Conclusiones y propuestas
| Autor | Pablo Emilio Angarita Cañas |
| Cargo del Autor | Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (España), magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos y abogado de la Universidad de Antioquia |
| Páginas | 327-344 |
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Capítulo VI
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Las preguntas finales de nuestra investigación buscaban aclarar por qué la in-
seguridad se impuso como problema prioritario en Colombia, y si esta es un
derecho humano fundamental, como lo afirmaba el Gobierno. Frente a la Segu-
ridad democrática analizamos si ella implicó continuidad o ruptura respecto de
las estrategias de control empleadas por las clases dominantes, y si se orientó a
garantizar la protección de todos los colombianos o solo de un sector; al mismo
tiempo, expusimos qué le ha permitido a esta política encontrar respaldo en la
población, incluso entre sectores más oprimidos. Indagamos el tipo de autori-
tarismo del Gobierno de Uribe Vélez y cómo fue posible su implantación. Una
pregunta central estaba dirigida a auscultar los intereses económicos defendidos
por esta política de seguridad y el régimen bonapartista que la soporta. Por otra
parte, examinamos la afirmación presidencial de que su política de seguridad
es opuesta a la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y al neoliberalismo y,
ligado a esto, analizamos la Seguridad democrática en relación con los planes y
las políticas internacionales de seguridad. Como corolario intentamos respon-
der: ¿es posible, en el marco de la actual formación socioeconómica y política
colombiana, aplicar una política de seguridad protectora de los derechos hu-
manos y que haga efectiva la democracia radical? A continuación, a manera de
tesis, exponemos los principales hallazgos.
la inseGuridad: proBleMa prioritario de ColoMBia
Al despuntar el siglo XXI, la sociedad colombiana presentaba un sinnúmero de
manifestaciones de violencia e inseguridad, creando un ambiente de zozobra y
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Pablo Emilio Angarita Cañas
pesimismo colectivo traducido en ingobernabilidad que, orientada mediática-
mente, apuntaba a señalar al actor insurgente como principal responsable y, al
mismo tiempo, se mostraba condescendiente con las fuerzas contrainsurgentes
ilegales, y con los abusos contra la población cometidos por la fuerza pública.
Estos últimos hechos eran justificados con el argumento —abierto o implícito—
de la imperiosa necesidad de derrotar a toda costa a las guerrillas izquierdistas,
las cuales se publicitaban ante el país como la causa central de todos los males de
los colombianos y, en consecuencia, el enemigo por combatir. De esta manera,
la “seguridad” se fue posicionando hasta imponerse en el imaginario colectivo
como la necesidad prioritaria de los colombianos.
Durante la década de los noventa se adelantaron diversas iniciativas tratando
de poner fin al conflicto armado por la vía de la negociación política. Un torrente
de movilizaciones presionaron al Gobierno de Andrés Pastrana al diálogo co-
mo único mecanismo para ponerle fin a la violencia que azotaba al país, quien
aceptó instaurar una zona desmilitarizada (El Caguán) para adelantar diálogos
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado,
aplicando el modelo de “dialogar en medio del conflicto”. La opinión pública
nacional e internacional seguía de cerca el desenvolvimiento de los diálogos
y, mientras tanto, las fuerzas paramilitares extendían su cruento accionar a la
mayor parte del territorio nacional.
Durante la Administración Pastrana se fortalecieron cuantitativa y cualita-
tivamente las Fuerzas Armadas con recursos provenientes del Plan Colombia,
nombre con el que el Pentágono concretó su estrategia de lucha, inicialmente
contra las drogas y luego contra el “terrorismo” en Colombia. El 20 de febrero
de 2002 el Gobierno canceló abruptamente la zona desmilitarizada en la que se
había aceptado el poder hegemónico de las FARC. La ruptura de los diálogos
constituyó un punto de inflexión decisivo, en el que la élite dirigente y la “opi-
nión pública” nacional abandonaron los esfuerzos de una salida no violenta y
marcharon hacia la consolidación de estrategias de guerra como mecanismo
para enfrentar el conflicto armado. En los primeros meses de 2002 se adelantó
una campaña electoral en la que se impuso el rechazo a la “zona de despeje”
y a la solución negociada del conflicto. Sectores de la élite aprovecharon para
enriquecerse vía narcotráfico o incrementar las empresas de seguridad privada.
Las clases dominantes se sentían afectadas económicamente como consecuencia
de las acciones violentas, las amenazas, las extorsiones, los secuestros y otras
prácticas propias de las dinámicas de la guerra, situación magnificada a tal grado
que la población se llenó de miedo, incertidumbre y desesperanza. Este fue el
ambiente favorable para aceptar la seguridad como problema prioritario de la
nación y las soluciones militares para enfrentarla.
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