La transitoriedad de la entidad territorial indígena
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L
1. I NTR ODU CCI ÓN
El asunto regional tratado en el capítulo previo comparte un pasado y un
presente en común con el tema que se aborda en este nuevo aparte, referido
a la territorialidad de las comunidades indígenas. Se habla de una historia
semejante, por cuanto desde la época precolombina se encontraban importantes
diferencias en términos de geografía física y humana en el territorio que hoy
hace parte del Estado colombiano; en tal sentido, se conoce bien, por ejemplo,
la especie de confederación que se daba entre dos familias amerindias, una
asentada en el centro del país –en el altiplano cundiboyacense– y otra en el
norte –Costa Caribe–, o la existencia de algunas organizaciones ubicadas en
la parte oriental, ‘de la selva tropical’, consideradas culturalmente distintas1.
Estas marcadas diferencias históricas recuerdan a las que se dan actualmente
en las distintas zonas de Colombia a partir de otras realidades sociales,
el reciente proceso normativo de inclusión de las regiones en el mapa político-
administrativo colombiano.
Como sucede con el actual proceso regional, también se viene dando
un derrotero en el ordenamiento jurídico que busca reconocer a las áreas
poseídas por las comunidades ancestrales como parte integrante de la
organización territorial del Estado colombiano. Tal dinámica es promovida por
la Constitución Política de 1991, la cual en su artículo 286 establece que los
territorios indígenas son entidades territoriales, al igual que los departa mentos,
los distritos y los municipios.
1
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Esta y otras disposiciones de la Carta Política dan cuenta de un cambio
de paradigma frente al asunto indígena en general, el cual solía ser objeto de
Estado colombiano dispuesta en la anterior Constitución de 1886, la cual no
hacía referencia alguna sobre los pueblos nativos; siendo entonces relegada
esta temática al nivel legal, y en especial a una norma expedida en 18902
que legitimaba ciertas instituciones de las formas organizativas indígenas
provenientes de la época colonial, entre las que se cuentan los o
3.
El cambio de perspectiva de que se habla fue resultado, entre otros
factores, de la variada participación de sectores políticos y sociales en la
Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución4,
al acercamiento del quinto centenario del primer encuentro de la cultura
amerindia y la europea5
2
. Vale la pena indicar que el artículo 1 de la referida ley fue declarado
inconstitucional por contener también las expresiones “salvajes” y “reducción a la vida civil”.
Las cuales en criterio de la Corte Constitucional “
3 En este sentido,
. , M.,
pp. 17.
4
Nacional; 11 para el Partido Social Conservador; 9 para Conservadores Independientes;
2 para la Unión Cristiana; 2 para la Unión Patriótica; 2 para las listas indígenas, además
participaron 4 representantes de los grupos guerrilleros Ejército Popular de Liberación, el
de la República de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente. Consultado el 08 de enero
5 Al respecto, los constituyentesy
. , O., y
141
reciente Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
6, el cual tuvo como
postulados principales el derecho de los pueblos indígenas a mantener y
fortalecer sus culturas, formas de vida e in stituciones propias, y su derecho a
participar de manera efectiva en las decisiones que les afecten.
respecto a la inclusión de los territorios ancestrales en la organización del mapa
político-administrativo colombiano, por cuanto, si bien en el artículo 286 de
la Carta Política se reconocen a tales áreas como entidades territoriales, la
Corte Constitucional, como intérprete legítima de la Constitución7, ha negado
tal calidad bajo el argumento de que el artículo 329 constitucional dispone la
necesidad de que se promulgue una ley orgánica de ordenamiento territorial
que facilite su institucionalización, la cual a la fecha no se ha expedido8.
Frente a la ausencia de la legislación orgánica que permita la conformación
de las entidades territoriales aborígenes, el Gobierno Nacional, de manera
concertada con las organizaciones indígenas, ha expedido diferentes decretos,
–pp. 4 y 5.
6 El cual fue incorporado a legislación interna colombiana mediante la Ley 21 de 1991.
7 En tal sentido, el artículo 241 de la norma de normas contempla
8 Es pertinente acotar que la referida Corporación de Justicia ha determinado que los derechos
de la ley orgánica aludida; en este sentido, ha indicado que, por ejemplo, del artículo 246
constitucional se deriva una importante autonomía de las comunidades indígenas referida
a sus potestades legislativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Al respecto,
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