Avances normativos del control fiscal en la contratación estatal
| Autor | Haver González Barrero |
| Páginas | 147-168 |
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AVANCES NORMATIVOS DEL CONTROL
FISCAL EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
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INTRODUCCIÓN
jurídicas y tecnológicas, tendientes a administrar los fondos
públicos de manera correcta, frente a la adquisición, gasto,
inversión, disposición, etcétera; realizadas por los funcionarios
públicos o privados con funciones públicas transitorias, con el
parte de las contralorías, quienes deben de evitar el detrimento del
patrimonio público por acción u omisión de quienes los administre n
que se ejecuta un control previo administrativo a la actividad
integrante de los sistemas contables, de planeación, operacional y
16 Abogado, administ rador de empresas. Especialista en derecho admi-
Criminología. Magist er en estudios políticos y relaciones intern acionales.
Magister en Admi nistración MBA. Candidato a Magiste r en Contratación
Estatal. Candidat o a Doctor en Derecho. Contralor municipal de Bello.
Haver González Barrero
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control interno, para evitar que los recursos públicos se gasten
ilícitamente y ser una herramienta muy efectiva, ya que el control
interno permite conocer las etapas precontractuales, de ejecución
fases una vez fueron culminadas. Sólo así puede realizarse un
las Contralorías Departamentales.
En este sentido, conviene conocer algunas normativas
es el Decreto 267 del 2000, por dar un paso sustancial en el
concerniente a la contratación estatal.
Es de interés reconocer la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, los cuales se le imponen a la Administración Pública,
o sea, a la contratación estatal.
1. LA APLICABI LIDAD DEL CONTROL FISCAL
al poder público en sus gestiones y en el manejo adecuado de los
rastreo que se ejecuta a la forma como los servidores públicos y
particulares, que manejan recursos económicos de la nación, llevan
y su aplicabilidad continua, la cual abarca los procedimientos y
en la normatividad colombiana, destacándose la Constitución
Política de Colombia de 1991, ya que precisa la necesidad de
establecer el funcionamiento de la función fiscalizadora de
entidades encargadas, con la intención de regular de modo
transparente el presupuesto público.
En concordancia con lo establecido en la Constitución Política,
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