Revista Digital de Derecho Administrativo

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• Editorial
• Las comunidades energéticas locales como agentes clave para la transición energética

  La implementación de medidas efectivas en el camino hacia la transición energética, para lograr niveles de emisiones de CO2 que no comprometan la seguridad climática, ha estado bloqueada durante décadas debido a la creencia de que las medidas necesarias para combatir el cambio climático deben adoptarse en el ámbito global, ya que este desafío tiene trascendencia mundial. En la actualidad, los procesos de transición energética se están logrando a través de medidas locales. Este artículo analiza la implementación y el régimen jurídico de las comunidades energéticas locales en el derecho español, para examinar las posibilidades que el ordenamiento jurídico español ofrece en cuanto a su configuración

• Régimen jurídico y organizativo de la participación de los entes locales en la conformación de comunidades energéticas

  La Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de políticas y medidas jurídicas que buscan promover un modelo energético descentralizado que coloque a los ciudadanos en el centro del sistema, y les permita tener un rol activo y proveerse de su propia energía, así como de otros servicios energéticos. Dentro de este modelo surgen las comunidades energéticas como mecanismos de interacción entre personas físicas, entes locales y pequeñas y medianas empresas que tienen el potencial de garantizar un futuro organizativo para una transición energética justa y sostenible. En este panorama, los gobiernos locales, como Administraciones públicas de proximidad, pueden ser ejemplarizantes y participar directamente en las comunidades energéticas; sin embargo, su concreción en la realidad no está exenta de obstáculos. Por ello, en este trabajo se analiza, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, cuáles son los posibles mecanismos o “entidades jurídicas” de las que pueden valerse los entes locales para la conformación de comunidades energéticas, y así, poder contribuir con la transición energética

• Desafíos del servicio universal argentino en materia de telecomunicaciones: nuevos reglamentos, viejos problemas

  El sector de las telecomunicaciones argentino ha tenido en los últimos años fuertes novedades regulatorias. A partir de esas novedades, en este trabajo se pretenden identificar las razones que justifican la intervención regulatoria estatal en este sector. Asimismo, se busca llamar la atención sobre los elementos que definen el servicio universal en esta industria. Bajo este enfoque, se describen diversas medidas estatales dictadas recientemente, las cuales pueden ser identificadas con la clásica actividad de fomento de la Administración pública. El presente trabajo sostiene que existe una contradicción entre las acciones del regulador y del ejecutivo: mientras que la autoridad regulatoria busca incentivar inversiones en aquellos lugares donde el mercado no puede o no quiere llegar, el ejecutivo las desalienta. Ese desaliento es llevado a cabo a través de medidas que no parecen estar sustentadas en los principios regulatorios que justifican la intervención estatal

• Los fabricantes de vehículos no deben ser considerados empresas de telecomunicaciones bajo el derecho europeo

  En la era de los vehículos conectados, donde los automóviles ofrecen servicios digitales avanzados, surge una pregunta crucial: ¿deberían los fabricantes de vehículos ser considerados empresas de telecomunicaciones? Este artículo explora por qué, bajo el derecho europeo, los fabricantes de vehículos no deben ser clasificados como tales. Analizamos las definición legal de proveedores de servicios electrónicos de comunicaciones, el alcance de los servicios de conectividad máquina a máquina (M2M), la naturaleza accesoria de los servicios de telecomunicaciones proporcionado por los fabricantes de vehículos y las implicaciones regulatorias, todo ello, apoyándonos en la legislación vigente, la resolución de ciertas agencias de telecomunicaciones y la relación contractual entre los fabricantes de vehículos con las empresas de telecomunicaciones y el cliente final

• The Internet as Constitutional Right and Public Utility in Peru: A Critical Perspective

  This paper examines the recent designation of the internet as a constitutional right in Peruvian law, analyzing the relationship between constitutional rights and public services. Generally, not every constitutional right necessitates the creation of a public utility, nor is every public service inherently tied to a constitutional right. As indicated in the legislative record, the constitutional reform recognizing the internet as a right may not yield the anticipated outcomes. The effectiveness and efficiency of such a service cannot be ensured through legal protection alone. Therefore, the establishment of a public service must be grounded in careful planning and foresight, supported by a reasonableness analysis

• El grupo empresarial público en Colombia

  El grupo empresarial público es una muestra de cómo el grupo empresarial, que es la forma jurídica predilecta de la gran empresa contemporánea, influye en todos los ámbitos del derecho. En efecto, cuando el Estado, para el cumplimiento de sus fines, adopta la forma de un empresario y ejerce la empresa pública de grupo, se impone la aplicación de los derechos público y privado, ello sin perjuicio del ánimo de lucro que supone la empresa, demostrando cómo la coherencia del ordenamiento jurídico, a pesar de la diversificación del derecho y de la especialidad en la expedición de las normas jurídicas, es todavía un principio fundamental que en este caso está al servicio de la primacía del interés general sobre el particular

• El derecho administrativo interamericano de las contrataciones públicas

  En el derecho administrativo de América Latina, la visión tradicional de las contrataciones públicas descansaba en el concepto de la licitación pública como el procedimiento previo que limita la libertad de contratación de la Administración. La globalización ha promovido un cambio en esta visión para realzar el rol de las contrataciones públicas en las políticas del desarrollo, tomando en cuenta su peso en la economía. Esta visión ha permeado al derecho interamericano a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. La red ha facilitado la sistematización de principios generales que se han traducido en diversas reformas que apuntalan la visión de las políticas de compras públicas orientadas a la promoción del bien común. Estos principios conforman la base del derecho administrativo Interamericano de contrataciones públicas

• Jerarquía administrativa, acceso a la función pública y venalidad de los cargos en derecho romano (siglos IV-VI d. C.)

  La centralización basada en el principio de jerarquía, el cual implica un deber de obediencia de los funcionarios inferiores hacia los superiores, es una de las características de la Administración romana de los siglos IV a VI d. C. La legislación de esta época reguló la promoción y ascenso de los funcionarios públicos dando prioridad a la antigüedad y a los méritos en el servicio para acceder a un cargo público. Pese a ello, se tuvieron que publicar numerosas leyes en las que se prohibía y se castigaba el suffragium (tráfico de influencias), en un intento por moralizar la función pública y mejorar su rendimiento

• El juicio de pérdida de investidura de los congresistas: hacia la implementación de un sistema acusatorio

  El sistema de justicia dispositivo es implementado actualmente en Colombia para el juicio de pérdida de investidura de los congresistas. Ahora bien, al ser un proceso sancionatorio, surge la pregunta de si es más adecuado adelantar su trámite bajo las lógicas del sistema acusatorio, propio de esta clase de procesos, y más alineado con los principios y presupuestos del ejercicio del ius puniendi. Las reflexiones consagradas en la presente investigación buscan responder a este interrogante, así como explicar las bases para una posible reforma. Virar hacia un sistema procesal de corte acusatorio permitiría un mejor cumplimiento de las exigencias derivadas del conjunto de principios que hacen parte del debido proceso

Documentos destacados

• La responsabilidad precontractual en la actividad contractual del Estado

  En el presente escrito se estudia la responsabilidad que se deriva para quien ha frustrado las tratativas por su acción, omisión o extralimitación en la etapa precontractual, y que, de esta manera, ha causado un daño. De este modo se intenta responder importantes interrogantes: ¿dónde se ubica la...

• Aproximación al estudio del objeto del derecho administrativo

  Con fundamento en la revisión de las teorías que alrededor del objeto del derecho administrativo se han planteado a lo largo de los años, y teniendo en cuenta el medio científico, social, económico y político en el que las mismas se han presentado, este escrito propone una perspectiva contextual...

• El ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor y su carácter transversal ante los derechos de los usuarios de servicio de transporte de pasajeros

  El presente artículo estudia la aplicación transversal del Estatuto del Consumidor para cada modo de transporte en particular, resaltando la unificación normativa que aspiró lograr su expedición y poniendo de presente que no hay que crear un régimen especial para cada sector de la economía, toda...

• Los conceptos de función administrativa y servicio público en la jurisprudencia y en la doctrina iuspublicista colombiana

  La investigación identifica los argumentos de las principales tesis que equi­paran o diferencian los conceptos de función administrativa y de servicio público en Colombia. Una tesis mayoritaria distingue el servicio público de la función administrativa asemejando esta última con prerrogativas públic...

• Daño y daño antijurídico en la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la noción de derecho subjetivo

  El presente trabajo cuestiona el tradicional entendimiento de los conceptos de daño y daño antijurídico a partir de las nociones de interés o bien jurídicamente tutelado. Bajo este enfoque, se busca mostrar cómo la influencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Colombia ubica en el núc...

• Debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual en Colombia

  El debido proceso es un principio rector de los procedimientos sancionatorios contractuales. Sin embargo, el procedimiento sancionatorio consagrado en el estatuto anticorrupción de 2011 no señala cómo se deben adelantar las etapas de conformación del material probatorio, su práctica y su valoración ...

• Buena administración y la motivación de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades discrecionales

  La Administración pública, con independencia de la naturaleza de las facultades con las que actúa, debe observar los principios que orientan el ejercicio de su poder de decisión, de manera que se cumplan con las exigencias derivadas de la buena administración. Ahora bien, en el derecho colombiano...

• Reflexiones acerca del contrato de prestación de servicios en la Administración pública colombiana y de su indebida utilización: ¿un problema sin solución?

  El presente artículo no pretende ser otra cosa que lo que su título indica: unas reflexiones en relación con el contrato de prestación de servicios en la Administración pública. En el mismo se proponen reformas principalmente desde la órbita legal que podrían redundar en un uso racional de la...

• En defensa de la facultad de libre nombramiento y remoción: el camino de su insuficiente delimitación conceptual conduce a su cuestionable restricción

  La categoría de los empleos de libre nombramiento y remoción pareciera haberse convertido en una gran incomprendida en el sistema jurídico colombiano. Ello obedece (1) a cierto déficit o confusión en punto de su justificación y delimitación conceptual, justificación que debe pasar por la necesidad...

• La extensión de la jurisprudencia: soportes constitucionales, efectos y aspectos controversiales en su aplicación

  La constitucionalización del derecho ha hecho que la Administración tienda a ser más garantista en el amparo de los derechos de los ciudadanos. Ese impacto se ha consolidado con la expedición de la Ley 1437 de 2011 que, de manera novedosa, consagró entre sus finalidades la protección de los...