La práctica jurídica y la capacidad instalada para su desarrollo
| Autor | Yadira Alarcón Palacio |
| Cargo del Autor | Docente Investigadora Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá |
| Páginas | 151-167 |
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Introducción
Las instituciones de educación superior, además de formar profesionales
en el desarrollo económico y social del país. El compromiso social de las
instituciones se circunscribe a tres aspectos: su misión como instituciones
sociales, el principio del retorno del conocimiento y del apoyo recibido por la
sociedad y el principio ético que las guía a ser formadoras de ciudadanos con
conciencia social, sensibles a las desigualdades y las condiciones adversas
a las que vive buena parte de la población nacional.
generar conocimiento, formar, y servir a la sociedad. La responsabilidad
social se enmarca en este tercer aspecto, bajo el supuesto de que si una
institución se debe a la sociedad, también debe ponerse al servicio de ella.
LA PRÁCTICA JURÍDICA Y LA
CAPACIDAD INSTALADA PARA SU
DESARROLLO
Yadira Alarcón Palacio86
CAPÍTULO 7
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yalarcon@javeriana.edu.co.
88Véase el Boletín informativo No. 9, Abril a Junio de 2007, Ministerio de Educación Nacional.
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Esta función se materializa en programas como el servicio social universitario,
en el que tiene cabida la práctica de consultorio jurídico, que a su vez, según
el Ministerio de Educación Nacional, se proyecta en las instituciones en el
ámbito de la extensión.
La extensión es una forma de interacción con los actores sociales para
contribuir a la solución de problemas del entorno, que le permite a las
instituciones de educación superior elevar su capacidad de autogestión
y transformar internamente sus dimensiones sustantivas. Así mismo, es
manera de transferir conocimiento útil en función de demandas sociales,
donde participan los estudiantes, los profesores y los investigadores de
manera integral .
En esta forma, el consultorio jurídico tiene como objetivo aportar al
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades con mayores
necesidades sociales y situaciones de inequidad, ofrecer asesoría jurídica
a las comunidades de escasos recursos y fortalecer la formación de los
estudiantes de los últimos años, mediante la aplicación de sus conocimientos
jurídicos en casos reales y prácticos.
Por lo anterior, es preciso tener en cuenta la capacidad instalada en la
práctica jurídica y establecer si es la adecuada para su desarrollo. Para ello
se debe responder si las prácticas jurídicas son pertinentes a las necesidades
sociales y de formación.
Se tomarán como base para el desarrollo del presente capítulo las encuestas
realizadas a nivel nacional a los estudiantes y profesores de los consultorios
focales realizados en cada nodo, en los que se contó con representantes de
los consultorios jurídicos de cada institución ducativa asociada a Acofade.
Capacidad instalada para efecto de los consultorios jurídicos y
la práctica jurídica
En la presente investigación se entiende como capacidad instalada en la
práctica jurídica, los recursos humanos, físicos, pedagógicos y tecnológicos
con los que cuentan los consultorios jurídicos, así como su proyección y
su impacto social para prestar un óptimo servicio a la comunidad y una
formación integral a los estudiantes.
Se entiende por recurso humano la planta de profesores, asesores,
personal administrativo y estudiantes en prácticas; por recursos físicos, la
planta física del consultorio jurídico, sedes alternas, dotación física de las
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