Análisis histórico de la exclusión de prueba relevante
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS HISTÓ RICO DE LA EXCLUSIÓN DE PRU EBA RELEVANTE
C I
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA EXCLUSIÓN
DE PRUEBA RELEVANTE
I.1. PROLEGÓMENOS A LA GÉNESIS DE
LA EXCLUSIONARY RULE
La regla de exclusión de prueba ilícita (exclusionary rule) nació gracias
a la labor de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a comienzos
del XX. En el caso Weeks v. United Stated, pronunciado en 1914, el máximo
Tribunal de justicia estadounidense tomó la decisión de excluir, con funda-
mento en la violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, parte de
la evidencia recaudada (correspondencia privada) por la Fiscalía contra el
procesado Fremont Weeks. Aunque este caso es considerado el origen de la
regla de exclusión, no se trata de una decisión sorpresiva y aislada; antes de
Wee k s se presenta ron antecedes que abonaron el camino para su nacimiento.
En Inglaterra, pocos años antes de la Independencia de las colonias
británicas en América, se resolvieron los casos Wilkes v. Wood (1763) y Entick
v. Carrington (1765) 2. Estos casos sentaron un precedente valioso sobre el
respeto de los derechos de las personas en el marco de las actuaciones es-
tatales. En Wilkes v. Wood, Jhon Wilkes presentó una demanda civil contra
la emisión de un general warrants3 en su contra, logrando que el Tribunal
2 Estos dos casos han sido cit ados por la Corte Suprema de Justicia de Es tados Unidos para
fundament ar el desarrollo de la exclusionar y rule: Boyd v. United States (1886). Para ver un
análisis más det allado de estos caso s, ver la tesis doctoral de Fidalgo Gal lardo, titulad a, 2000)
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más poderosa con la q ue contaba la corona pa ra persegui r a los autores de publicaciones
sediciosas era la aut orización general ( general warrant) […] la autorización gene ral confería
clase de publicaciones y objetos con siderados ofensivos para el estad o, y arrestar a cua lquier
persona (auto, impresor o ed itor) considerada sospechosa del delito invest igado” (p.37)
RONALD JESÚS SANABRIA VILLA MIZAR
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Ingles, en protección a su derecho a la privacidad, anulara la autorización por
no existir, entre otros aspectos, orden judicial previa. En Entick v. Carrington,
la Justicia Británica emitió una orden judicial de registro de domicilio en
los documentos privados incriminatorios que se encontrasen. Ejecutado el
registro de su vivienda, Entick presentó una demanda civil alegando que la
orden constituía una intrusión ilegítima en su intimidad. El Tribunal resol-
vió anular la orden, ya no con el argumento del caso Wilkes –falta de orden
judicial previa–, sino en razón a la información incriminatoria que existía
en la correspondencia privada del sospechoso (the law obligeth no man to
accuse himself: la ley no obliga a ningún hombre a acusarse a sí mismo).
En el primer siglo de existencia de Estados Unidos, independiente de
Inglaterra, los jueces asumieron con base en la Constitución Federal, espe-
cialmente la Cuarta y Quint a Enmienda, una posición tradicional respecto a
la evidencia hallada en virtud de transgresiones a normas constitucionales:
Hasta la mitad del siglo XIX el remedio típico para un regist ro ilegal era una
acción civil para la indemni zación por daños y perjuicios para el transgresor.
Durante el siglo XIX, los tribunales seguían la regla de Derecho común,
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caciones ilegales. (OFFICE OF LEGAL POLICY, Report n° 5; en: Fidalgo
Gallardo, 2000, pág. 40)
Un ejemplo de esta forma de resolver las irregularidades en la obtención
error y proceso penal”: en 1841 el Tribunal Superior de Massachusetts resolvió
un caso en donde la policía judicial obtuvo unos documentos mediante un
registro sin orden judicial. El Tribunal resolvió el problema jurídico argu-
mentando lo siguiente:
Se admite que los … materiales fueron i ncautados ilegalmente, sin embargo,
éste no es un argumento ju rídico en contra de su admisión como prueba. Si
como prueba los documentos incautados si éstos resultan pertinentes para
el caso, como incuestionablemente lo son. Cuando se ofrecen documentos
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS HISTÓ RICO DE LA EXCLUSIÓN DE PRU EBA RELEVANTE
como elemento de prueba, el tribunal puede ignorar cómo fueron obtenidos,
sin importar si fue legal o ilegalmente (p .261).
Fue hasta 1886, con la resolución del famoso caso Boyd v. United
States
posición tradicional. Los hechos del caso: en la época existía una ley de
aduanas (1874) que autorizaba el Juez, previa petición del Fiscal, a ordenar
la exhibición de documentos relativos a las actividades de importación de
mercancías. El incumplimiento de la orden provocaba que los hechos que
motivaron la emisión de la orden fueran tenidos como confesados. Agentes de
aduanas, en el transcurso de u n registro rutinar io, incautaron mercancías de
propiedad de la compañía Boyd & Sons aparentemente ilegales. Debido a la
(forfeitu re)4. Iniciado el proceso, el juez ordenó al demandado (compañía
Boyd & Sons) aportar la documentación del trámite de importación, quien
cumplió la orden formulando protesta tanto en el momento de allegarlos como
en la admisión de la evidencia en el juicio. Boyd fue condenado en primera
Suprema de Justicia declaró nula la sentencia por vicios del procedimiento
judicial con base en el siguiente argumento: exigencias combinadas de la
Enmienda Cuarta5 y Quinta5 de la Bill of Rigths. Argumentó el Alto Tribu-
4 Explica el doctor Fidalgo Galla rdo (2000), “según el black´s law dictionary, forfeiture es
compensación; im pone una pérdida media nte el despojo de un derecho válido preex istente
5 The Constitut ion of The United States. Amend ment iv. The right of the people to be secure
shall not be violated, a nd no warrants shall issue, but upon prob able cause, suppor ted by
or things to be sei zed.
Traducción: “[e]l derecho de las personas a es tar protegidos en sus persona s, casas, docu-
por juramento o pro mesa, y describiendo det alladamente el lugar a regi strar, y las personas
Estados Unidos de A mérica, 2000, pág. 15)
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