Seguridad democrática o la punta del iceberg del régimen político y económico
| Autor | Pablo Emilio Angarita Cañas |
| Cargo del Autor | Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (España), magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos y abogado de la Universidad de Antioquia |
| Páginas | 265-325 |
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Capítulo V
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA O LA PUNTA DEL ICEBERG
DEL RÉGIMEN POLÍTICO Y ECONÓMICO
El modelo económico de Friedman puede imponerse parcialmente en democracia,
pero para llevar a cabo su verdadera visión necesita condiciones políticas autoritarias.
La doctrina de shock económica necesita, para aplicarse sin ningún tipo de restricción
—como en el Chile de los años setenta, China a finales de los ochenta, Rusia en los
noventa y Estados Unidos tras el 11 de septiembre—, algún tipo de trauma colectivo
adicional, que suspenda temporal o permanentemente las reglas del juego democrá-
tico. Esta cruzada ideológica nació al calor de los regímenes dictatoriales de América
del Sur, y en los nuevos territorios que ha conquistado recientemente, como Rusia y
China, coexiste con comodidad, y hasta con provecho, con un liderazgo de puño de
hierro (Klein, 2007: 33).
El presidente Álvaro Uribe asume como bandera de su primer Gobierno
(2002-2006) la Seguridad democrática, el rescate de la autoridad, la construc-
ción de un país de propietarios, todo en el marco de un Estado comunitario. El
conjunto de discursos y acciones muestran que el Gobierno de Uribe inaugura
en Colombia un nuevo régimen político de tipo bonapartista, por su carácter
autoritario y su estilo de Gobierno, con el propósito de avanzar en la superación
de los obstáculos que limitan la continuidad, expansión y consolidación del mo-
delo de desarrollo neoliberal. Con ese propósito, se ha tomado la inseguridad
como el problema principal de los colombianos, y a partir de su magnificación,
durante los dos mandatos se adelantó su política de seguridad que es tan solo la
punta del iceberg, pues debajo de este se encuentran su régimen político y los
reales intereses económicos defendidos por el modelo económico imperante. A
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Pablo Emilio Angarita Cañas
pesar de que el presidente Uribe manifestó estar en contra del neoliberalismo
y de criticar la concepción antidemocrática de seguridad aplicada en América
Latina bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), en la práctica esa fue
la visión de seguridad que implementó durante sus dos mandatos.
A lo largo de este capítulo pretendemos demostrar la estrecha relación en-
tre la política de seguridad aplicada en Colombia y la DSN, teniendo en cuenta
que estas han sido funcionales a las necesidades de acumulación capitalista en
la actual fase neoliberal. Iniciamos recapitulando el conjunto de los conflictos
sociales y políticos de la sociedad colombiana, y las diversas estrategias que el
poder ha implementado para enfrentarlos, en el marco de las políticas interna-
cionales diseñadas desde el Pentágono con el propósito de garantizar los inte-
reses norteamericanos en la región bajo la forma de la lucha contra las drogas
y el terrorismo; política que adquiere particular relevancia en el contexto lati-
noamericano del siglo XXI con la emergencia de gobiernos más autonómicos.
ConfliCtos soCiales y estrateGias ContrainsurGentes
Como quedó expuesto en los capítulos anteriores, la sociedad colombiana,
desde que existe como república, ha vivido en medio de agudos conflicto es-
tructurales de carácter económico, social y político, con períodos cíclicos de
violencia de variada intensidad que, a partir de los años sesenta del siglo pasa-
do, adquirió fuertes expresiones hasta devenir en un fuerte conflicto político
armado prolongándose por varias décadas y hasta la actualidad. Conflicto que,
al finalizar el siglo XX y los años del presente, ha tenido como protagonistas,
además de las organizaciones insurgentes y las fuerzas regulares del Estado, a
un cuantioso número de combatientes paramilitares agrupados en ejércitos
ilegales de extrema-derecha, al servicio de la alianza entre terratenientes y nar-
cotraficantes, que ha contado con la activa colaboración de la fuerza pública y
otros organismos del Estado. En los últimos años, la guerra se extendió a casi
todo el territorio nacional, adquiriendo un alto grado de escalada militar, cuyos
métodos de extremada crueldad y degradación violan elementales normas del
derecho internacional humanitario (DIH), en donde la mayoría de las víctimas
corresponde a población civil no combatiente, activistas de movimientos socia-
les o a sectores de la población que padecen los efectos perversos de la aplica-
ción del modelo económico imperante, aunque los efectos de la confrontación
también afectan a personas con algún poder económico o político, víctimas de
extorsiones, secuestros o asesinatos.
El conflicto que cruza la sociedad colombiana no es uno solo, pues realmente
se trata de la existencia de múltiples conflictos que se entrecruzan, se super-
ponen y se refuerzan mutuamente, como lo han expresado diversos analistas y
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Seguridad democrática. Lo invisible de un régimen político y económico
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003). A los
típicos conflictos sociales propios del sistema capitalista, en Colombia se han
sumado las confrontaciones armadas entre el Estado y los diversos grupos in-
surgentes, junto a la estrategia contrainsurgente de las clases dominantes bajo la
modalidad de paramilitarismo, que en estrecha articulación con organizaciones
vinculadas al narcotráfico complejizan la guerra y penetran el ambiente social
y cultural de un animus belli que reproduce y fomenta las soluciones violentas
a los conflictos propios de la convivencia social.1
El desarrollo del conflicto armado en Colombia ha traído graves conse-
cuencias de carácter humanitario, sin embargo, desde los intereses de la clase
dominante, lo que despierta su mayor preocupación es el impacto de este en
el proceso de acumulación de capital. El accionar de los grupos insurgentes es
aprovechado por la dirigencia política y empresarial para reprimir las movili-
zaciones sociales que reivindican sus derechos económicos, una mejor redis-
tribución de la riqueza, o regiones apartadas del centro que reclaman mayor
participación del presupuesto nacional, con el argumento de que detrás de toda
protesta se encuentran los “terroristas”. Un estudio realizado por investigadores
del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes presenta un
balance sobre el impacto del conflicto armado en la economía durante más de
una década de vigencia del modelo neoliberal (1990-2002), en el que concluye:
El conflicto armado ha tenido efectos desfavorables para el desarrollo de Colombia,
ya que genera condiciones adversas sobre la acumulación de capital físico (ataques a
la infraestructura), de capital humano (violencia homicida, fuga de capital humano
y menor cobertura escolar), y además efectos colaterales como la destrucción de la
cohesión social, el aumento en los costos de transacción (costos de transporte), dete-
rioro institucional, corrupción y congestión judicial. Como resultado de la actividad
armada de la guerrilla se presentaron crecimientos alarmantes en la violencia homi-
cida, que representan más del 50% de los homicidios del país entre 1990 y el 2002, el
84% de los secuestros entre 1996 y el 2002 y el 40% del total de desplazados del país.
El crecimiento en la matrícula de los niveles primaria y secundaria fue menor en los
municipios que presentaron actividad armada […] También tuvo secuelas negativas
en el sistema general de seguridad social en salud, impidiendo que se lograra una
mayor cobertura del régimen subsidiado. La actividad armada ilegal también tuvo
1 El filósofo Kant describe el animus belli como un “estado de guerra”, así no existan hechos de
guerra. En Colombia, el ambiente bélico se vio estimulado por los discursos de Uribe Vélez y
los métodos de guerra para tratar los conflictos sociales, que constituyeron mensajes directos
a la población y ejemplos concretos que conforman un modus operandi violento de resolver
las controversias.
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