El primero de ellos con los datos de soporte reales y el segundo con el nombre con el cual se identifica la accionante. Por lo cual, según lo indicó la misma entidad, se deberá proceder a la cancelación del segundo, para luego, a través de escritura pública, solicitar el cambio de nombre y, por último, solicitar la asignación del cupo numérico 1.088.338.192, inicialmente asignado a la cédula de E.O.S..

Sin embargo, se advertirá a la accionante que dispone de un término máximo de cuatro (4) meses, siguientes a la notificación de esta sentencia, para presentar la respectiva demanda ante la jurisdicción ordinaria, so pena de la pérdida de los derechos conferidos en esta providencia.

(ii) Finalmente, se ordenará devolver el expediente del proceso de nulidad de registro civil, radicado con el No. 660013110001201700192-00, adelantado por S.O.S., al Juzgado Primero de Familia de P.-Risaralda.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,