Las políticas indígenas y la democratización en Guatemala: evolución, transformación e impacto
| Autor | Roddy Brett |
| Páginas | 129-175 |
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Las políticas indígenas y la democratización en
Guatemala: evolución, transformación e impacto
Roddy Brett*
Este capítulo analiza la evolución estratégica y política de tres organizaciones
indígenas durante el proceso de democratización en Guatemala entre 1985 y
1996: el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), la Coor-
dinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y la Defensoría Maya,
movimientos que representaron un eje central del movimiento indígena que
emergió durante la década estudiada.
La población indígena de Guatemala se compone por grupos mayas,
garífunas y xincas; los dos últimos habitan las regiones caribeñas y orientales
del país, respectivamente, mientras los mayas se concentran en la región del
altiplano. La población maya por sí misma incluye veintidós grupos étnicos y
constituye más del 90% de la población indígena.
Esta población ha sufrido históricamente de los patrones más graves de vio-
lación a sus derechos humanos, de la violencia política racista y de la exclusión
social, política, y la marginalización cultural. Por consiguiente, siguen siendo
ciudadanos parciales (Brett y Rodas, 2008; Brett, 2009).
El surgimiento y la evolución del movimiento indígena en Guatemala
fueron vinculados al proceso de transición política, al proceso de paz interna-
cionalizado y al proceso más amplio de democratización en el país, los cuales
moldearon su trayectoria y en los que el movimiento indígena logró incidir
inéditamente. Por lo tanto, el caso guatemalteco se caracteriza por una serie
* Investigador y profesor, Facultades de Ciencia Polítia y Gobierno y de Relaciones Internacionales,
Universidad del Rosario.
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de particularidades que lo distinguen de otros contextos en los que el movi-
miento indígena surgió en la región latinoamericana. En este caso, como se
ha argumentado, la democratización fue determinada principalmente por el
proceso de paz, lo cual impuso unas características específicas que moldearon
la posterior democracia.1
En primer lugar, el contexto del proceso de paz (1987-1996) proporcionó
un espacio formalizado y protegido dentro del cual los actores civiles, indíge-
nas y no indígenas, podían movilizarse, bajo el monitoreo de la comunidad
internacional, que incluyó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicho contexto permitió que el movimiento indígena pudiera participar le-
gítimamente en el proceso de negociación que buscaba poner fin al conflicto
armado interno, reformar el Estado guatemalteco y reimaginar la nación de
Guatemala.
En segundo lugar, mientras que el proceso de paz brindara un espacio cla-
ve e inédito para la participación y posible incidencia de los actores civiles en
la agenda nacional de la construcción de paz, esto representaría un momento
excepcional temporal. Es decir, durante el proceso de paz, existía una serie de
garantías para que el movimiento social gozara del acceso a los canales formales
de las negociaciones, lo cual visibilizó el movimiento indígena y fortaleció su
capacidad de incidir en el Estado, la sociedad política y la sociedad civil.
Sin embargo, las condiciones impuestas por el mismo contexto del proceso de
paz restringieron las posibilidades que el movimiento indígena hubiera podido
tener para elaborar sus repertorios y limitaron las demandas que este podía exigir
y los marcos de derechos que los fundamentaran.
Entonces, con el fin del proceso de paz y la firma del último acuerdo de paz
entre el Estado, las fuerzas armadas y la guerrilla –la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG)–, en el año 1996, el espacio formalizado
dentro del cual el movimiento indígena se habría podido movilizar inéditamente
se cerró. Al finalizar el proceso de paz, los campos formales del ejecutivo, legisla-
tivo y del poder judicial, y las instituciones y los actores que los determinaban,
incluyendo a los partidos políticos, se ubicaron de nuevo como el eje central de la
1 De una población total de aproximadamente trece millones de personas, según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 45% de la población es indígena y el 55%, ladina
(PNUD, 2005).
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LAS POLÍTICAS INDÍGENAS Y LA DEMOCRATIZACIÓN EN GUATEMALA: EVOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN E IMPACTO
toma de decisión y del manejo del poder. Por lo tanto, el fin del proceso de paz
conllevó la desmovilización e institucionalización del movimiento indígena, como
veremos más adelante.
La investigación
El trabajo que se presenta aquí se fundamenta en un período prolongado de
investigación en Guatemala. Tal período se dividió igualmente entre las tres
organizaciones citadas; la mitad del tiempo con cada organización fue invertida
en trabajo directo en sus oficinas centrales, ubicadas en la ciudad de Guatemala,
y el resto del tiempo en visitas a una serie de comunidades predominantemente
rurales afiliadas a las tres organizaciones.
El estudio se llevó a cabo en once de los veintidós departamentos, para
incluir a los principales grupos etnolingüísticas indígenas. El trabajo de campo
consistió en observación participativa y no participativa, en entrevistas e investi-
gación de archivos de las organizaciones. La serie de entrevistas que se realizó
fue del tipo entrevista semiestructurada, que cubría la historia personal, la
historia organizacional y la evolución del proceso de paz de los líderes a nivel
nacional de cada organización. Se repitió este proceso en donde fue posible en
las comunidades que se visitaron, aunque las restricciones de tiempo general-
mente significaron una sola entrevista en estos casos.
Adicionalmente, se efectuaron entrevistas y discusiones informales con
un amplio rango de actores involucrados en el proceso de paz y en las distintas
arenas de la política a nivel nacional, incluyendo a miembros del Estado, del
Ejército, de la insurgencia guerrillera, del gobierno, de la Misión de Verifica-
ción de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), de organizaciones de
la sociedad civil y analistas políticos.
En cuanto a las organizaciones estudiadas, cada una gozaba de una base
social significativa e incluía a hombres y mujeres en todos los niveles organi-
zacionales, aunque el número de los primeros en todos los casos excedía al de
las segundas. Según las propias organizaciones, en el año 2005 el CERJ tenía
veinte mil miembros; la CONIC, treinta mil y la Defensoría Maya, treinta mil.
Además, dichas organizaciones representaron los tres grupos etnolingüísticos
numéricamente más predominantes, los k’iché, kaqchiquel y q’eqchí.
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