Las contribuciones del juez penal a la política criminal del país
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5. LAS CONTRIBUCIONES
DEL JUEZ PENAL A LA POLÍTICA CRIMI NAL DEL PAÍS
conocimiento como el juez en función de control de garantías, en su papel de
funcionario que contribuye a la construcción de política criminal a través de
decisiones que hacen efectiva la integridad del Estado social de derecho para
optimizar principios constitucionales fundamentales. Para ello, empezaremos
analizando por qué resulta necesaria la transformación de la justicia penal,
y los efectos y posibilidades abiertas con la implementación del Sistema
interpretativos que permiten para el juez penal un más adecuado accionar dentro
del sistema procesal colombiano, para de ahí proponer un nuevo enfoque en su
labor, desde una perspectiva de aporte a la política criminal mediante decisiones
que propendan por la optimización de derechos fundamentales y la consideración
de las mismas dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo Superior
de Política Criminal.
5.1. LA NECESIDAD DE TR ANSFORM ACIÓN DE LA JUSTICIA
Empezamos aquí con un intento de analizar esta necesaria transformación
de la justicia penal en el marco del Sistema Penal Acusatorio, luego de constatar
en secciones previas su precario funcionamiento general1. Nada más inquietante,
desde la perspectiva jurídica, que observar cómo el comportamiento humano
es ponderado socialmente solo bajo el marco de la ley y la creencia de que la
el autoritarismo y la represión. Si la única respuesta fuera esta, fácil quedaría al
Ejecutivo el manejo y organización de un país; sin embargo, partimos de la idea
1 Como se analizó en el capítulo 3, el Sistema Penal Acusatorio hoy en día tiene serios
problemas, entre ellos falta de personal para la cantidad de casos que se deben tramitar, un
enfoque punitivista encaminado a que la resolución de la mayoría de los casos sea la cárcel,
y un alto índice de hacinamiento carcelario. Esto, sumado a las conclusiones del capítulo 4
acerca de la falta de conocimiento de la política criminal por parte de los jueces, lleva a la
conclusión de la necesidad de transformar el sistema penal para que sea más coherente con
el Estado social de derecho.
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de que la labor de los operadores judiciales que aplican a diario estas normas
resulta determinante a la hora de poner en marcha una propuesta de salida al caos
endémico que afecta la sociedad colombiana. Esta situación caótica no es ajena
al ciudadano común, siendo descrita de forma magistral por el escritor William
en su reciente ensayo Pa que se acabe la vaina, cuando señala que:
dramáticos del hemisferio occidental, con cientos de miles de muertos, millones
de víctimas y de refugiados internos, millones de migrantes de otros países, y
un creciente deterioro del orden institucional que se puede medir por la crisis de
la justicia, los niveles escandalosos de corrupción, el número de congresistas y
gobernantes que pasan directamente del poder a la celda, los índices de pobreza
y de miseria, la inseguridad, la delincuencia, el atraso de la infraestructura y la
a las mayorías y garantice la prosperidad general. (, 2013, p. 7)
En este texto partimos entonces por reconocer la existencia de una crisis en
el sistema actual de la justicia, para hacer a partir de allí un análisis de su declive
y de las posibles soluciones al problema. Desde esta perspectiva, resultará claro
que no podemos continuar entendiendo al poder judicial como una institución
aislada, conformada por jueces penales con autoridad fuera de toda medida y
Por el contrario, en este apartado buscamos analizar la necesidad que existe
en Colombia de transformación de la justicia penal, luego de la implementación,
ya hace más de quince años, del Sistema Penal Acusatorio, para comprender este
estricto mundo de normas a la luz de un nuevo enfoque que permita poner un límite
al esquema elitista imperante dentro del mismo, y que posibilite aproximaciones
alternativas para el juez penal, con el propósito de que perciba una realidad ajena
Es importante precisar primero que uno de los motivos que impulsaron la
en la sociedad respecto al aparato judicial. Ejemplo de ello son los resultados
arrojados por la Encuesta Nacional de Justicia adelantada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DAN E, 1997), los cuales evidenciaron
las autoridades competentes, a causa del prejuicio generalizado entre la población
en torno a la inoperancia del sistema judicial.
Esta percepción ciudadana estaba basada en problemáticas reales, como lo
demostró el Censo Nacional de Expedientes Activos de la Fiscalía General de la
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Nación, de abril de 1999, el cual dio cuenta de las siguientes circunstancias: i) en
promedio un proceso duraba tres años en ser evacuado desde el momento en que
se impetraba la denuncia; ii) la mayoría de los expedientes se quedaba demasiado
permanecía aproximadamente dos años recluida en calidad de sindicada, en abierto
desconocimiento del principio de presunción de inocencia (, 2005, p. 7).
Esto impulsó que en la primera década del siglo, como ya se ha dicho, se
presentaran cambios en el derecho penal colombiano con la introducción del nuevo
puede catalogar como positiva, en tanto fue proyectada para obtener resultados
en materia de disminución en el crimen y mayor aplicación de garantías en un
proceso penal. Sin embargo, a pesar de que dicho sistema todavía es relativamente
reciente en nuestro país, su desarrollo deja entrever que el punto débil del
mismo no tiene que ver con su conformación, dado que su estructura se adecúa
conforme a los principios del Estado social de derecho establecidos en nuestra
Constitución. Adicional a esto, su naturaleza oral permite que la publicidad pueda
dar transparencia a lo sucedido en el proceso, si bien este último aspecto no puede
considerarse siempre como una fortaleza, dado que queda abierto a que el poder
perjudicar al sistema judicial2.
En ese sentido, el manejo que realizan los medios de comunicación en relación
con ciertos casos penales no solo tiene la capacidad de producir injerencias en la
actividad del fallador, sino que asimismo guarda el potencial de afectar el diseño
de la política criminal, que, en el afán muchas veces por responder a esta presión
mediática puede terminar apartándose de esquemas de seguridad ciudadana
fundados en postulados democráticos3. Por ello, si bien se reconoce que esta
2 Numerosas noticias aparecen continuamente en importantes medios de comunicación
colombianos que muestran un sesgo tendencioso respecto a la manera como se presenta
la información del manejo de la crisis por la que atraviesa crónicamente el sistema penal
colombiano; por ejemplo, hace unos cuantos años la revista Semana publicó un artículo
la preparación del país para entender y aceptar las nuevas perspectivas abiertas por la
Intencionada o no, esta forma de presentar la información, de manera parcializada y con
ponderado y argumentado.
3 De acuerdo con , y Villadiego (2016), la injerencia de los medios de
comunicación en la construcción de la política criminal no es una problemática exclusiva
de Colombia, sino que corresponde más bien a una situación generalizada en toda la región
latinoamericana.
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