El espacio público moderno y las primeras sociabilidades políticas en la Nueva Granada
| Autor | Magali Carrillo Rocha |
| Páginas | 51-68 |
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Además del espacio público físico que conocen bien arquitectos y planicadores
urbanos, existen otras maneras de entender la esfera pública. Una perspectiva más
bien reciente comprende el espacio público no desde lo físico sino desde lo político,
es decir, desde la forma como individuos reunidos en “público” ejercen un nuevo
poder, el de la opinión.
Uno de los pensadores que alentó inicialmente el trabajo sobre el tema de la opi-
nión pública fue Jürgen Habermas. Para él, la esfera pública moderna es política en la
medida que “es un espacio de discusión y de intercambios sustraído a la inuencia del
Estado y crítico con respecto a los actos o fundamentos de éste” (en Chartier, 2000,
pp. 37-38); espacio que es posible caracterizar sociológicamente, ya que se diferencia
tanto de la corte como del pueblo, por lo que, según Habermas, se le puede calica r de
burgués. Sin embargo, esta denición centrada en torno a su carácter burgués puede
resultar problemática debido a que, al ser pertinente subrayar el rol de las élites en el
proceso de creación y consolidación de los espacios de sociabilidad política, hay que
recordar que fueron las élites ilustrada s —antes que las económicas—, los actores cen-
trales de la revolución que se habría desencadenado debido al vigor de aquel espacio
público inéd ito.
El espacio público político surge de la esfera pública literaria, es decir, de los
espacios literarios como los salones, los cafés, los clubes o los periódicos. Su princi-
pal característica es que allí se hace un uso público de la razón por parte de perso-
nas privadas. Se establece así una relación fundamental entre una nueva manera de
“publicidad” y el ámbito privado, ya que al surgir de este ámbito, la nueva publici-
dad queda por fuera del control de la autoridad estatal. El ámbito privado incluye la
vida familiar, comercial y laboral, además del “espacio dedicado al ejercicio crítico,
al ‘razonamiento público’” (Chartier, 2000, p. 38). Este proceso gradual de privati-
zación de lo social —característico de las sociedades occidentales desde nales de la
Edad Media hasta el siglo —, no puede considerarse solamente como el retrai-
miento del individuo a sus ámbitos privados por fuera de la vigilancia del Estado.
Chartier nos recuerda que es indispensable verlo también como “la constitución de
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un nuevo ‘público’, basado en la comunicación instaurada entre personas ‘privadas’,
liberadas de los deberes hacia el príncipe” (p. 38).
Este ujo de contactos que se establece entre personas privadas hace cambiar
considerablemente el orden social, que había estado articulado en torno al rey. La
organización de aquella antigua sociedad, caracterizada por la jerarquización y las
distinciones entre los distintos cuerpos y órdenes que la componían, estaba basada
en la desigualdad y en el hecho de que el poder, el saber y la ley radicaban en quien
guraba a la cabeza del reino: el monarca. Con la instauración de la esfera pública,
este principio de organización social se enfrenta a ca mbios importantes. La igua ldad
entre los individuos que participan en esta esfera abre la posibilidad de que empie-
cen a romperse los fundamentos de aquel orden: la desigualdad y la jerarquía. Aquel
sistema de múltiples cuerpos y estamentos empieza a verse desaado por un espacio
unicado, que no responde sino a sus propias reglas. Comienza, entonces, a tomar
impulso un derecho a pensar —como lo expresa bellamente Claude Lefort (2004,
p. 109)—, que permite que el individuo se reconozca como poseedor del poder de
conocer y hablar, derecho que antes estaba reservado a unos pocos. Este cambio no
solo afecta la política sino toda la vida social.
El ejercicio del razonamiento público entre individuos privados no tiene, teórica-
mente, ningún límite; tampoco le está vedado ningún tema. Todo puede ser discu-
tido. Ya no es necesario contenerse en el uso de la razón por respeto a las autoridades
religiosas o políticas. Incluso las verdades de la fe y los principios monárquicos pue-
den ser cuestionados y sometidos al juicio crítico. Pero estos cuestionamientos no
fueron puestos en práctica por todo el mundo. A pesar de la ampliación de la esfera
pública política a “todas las personas privadas que en tanto que lectores, oyentes y
espectadores, [...] estaban en condición de dominar el mercado de los temas de dis-
cusión” (Chartier, 2000, p. 40), aún siguió existiendo cierta exclusión. Esa exclusión
se presenta puesto que se supone que no todas las personas privadas poseen los bie-
nes culturales sucientes para participar en los espacios públicos literarios. De esta
manera, una inmensa mayoría se encuentra “privada de las competencias que per-
miten el ‘uso público que las personas privadas hacían del ra zonamiento’” (Chartier,
2000, p. 40).
La noción de opinión pública surge justamente como una posibilidad de que
aquella mayoría excluida tome la palabra en el marco de las nuevas lógicas sociocul-
turales que están n aciendo en la segunda mitad del siglo . Mediante el concepto
de opinión pública se apela a la visibilidad y a la transparencia de las intenciones.
Antes, las decisiones del monarca habían sido tomadas en se creto, pero después de la
aparición de la opinión pública se crea una cierta exigencia de que estas se an publica-
das, discutidas, sostenidas y aprobadas por el tribunal de la opinión. Así, la opinión
pública se convierte en una nueva manera de representación política por fuera de los
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