Prólogo
| Autor | Andrés Mauricio Briceño Chaves |
| Páginas | 23-48 |
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prlogo
I
En cuanto materia jurídica, el ambiente está aún, por su juventud y la ín-
dole de las cuestiones que trata (sobre todo su carácter “transversal”), en
una fase de expansión y desarrollo acelerados y, por ello, de decantación,
desde luego en cuanto hace a su delimitación y sistematización. Su objeto,
que no sabe de las fronteras artificiales propias del Estado en su función de
mecanismo de cobertura de riesgos para el buen orden social, y la especial
trascendencia en él de la ciencia y la tecnología, hacen de ella campo propi-
cio, además, para la innovación en técnicas y soluciones en un contexto de
incertidumbre no siempre suficientemente despejable por el conocimiento
científico y la tecnología a partir de él desarrollada; técnicas y soluciones
que no solo desbordan las laboriosamente perfiladas en el Estado de derecho,
obligando a replantearlas y actualizarlas, sino que incluso ponen en cuestión
soluciones basales propias de este. La consistencia de tal objeto en el dominio
de las consecuencias negativas o adversas de la acción del hombre sobre su
medio (no ya solo las derivadas de los riesgos tradicionales que proceden
de la naturaleza, sino de los que genera hoy el propio hombre) y, por tanto,
en la preservación de los equilibrios básicos del medio natural —ya amena-
zados, como pone de manifiesto el llamado cambio climático— para hacer
compatible con él aquella acción (más bien el sistema, la civilización en que
se inscribe) explica con sobradas razones las apuntadas características y, al
propio tiempo, pone de evidencia —sin anular por ello la individual— la
responsabilidad colectiva o, más precisamente, de todos (a todas las escalas:
local, regional, estatal, supranacional e internacional).
La condición de bien común del ambiente adecuado al propio tiempo
comporta que el Estado —instancia hoy ya insuficiente, pero no por ello
menos indispensable— esté necesariamente concernido por él. Es así en
cualquier caso una responsabilidad y, por ende, una tarea del Estado que, por
su objeto, no puede agotarse en la mera normación, debiendo proseguir en la
acción de configuración de la realidad, es decir, comprender el entero ciclo
de la gestión pública: normación y ejecución. Lo que vale decir en la fase
actual de Estado materialmente social, esto es, de Estado de suyo implicado
—por la desaparición de la tajante separación entre Estado y sociedad— en
el desarrollo y las condiciones de vida de esta, que ha pasado a ser uno de
Responsabilidad y protección del ambiente: la obligación positiva del Estado
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los cometidos esenciales de tal tipo de Estado, cumplido sea en forma de
prestación directa, sea en todo caso de garantía de tal prestación. De ahí que
las políticas ambientales se formalicen preferentemente en programas legales
de acción administrativa o, dicho de otro modo, que el derecho ambiental
sea, en lo sustancial, derecho administrativo y, más en concreto y por lo ya
dicho, un sector de esta rama del derecho de “referencia” para la reforma y
renovación completa de esta.
Las consideraciones precedentes bastan para poner de relieve la dificultad
y, por consiguiente, el mérito y el interés de la investigación desarrollada
por Andrés Mauricio Briceño Chaves, que aborda, además, la cuestión nada
menos que desde la doble perspectiva de los requerimientos que comporta
el ambiente y de la responsabilidad del poder público en su satisfacción.
Tanto más cuanto nace de la preocupación por la situación en Colombia,
es decir, un país al propio tiempo con enormes recursos naturales suscep-
tibles de explotación económica y con una pródiga naturaleza demandante
de preservación, y está dirigida a sentar las bases y el marco del desarrollo
en dicho país de la política ambiental, aprovechando para ello, además de
la colombiana, la experiencia, en general, a escala comunitario-europea y,
en particular, española. El libro que el lector tiene ahora en las manos es el
fruto logrado de un esfuerzo serio, riguroso y sostenido en el que el autor
ha madurado su condición de investigador y que desplegó a lo largo de
varios años de trabajo intenso en la Universidad Carlos III de Madrid para
la colación —con éxito y la máxima calificación— del grado de doctor.
Representa sin duda una notable contribución al desarrollo del derecho
ambiental en Colombia.
No es cuestión ahora de glosar una obra que debe leerse de forma direc-
ta en la seguridad de la rentabilidad del tiempo empleado, pero no parece
inoportuno —en agradecimiento por la atención en él prestada al derecho
español— complementarla con algunas reflexiones desde la perspectiva
propia de este.
II
A. el tratamiento constitucional del ambiente
Desde el punto de vista de la actuación de las Administraciones públicas en
cuanto poder público constituido el tratamiento constitucional del ambiente
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