Conclusiones y recomendaciones
| Autor | Ana María Díaz - Gustavo Gallón |
| Páginas | 337-353 |
A lo largo de este libro se han ido recordando las expresiones de las víctimas
que participaron en el “Encuentro para la reflexión y el análisis de la aplicación
de la ley 975 de 2005”, llevado a cabo por la CCJ en agosto de 2009, en
Cartagena (Bolívar), conjuntamente con un grupo de personas a quienes representa
judicialmente ante los procesos establecidos por la citada ley. Al concluir este balance
sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, es pertinente retomar las palabras de las
víctimas, quienes al cierre del citado evento manifestaron: “Se debe comenzar con la
reflexión sobre lo que tenemos en este momento. Actualmente se cuenta con una agenda de
trabajo conjunta entre diferentes organizaciones y las víctimas. Este es un compromiso para
exigir nuestros derechos. También existe una normatividad que nos permite exigir nuestros
derechos tanto en Colombia como en el exterior”.
Cambiar la realidad ilustrada en este informe requiere, como lo indican las voces de
las personas que la CCJ representa judicialmente, hacer un inventario de algunos
avances en la materia y de las herramientas con las que cuenta hoy la sociedad
colombiana para seguir adelante en la búsqueda del respeto y garantía de los derechos
humanos y del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Además de la fuerza
y la energía de las mismas víctimas para buscar la efectividad de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, se destacan en este balance los siguientes aspectos
positivos:
• Se ha acopiado abundante y sólida información sobre la realidad del
paramilitarismo en el país que debe ponerse al servicio de los fines de la verdad
y la justicia.
• Se ha demostrado el compromiso de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional colombiana en relación con los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación. La jurisprudencia de las Altas Cortes se convierte en
un punto de apoyo para continuar trabajando por la efectividad de los derechos.
• Muchos servidores públicos, funcionarias y funcionarios del Estado han
desempeñando a cabalidad sus mandatos constitucionales, han enfrentado los
obstáculos impuestos por la política de “Seguridad Democrática” y en casos
concretos han hecho prevalecer los derechos de las víctimas.
• Algunas personas han podido establecer el paradero de sus familiares víctimas
de desaparición forzada y han podido esclarecer los hechos que rodearon tales
Conclusiones
VII. Conclusiones y recomendaciones
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desapariciones. Víctimas de otras violaciones a los derechos humanos cometidas
por paramilitares, han accedido a información valiosa en relación con dichas
violaciones.
• El número de personas que efectivamente pudieron haberse desmovilizado está
muy lejos de lo que dice el Gobierno. No obstante, es una realidad que algunas
personas que formaron parte de las filas de los grupos paramilitares, dejaron las
armas y regresaron a la sociedad con el ánimo de reconstruir su vida y de realizar
sus aspiraciones sin recurrir a la violencia. Muchas de ellas, fueron acogidas por
sus familias y comunidades que esperaban recuperarlas.
• Algunos líderes paramilitares están privados de la libertad y han aportado
elementos valiosos para el esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo,
sobre sus estructuras, sobre los vínculos del mismo con agentes del Estado y con
poderosos sectores sociales.
• La sociedad ha podido ampliar su conocimiento acerca del paramilitarismo y se
han ido sumando voces de rechazo a las formas de violencia sociopolítica que
persisten.
A pesar de los citados aspectos positivos, lo que este estudio confirma es que, en
relación con los crímenes cometidos por grupos paramilitares y por agentes del
Estado, existe una política deliberada de impunidad, que ha agravado la situación
de derechos humanos y resquebrajado las estructuras básicas del Estado de derecho.
Las pocas ganancias que han podido obtener las víctimas después de este proceso,
no han sido el producto de la voluntad del Gobierno. Como a continuación puede
verse, el estado colombiano está en mora de diseñar e implementar una genuina
política de desmantelamiento de los grupos paramilitares.
I. Ausencia de garantías de no repetición de los crímenes
1. La expresión del Alto Comisionado para la Paz, en el sentido de que “el cese de
hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad”, es el reflejo
de la falta de respeto que ha tenido el actual Gobierno con los derechos de la
sociedad y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Bajo esa
premisa, los paramilitares han continuado cometiendo crímenes bajo la
tolerancia y aquiescencia del Estado.
2. El derecho de la sociedad colombiana a que se garantice que no se repetirán las
violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario
cometidas por los grupos paramilitares está siendo gravemente vulnerado.
3. A través del registro de violaciones al derecho a la vida, la integridad personal
y la libertad, se constata que existe un grave panorama de violaciones a los
derechos humanos y de infracciones al derecho humanitario, cometidas por
todos los grupos que participan en el conflicto armado en Colombia (fuerza
pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros).
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