Prólogo a la segunda edición - Gerencia pública y control fiscal - Libros y Revistas - VLEX 697628413
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Prólogo a la segunda edición

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Vincent
AutorCarlos Ossa Escobar
Páginasxv-xvii
xv
Prólogo a la segunda edición
Con la promulgación de la nueva Constitución Política, Colombia obtuvo
nuevos y trascendentales imperativos que le dieron un renovado impulso al
papel del Estado, de los particulares y de la función pública. A partir de 1991
las relaciones entre los particulares y el Estado se rigen por postulados de la
buena fe, en donde la función administrativa debe estar al servicio de los inte-
reses generales, con fundamento en los principios de la igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
La nueva Constitución Política estableció la responsabilidad patrimonial
del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u
omisión de las autoridades públicas y busca que la iniciativa privada dentro
de un claro concepto legal, se desarrolle con libertad y sin las trabas de an -
taño, dentro de un modelo económico que garantice mayor eficiencia, agi-
lidad y responsabilidad de las autoridades en los procesos administrativos.
Estas transformaciones que imponen diferentes modalidades de inter-
vención y que inciden en las posibilidades y condiciones de competencia en
el mundo contemporáneo, demandan un desarrollo normativo con ajustes
formativos y de capacitación, principalmente de los funcionarios del sector
público, ya que mayoritariamente la oportunidad para el ejercicio de sus
funciones está centrada en un conocimiento medio, menos profundo, de la
responsabilidad que la ley y la sociedad les exige. Son evidentes y numerosos
los casos que se presentan cotidianamente, cuando por el desconocimiento
del funcionamiento de la cosa pública y del marco normativo que la mueve,
los funcionarios se ven involucrados en investigaciones de tipo fiscal, disci-
plinario o penal, siendo ajenos a hechos punibles o a dolo en sus actuaciones.
Es evidente entonces, que la capacitación y formación del servidor público
y de los ciudadanos que intervienen en el funcionamiento del Estado, es un
requisito fundamental e improrrogable para la buena administración que
demanda la Constitución Nacional.

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