Aquí llegaron comprando, no consultando'. Los retos de la consulta previa en proyectos de gran minería: una mirada desde el caso Marmato
| Autor | Gloria Patricia Lopera |
| Cargo del Autor | Abogada por la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), magíster en Antropología por la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) |
| Páginas | 133-169 |
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“AQUÍ LLEGARON COMPRANDO,
NO CONSULTANDO”.
Los retos de la consulta previa en proyectos
de gran minería: una mirada desde
el caso Marmato1
Gloria Patricia Lopera2
1 Este trabajo es un resultado parcial del proyecto de investigación “La con-
sulta previa como herramienta para la transformación de contextos de de-
sarrollo y la mitigación de conflictos socioambientales” (código Colciencias
111552128789), desarrollado conjuntamente por los grupos de investigación
Rerdsa, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia,
y Justicia y Conflicto, adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit.
2 Abogada por la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), magíster en
Antropología por la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho por la
Universidad de Castilla-La Mancha (España). Se desempeñó como profesora
de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit (Medellín, Colombia) en
el área de Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica (2005-2015) y como
magistrada auxiliar de la Corte Constitucional (2013-2015). Ha desarrollado
investigaciones en el ámbito de la relación entre derecho estatal y derechos
indígenas. En la actualidad cursa estudios de doctorado en Historia y es asis-
tente de docencia en la Florida International University (fiu).
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glo ria patri cia lop era
intRoducción
El modelo de desarrollo basado en la reprimarización de las
economías latinoamericanas, en el que se inscribe el auge de
las industrias extractivas, sumado a las crecientes demandas
sociales de participación de las poblaciones impactadas por este
tipo de proyectos, ha tenido como consecuencia un incremento
tanto del número como de la intensidad de los conflictos so-
cioambientales, entendidos como las disputas que tienen lugar
entre diferentes actores sociales —principalmente las entidades
estatales, las empresas y las poblaciones locales, aunque también
intervienen asociaciones ecologistas, de derechos humanos,
grupos de presión, partidos políticos y la academia— en torno
a las consecuencias medioambientales y sociales derivadas de
la realización de proyectos de desarrollo.3
Para el caso de Colombia, que en la actualidad cifra sus espe-
ranzas de inserción en el mercado mundial en la buena marcha
de la llamada “locomotora minera”, muchos de estos conflictos
han estado acompañados de demandas de reconocimiento de
ciudadanías étnicas diferenciadas, esto es, de la movilización
de identidades étnicas (principalmente indígenas y afrodes-
cendientes) que corresponden a poblaciones que demandan su
derecho a ser consultadas sobre la realización de proyectos de
explotación de recursos naturales en sus territorios. Esta suer-
te de “etnización” de los conflictos socioambientales obedece,
principalmente, a dos razones: por un lado, buena parte de estos
proyectos de desarrollo tienen lugar en territorios habitados por
indígenas o afrodescendientes; por otra parte, hay una asimetría
en los derechos de participación que en Colombia se les reconoce
3 Proyectos de desarrollo que, a su vez, son definidos por Claudia Puerta como
“conjuntos relativamente coherentes de ideas y prácticas vehiculados por un
grupo social, que legitiman la instalación de actividades de este grupo en un
lugar determinado, justificándola mediante la idea del ‘desarrollo’” (Puerta
Silva, 2010, p. 150).
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“aqu í ll ega ron com pra ndo , no c ons ultan do”
a las comunidades locales según movilicen o no una identidad
étnica (Hillón, 2014), asimetría que resulta especialmente visible
en el caso de proyectos mineros, pues mientras la legislación
colombiana, salvo que se trate de espacios de participación no
vinculantes previstos para el trámite de licencias ambientales
(como las audiencias públicas ambientales), no contempla de
manera expresa ningún mecanismo efectivo de participación
para las comunidades locales que se oponen a la realización de
proyectos mineros en sus territorios,4 en cambio sí consagra
el derecho de los grupos étnicos a ser consultados y, en caso
de proyectos de gran minería, a que estos no se lleven a cabo
sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de
dichos grupos.
Lo anterior ha hecho que buena parte de las demandas
jurídicas de participación de las comunidades se canalice por
medio del reclamo de los derechos a la consulta popular y al
consentimiento libre, previo e informado. Estos reclamos le han
permitido a la Corte Constitucional colombiana desarrollar un
extenso corpus jurisprudencial en el cual, sin embargo, que-
dan muchas preguntas por resolver, entre ellas las siguientes:
1) ¿Cómo operan los derechos a la consulta previa y al consenti-
miento libre, previo e informado en el caso de proyectos que se
desarrollan en territorios habitados por poblaciones pluriétnicas,
4 No obstante, las poblaciones de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) han
hecho uso del mecanismo de la consulta popular, previsto en los artículos 103
la explotación minera y de hidrocarburos en sus municipios. Otros municipios,
como Támesis y Urrao (Antioquia), han expedido acuerdos municipales en
los que se prohíbe el ejercicio de la minería en sus territorios. Sin embargo,
el Gobierno nacional se ha negado a reconocer la validez de estas iniciativas
locales de participación e incluso, en el caso de Piedras, la Procuraduría ha
iniciado investigaciones disciplinarias contra el alcalde y los concejales de
este municipio, a quienes se acusa de extralimitación en el ejercicio de sus
funciones por promover la consulta popular. Al respecto puede consultarse
http://www.eltiempo.com/colombia/tolima/aRticuLo-web-new_nota_in-
teRioR-13768315.html (consultado el 4 de abril de 2014).
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