El despojo de tierras en Colombia: ¿un ciclo interminable?
| Autor | María Paula Saffon Sanín |
| Páginas | 191-213 |
191
CAPÍTULO 8
EL DESPOJO DE TIERRAS EN COLOMBIA:
¿UN CICLO INTERMINABLE?*,**
María Paula Saffon Sanín***
La debilidad de los derechos sobre la tierra de la población rural en Colombia
es reconocida ampliamente como causa de su vulnerabilidad especial frente a la
violencia. A pesar de las enormes discrepancias existentes entre el Gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero -, en el Acuerdo
de Paz firmado en el 2016, ambas partes llegaron a la conclusión de que, para
poner fin al conflicto armado, era fundamental garantizar el acceso progresivo
de la población campesina a la tierra, formalizar sus derechos mediante títulos
formales de propiedad y protegerlos contra despojos futuros a través de restric-
ciones temporales a la alienación de tierras y de apoyos económicos y técnicos a
la producción1.
* Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.402
** Este ensayo resume algunos de los argumentos y hallazgos de tres trabajos recientes, aún en proceso
de revisión para publicación: mi manuscrito de libro sobre historia comparada del conflicto rural en
América Latina, titulado “When Theft becomes Grievance: The Violation of Land Rights as a Cause
of Land Reform Claims in Latin America”; un artículo bajo revisión en coautoría con Fabio Sánchez,
titulado “Historical grievances and war dynamics: Old land conflicts as a cause of current forced dis-
placements in Colombia” (en proceso de revisión); y un capítulo de libro titulado “The Colombian
Peace Agreement: A Lost Opportunity for Social Transformation?”, en Nancy Doubleday, Jorge Fa-
bra-Zamora y Andrés Molina-Ochoa (eds.), The Colombian Peace Process. A Multidisciplinary Assessment,
https://www.routledge.com/The-Colombian-Peace-Agreement-A-Multidisciplinary-Assessment/
Fabra-Zamora-Molina-Ochoa-Doubleday/p/book/9780367528812)
*** Agradezco los pertinentes comentarios de Aura Patricia Bolívar Jaime y Diana Isabel Guiza Gómez.
1 Véase el punto 1 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera, sobre “Desarrollo rural integral”, versión del 24 de noviembre del 2016. A pesar del
acuerdo sobre este punto, las partes mantuvieron (y dejaron de manifiesto en el prefacio del Acuer-
do, p. 3) una discrepancia sobre la relación entre el problema de la propiedad de la tierra y el con-
flicto armado en Colombia: mientras que para las - el primero explica el origen del segundo
(la guerrilla de las surgió en buena medida por las injusticias en la distribución de la tierra
y la incapacidad o falta de voluntad del Estado para resolverlas a través de una reforma agraria
adecuada), para el Gobierno de Santos el problema de la propiedad de la tierra había facilitado la
perpetuación del conflicto armado. En ambas versiones, sin embargo, la debilidad de los derechos
de propiedad del campesinado es considerada un factor clave de vulnerabilidad frente al despojo (o
bien solo durante el conflicto, o bien antes y como causa de este).
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La apropiación de tierras ha sido un objetivo central en las últimas décadas
del conflicto armado colombiano2. El control territorial otorga a los actores ar-
mados no solo ventajas militares, sino que les permite establecer mecanismos de
gobernanza política sobre la población civil3, así como dirigir o regular la explo-
tación económica de la tierra4. Con mucha frecuencia, la apropiación ha tenido
como blanco tierras previamente ocupadas y, por consiguiente, el desplazamien-
to forzado y el despojo de sus ocupantes. Se calcula que más de cinco millones de
hectáreas (10% de la superficie económicamente explotable de tierra) han sido
abandonadas o transferidas bajo coerción por población que ha tenido que huir
de la violencia durante las últimas tres décadas del conflicto armado5. Además,
se estima que más de la mitad de las personas desplazadas forzosamente en el
marco del conflicto armado —que ya superan los siete millones, es decir, alre-
dedor de un 15% de la población total del país y la mitad de la población rural
actual6— eran poseedoras de las tierras que les fueron arrebatadas o que se vieron
obligadas a abandonar7.
El despojo masivo de tierras se explica no solo por su valor estratégico sino
también por la débil protección de jure y de facto de los derechos de quienes las
ocupan8. En pleno siglo , el Estado colombiano no cuenta aún con un sistema
2 Existe un acuerdo amplio en que el origen de la etapa contemporánea del conflicto colombiano se
dio en los años ochenta, pues fue en esa década cuando empezó a verse atravesado por el narcotrá-
fico y los grupos paramilitares de derecha. Sin embargo, muchos analistas encuentran en décadas
anteriores el origen de este conflicto (o bien en los años sesenta, cuando se crearon los grupos gue-
rrilleros, o bien en la época de la Violencia partidaria de los años cincuenta).
3 Abbey Steele, “Seeking Safety: Avoiding Displacement and Choosing Destinations in Civil Wars”,
Journal of Peace Research 46, n.º 3 (2009); Ana Arjona, “Social Order in Civil War” (disertación de
PhD, Yale University, 2010); Ana Arjona, Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War (Nueva
York: Cambridge University Press, 2016); Laia Balcells y Abbey Steele, “Warfare, Political Identi-
ties, and Displacement in Spain and Colombia”, Political Geography 51 (2016).
4 Los grupos armados dirigen, regulan o cobran impuestos sobre la explotación económica de la tie-
rra a través de cultivos ilícitos de drogas, minería ilegal y extracción de otros recursos naturales. La
adquisición de tierras también ha sido usada para lavar dinero. Martha Bello, “El desplazamiento
forzado en Colombia: acumulación y exclusión”, Programa andino de derechos humanos. Globalización,
migración y derechos humanos, 2004; Gustavo Duncan, Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos
y autodefensas en Colombia (Bogotá: Editorial Planeta, 2006).
5 Ana María Ibáñez, “Forced Displacement in Colombia: Magnitude and Causes”, The Economics of
Peace and Security Journal 4, n.º 1 (2009).
6 Cálculos hechos con base en los datos preliminares del Censo del 2018, que arrojan una población
total de 45,5 millones de habitantes, de los cuales el 22%, aproximadamente, vive en zonas rurales
(incluyendo centros poblados y rural disperso).
7 , El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el des-
pojo de tierras y bienes (Bogotá: , 2009).
8 En mi manuscrito de libro (capítulo 2) clasifico la protección de los derechos sobre la tierra como
más o menos fuerte según tres criterios: (1) el nivel de protección de iure, que está definido por la
certeza e incondicionalidad del derecho y que hace que el derecho de propiedad sea más fuerte que
el derecho de posesión, y a su turno que este lo sea más que el de tenencia u ocupación; (2) el gra-
do en el cual la protección de iure facilita la acción colectiva de los titulares del derecho y que hace
que los derechos colectivos sean más fuertes que los individuales; y (3) el nivel de ejercicio de los
derechos en la práctica, que permite que sus titulares los disfruten sin violación o que obtengan
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