Auditoría fiscal
| Autor | Joan Pallerola Comamala/Enric Monfort Aguilar |
| Páginas | 159-169 |
5 Capítulo
5
AUDITORÍA FISCAL
El área de auditoría fiscal juntamente con el área legal, suelen requerir del auditor una formación
específica en el conocimiento de la normativa legal que regula cómo tributa una determinada Sociedad y qué
requisitos formales conlleva el cumplimiento de las normas tributarias, no solo de las Administraciones
Estatales sino también de las Administraciones Locales y Autonómicas.
La premisa principal del trabajo del auditor es poder llegar a determinar que:
• La sociedad paga correctamente todos los impuestos a los que se encuentra sometida por su
actividad.
• Que en caso de una futura comprobación inspectora tanto de la Agencia Estatal Tributaria como
de los órganos de inspección de la Seguridad Social se finalizará sin el levantamiento de ninguna
sanción.
• Que los asesores legales y tributarios confirman mediante carta dirigida al auditor que la sociedad
está al corriente de pago de todos sus impuestos y cotizaciones laborales.
• Que el Administrador o en su caso el Consejo de Administración ha confirmado en la carta de
manifestaciones que no son conocedores de ninguna debilidad en cuanto al control del pago de
impuestos y cotizaciones laborales.
Sin perjuicio que la mayoría de empresas suelen cumplir con sus obligaciones tanto tributarias como
legales, es habitual que surjan determinadas operaciones que su posible tributación o encuadramiento ante los
órganos de inspección presenten disparidad de criterios en cuanto a la interpretación de la norma legal que los
regula.
Es precisamente esta posible disparidad de criterios en la interpretación de la norma la que obliga a
tener que consultar siempre con una persona experta en la materia objeto de controversia, y en su caso
solicitar un dictamen que justifique la posición que hubiera tomado la Sociedad y con ello evitar una sanción
futura.
5.1 OBJETIVOS DE AUDITORÍA
Los objetivos del área de las Administraciones Públicas son los siguientes:
• Que los saldos que figuren en el pasivo del Balance correspondan a deudas pendientes de pago a
la Hacienda Pública por tributos devengados y pendientes de pago a la fecha de cierre del Balance
calculados estos de acuerdo con la normativa fiscal aplicable en cada ejercicio.
• Que los saldos deudores con las Administraciones Públicas correspondan a importes realmente
cobrables o compensables y que su valoración se ha realizado de acuerdo con los principios
contables y la normativa fiscal que le sea de aplicación en función de la legislación vigente en
cada ejercicio.
• Que las cuentas estén correctamente clasificadas en el Balance de situación.
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