2005-2009: Las explicaciones del conflicto armado
| Autor | Adolfo Chaparro Amaya |
| Páginas | 57-105 |
2005-2009: LAS EXPLICACIONES
DEL CONFLICTO ARMADO1
Una paradoja atraviesa el desarrollo de la sociedad colombiana a partir de los
años noventa, y es que, junto con la consagración de los derechos
fundamentales, la ampliación formal de los derechos sociales y el
reconocimiento de derechos específicos a las minorías étnicamente
diferenciadas, justo durante esa época se produce un mayor recrudecimiento de
la violencia política y un aumento en los índices de otro tipo de violencias que
normalmente se las considera culturales o, simplemente, delincuenciales.
El asunto es que, mientras la convocatoria al constituyente primario de
1991 parecía el efecto de un consenso que debería crear un clima de armonía
social, en realidad sucedió todo lo contrario. La incompatibilidad de lo fáctico
y lo normativo, expresada en la proliferación de violencias que han aparecido
en la vida social al mismo tiempo que se amplía el marco incluyente de la ley,
obligaría a reconocer una suerte de fracaso del Estado social de derecho
consagrado en la Constitución, lo cual no pone en cuestión la Constitución en
sí, sino la realidad política y social, que parece cada vez más esquiva a las
explicaciones monocausales o a las simplificaciones ideológicas. De una parte,
durante los años posteriores a la Constituyente se han afianzado formas
comunitarias de vida y se han puesto en práctica derechos sociales que
responden al intento de formación de una nueva ciudadanía, pero, igualmente,
se ha hecho visible la violación masiva de los derechos fundamentales, se ha
generado una hipertrofia de los derechos patrimoniales ligados a distintas
formas de violencia, y se ha instaurado una suerte de justicia paraestatal en
amplias regiones del territorio colombiano.
Sobre el fondo de esa paradoja, este ensayo se pregunta por las condiciones
de enunciación de algunas teorías concernientes a la filosofía política en
Colombia, a partir de los años noventa del siglo pasado, en el contexto del
conflicto armado y en relación con las expectativas generadas por la
Constitución Política de 1991. La hipótesis es que las diferentes formas de
violencia que caracterizan al país durante esta época alteran sustancialmente la
recepción y la contextualización de la discusión contemporánea sobre
problemas como la tensión entre movimientos sociales y democracia, la
incompatibilidad entre los derechos sociales y la aplicación del modelo
neoliberal en la economía o la aparente indiscernibilidad entre guerra civil y
lucha internacional contra el terrorismo.
A pesar del aparente caos que genera este conjunto —donde se
interrelacionan los hechos, las teorías y los procesos de subjetivación—, este
ensayo apuesta a la comprensión de las interrelaciones entre las prácticas y los
discursos, calibrando la influencia del conflicto en torno a tres bloques
problemáticos: (i) la coimplicación entre las políticas de Estado, el desarrollo de
la economía y los factores de violencia, alrededor de la producción de sujetos
de derecho bajo los principios normativos que rigen a partir de la Constitución
de 1991; (ii) la proliferación de teorías que explican, comprenden y/o
proponen salidas al conflicto armado; (iii) las tensiones teóricas y políticas que
se derivan de la redefinición del conflicto armado en la “Política de seguridad
democrática” del presidente Uribe (2002-2010).
En perspectiva, podemos afirmar que los colombianos han vivido la mayor
parte de su vida republicana en situaciones de conflicto, de allí se deduce
apresuradamente la continuidad histórica de la violencia. En realidad, hay
claras rupturas discursivas en la forma de explicar la violencia, en las
denominaciones que utiliza la sociedad y en la producción del tipo de sujeto
colectivo que apoya o colabora con los grupos que han organizado la violencia
en cada periodo histórico. Esa secuencia de rupturas sugiere una relación
estrecha entre las formas de caracterización del conflicto y los procesos de
subjetivación que genera la violencia en cada periodo.
En realidad, para dar cuenta de esta interrelación sería necesaria una
genealogía del discurso sobre guerra/conflicto en Colombia, que excede las
pretensiones de este artículo. A cambio, esperamos establecer una tipología
básica de las explicaciones del conflicto, para mostrar los criterios de
formación del campo enunciativo y las pautas de transformación de los
enunciados que constituyen el límite de lo decible sobre la violencia en
Colombia.2 Por la misma razón, en lugar de exponer en detalle las discusiones
que sustentan históricamente cada tesis, quisiera establecer el correlato del
discurso con polos de referencia que permitan señalar su pertinencia
explicativa frente al desarrollo del conflicto y, a su vez, mostrar cómo los
nuevos paradigmas de la filosofía política permiten aclarar las formas con que
los individuos y los grupos asumen sus propios procesos de subjetivación en el
marco del Estado-nación. Para cumplir con ese doble requisito —sociológico y
epistemológico— quisiera precisar los referentes contextuales a tener en
cuenta: (i) la influencia del proceso de paz con el Movimiento 19 de Abril en la
años noventa; y, (iii) la Política de seguridad democrática del gobierno de
Álvaro Uribe como una propuesta de solución definitiva al conflicto.
La estrategia discursiva es exponer las diferentes explicaciones del conflicto
y tratar de establecer sus implicaciones en los procesos de subjetivación, de
modo que sean estos procesos los que sirvan de vector de coincidencia entre
los hechos y las teorías. A mi juicio, de esa coimplicación se puede deducir una
dialéctica abortada, según la cual, a un primer momento formal, que representa
el en sí del concepto de ciudadanía plena y nación multicultural plasmado en la
Constitución del 91, se contrapone la historicidad, o el para sí de los grupos
emergentes que reclaman esos derechos, para culminar en una síntesis imposible
en la que la unidad del Estado-nación solo se logra por la negación —sin
superación— de los dos momentos anteriores. De ahí que, a pesar de las
nuevas formas de producción de sujetos de derecho inspiradas en amplias
concepciones de la individualidad, de los derechos civiles y de los derechos
formal, el Estado no logra conjurar la violencia ligada a los grupos de guerrilla
y paramilitares, al narcotráfico, a la corrupción política y administrativa; ni
termina de reconocer a cabalidad los nuevos movimientos sociales, las
demandas de las minorías, las nuevas formas de ciudadanía.
Para explicar tal situación excepcional, los analistas han tenido que
confrontar la perspectiva normativa con la lógica de lo que transgrede
continuamente la ley, suspende el ejercicio de los derechos y expone a los
individuos a un Estado de conflicto que muchos, siguiendo a Hobbes, no
dejan de llamar “estado de naturaleza”. En esa circunstancia, los más
optimistas han optado por considerar la violencia como un fenómeno
ocasionado por múltiples causas, pero siempre con la premisa según la cual la
violencia es coyuntural y puede desaparecer si se atacan las causas que la
generan y se fortalecen las instituciones de policía, de defensa y de justicia. Los
realistas, en cambio, han optado por explicaciones estructurales que intentan
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