2012: Perdón y populismo moral. La ley de justicia y paz
| Autor | Adolfo Chaparro Amaya |
| Páginas | 134-167 |
2012: PERDÓN Y POPULISMO MORAL.
LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ1
Hasta hace poco resultaba extraño hablar del populismo o del perdón desde la
filosofía. En general, el uso que tienen estos términos es muy amplio, y su
significado está directamente ligado a los contextos y a las prácticas que
denotan en dos campos específicos: la política y la religión. Puede ser que la
filosofía haya hecho aclaraciones fundamentales sobre el perdón —v. gr.:
Arendt, Jankélevitch, Derrida—, pero la pragmática de su aplicación desborda
la filosofía. De hecho, el perdón lo abordan los columnistas, lo ejercen los
políticos, lo demandan los abogados de los implicados, o queda en el secreto de
la conciencia individual, pero no parece entrar claramente en el espectro de
categorías típicas de la filosofía política.
Algo semejante sucede con el populismo. Si bien parece una categoría
central en discusiones actuales de la ciencia política —v. gr., Laclau, Canovan,
Traine—, básicamente, se lo utiliza como adjetivo para enaltecer o para
denigrar de un determinado gobierno. Por ello, el término difícilmente
adquiere un sentido sustantivo dentro de las formas de gobierno básicas
establecidas como paradigma histórico: monarquía, oligarquía, anarquía,
república, democracia y dictadura. A lo sumo, se lo designa como una
característica contingente y casuística de los distintos tipos de gobierno, sin
que altere la definición inicial.
La idea es hacer un ejercicio de clarificación de esos dos conceptos
teniendo como pretexto un caso de conciencia moral: ¿Es posible perdonar
crímenes de lesa humanidad como parte de una política para alcanzar la paz en
una determinada sociedad? En la respuesta a esa pregunta, a mi juicio, pueden
llegar a coincidir el populismo y el perdón. Especialmente, si el escenario es la
historia colombiana reciente, en particular, el discurso y las prácticas jurídico-
político-militares que asumió el gobierno del presidente Álvaro Uribe para
resolver el conflicto armado y alcanzar la paz. Dado que, en este caso, la guerra
y el perdón son los instrumentos privilegiados para lograr ese estado de
armonía, la delegación que hace el pueblo atiende fundamentalmente al
derecho del soberano a perdonar o a castigar, el cual remite a una instancia que
excede el derecho de las víctimas y la justicia nacional e internacional.
Para explicar los procedimientos “democráticos” que hicieron posible esa
delegación, propongo el término de populismo moral, entendido como la
delegación que una sociedad hace de su criterio para decidir entre bien y mal a
un determinado líder, con la promesa de alcanzar un fin intangible como el
orden, la paz o la armonía social. El objetivo del término populismo moral es
poner en el mismo plano dos debates que hasta ahora han estado disociados.
El primero tiene que ver con la plausibilidad de adjudicarles a gobiernos de
corte “neoliberal” como los de Alberto Fujimori, Carlos Menem o Álvaro
Uribe el apelativo de populistas. La principal objeción es que el populismo
histórico en América Latina tiene un carácter redistributivo y popular, que se
contradice con el acento privatizador de esos gobiernos. Trataré de argumentar
que el populismo no se define, esencialmente, por un tipo de política
económica. El otro debate, en el cual hemos estado presentes desde el
comienzo, tiene que ver con la pertinencia del concepto y la práctica del
perdón en Colombia, en la perspectiva de un proceso de paz y reconciliación
que pusiera fin al más largo conflicto armado del continente.
A partir del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), esos dos
debates encontraron un terreno práctico común en torno a la política de
Seguridad Democrática, que se propuso acabar militarmente con las fuerzas
armadas ilegales y/o propiciar su desmovilización. Como resultado de esa
política el presidente ha mantenido altos índices de popularidad entre la
población. Mi interés no es evaluar la política de Seguridad Democrática, sino
mostrar cómo, en torno a la desmovilización de las fuerzas paramilitares, se
configura una especie de “populismo moral” que hace inocuo un proceso de
paz producto del debate público y del reconocimiento abierto de las víctimas y
los victimarios. Básicamente, porque convierte a los ciudadanos en “infantes
morales” y deja en manos del soberano las decisiones acerca de lo
imperdonable que podría ser objeto de perdón, pasando por encima de las
consideraciones jurídicas institucionales y de las demandas de justicia de la
sociedad civil, en particular, de las víctimas del conflicto.
La identificación populista del líder con “su” pueblo elimina las
mediaciones mínimas de verdad y justicia que los sujetos como ciudadanos
exigirían de la desmovilización de los paramilitares, y aceptan que el perdón y
el castigo decididos por el soberano contienen en sí mismos las promesas de
seguridad y prosperidad que le dan contenido a su lealtad. Eso no impide que
muchos sectores políticos, ciudadanos y de opinión tengan una visión más
clara del problema, esto es, el hecho que el gobierno no tuvo como objetivo de
la desmovilización acabar integralmente con el paramilitarismo. Para Claudia
López, en la negociación
el gobierno entregó todas las ventajas a cambio de armas y hombres, y no
desarticuló sus estructuras política y económica que son tan fuertes como la
militar. Por el contrario, les permitió lavar sus fortunas y mantener sus
poderes locales, regionales y nacionales. De no ser por la investigación y
presión de la academia, los medios y la justicia, ningún financiador, ni
político del paramilitarismo habría sido identificado y denunciado. Ni los
paramilitares ni el Gobierno entregaron ninguna información al respecto. La
ocultaron.2
En el análisis se utilizan indistintamente los aportes teóricos de la ciencia
política y de la filosofía junto con los artículos de prensa3 y los datos que
aportan las fuentes institucionales pertinentes al desarrollo del conflicto y el
proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Al abordar esa heterogeneidad de géneros discursivos, quisiera seguir la idea de
Jean-François Lyotard según la cual la filosofía, cuando pretende dar cuenta
del presente, no es más que el ejercicio de una crítica del juicio que supone (i)
una definición de la regla según la cual determinado concepto es pertinente y
(ii) que esa regla es siempre posterior a la experiencia. En esa fórmula
modesta, aplicable sobre todo a la filosofía política, anunciaba Lyotard la
forma como el contexto y la información han terminado por desbordar la
teoría y los conceptos.4 En tal sentido, quisiera asumir para este ensayo la idea
de la filosofía como una disciplina aplicada, a condición de reconocer que la
realidad ha terminado por convertirse en un escenario privilegiado para
observar cómo se ponen en juego el alcance y la eficacia de ciertos conceptos.
Al explorar esa frontera entre filosofía y realidad histórica inmediata es
probable que el resultado sea un género que ya no se reconoce tanto en la
imagen de la filosofía entendida como sistema autónomo y autorreferencial
sino más bien en el de la filosofía como parte de la teoría social de la época.
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