Conclusiones generales - Juez penal y política criminal: contribuciones para optimizar derechos fundamentales en Colombia - Libros y Revistas - VLEX 945551028

Conclusiones generales

Páginas379-384
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6. CONCLUSIONES GENERALES
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presentar las conclusiones de todo el texto, discriminadas según los temas
tratados y analizados en cada capítulo. Así, para lograr una precisión respecto
a la función desempeñada por el juez penal en el modelo procesal acusatorio
dentro de un Estado social de derecho, tema del primer capítulo, se partió por
reconocer que dicha concepción de Estado consagrado en la Constitución Política
de 1991 constituye el marco legal y político idóneo para el desarrollo de una
estructur a procesal plenamente garantista, materializa da en el actual Sistema Penal
Acusatorio colombiano. Dicho sistema fue planteado para incorporar desde un
principio el concepto social implicado en las inherentes diferencias individuales,
promoviendo de este modo en la práctica una igualdad legal real, con lo cual se
abre la posibilidad de revalorar el papel del juez penal en Colombia, en la medida
en que es sobre él quien reposa la responsabilidad de realizar mayores aportes
propios dentro de la política criminal.
Toda esta discusión se entiende a la luz de la plena sujeción del sistema
procesal penal y la política criminal en su conjunto a la actual Constitución, al
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de dignidad humana, articulador de todo el Sistema Penal Acusatorio. Esto implica
la existencia de un giro interpretativo que combine proposición y aplicación de
medidas alternativas, sin que implique de ningún modo la usurpación de las
funciones del Legislativo, puesto que tal proceso queda abierto a la ponderación de
derechos y a la consecuente imposición de medidas que optimicen las prerrogativas
fundamentales de los individuos.
En el segundo capítulo se analizó el deber que tiene el juez penal para
contribuir constitucionalmente con la optimización de derechos fundamentales en
el Sistema Penal Acusatorio, desde su esencial función garantista, que concibe el
papel del juez a lo largo del proceso orientándolo siempre hacia el logro de unos
objetivos últimos como son el bienestar común y la reducción de infracciones a la
ley, armonizando entre autoridad y libertad, entre la defensa de la sociedad y las
garantías individuales. De este modo, las garantías vienen a constituir un núcleo de
derecho penal mínimo como lí mite al poder punitivo institucional, establecido en
últimas por los derechos fundamentales y los principios constitucionales, y el juez

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