Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o populismo legislativo en nombre de la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas
| Autor | Juan Carlos Álvarez Álvarez |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho Penal, Universidad eafit, Medellín, Colombia |
| Páginas | 269-298 |
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LEY DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA, O POPULISMO LEGISLATIVO
EN NOMBRE DE LA LUCHA CONTRA
LA IMPUNIDAD Y LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS
Juan Carlos Álvarez Álvarez1
introducción
La Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana2 es una de esas
leyes que por sus finalidades explícitas —y también implícitas—,
por la manera como fue tramitada, por los actores que intervi-
nieron y los asuntos de los que se ocupó sirve de punto de re-
1 Profesor de Derecho Penal, Universidad eafit, Medellín, Colombia.
2 Corresponde a la Ley 1142 de 2007, “por medio de la cual se reforman parcial-
ción y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia
y seguridad ciudadana”, sancionada el 28 de junio de 2007, publicada en el
Diario Oficial núm. 46.673 de 28 de julio de 2007. Véase Gaceta del Congreso,
núm. 250 del 26 de julio de 2006, disponible en http://www.secretariasenado.
gov.co/gacetadelcongreso.htm (consultado el 11 de enero de 2010).
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jua n ca rlo s álvar ez á lvarez
ferencia para caracterizar algunos rasgos del proceso legislativo
de las leyes penales en la Colombia de hoy y para contrastar los
objetivos que se pronuncian y los contenidos de las normas que se
aprueban. No se trata de algo nuevo, es más bien la constatación,
mediante el análisis minucioso del trámite legislativo, de algo
que ya otros han señalado y que consiste en que muchas veces
la ley penal se utiliza deliberadamente como mero instrumento
simbólico, o bien se hace un uso populista de la misma.3
Refiriéndose a esta problemática en los Estados Unidos,
Zimring afirma:
La actitud de la opinión pública hacia los delincuentes suele ser
hostil, de modo que una legislación que promete frenar la delin-
cuencia ha de ser popular. Sin embargo, tradicionalmente este tipo
de leyes se quedan en actos simbólicos con poco impacto real en el
modo de operar los tribunales penales.4
3 Acerca del carácter simbólico del derecho penal, véase Antonio García-Pablos
de Molina, Introducción al Derecho penal, Madrid, Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2006, pp. 186-195. Parece existir un relativo consenso en la doctrina
penal en el sentido de que es inevitable y que en principio no resulta proble-
mático que la ley penal cumpla en alguna medida una función simbólica. No
obstante, cuando se utiliza como un puro instrumento simbólico para generar la
sensación de que “algo se está haciendo” frente al problema de la criminalidad,
se cae en un terreno en el cual lo que se discute es la legitimidad misma de la ley.
Por otra parte, sobre el denominado populismo punitivo, véase Elena Larrauri
Pijoan, “Populismo punitivo… y cómo resistirlo”, Jueces para la Democracia.
Información y Debate, núm. 55 (2006), p.15. Citando a Bottoms, Larrauri Pi-
joan señala que la expresión hace referencia al uso que los gobernantes hacen
del Derecho Penal asumiendo que: “mayores penas pueden reducir el delito;
que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad; y
que hay unas ganancias electorales producto de ese uso”. Véase también José
Luis Díez Ripollés, “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, en
Arroyo Zapatero, Luis, Neumann, Ulfrid y Nieto Martín, Adán (coords.), Crítica
y justificación del derecho penal en el cambio de siglo, Cuenca, Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, pp.147-172.
4 Véase Fran klin Zim ring, “Política criminal y legislación penal en la experiencia
estadounidense reciente”, en Díez Ripollés, José Luis, Soto Navarro, Susana y
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