Del revés al derecho: los derechos de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de las políticas públicas
| Autor | Carlos Enrique Guzmán |
| Páginas | 73-117 |
3Del revés al derecho: los
derechos de la infancia y la
adolescencia desde la
perspectiva de las políticas
públicas*
Carlos Enrique Guzmán**
“Amigo, no se vaya, tranquilo que yo tampoco entiendo,
acabe de confundirse, no se rinda que esto apenas empieza”.
(Tejeiro López, 1988)
INTRODUCCIÓN
Los temas del Gobierno y las políticas públicas, o mejor, la
preocupación por su estudio, en la actualidad se han convertido en
una de las áreas de mayor importancia académica, gubernamental y
mediática. Del mismo modo, los dos, desde luego, son asuntos de
discusión política y académica cotidiana —aunque sin mayor
profundidad la primera—. Políticos, gobernantes, académicos,
medios de comunicación y ciudadanos los han incorporado a su
discurso. Podría afirmarse que el interés por el Gobierno, e
inusitadamente por las políticas, ha ganado terreno en tales círculos.
Para los políticos y gobernantes, porque todo se les convierte en
política pública (Guzmán, 2007, p. 1); para la Academia, porque a
través de la investigación y difusión de sus resultados contribuye a
ampliar el espectro de perspectivas, instrumentos y herramientas
teórico-conceptuales que enriquecen el asunto; para los medios de
comunicación, en tanto Gobierno y políticas se convierten en noticia
de consumo; y para los ciudadanos, porque ven en las
manifestaciones de los demás actores, además de expectativas de
respuesta a sus necesidades, instrumentos para calificar y evaluar a
los gobiernos. Con todo, bien podríamos afirmar que en la
actualidad en el país —y en el Departamento del Atlántico— nos
encontramos frente a un boom: el de las políticas públicas[47].
Ahora bien, centrándonos en los fines del Estado, en particular
en aquellos orientados a garantizar, proteger y restablecer los
derechos de la infancia y la adolescencia, vale resaltar que en los
albores del siglo XXI resulta innegable la preocupación y el
consenso generalizado en torno, no sólo a voltear la mirada hacia
estos, sino a formular alternativas de solución a los problemas de
cerca del 39 por ciento de la población colombiana, tomar
decisiones e implementar acciones dirigidas a su cuidado y atención.
Sin unas y otras, tanto la supervivencia como el desarrollo
psicosocial de la infancia y la adolescencia podrían verse seriamente
afectados. Del mismo modo, un porcentaje significativo de la
población estaría siendo privada del disfrute y goce de sus derechos
fundamentales[48].
Al cuidado, protección, garantía y restablecimiento de los
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, conforme a
concurren el Estado, la sociedad y la familia. Aquellos y estos
empiezan a exigir el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales, tanto en el mediano como en el largo
plazo y a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de
destinar esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo de las
personas de menos de 18 años. Así mismo, a reconocer que los
beneficios de la inversión pública en programas para el desarrollo de
este importante grupo social son cada vez mayores[49]. No obstante,
la actualización legislativa observada por el Estado colombiano en
materia de garantía, protección y restablecimiento de los derechos
de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de la
responsabilidad de la sociedad y la familia para con estos derechos,
la formulación y la posterior implementación de las acciones y
decisiones relacionadas con el tema, resultan poco coherentes,
cuando no poco eficaces y débilmente participativas. Situación que
pone en entredicho el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales establecidas.
El presente trabajo, enmarcado en un propósito de mayor
alcance[50], es una primera aproximación-reflexión, desde la
perspectiva de las políticas públicas, al tema de los derechos de la
infancia y la adolescencia. En particular, al cambio de tratamiento
que el Estado ha promovido con respecto a la normatividad y a las
acciones referidas al concepto y trato de este importante grupo
poblacional. Tiene como objetivo aportar algunos ingredientes
jurídico-políticos a la discusión sobre los derechos de la infancia y
la adolescencia desde una perspectiva poco presente, por no decir
ausente, en el debate: la politológica, la de, como se señaló antes, las
políticas. Siguiendo a Roth (2007), esta perspectiva se sitúa en el
hecho de que su objeto de estudio se centra más en las maneras de
hacer o, si se prefiere, en la acción pública, que no en el qué hacer.
Responde, en este sentido, principalmente a dos interrogantes:
uno, ¿qué cambios significativos sugiere la expedición del Código
niños, las niñas y los adolescentes?; y dos, ¿por qué y para qué
evaluar la acción del Estado en este caso departamental? La
respuesta a los anteriores interrogantes permitirá contrastar el estado
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del
Departamento del Atlántico con las acciones y decisiones
implementadas en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 —Código
de la infancia y la adolescencia—.
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