Discursos y prácticas, derechos y sujetos. Alcances de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
| Autor | Marco Aparicio Wilhelmi |
| Páginas | 73-100 |
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Discursos y prácticas, derechos y sujetos
Alcances de la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
Marco Aparicio Wilhelmi*
1. Discursos y prácticas
Muy raras veces puede escucharse en las facultades de Derecho alguna reflexión
acerca de los límites y contradicciones del discurso jurídico. Inundado de
teoría pura del Derecho, el ordenamiento jurídico empuña su racionalidad y
se muestra como autorreferencial, completo y coherente, tan solo necesitado de
operaciones de aplicación casi mecánica.
Frente a tal escenario, es obligado reivindicar que cualquier análisis de un
instrumento normativo, y en especial de aquellos cuyos objetivos compartamos,
sea abordado desde una aproximación compleja.
Por un lado, es necesaria la impugnación: el cuestionamiento del alcance
prescriptivo de la norma y la identificación de sus principales carencias; como
reverso, debemos señalar cuál es el marco de posibilidades dibujado, precisar
dónde se sitúan los avances y desarrollar una comprensión del texto jurídico que
refuerce sus posibilidades aplicativas y de apropiación por los sectores sociales
que deben velar por su cumplimiento.
Resulta imprescindible mantener un cierto grado de escepticismo respecto del
alcance transformador de cualquier texto jurídico; es preferible huir de la ten-
dencia al “juriscentrismo”, de una confianza desmesurada en el poder de la letra de
la ley en la determinación del comportamiento de los distintos sujetos y poderes,
públicos y privados, que conforman nuestras sociedades.
* Universitat de Girona. Correo electrónico: marco.aparicio@udg.edu. El presente trabajo se inserta
en el proyecto de investigación “Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Un estudio
interdisciplinar a partir de sus formas de reconocimiento y ejercicio”. SEJ2007-61209/JURI.
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MARCO APARICIO WILHELMI
Por progresistas y comprometidos que sean sus propósitos, un derecho
desconectado de las circunstancias sociales en las que se inserta y de las condi-
ciones que posibilitan que sea apropiado, reivindicado y actuado por los sujetos
destinatarios, se acaba convirtiendo a menudo en un elemento de contención, de
freno a los cambios sociales.
La historia nos ofrece numerosos ejemplos de la desarticulación de movi-
mientos sociales y de los procesos reivindicativos tras la consecución de cambios
normativos, sean estos de tipo constitucional o internacional.
En el caso de la normatividad constitucional, ese efecto se encuentra en su
propia lógica interna: la norma constitucional tiene por objeto la delimitación
del ámbito de lo posible, cuya realización, además, suele delegarse en los poderes
constituidos, pasando el pueblo, el poder constituyente, a un estado de latente
del que se suele preferir que no despierte.
Los derechos, en este sentido, una vez reconocidos, incorporan un riesgo
de despolitización y de homogeneización de la articulación social. Más allá de
los contenidos materiales, de las facultades o posibilidades que amparen, los
derechos marcan tiempos y formas que segmentan y procedimentalizan el
quehacer de los sujetos, convertidos en objeto de regulación antes que en
protagonistas de la acción social.
Veamos un ejemplo: a menudo, la lucha por el derecho a la tierra se ha
visto reconducida por concesiones dirigidas a la satisfacción de demandas
específicas. En el marco del procedimiento y de los tiempos que se exigen
para la demarcación o titulación de tierras, se ha ido disolviendo la fuerza de
la movilización y la intensidad de la impugnación de las causas que explican las
profundas desigualdades en el acceso a la tierra, así como los sentidos y posi-
bilidades de relación de los sujetos con ella.1
Aparece con claridad la doble cara del Derecho y, en especial, su carácter
complejo y hasta cierto punto contradictorio: por un lado, puede ofrecer avances,
mejoras de las condiciones para la transformación social a partir de un contexto
jurídico-político en el que se incorporan nuevos derechos y nuevos actores
1 Un buen ejemplo de ello lo constituye la “agrarización” de los conflictos sobre tierras. A menudo
las demandas territoriales de comunidades y pueblos indígenas son reconducidos a conflictos propios del
derecho agrario que delimitan los espacios, las formas y los tiempos de la disputa, reduciendo su dimensión
a una discusión sobre la validez de los títulos propietarios, entendidos desde una perspectiva ius privatista.
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