Auto nº 1048/22 de Corte Constitucional, 27 de Julio de 2022

1. El 14 de enero de 2021, ante el Juzgado 51 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá se llevó a cabo la audiencia concentrada en el proceso penal seguido en contra del señor EARG por el presunto delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, previsto en los artículos 104A, literal a), 104B, literal b), 27 y 29 del Código Penal[1]. El Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá asumió el conocimiento del caso.

2. Dentro del escrito de acusación presentado por la Fiscalía 121 de Bogotá se relacionaron así los hechos presuntamente ocurridos –se destaca–:

3. El 8 de diciembre de 2020, el señor EARG habría ingresado a su lugar de habitación en el que convivía con sus hermanas, ubicado en el sector de invasión del Refugio, localidad de Usme, Bogotá y, supuestamente, tras romper una «poli sombra», habría entrado al cuarto en que se encontraba su hermana menor de 16 años KLRG, la que al verlo habría comenzado a gritar, alertando a su otra hermana JY que se estaba bañando y, quien al salir, habría observado a KLRG tendida sobre el piso y al señor EARG sujetándola por el cuello[2].

4. Ante el alegado reclamo de JY para que soltara a su hermana menor, el antes nombrado efectivamente habría accedido al pedido, pero de inmediato habría ingresado en otra habitación y después de tomar un cuchillo, se habría devuelto al sitio donde se encontraba KLRG y le habría propinado a la menor heridas en el tórax y en otras partes del cuerpo, luego de lo cual habría huido del lugar[3].

5. En el escrito de acusación quedó claramente consignado que la menor KLRG fue inicialmente trasladada al Hospital de Meissen y luego remitida al Hospital Clínica San Rafael[4]. Los médicos determinaron heridas por arma corto punzante que generaron incisión completa de la arteria y vena subclavia izquierda, así como el plexo branquial izquierdo que produjo neumotórax y, al tiempo, una herida en el primer dedo derecho[5].

6. También se determinó que las lesiones le ocasionaron a la menor “una incapacidad provisional de 45 días con secuelas de deformidad física que afectaron su cuerpo de modo permanente y perturban funcionalmente el miembro superior izquierdo de carácter por definir”[6]. De otra parte, se estableció la presencia de compromiso vascular. Además, se constató la pérdida de sangre que, asociada a vasos de gran calibre, determinó las lesiones y puso en riesgo la vida de la víctima, quien, de no haber recibido atención médica oportuna, habría muerto[7].

7. Como antecedentes de los hechos relatados en el escrito de acusación se anotó que EARG, JY y KLRG son hermanos y residen en el mismo lugar de habitación, así como se subrayó que los episodios de violencia verbal y física contra las hermanas por parte de EARG habrían sido frecuentes y reiterados[8].

8. El 24 de abril de 2021 el gobernador y el secretario del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá, comunidad en contexto de ciudad, pusieron de presente al juzgado de conocimiento que, mediante el caso con número de referencia 11001600001520200697, se comprometía a un integrante de la comunidad indígena que respondía al nombre de EARG perteneciente al referido cabildo, “con base madre en el Resguardo indígena Predio Putumayo – Departamento del Amazonas”[9]. En la comunicación aludida solicitaron al juzgado de conocimiento poner al procesado a disposición de la justicia propia “partiendo de [sus] usos y costumbres”[10]. Trajeron a colación la pertenencia del procesado a la comunidad indígena Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá[11].

9. De otra parte, consta en el expediente un documento mediante el cual el señor JVG, indígena Monifue Uruk de Bogotá “Pueblo Uitoto”, valiéndose de las facultades legales que le confiere la Ley 89 de 1890, así como de sus atribuciones como gobernador y, de acuerdo con el sistema de gobierno propio, certificó que el señor EARG se encontraba “registrado en la base de datos del censo Poblacional”.

10. Manifestó, asimismo, que “el resguardo era una comunidad indígena en contexto de ciudad, localizada en el asentamiento del polígono 194 de la localidad de Usme, con una base madre y origen en el resguardo indígena, predio P. en el departamento del Amazonas”[12].

11. El 30 de junio de 2021 se tenía programado celebrar la audiencia de verificación de allanamiento ante el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Asistieron a la diligencia el acusado, su defensora pública, el gobernador del Cabildo Monifue Uruk, la Fiscal Especializada 53, el Ministerio Público, la representación de las víctimas y la señora JY, hermana de la víctima.

12. En desarrollo de la audiencia, la jueza advirtió sobre la necesidad de definir lo relativo a la solicitud presentada en oportunidades anteriores por el gobernador del cabildo M.U., en el sentido de que el conocimiento del proceso fuera trasladado a la Jurisdicción Especial Indígena, petición de la que la funcionaria judicial corrió traslado previamente a los sujetos procesales e intervinientes, quienes fueron escuchados ese mismo 30 de junio de 2021 en la referida audiencia[13].

13. El gobernador del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto de Bogotá” reiteró lo dicho en el documento allegado al juzgado de conocimiento[14], con el fin de reivindicar la competencia para conocer del asunto de la referencia. El Juzgado propuso el conflicto positivo de jurisdicciones[15]. Argumentó que a partir de los elementos de convicción adjuntados se podía constatar el cumplimiento de los factores personal[16] y territorial[17]. En relación con el factor orgánico[18], expresó que, si bien no existían pruebas para corroborar directamente su cumplimiento, algunos elementos, en particular, las manifestaciones efectuadas en la audiencia por el gobernador del Cabildo Monifue Uruk y algunos documentos[19], permitían inferir la existencia de una institucionalidad[20], así como de “algunos procedimientos que, en efecto, [daban] unas sanciones ejemplares cuando se [presentaba cierto tipo] de comportamientos”[21].

14. No obstante, precisó que en lo relativo al factor orgánico era necesario “demostrar la protección a la víctima y la existencia de un castigo frente al injusto que se está presentando en su contra” [22]. Manifestó que este aspecto era de especial relevancia para el despacho de conocimiento y también para las partes e intervinientes que se pronunciaron en la audiencia[23]. Advirtió que, si se consideraba la naturaleza del bien jurídico tutelado, esto es, que se trataba de una mujer menor de edad cuya vida e integridad habrían sido puestas en entredicho por la acción del procesado, a quien se le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado[24], entonces, en relación con el elemento objetivo, la conducta investigada era de especial nocividad en criterio de la cultura mayoritaria[25]. Concluyó que en el asunto de la referencia no se cumplía con “el requisito fijado por la jurisprudencia constitucional del componente objetivo bajo el principio de la institucionalidad”, por cuanto no se pudo determinar cuál era la protección ni la garantía de no repetición en favor de la víctima[26]. Atendiendo a esta situación, consideró que la competencia para conocer del asunto hasta la sentencia condenatoria correspondía a la jurisdicción ordinaria.

15. Enviado el expediente a la Corte Constitucional[27], en sesión del 20 de noviembre de 2021 fue sometido a sorteo por parte del entonces presidente de la Corporación y su conocimiento correspondió a la magistrada C.P.S. a quien fue repartido el 26 de noviembre siguiente.

    2. Pruebas decretadas

16. Mediante auto fechado 2 de mayo de 2022, el despacho sustanciador decretó pruebas para mejor proveer en el asunto de la referencia[28]. Vencido el término concedido para remitir las pruebas solicitadas, se recibieron los siguientes escritos.

    1. Informe presentado por el Observatorio de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia

17. El documento abordó, en primer lugar, el tema de la jurisdicción especial indígena como derecho de los pueblos indígenas y su armonización en un Estado con pluralidad étnica. A propósito de este aspecto, subrayó que, luego de 30 años de vigencia de la Constitución Política, la ley de coordinación interjurisdiccional a la que se refiere el artículo 246 superior todavía no se ha expedido, por lo que se convierte en una deuda pendiente para materializar los mandatos de reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad cultural y étnica de la nación colombiana. Se pronunció también sobre los factores de competencia fijados por la jurisprudencia constitucional para dirimir los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena[29] y descendiendo al caso concreto se refirió al análisis efectuado por la jueza de conocimiento[30]. Finalmente, efectuó un análisis detallado de los diferentes criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional –el personal, el territorial, el objetivo y el institucional–, a la luz del mandato de maximización de la autonomía de los pueblos indígenas.

    2. Informe presentado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

18. En este documento se llamó la atención acerca de que la propia “narrativa del caso, así como la remisión de las piezas del Expediente [apuntaban] a establecer que no se [cumplía con] los criterios para que este caso sea resuelto por las autoridades indígenas”. Se destacó, asimismo, que incluso las autoridades a quienes correspondió el conocimiento del asunto parecían “sorprendidas” por la petición del padre de los hermanos en el sentido de que “los hechos se juzgaran conforme a los principios culturales del pueblo M.. Igualmente se resaltó que aun cuando la jueza de conocimiento fue clara al asegurar que se cumplieron los criterios personal y territorial, puso en duda que se hubieran observado los criterios objetivo e institucional. De otra parte, se recordó que la referida autoridad insistió en que de todas maneras no se cumplía el criterio institucional, dado que no pudo demostrarse “cuál era la protección, la garantía de no repetición en favor de la víctima”. En fin, se recalcó que la mencionada autoridad no pudo determinar “cuáles serían las acciones establecidas dentro de la propia comunidad para que se asegure que la víctima no volverá a sufrir este tipo de agresiones dentro de su núcleo familiar”.

    3. Informe presentado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia

19. En su escrito el instituto expuso lo que a continuación de cita:

    En cumplimiento de las obligaciones consagradas en el artículo 4 del Decreto 021 de 2022, el ICANH genera conceptos o insumos técnico-científicos sobre comunidades étnicas, en el marco dos funciones precisas pertinentes para la presente solicitud: (1) el desarrollo de la investigación en los campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, historia colonial, etnohistoria, y patrimonio arqueológico y etnográfico colombiano; y (2) asesoría a las entidades del orden nacional, regional o local, que así lo soliciten, en el diseño e implementación de planes y proyectos de desarrollo cultural y social para las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

    De acuerdo con lo anterior, al ICANH no le corresponde ni es una entidad competente para pronunciarse sobre el cumplimiento de los criterios para que la conducta de feminicidio agravado en modo de tentativa que se imputó al procesado sea un asunto resuelto por las autoridades indígenas, de conformidad con sus usos y costumbres. De igual forma, y considerando que el ICANH no cuenta en este momento con investigaciones o investigadores que se encuentren trabajando con la comunidad indígena en cuestión, tampoco es posible precisar los motivos por los cuales esta comunidad se encuentra radicada en la ciudad de Bogotá dentro de la localidad de Usme, porque para ello se requeriría realizar una investigación de largo aliento para la que el ICANH no cuenta con el personal ni con los recursos.

1. Competencia

20. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado a su vez por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[31].

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

21. Este Tribunal ha indicado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[32].

22. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[33]:

    (i) Presupuesto subjetivo: Exige que la controversia sea suscitada por dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[34].

    (ii) Presupuesto objetivo: Indica que debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia. Por ende, es necesario que pueda verificarse que la discrepancia ha surgido en el desarrollo de un proceso, incidente u otro trámite de carácter jurisdiccional[35].

    (iii) Presupuesto normativo: Implica que las autoridades en colisión manifiesten, a través de pronunciamiento expreso, los motivos de carácter constitucional y/o legal, por los cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[36].

23. Previo el planteamiento de las consideraciones a las que haya lugar para resolver el presente asunto procederá la Corte a verificar, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, el cumplimiento de los presupuestos anteriormente descritos.

24. La Sala Plena constata que en el presente caso se presenta un conflicto positivo de jurisdicciones entre el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. y el Cabildo Indígena Monifue Uruk, por las razones que pasan a exponerse:

25. Se cumple el presupuesto subjetivo, toda vez que la controversia fue promovida por dos autoridades que en efecto administran justicia: de un lado, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. y, de otro, el Cabildo Indígena Monifue Uruk, quien actúa en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

26. Se cumple el presupuesto objetivo, en la medida en que el debate surge respecto del proceso penal seguido en contra del señor EARG por el delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, previsto en los artículos 104A literal a) y 104B literal b), 27 y 29 del Código Penal.

27. Se cumple el presupuesto normativo, puesto que –como quedó dicho en los antecedentes–, las dos autoridades jurisdiccionales expusieron fundamentos razonables y, de naturaleza constitucional, para reclamar su competencia. El gobernador del Cabildo Monifue Uruk sustentó su solicitud en lo establecido por la Ley 89 de 1990. Certificó que el señor EARG se encontraba registrado en el censo poblacional perteneciente al referido Cabildo y residía en el polígono 194 de la localidad de Usme de Bogotá, es decir en una extensión del Gran Resguardo Predio Putumayo ubicado en el Departamento del Amazonas. Además, aseguró que el procesado se debía poner a disposición de la justicia propia en la que se le aplicarían sus “usos y costumbres”. El Juzgado 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá indicó, a su turno, que, de las pruebas allegadas, podía inferirse el cumplimiento de los factores personal y territorial e incluso, inicialmente, el orgánico. Sin embargo, en su criterio, la gravedad de la conducta atribuida –tentativa de feminicidio agravado en menor de edad–, permitía constatar la especial nocividad a la luz de la cultura mayoritaria. Así, atendiendo a la inexistencia de pruebas que permitieran confirmar la presencia en el derecho propio de mecanismos de protección y garantías de no repetición en favor de la víctima, consideró que la competencia para conocer del asunto hasta la sentencia condenatoria correspondía a la jurisdicción ordinaria[37].

27. Acreditados los presupuestos requeridos, procede la Corte a dirimir la presente controversia y, por ende, a determinar cuál es la autoridad competente para conocer y decidir el proceso penal adelantado en contra el señor EARG por el presunto delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, previsto en los artículos 104A literal a) y 104B literal b), 27 y 29 del Código Penal.

3. Elementos particulares de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Reiteración de jurisprudencia[38]

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución, las autoridades de los pueblos indígenas están facultadas para “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Adicionalmente, esta norma prevé que es al legislador a quien le corresponde establecer “las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”[39].

29. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado en diversos pronunciamientos que la Jurisdicción Especial Indígena impone reconocer: i) “la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias”[40]; ii) “la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios”[41]; iii) “la sujeción de los elementos anteriores a la Constitución y a la Ley[42]; y iv) “la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional sin que en todo caso v) “el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la Ley mencionada”[43].

30. Así mismo, ha hecho énfasis en que la Jurisdicción Especial Indígena tiene dos dimensiones. De un lado, la dimensión colectiva, que está dirigida a garantizar la diversidad cultural y étnica de la Nación por medio del reconocimiento del derecho colectivo de la comunidad a establecer sus propios mecanismos de resolución de controversias[44]. De otro lado, la dimensión individual, que otorga a los miembros de la comunidad un fuero indígena, en virtud del cual tienen derecho a ser juzgados según sus usos y costumbres[45]. De hecho, el fuero indígena es en sí mismo un derecho subjetivo fundamental atribuido a la persona indígena que tiene como finalidad proteger y preservar su autonomía étnica y cultural.

31. Por su parte, la Jurisdicción Especial Indígena constituye un derecho autónomo de las comunidades indígenas que, por cierto, también tiene carácter fundamental. Para su ejercicio es necesario repasar “los criterios que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, delimitan la competencia de las autoridades tradicionales”[46]. La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha resaltado que con el fin de que se configure el fuero indígena, es indispensable acreditar la presencia de dos elementos fundamentales: i) el subjetivo o personal y ii) el territorial[47]. Sin embargo, para que la Jurisdicción Especial Indígena pueda activarse también es necesario encontrar acreditados los factores institucional y objetivo[48].

32. El factor personal o subjetivo, implica que cada miembro de una comunidad indígena tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades y de acuerdo con sus usos y costumbres. Todo ello, por el solo hecho de pertenecer a esa comunidad[49].

33. El factor territorial otorga, a su turno, competencia jurisdiccional a las autoridades indígenas para conocer de los hechos que en efecto sucedan en su territorio, de conformidad con sus propias normas. Con todo, este criterio ha sido entendido tanto desde una perspectiva estrecha, como desde una perspectiva amplia. Desde una interpretación estricta, se considera que el elemento territorial es el espacio en el que se ubican los resguardos indígenas. Pero, a partir de una interpretación más amplia, se ha reconocido también al territorio como una noción expansiva que abarca, además, “el ámbito donde la comunidad despliega su cultura, es decir, sus “costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”[50]. Por ende, esta Corte ha especificado que no en todos los casos el espacio vital coincide con los límites geográficos del resguardo y que, por ende, el asunto podría remitirse “a las autoridades indígenas por razones culturales”[51].

34. Ahora bien, el factor objetivo está ligado a la “naturaleza del bien jurídico tutelado”. En consecuencia, lo que debe precisarse es “si el interés de judicialización de la conducta recae sobre la comunidad indígena o la cultura mayoritaria”[52]. Para poder dilucidar este aspecto con mayor facilidad, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes subreglas[53]:

    (i) Interés exclusivo de la comunidad indígena: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la Jurisdicción Especial Indígena.

    (ii) Interés exclusivo de la sociedad mayoritaria: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

    (iii) Concurrencia de intereses: si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo “no determina una solución específica.”

    (iv) Especial nocividad: cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Es necesario efectuar un análisis “más detallado” sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima.

35. Esta Sala Plena sostuvo recientemente, que, en principio, la Jurisdicción Especial Indígena se encuentra habilitada para resolver la mayoría de los litigios en materia civil, laboral, penal, entre otros[54]. La Corte ha conferido también una especial importancia al análisis que debe efectuar la autoridad judicial a la luz de las situaciones de cada caso particular. En tal virtud, el juez no puede definir en abstracto o de manera general quién tiene la facultad para investigar, juzgar y sancionar unas determinas conductas, puesto que primero se deben analizar con detalle las particularidades de cada caso[55].

36. A su vez, el factor institucional exige que exista “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”.[56] Acreditar este elemento resulta de la mayor relevancia para i) poder proteger el debido proceso; ii) asegurar que las costumbres, los usos y las instituciones de las comunidades étnicas se preservarán y iii) amparar los derechos de las víctimas.

37. En el instante de verificar que se cumple con este factor de competencia resulta preciso honrar el pluralismo jurídico, así como el principio de maximización de la autonomía indígena relacionada con el mandato de proteger y promover la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana[57]. En tal virtud, para acreditar que existe un gobierno y un derecho de las comunidades no se puede exigir “una equivalencia automática con la institucionalidad de la sociedad mayoritaria ni de un reclamo por su adaptación identitaria a las estructuras propias del derecho no indígena”[58]. No se trata de imponer una institucionalidad sobre otra, sino de brindar espacios para el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo[59]. Igualmente se ha advertido acerca de “la imposibilidad de adelantar juicios abstractos y previos sobre la constitucionalidad o no de las justicias indígenas”[60].Bajo estos presupuestos, la Corte ha sistematizado las siguientes subreglas jurisprudenciales que orientan el análisis del factor institucional[61].

    (i) El juez encargado de dirimir el conflicto de competencias entre la jurisdicción especial indígena y el sistema jurídico nacional debe tomar en consideración la existencia de una institucionalidad social y política, que permita asegurar los derechos de las víctimas en el proceso. El primer factor para determinar la existencia de esa institucionalidad es la manifestación positiva de la comunidad, en el sentido de tener voluntad para adelantar el proceso.

    (ii) La verificación de la compatibilidad entre el contenido del derecho propio de una comunidad indígena y los derechos de las víctimas, por regla general, solo puede ser objeto de un control judicial posterior. Es decir, la verificación de la efectiva garantía en un determinado proceso adelantado por la Jurisdicción Especial Indígena solo puede efectuarse luego de la actuación de las autoridades indígenas. El carácter posterior que dicho control tiene por regla general no excluye que el juez que resuelve un conflicto de jurisdicciones defina, entre otros puntos, si las autoridades, usos, costumbres y procedimientos tradicionales de la comunidad prima facie garantizan la reparación de la víctima, la sanción del responsable y la participación de la víctima en la determinación de la verdad, entre otros.

    (iii) Excepcionalmente, en casos de extrema gravedad o en los que la víctima se encuentra en situación vulnerable, debido a su condición de especial protección constitucional, o en estado de indefensión, el juez encargado de dirimir el conflicto podría realizar una verificación más amplia de la vigencia del elemento territorial, valiéndose de pruebas técnicas, o de la propia experiencia del resguardo. Sin embargo, el contenido material del derecho propio es ajeno a esa verificación.

    (iv) El derecho al ejercicio de la jurisdicción especial indígena es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad. Sin embargo, cuando una comunidad asume el conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar a tramitar casos similares sin ofrecer una razón legítima para ello, pues esa decisión sería contraria al principio de igualdad.

    (v) El debido proceso tiene, en el marco de la jurisdicción especial indígena, el alcance de predictibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales, y la nocividad social de ciertas conductas. Sin embargo, no puede exigirse a la comunidad indígena que acredite la existencia de normas escritas o de compendios de precedentes para ejercer la autonomía jurisdiccional, debido a que el derecho propio se encuentra en proceso de formación o reconstrucción. Lo que se exige es un concepto genérico de nocividad social.

    (vi) Resulta contrario a la diversidad étnica y cultural, y a la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, la exigencia de acreditar un reconocimiento jurídico externo de su existencia.

38. En suma, los diferentes elementos desarrollados por la jurisprudencia constitucional deben ser valorados de forma ponderada y razonable, a la luz de las circunstancias del asunto particular. Se deberá apreciar, principalmente, “la incidencia que pueda tener cada factor en la resolución del conflicto” en concordancia con “los criterios limitantes de la injerencia estatal”[62].

4. La violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y personas que se identifican con el género femenino

39. La violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y personas identificadas con ellas por su identidad de género es un fenómeno de injusticia estructural que tiene origen y está relacionado, directa e indirectamente, con factores sociales, culturales, económicos, históricos y políticos que se han fundado, principalmente, en una concepción del mundo según la cual existe una relación desigual entre este grupo poblacional y los hombres, encontrándose en una posición de subordinación frente a ellos. Estos factores que operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad humana, se han constituido como constantes transgresiones a los derechos de esa parte significativamente numerosa de la sociedad.

40. Según la sentencia C-539 de 2016[63], los diversos estereotipos sobre el rol de este grupo poblacional en la sociedad y en la familia, debido a su “carácter subordinante y a sus connotaciones excluyentes, han tenido históricamente un fuerte efecto discriminatorio y de violencia[64]. Tal circunstancia ha llevado a la vulneración masiva de sus derechos. A diferencia de otras formas de violencia, la que se practica en contra de las mujeres, las niñas y las personas que se identifican con ellas por su identidad de género se ha caracterizado por ser silenciosa –se destaca–. Esto, en la medida en que los estereotipos y prejuicios que le dan origen se han propagado de tal manera, que la sociedad en vez de rechazarla, la ha normalizado –se destaca–. Lo anterior, tanto en los espacios públicos como privados.

41. Además, se ha encontrado que cuando la discriminación se manifiesta en el hogar, suele aceptarse de manera tal que la percepción del daño es sustancialmente disminuida y esto crea un obstáculo significativo para que la situación se sustraiga del ámbito doméstico y sea identificada en el ámbito público como un verdadero problema de violación de derechos fundamentales[65] –se destaca–.

42. Adicionalmente, en la Sentencia C-297 de 2016[66], la Corte reconoció que la discriminación por motivos de género lleva a la aceptación de presunciones erróneas como, por ejemplo, que la mujer, la niña, la adolescente o la persona que se identifica con ellas por su identidad de género “es propiedad del hombre, lo que, a su vez, puede desencadenar prohibiciones de conducta y violencia física y psicológica” –se destaca–[67].

43. De lo anterior se desprende que la violencia de género no puede ser identificada como una conducta aislada de maltrato. Por el contrario, esta conducta tiene un carácter estructural en la medida en que se perpetúa en el tiempo y “pretende preservar una escala de valores y darle un carácter de normalidad a un orden social establecido históricamente”, por lo cual, las agresiones asociadas con la violencia de género deben ser analizadas como sucesos que contribuyen a perpetuar la desigualdad[68] –se destaca–.

    1. Medidas para contrarrestar la violencia de género en el plano nacional e internacional

44. Tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el internacional se han tomado diversas medidas y adoptado diferentes instrumentos para combatir las formas de discriminación por motivos de género. Lo anterior, con el objetivo de que se puedan establecer condiciones de igualdad real y efectiva entre los géneros y que en efecto se erradique finalmente la violencia asociada al género.

45. En el plano jurídico interno, el artículo 13 de la Constitución Política colombiana estableció que todas las personas son libres e iguales ante la ley y, como consecuencia de ello, deben recibir protección y trato equitativo por parte de las autoridades. En tal virtud, gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin distinción o segregación alguna por motivos de sexo, raza, origen nacional o familia, lengua, religión, opinión filosófica o política. En lo que respecta específicamente a la igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 43 de la misma norma, consagra la ecuanimidad de derechos y oportunidades y prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Ahora, en la Ley 1257 de 2008, por medio de la cual se dictaron disposiciones para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se buscó, principalmente, “adoptar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como privado, y facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos para su protección y atención” [69].

46. Como se indicó en la Sentencia C-297 de 2016[70], la obligación de garantizar el derecho de este amplio grupo vulnerable de la sociedad, a estar libres de violencia, en el derecho internacional de los derechos humanos, tiene dos fuentes. Por un lado, la protección surge de una lectura sistemática de aquellas disposiciones, en principio neutras, que prohíben la violencia y establecen los deberes de protección a la vida, la integridad, la dignidad, la seguridad personal, la honra y la salud de las personas[71] por medio de normas que disponen: “i) el derecho a la igualdad en el reconocimiento y protección de esos derechos; y ii) la prohibición de discriminación por razón del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género”[72]. Por el otro, surge de preceptos que de manera explícita estatuyen protecciones y deberes en torno a la erradicación de la discriminación y violencia contra la mujer y de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra ésta.[73] Conforme a lo anterior, puede afirmarse que establecen de manera genérica la protección contra toda forma de discriminación: i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos[74], ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[75] y iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos[76].

47. Además de estos instrumentos, se encuentran las disposiciones que consagran de manera explícita la protección de los derechos de la mujer, niñas, adolescentes y personas identificadas con ellas por su identidad de género. En primer lugar, se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la M. o mejor conocida como Convención de Belém do Pará[77]. En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres a estar libres de violencia[78] y se señala que la violencia de género no sólo se constituye como una trasgresión a derechos como la dignidad, la integridad psíquica y física, sino que además impide y anula el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales[79].

48. Por otra parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), en su preámbulo, indica que la discriminación contra la mujer vulnera los principios de igualdad y dignidad. Así mismo, en su articulado establece deberes positivos para los Estados en aras de que estos implemente mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer –se destaca–[80].

49. De todas formas, es de destacar que los mandatos contemplados en los mencionados instrumentos y leyes expedidos para eliminar la violencia contra las mujeres y disminuir progresivamente la histórica brecha existente entre ellas y los hombres, deben aplicarse de manera aún más estricta en caso en que sus víctimas sean niñas y adolescentes.

    2. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen en el orden interno

50. El artículo 44 superior enumera los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes[81] y, en esa medida, ordena que ellos y ellas serán protegidas “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” –se destaca–. Igualmente preceptúa que también gozarán “de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

51. De igual manera, la norma en referencia impone a la “familia, la sociedad y [a]l Estado” la obligación de asistir y proteger a las niñas, niños y adolescentes “para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y prescribe que toda “persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Añade, además, un mandato trascendental y es que los derechos de niños, niñas y adolescentes “prevalecen sobre los derechos de los demás”. La Corte Constitucional ha desarrollado una abundante jurisprudencia que da cuenta de la importancia de dar debido cumplimiento a este deber.

52. Por su lado, el Código de Infancia Adolescencia[82] , en su artículo 1° prescribe que “se debe garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”

53. En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño[83], en su artículo 19, prohíbe todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes y exige que se adopten medidas legislativas, administrativas, educativas y sociales para protegerlos/as de toda violencia y abuso –se destaca–.

54. Una vez establecidas de manera general las disposiciones normativas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a erradicar la violencia de género que afecta a un sector vulnerable de la población del que forman parte las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas que se identifican con ellas por su identidad de género, esta Sala considera indispensable profundizar en el concepto de feminicidio por ser relevante para la resolución del caso en concreto.

    3. El delito de feminicidio. Significado, origen y alcances

55. El feminicidio se refiere “al tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que las expone a múltiples formas de violencia”[84]. La expresión feminicidio se originó en los estudios sociales que investigadoras como D.R. realizaron en torno a la discriminación y a la violencia contra la mujer, para su ponencia ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres[85]. En el marco de ese escenario[86], R. empleó el vocablo “femicide” para hacer referencia a la muerte violenta de las mujeres como un modo de agresión extremo contra estas por su identidad de género[87].

56. A la luz de lo expuesto, es menester mencionar que la legislación colombiana ha presentado avances significativos en materia de género[88]. El delito de feminicidio fue agregado al Código Penal por medio de la Ley 1761 de 2015[89]. Según el artículo 2 de la ley mencionada, incurrirá en este delito:

    (…) Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses. (…)

57. Como se mencionó, la conducta en el feminicidio debe estar motivada necesariamente por la condición de ser mujer o por motivo de la identidad de género de la víctima (dolo calificado)[90]. Adicionalmente, se trata de una conducta pluriofensiva[91]. De igual forma, el tipo penal describe elementos contextuales que pueden ser antecedentes o concurrentes a la conducta y que permiten inferir la existencia de dicho móvil[92].

58. Por esta razón, se considera que en efecto el feminicidio es en realidad el eslabón final del continuum de violencias contras las mujeres que terminan en su muerte; un final a ciclos de violencia que se basan en relaciones de subordinación afirmadas y perpetuadas continuamente por la sociedad patriarcal que impone un rol determinado a la mujer en todos los aspectos de su vida y que merma sus derechos fundamentales al ser controlada, limitada, intimidada, amenazada y silenciada. En tal virtud, el legislador, al introducir en el ordenamiento jurídico el delito de feminicidio pretendió reprimir y desestimular los asesinatos de las mujeres con carácter discriminatorio, en tanto acto de supresión y dominación[93].

    3. El caso concreto

59. La Sala Plena constata que en el presente caso se generó un conflicto positivo entre una autoridad de la jurisdicción especial indígena (el Cabildo Indígena Monifue Uruk), y otra de la jurisdicción ordinaria (el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.). Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Plena examinará si los factores desarrollados por la jurisprudencia constitucional, a los que se hizo referencia en las consideraciones de la presente decisión, se cumplen en el asunto bajo examen.

    1. El factor personal

60. En relación con la manera de demostrar el cumplimiento de este factor, la Sala debe reiterar en este lugar la necesidad de tomar en consideración tanto lo que exterioriza “quien pregona su pertenencia a una determinada comunidad”[94], como la aceptación de la pertenencia e identidad alegada que expresa la propia comunidad[95]. En esta tarea pueden aplicarse distintos métodos, entre los que se cuenta la certificación del censo interno que efectúa cada comunidad, según lo previsto en la Ley 89 de 1890 y en el artículo 5º de la Ley 691 de 2001[96]. A lo anterior se suman “estudios sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad cultural de la comunidad y del sujeto, etc.”[97]. En todo caso, la jurisprudencia ha insistido en que se le debe dar mayor relevancia a aquellos mecanismos diseñados por las propias comunidades en ejercicio de su autonomía y en que, de todas formas, “debe primar la realidad sobre formalidades como la inscripción en un determinado censo, que puede estar desactualizado o contener errores”[98].

61. En ese sentido, se entiende satisfecho el factor personal tanto por la afirmación que realizó el señor J.V.G. como indígena perteneciente a la comunidad Monifue Uruk de Bogotá “Pueblo Uitoto”, como por la certificación expedida que el antes nombrado presentó en su condición de gobernador de la mencionada comunidad, en la que consta que el señor EARG se encontraba “registrado en la base de datos del censo Poblacional” [99].

    2. El factor territorial

62. Según lo pusieron de presente ante la jueza de conocimiento el gobernador y el secretario del Cabildo Monifue Uruk, la comunidad indígena radicada en el asentamiento del polígono 194 de la localidad de Usme, de la ciudad de Bogotá D.C. constituye una extensión “con base madre en el Resguardo indígena Predio Putumayo – Departamento del Amazonas” [100].

63. Aun cuando la información solicitada mediante el auto de pruebas, relativa al cumplimiento del factor territorial en el asunto que se analiza –que quedó relacionada en los antecedentes de la presente providencia– no fue allegada, de las afirmaciones hechas por las autoridades pertenecientes a la comunidad indígena resulta factible derivar que en el presente asunto se cumple el factor territorial. Esto se ve corroborado mediante los pronunciamientos realizados recientemente por esta Corporación[101]. Así, en el Auto A-814 de 2022[102] la Corte se refirió al efecto expansivo del territorio de una comunidad indígena como la del Pueblo Uitoto –con base madre en el departamento del Amazonas–, hacia la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, con fundamento en tres razones.

64. En primer lugar, la existencia de un principio de organización política administrativa, incluso si no hay “evidencia de un acto formal de reconocimiento”[103] –se destaca–. En la oportunidad traída a colación la Corte tuvo en cuenta la definición de cabildo[104] prevista en el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 de 2015[105], para derivar de allí que, sin perjuicio de la ausencia de reconocimiento formal, debía tomarse nota de la manera como los integrantes del Pueblo Uitoto provenientes del departamento del Amazonas se autodenominan[106] y aspiran a que sus desarrollos culturales sean reconocidos, pese a que no cuentan “con un reconocimiento institucional”[107]. En segundo lugar, la existencia de una representación que participa en distintas instancias de concertación[108]. En el auto A-814 de 2022[109] pudo establecerse que, en efecto, existe “una representante en la ciudad de Bogotá que participa en diferentes instancias de concertación[110] y la institucionalización por parte de la Alcaldía de Bogotá para atender a esta comunidad[111]. En tercer lugar, la existencia de manifestaciones culturales de la comunidad en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá. En el aludido auto se indicó que existía evidencia de la presencia cultural del pueblo Uitoto[112].

65. En el auto A-814 de 2022[113] la Sala Plena concluyó que en el asunto examinado pudo comprobarse la presencia de “un efecto expansivo del territorio en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usme”. Destacó que ese hallazgo se correspondía con el entendimiento que la Corte le ha dado al factor territorial como “espacio donde se desarrolla la cultura de cada comunidad, e involucra sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”[114] y que tratándose del Pueblo Uitoto de Bogotá, este espacio se desarrolla en la localidad de Usme”[115].

66. Ahora bien, en el asunto que se examina en la presente providencia, la Sala debe precisar que en el curso del trámite el gobernador y el secretario del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá indicaron que se trataba de una comunidad indígena “con base madre en el Resguardo indígena Predio Putumayo – Departamento del Amazonas”[116]. Además, los mencionados funcionarios apelaron a sus “usos y costumbres” para solicitar que el señor EARG fuera juzgado por la justicia propia[117]. Las afirmaciones realizadas por el secretario y por el gobernador del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá, vistas a la luz de las razones desarrolladas en el auto A-814 de 2022[118], permiten a la Sala corroborar que en este caso se cumple el factor territorial. Además de que la conducta que se reprocha tuvo lugar en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá.

    3. El factor objetivo

67. Como se expuso en las consideraciones de la presente providencia, el aspecto central que debe analizarse al momento de establecer si se cumple el factor objetivo tiene que ver con la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por la conducta punible presuntamente cometida. En el presente caso, la Sala pudo comprobar que el presunto victimario pertenece al Pueblo Monifue Uruk –tal y como quedó señalado–. Sin embargo, no hay prueba alguna acerca de si la presunta víctima es también integrante de la comunidad. Únicamente, pudo confirmarse que lleva los mismos apellidos del presunto victimario. No obstante, lo anterior resulta insuficiente para concluir que ella también pertenece a la referida comunidad indígena.

68. Así mismo, en los antecedentes quedó referido que la magistrada sustanciadora solicitó al señor J.V.G., gobernador del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá que informara sobre diferentes aspectos, entre ellos, cómo impactó los principios o intereses de la comunidad el delito por el que se investigó y acusó al señor EARG o qué afectación podría tener en la comunidad el delito de feminicidio agravado y cuál es la valoración de esta conducta dentro de los usos y costumbres de la comunidad. Se lo interrogó, igualmente, acerca de si en el asunto que se examina se brindó algún tipo de acompañamiento a la víctima y, si en caso de que se impusiera alguna pena a un comunero por la conducta de tentativa de feminicidio, cuáles serían las medidas para que la sanción se cumpliera y se ofreciera a la presunta víctima garantías de verdad, justicia, reparación y de no repetición. No obstante, el gobernador se abstuvo de responder al auto de pruebas, motivo por el cual no se cuenta con elementos suficientes para establecer el cumplimiento del factor objetivo.

69. Con todo, a propósito del análisis del factor objetivo debe precisarse que, de todas formas, este se encuentra sujeto a la denominada subregla jurisprudencial de especial nocividad. Como quedó expuesto en los antecedentes del presente auto, el señor EARG fue acusado porque habría cometido la conducta de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa previsto en los artículos 104A, literal a), 104B, literal b), 27 y 29 del Código Penal y la presunta víctima es una menor de edad. Debe reiterarse en este lugar que, según lo dispone el artículo 44 superior, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás y, por lo tanto, requieren de un especial grado de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión[119].

70. No es del caso repetir acá lo que se expuso antes en forma minuciosa, pero resulta claro que, para el derecho mayoritario, particularmente, a la luz de la Constitución Política, la conducta por la que fue acusado el señor EARG es un delito de especial gravedad que fue instituido como tal con el propósito de luchar contra la violencia de género la que, como se indicó, afecta en sentido negativo y de manera estructural y sistemática la dignidad humana de una parte amplia de la población especialmente vulnerable, entre las que se hallan las mujeres, niñas, adolescentes y personas identificadas con ellas por razón de su identidad de género y, al paso, les impide el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales.

71. En efecto, cuando la conducta que se atribuye puede calificarse como de especial nocividad el paso a seguir no es el de excluir del conocimiento del asunto a la Jurisdicción Especial Indígena, sino el de examinar con mayor detalle si se cumple el factor institucional, con el fin de garantizar que, una eventual remisión a la aludida Jurisdicción, “no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima”[120].

    4. El factor institucional

72. Este factor de competencia atañe a la existencia de “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”[121]. Significa un medio para hacer efectivo el debido proceso, conservar las costumbres e instituciones ancestrales y los derechos de las víctimas. En el análisis de este factor resulta preciso identificar i) las autoridades tradicionales; ii) los procedimientos fijados para tramitar el asunto ante la jurisdicción indígena y iii) las faltas y sanciones aplicables[122].

73. Es claro para la Sala Plena que el análisis sobre el cumplimiento de este factor no puede dirigirse a exigir que la institucionalidad de la jurisdicción indígena refleje, de manera exacta, los elementos propios de la jurisdicción ordinaria, ni si quiera tratándose de casos difíciles como el presente. En otras palabras, la imposición de una “restricción abstracta no contemplada en la Constitución” como si se tratara de un escenario residual de ‘causas pequeñas’”[123], sería contraria al carácter pluralista de la nación colombiana. Por ello, cobran particular relevancia el grupo de reglas y subreglas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional para otorgar la competencia[124].

74. Ahora bien, en los antecedentes de esta decisión quedaron relacionadas las preguntas que la magistrada sustanciadora formuló en el auto de pruebas al señor J.V.G., gobernador del Cabildo Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá[125]. Estos interrogantes no fueron respondidos y las Universidades Externado y Nacional de Colombia se pronunciaron sobre otros aspectos.

76. Es cierto que el gobernador y el secretario del cabildo exteriorizaron su voluntad de que el asunto se tramite acorde con “sus usos y costumbres”. No obstante, los elementos de convicción que constan en el expediente resultan insuficientes para corroborar si la comunidad indígena Monifue Uruk “Pueblo Uitoto” de Bogotá cuenta con procedimientos establecidos para sustanciar el asunto o prevé medidas para sancionar la conducta de tentativa de feminicidio en menor de edad atribuida al señor EARG. Pese a los esfuerzos realizados por el despacho sustanciador, tampoco fue factible confirmar si la menor K.L.R.G recibió algún tipo de acompañamiento a raíz de la agresión padecida o si existen en la referida comunidad previsiones dirigidas a ofrecerle verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ello –se insiste–, impide que la Sala de por acreditado el factor institucional.

77. En síntesis, el elemento personal se cumple, pues el acusado pertenece a la comunidad Monifue Uruk de Bogotá “Pueblo Uitoto” y también se encuentra acreditado el elemento territorial por la presencia de un efecto expansivo. En el presente asunto, la conducta que se reprocha tuvo lugar en la localidad de Usme, espacio en el que la comunidad desarrolla sus usos y costumbres.

78. Por su parte, no se acredita el elemento objetivo, toda vez que no hay elementos que permitan identificar el interés de la comunidad étnica en judicializar la conducta. Finalmente, aunque la conducta por la que fue acusado el señor EARG es de especial nocividad y, en consecuencia, el análisis del factor institucional de la comunidad indígena debía ser más riguroso, lo cierto es que este último presupuesto tampoco se cumple, pues los elementos materiales probatorios no permitieron corroborar (i) si la comunidad cuenta con procedimientos establecidos para sustanciar el asunto o si prevé medidas para sancionar la conducta de tentativa de feminicidio en menor de edad, (ii) si la víctima recibió algún tipo de acompañamiento a raíz de la agresión padecida (iii) o si existen en la comunidad previsiones dirigidas a ofrecerle verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

79. A partir del análisis ponderado de los factores, la Sala Plena concluye que el presente asunto debe ser tramitado ante la jurisdicción ordinaria porque, en el caso particular, los factores objetivo e institucional tienen mayor incidencia en la resolución del presente conflicto. Esto ocurre en atención a que no se demostró el interés en la judicialización de la conducta, así como que la comunidad cuente con la institucionalidad necesaria y las garantías judiciales para asegurar la protección, tanto de los derechos del procesado, como los de la víctima.

80. Con base en las razones expuestas, la Sala resuelve el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que la justicia ordinaria, esto es, el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. es competente para conocer del proceso adelantado en contra del señor EARG por el punible de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, previsto en los artículos 104A, literal a), 104B, literal b), 27 y 29 del Código Penal.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,